Soler reclama al Gobierno que parte de los fondos Covid compensen la infrafinanciación autonómica valenciana

Un reparto en tres tramos que tenga en cuenta el impacto de la tercera ola de la pandemia -la más mortal de todas sus sacudidas-, la recuperación de los pilares del Estado del bienestar y la compensación por la infrafinanciación autonómica hasta que se reforme el modelo. Es la fórmula que ha planteado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, al ministerio homónimo para la distribución de los 13.486 millones de euros de fondos Covid del Gobierno central entre las autonomías.

El titular de Hacienda remitió este martes un escrito al ministerio que dirige Maria Jesús Montero en el que propone un tramo de 7.000 millones para reforzar el estado de bienestar; otro de 3.486 millones para atender gastos derivados de la COVID y uno final de 3.000 millones para compensar la infrafinanciación. “Tal y como apuntó el propio ministerio durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, la transferencia extraordinaria para 2021 debe tener como objetivo cubrir las distintas necesidades de gasto de cada una de las comunidades autónomas para hacer frente a la situación extraordinaria derivada de la pandemia, así como proporcionar los recursos necesarios para afrontar la recuperación en igualdad de condiciones”, indicó Soler tras incidir, por ello, en que “teniendo en cuenta esta perspectiva, el criterio que defenderemos será aquel que mejor refleje nuestras necesidades de gasto”.

La conselleria de Hacienda rechaza el planteamiento del ministerio, que aboga por repartir los fondos en base al PIB relativo de cada comunidad autónoma o el peso relativo de cada autonomía en la población ajustada y remarcan que “el nivel de actividad económica de una región no refleja ni sus necesidades de gasto ni sus necesidades financieras para la recuperación”, por lo que “la elección del criterio PIB supondría reforzar aún más la divergencia regional que actualmente existe”.

Hacienda considera que la propuesta de un reparto en base al criterio de población ajustada -principio que algunas autonomías quieren aplicar al futuro modelo de financiación autonómica- es “mejorable” y que “el indicador de necesidades de gasto más idóneo es el de la población total, dado que no existen evidencias concluyentes de diferenciación de costes de provisión para el conjunto de los servicios públicos autonómicos”. Sobre esta base, Soler argumenta: “Según los últimos datos del INE para las comunidades de régimen común, se aprecia que las regiones más ricas tienen una renta per cápita un 64% superior a las más pobres, una distancia que se ha ido alargando en los últimos años y que se agrandaría aún más si se optase por el criterio del PIB, puesto que este criterio de reparto consolidaría que las regiones pobres y ricas evolucionaran a distintas velocidades”.

El informe que el Gobierno valenciano ha trasladado a Hacienda incluye como primer tramo el reparto de 3.486 millones de euros (un 25% de los 13.486 millones) en base a criterios de impacto sociosanitario en los distintos territorios desde el 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021. En concreto se plantea que este reparto se haga considerando los casos acumulados (20%), los ingresos hospitalarios COVID (40%) y los ingresos UCI (40%).

El texto recuerda que más de la mitad de los recursos del primer fondo Covid en 2020, 9.000 de los 16.000 millones de euros totales, se distribuyeron en función del mayor impacto de la pandemia, utilizando estos mismos criterios. El segundo tramo, que representaría el grueso del Fondo Extraordinario, estaría dotado con 7.000 millones de euros e iría destinado a reforzar el Estado del Bienestar en el conjunto del territorio, teniendo en cuenta que el 92% del gasto sanitario, el 91% del gasto en educación y más de la mitad del gasto en protección social se ejecuta directamente por las comunidades autónomas, según el informe autonómico.

Por último, el tercer tramo propuesto por la Generalitat estaría destinado a la “igualación de las capacidades financieras de los territorios para la recuperación”. “El Gobierno de España ha declarado el ejercicio 2021 como el punto de arranque para la recuperación y en este proceso las comunidades autónomas van a desempeñar un papel relevante, pero nuestras condiciones financieras no son en ningún caso similares”, sentencia el conseller.