Cómo gobiernos del PP, promotores y líderes patronales hundieron el instrumento financiero valenciano que debía ayudar a las pymes

El Gobierno de izquierdas que ganara la Generalitat Valenciana en 2015 decidió en 2016 como una de sus principales bazas económicas rescatar uno de los “pufos” más importantes de las anteriores legislaturas del PP, el hundimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca.

La crisis económica de 2008, agudizada en el sector del ladrillo español, pero sobre todo la mala gestión de sus empresarios dirigentes -en algunos casos podría ser considerada hasta delictiva- provocaron un agujero que la izquierda decidió que la administración autonómica debía tapar con 200 millones de euros. Posteriormente, la nueva Afín SGR se ha desvinculado de cualquier tutela pública y vende patrimonio pagado por la administración en el rescate para reequilibrar sus cuentas.

A cambio de inyectar 200 millones de euros de fondos públicos para pagar a los bancos los avales fallidos que había garantizado la anterior SGR, el actual presidente de la nueva Afín SGR, Manuel Illueca, se comprometió a realizar una auditoría forense para derivar las correspondientes responsabilidades y seguir con la ajecución de las garantías de los empresarios que no pudieron hacer frente a sus préstamos.

El informe ha estado escondido bajo siete llaves en la Conselleria de Hacienda durante un año y solo la actuación en los juzgados de la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, ha roto el silencio. Fuentes conocedores de la situación explican que no se van a seguir actuaciones contra ninguno de los responsables patronales y empresariales del agujero porque los hechos estarían prescritos. Como pasara con la auditoría, este supuesto informe que deja indemnes a los responsables también se mantiene oculto por los actuales responsables de Afín SGR.

Como ha venido contando eldiario.es en exclusiva en la última semana, la SGR fue utilizada de manera fraudulenta por algunos de los empresarios que estaban en sus órganos de dirección. Así lo entendió también el Banco de España, que multó al Consejo de Administración que llevó a la entidad a la quiebra en 2012. Pero de lo que se trataba en esta auditoría realizada por Deloitte era de analizar las operaciones de manera pormenorizada y buscar irregularidades, conflictos de intereses y fiscalizar la documentación.

Así, de 109 expedientes analizados aleatoriamente por los auditores y con un total de 310 avales estudiados, se concluye que solo de esta muestra el perjuicio para las arcas públicas fue de 118.440.868 euros. 196 de estos avales produjeron algún tipo de mora a la administración en su posterior rescate público.

Los auditores han revelado que los consejeros de la entidad y los miembros de las comisiones ejecutivas y de riesgos incurrieron en conflictos de interés tanto directos como indirectos. Es decir, se dieron a sus empresas avales que posteriormente no se devolvieron, se hicieron sin garantías o provocaron un quebrando público millonario. Es el caso del actual presidente de los constructores valencianos, Francisco Zamora, quien nada más recibir el aval y conseguir financiación vendió su empresa en 2009.

Hubo otros líderes patronales, como el expresidente de Ateval Manuel Taberner, que recibió un aval de tres millones dando solo garantías para cubrir dos. Pero sin duda el líder patronal con mayores irregularidades fue el expresidente de la extinta Confederación de Empresarios de Castellón José Roca y expresidente de la SGR, quien se dio más de tres millones de euros en avales para préstamos bancarios. En estas operaciones tuvo siempre el apoyo del Gobierno valenciano de Francisco Camps y de la patronal autonómica.

Roca, con vínculos muy estrechos con el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, convirtió la SGR en un instrumento que a discrección asumió unos riesgos en el sector del ladrillo saltándose su normativa interna. Sobre todo fueron empresarios de Castelló los beneficiados por esta facilidad para endeudarse.

Como hizo la actual concejal del PP en Vall d'Uixó Olga Salvador y sus dos hermanos en la empresa Inmosal SL. La firma recibió 20,5 millones entre 2005 y 2010 y en la actualidad adeuda cinco millones de euros a Hacienda. Salvador, llegó a la política de la mano de Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, e hizo carrera posterior con el senador Óscar Clavell cuando fue alcalde de 2011 a 2015.

Un instrumento como la SGR, pensado para ayudar a pymes y empresas industriales acabó avalando proyectos urbanísticos especuladores. Con el hundimiento del ladrillo, fue cuestión de tiempo que el temporal se lo llevara por delante para, como viene siendo norma, acabar siendo rescatado con dinero público.