Los docentes tienen que acreditar que no han cometido abusos sexuales a menores
Otra modificación de una ley por parte del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ha levantado malestar en los trabajadores públicos. Y, especialmente, en los profesores. Debido a un retoque en la ley de protección del menor realizado en 2015 los docentes interinos a los que se les ha adjudicado una plaza desde este mes deben acreditar en un papel que no han sido condenados por algún delito contra la libertad sexual o la indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos con fines sexuales.
El cambio del reglamento que ha obligado a firmar tal certificación a los profesores está motivado por la intención del Ministerio de Justicia de crear un registro de delincuentes sexuales para evitar nuevos casos de abusos en el sector público. Una modificación que afecta en mayor medida a los docentes interinos que son los que deben firmar esa declaración. Los profesores con condición de funcionarios de carrera “deben autorizar a la administración que acceda a sus datos penales a través de la Plataforma de Intermediación de Datos” que gestiona el ministerio de Hacienda, indican fuentes de la conselleria de Educación.
Las formas de esta medida han despertado las criticas en organizaciones como el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià, perteneciente a Intersindical Valenciana. “Esta normativa atenta contra la presunción de inocencia y pone en el punto de mira al profesorado”, ha censurado el sindicato, mayoritario en el sector.
De hecho, desde el sindicato exigieron al departamento dirigido por Vicent Marzà (Compromís) que imitara lo realizado por su homóloga en sanidad, la socialista Carmen Montón. Sanidad se había negado a pasar esta autorización a su personal hasta que no se creara el registro de delincuentes sexuales. Fuentes de Educación precisan: “No podemos hacer nada, ya que es una norma de carácter estatal y debemos cumplir con ella”.
Según ha informado el STEPV, el ministerio que encabeza Rafael Catalá (PP) ya ha dado luz verde al registro que recoge las personas que ha cometido algún delito sexual contra menores. “Esta medida no soluciona el problema. Hay alternativas como elaborar protocolos de actuación para prevenir estas prácticas en los centros educativas”, denuncian desde el sindicato valenciano.
