¿Qué fue de la sospechosa denuncia del refugio de animales de València? A la Fiscalía no le consta y la Guardia Civil estudia la información

Agentes del Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se personaron el pasado 10 de junio en el Ayuntamiento de València “para recabar información sobre un asunto”, según confirmó el instituto armado a elDiario.es, relacionado con la gestión del centro municipal de adopción de animales.

La presencia de los agentes generó un enorme revuelo social y mediático en un momento en el que el equipo de Gobierno municipal dirigido por la alcaldesa, María José Catalá, estaba a escasos días de cambiar a la entidad gestora del servicio, pasando de la protectora Modepran que lo había llevado en los últimos años, a una unión de empresas de control de plagas.

Los agentes estuvieron reunidos con el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, que al parecer trasladó información sobre presuntas irregularidades cometidas por Modepran. Aunque oficialmente ni el instituto armado ni el Ayuntamiento dio información, finalmente trascendió que se trataba de un presunto caso de tráfico de animales.

Sin embargo, las diferentes versiones sobre el asunto arrojan dudas sobre este extremo. Por un lado, el propio Caballero aseguró a preguntas de este periódico que el consistorio no ha presentado denuncia contra la protectora. Fuentes municipales añadieron que se han producido más reuniones con el Seprona durante este mandato y enmarcan la cita de este miércoles en una serie de encuentros de colaboración.

Desde Modepran rechazan rotundamente las sospechas y las acusaciones vertidas sobre ellos. Así, insisten que no hay nada y que todo es falso, que no hay denuncia ni investigación alguna al tiempo que afirman no dar crédito con lo sucedido.

Tras la confusión creada, la Guardia Civil arrojó algo de luz al confirmar oficialmente a este diario que los agentes acudieron al Ayuntamiento a requerimiento del edil Juan Carlos Caballero, quien facilitó la mencionada información.

Por otra parte, a preguntas de esta redacción, fuentes de la Fiscalía han confirmado que no consta denuncia alguna contra la protectora Modepran. Por su parte, la Guardia Civil ha comentado que por el momento no ha abierto ninguna diligencia y que siguen analizando la información que se les trasladó.

Desde el pasado viernes 12 de junio, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hace cargo de los dos centros municipales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. Una de ellas recibió varias denuncias por el trato a los animales en otros refugios, una cuestión que ha incendiado a la ciudadanía. En los últimos días se han sucedido fuertes reproches al consistorio, que ha adjudicado la gestión en un concurso público.

La alcaldesa de València, María José Catalá, insistió un día antes en arrojar dudas contra la protectora al asegurar que “la Guardia Civil lleva años analizando la gestión de Modepran”. Sin embargo, como han confirmado tanto Fiscalía como el instituto armado, no hay ningún tipo de diligencia ni denuncia formal por el momento. Catalá sí que reconoció que la reunión entre la Guardia Civil y Caballero fue “a instancias” del concejal, pero “en el marco de una colaboración que llevamos desarrollando con la Guardia Civil”.

Un contrato de cinco millones atragantado

El cambio en la gestión de los refugios se debe a un concurso público, un proceso que lleva años atragantado. Hasta la fecha, el refugio de perros y gatos de Benimàmet se ha ido gestionando mediante un convenio caducado hace años, un modelo al que los servicios jurídicos han puesto reparos. Desde entonces, el consistorio abona mensualmente las facturas de los gastos a la protectora, unos 52.000 euros mensuales, que ha seguido prestando el servicio de recogida y atención con un extenso equipo de voluntarios.

El gobierno de Compromís y el PSPV trató de sacar a concurso el refugio, pero la convocatoria quedó desierta. Con el cambio de color en el consistorio, PP y Vox volvieron a iniciar el trámite, y esta vez se presentaron dos ofertas: la UTE Athisa Medioambiente-Adda Ops y la misma Modepran. Por el camino, en 2023, se aprobó la ley de Bienestar Animal, que ha obligado a modificar los términos y adaptarlos.

La UTE Athisa Medioambiente (de Andalucía) y Adda Ops (Castellón) fue elegida como adjudicataria en un concurso público. Obtuvo la mejor puntuación frente a la protectora Modepran, la única opción alternativa en este proceso. Athisa, dedicada al control de plagas, tiene un servicio de recogida y protección de los animales vagabundos y abandonados y gestiona otros ocho refugios en España. Adda Ops es una constructora que también presta servicios de control de fauna, centrada en palomas, jabalís y especies invasoras. La nueva adjudicataria es una alianza de dos empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras, que también gestionan otros refugios en España. La protectora les acusa de tener procesos abiertos por maltrato animal. La Guardia Civil abrió un expediente a Athisa por la gestión del refugio en la Bahía de Cádiz a instancias de una denuncia vecinal.

Pese a los 15 años de experiencia, la protectora no logró la mejor puntuación. Su punto fuerte es el conocimiento del refugio de Benimàmet, centrado en perros y gatos, pero los informes consideran que no se describe adecuadamente el proyecto para el centro de Natzaret (dedicado a las especies exóticas) y que, en general, su redacción es “confusa” respecto a medidas de seguridad. En la valoración técnica, Modepran obtuvo 16,65 puntos y la UTE 25.