El Puerto de València acelera la ampliación sin esperar a que el Gobierno diga si necesita otro informe ambiental
La cumbre que ha tenido lugar este miércoles entre el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, el de puertos del Estado, Salvador de la Encina, el alcalde Joan Ribó, y el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, no ha servido para limar diferencias en cuanto a la conveniencia de solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para las obras de la ampliación norte, teniendo en cuenta que tras la que se obtuvo en el año 2007 el proyecto se ha modificado sustancialmente.
De hecho, el desencuentro se ha escenificado con la ausencia de Martínez en la comparencia posterior al encuentro, de forma que tan solo han comparecido Ribó y España.
Ambos han explicado que será el Ministerio de Transición Ecológica el que se pronuncie sobre si procede o no elaborar una nueva DIA, tras la petición realizada días atrás por la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, con el apoyo del propio alcalde.
Al respecto, Ribó ha asegurado que un estudio jurídico municipal estima que jurídicamente es preceptivo una nueva DIA por las modificaciones que ha sufrido el proyecto inicial de ampliación: “es muy importante que València tenga la garantía de que una ampliación de este tipo, que es sustancial porque afecta a 138 hectáreas de terreno, pues tenga la garantía de que no afecta de una manera importante al medio ambiente y en caso de que afecte que se establezcan las medidas correctoras pertinentes”.
Aún así, la APV llevará al Consejo de Administración de este viernes un punto que supone un nuevo paso para avanzar en la adjudicación del proyecto, pese a que con la convocatoria electoral y la constitución de un nuevo Gobierno hará que el Ministerio de Transición Ecológica tarde meses en pronunciarse sobre si es preceptivo o no realizar una nueva DIA, lo que pone en evidencia que la entidad portuaria sigue con la hoja de ruta marcada y no esperará un pronunciamente para aprobar el proyecto.
Esta situación supone un pulso en toda regla tanto para el Ayuntamiento como para la Generalitat, que llegado el momento deberán de decidir si otorgan su apoyo a la adjudicación de las obras sin un nuevo informe ambiental.
En otro orden de cosas, el conseller España ha comentado que en el Puerto encargará un estudio de viabilidad de un túnel ferroviario para el acceso norte y un estudio ambiental y de movilidad sobre el impacto de la actividad portuaria.
Además, se crearán tres comisiones o grupos de trabajo: uno de agentes económicos y sociales del Puerto de València, otro de asociaciones sociales, vecinales y ecologistas y un tercero formado por la APV y el Ayuntamiento de València para impulsar los proyectos pendientes, tales como el parque de desembocadura.
Principales cambios en el proyecto de ampliación
La ampliación norte implica una inversión de unos 1.200 millones de euros: unos 400 millones en aportaciones de la APV y entre 800 y 900 millones de euros de aportaciones privadas. Su espacio tendrá capacidad para unos 5 millones de contenedores y está concebido para hacer frente al tráfico de contenedores esperado en el horizonte de 2050.
Como avanzó eldiario.es, la construcción de la nueva terminal de contenedores ha supuesto una modificación del proyecto inicial al trasladarse la terminal de cruceros a los astilleros de Boluda, eliminar un contradique y prolongar 500 metros el actual dique de abrigo.
Pese a estos cambios, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) descarta realizar una evaluación de impacto ambiental al considerar que legalmente no es preceptivo y que la elaborada en el año 2007 cuando se presentó el proyecto sigue siendo válida.
El traslado de la terminal de cruceros de la ampliación norte a los antiguos astilleros de Boluda supondrá otorgar al presidente presidente del lobby valenciano AVE (Asociación Valenciana de Empresarios) una concesión administrativa de 35 años para la ocupación de 4.700 metros donde construirá dos torres de oficinas y una zona de aparcamientos.
Este ha sido el peaje que ha tenido que pagar la APV para recuperar los terrenos que Boluda tenía en concesión hasta el año 2027, pese a que ya hace años que no se utilizan para construir o reparar barcos.
