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La rescatada SGR valenciana avaló irregularmente 20,5 millones en préstamos a la promotora de una concejal del PP de Vall d'Uixó

Olga Salvador y Óscar Clavell, cuando fueron alcalde y concejal de Educación de la Vall d'Uixó en la legislatura 2011-2015.

La promotora de La Vall d'Uixó Inmosal SL lo fue todo en Castellón en la primera década del 2000. Red de inmobiliarias propias, presentaciones en plazas de pueblo con jugadores del Villarreal CF y hasta pinitos en el sector hortofrutícola. Pero los propietarios de Inmosal SL, los hermanos Salvador Segarra -Vicente, Juan Carlos y Olga- tuvieron una inestimable ayuda, la Sociedad de Garantía Recíproca, rescatada años después con 200 millones de euros por el Gobierno progresista del Pacte del Botànic, que todavía no ha emprendido ninguna acción contra los causantes del agujero público.

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La promotora Inmosal llegó a recibir de la SGR entre los años 2005 y 2010 un total de 20,5 millones de euros en avales para poder financiar sus proyectos inmobiliarios a través de bancos y cajas de ahorros, sobre todo la extinta Caja del Mediterráneo (CAM). Según la auditoría forense a la que ha tenido acceso eldiario.es, varios de estos avales, sobre todo el más importante de 12 millones de euros, están plagados de irregularidades al carecer del visto bueno de la Comisión de Riesgos o sobrepasar con creces el límite establecido.

Esta operación salpica a la concejal del PP en el municipio de La Vall d'Uixó, Olga Salvador, quien era administradora y propietaria junto a sus hermanos de Inmosal SL cuando se firmaron los avales. Salvador no estaba en política entre 2005 y 2010 y fue el flamante fichaje del actualmente diputado nacional en el Congreso Óscar Clavell, cuando se presentó y ganó las elecciones en 2011. Olga Salvador fue en esa legislatura concejal de Educación y secretaria general del PP de la localidad.

Según la documentación de la auditoría de la SGR, en el año 2006 la Comisión Ejecutiva aprobó a Inmosal SL una operación de aval financiero ante otras entidades por importe de 8.000.000 de euros, "sobrepasándose el límite máximo por empresa (5.000.000 euros) establecido en el Plan de Gestión". No fue suficiente y hasta el año 2008 el importe de esta operación se amplió a los 12.000.000 euros. Este aval, según los auditores, "no tiene el visto bueno de la Comisión de Riesgos".

En su informe, los auditores de Deloitte concluyeron que en los diez expedientes aprobados a Inmosal en cinco años se sucedieron todo tipo de elusiones de información. "Representante legal, principales socios, plazo de amortización solicitado, empleados, datos financieros de la empresa, locales donde se desarrolla la actividad" no aparecen en los expedientes en poder de la SGR, revelan los auditores.

Inmosal SL, que entró en concurso de acreedores y ahora está en fase de liquidación, solicitó los avales para presentar garantías ante la administración, entregas a cuenta a los compradores de vivienda, conseguir circulante o financiación, atender aplazamientos y hasta para obtener un préstamo de 3,3 millones de euros para la construcción de las instalaciones de la empresa en octubre de 2007.

Como garantías de estos avales millonarios, Inmosal suscribió hipotecas sobre suelo urbano por un valor de tasación de más de siete millones de euros. En dos de los avales no se especificaron las garantías. Otro aval de 75.000 euros se llegó a utilizar en 2010 para pagar deudas contraídas con la propia SGR.

Inmosal fue un verdadero transantlántico que llegó a vender en puntos de venta propios y la red de Carrefour y a comercializar 6.000 viviendas de la multinacional española Metrovacesa en Castellón y el resto de España. La firma de la edil del PP y sus hermanos facturó 36 millones en 2006 y llegó a tener previstos ingresos en 2008 de 90 millones de euros, según publicó Expansión. La crisis y la asunción de riesgos imposibles acabó llevándose por delante la empresa y, de paso, la SGR que tuvo que ser rescatada con fondos públicos.

Según la lista de morosos de Hacienda, la sociedad Inmosal SL tenía más de cinco millones de euros de deuda impagada con la Agencia Tributaria en 2017.

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Publicado el
1 de julio de 2020 - 22:21 h

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