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La implicación de todo el PP y el protagonismo de su mano derecha en el blanqueo cercan a Rita Barberá

Rita Barberá, este martes, en rueda de prensa.

El juez que investiga el caso Taula ha imputado al PP y a todos los concejales del partido en Valencia durante el pasado mandato por la supuesta financiación ilegal del partido en la ciudad. De momento, únicamente los ediles ahora aforados -Rita Barberá, entonces alcaldesa y ahora senadora- y Miquel Domínguez -concejal de seguridad y ahora diputado autonómico- se han librado de declarar ante el juez como sospechosos de blanqueo de capitales.

Barberá busca convencer por escrito al juez para no ser imputada en el Supremo

Barberá busca convencer por escrito al juez para no ser imputada en el Supremo

Barberá quiere convencer al juez, ante el que tiene la opción de declarar por escrito, para no ser imputada. Y niega, sin evitar criticas feroces a otros partidos, cualquier relación con el rudimentario sistema ideado por el PP de Valencia para limpiar dinero negro procedente de mordidas o comisiones ilegales: se pedían aportaciones de 1.000 euros vía transferencia bancaria que luego eran devueltas en metálico.

El fiscal, sin embargo, opina lo contrario. Anticorrupción cree que “existen indicios suficientes de la participación” de la senadora, protegida de la investigación de un juzgado ordinario por su aforamiento, en los hechos investigados. Estos son algunos de esos indicios según el sumario.

Anticorrupción cree que hay cuatro personas -de 48 imputados- especialmente señalados "por su proximidad al dinero supuestamente ilícito". Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal del PP y mano derecha de la exalcaldesa, es una de ellas. El cuñado de la senadora -José Corbín, fugazmente célebre por su comentario machista- es el abogado de García-Fuster. Barberá la ha defendido a capa y espada: "Es una persona muy trabajadora y muy honrada". En el registro policial de su casa se encontraron sobres con dinero en efectivo por más de 5.000 euros.

Todos los concejales y casi todos los asesores y trabajadores del grupo municipal del PP aportaron los 1.000 euros. La orden, creen los investigadores, venía desde la cúpula del partido, dominado con mano férrea por Barberá, que fue alcaldesa 24 años, entre 1991 y 2015. La senadora, sin embargo, se hace pasar por un militante más: ha recordado varias veces que no tenía cargo alguno ni en el partido ni en el comité de campaña del PP.

Como el resto de concejales, Barberá aportó mediante cheque 1.000 euros para la campaña del PP. Anticorrupción cree que ese dinero le fue devuelto en billetes de 500, como al resto de concejales, asesores o trabajadores del partido que contribuyeron.

Varios exasesores del PP en Valencia han reconocido la devolución en billetes de 500 de los 1.000 euros teóricamente aportados para financiar la campaña electoral. Todos ellos -una especialista en prensa, un asistente- reconocieron el blanqueo de capitales en el asunto y ubicaron a García-Fuster en el centro de la trama.

Otra exasesora, que se negó a participar en el supuesto blanqueo, recogió en su momento un relato del asunto que puso a disposición de los investigadores. "Todo el mundo es consciente de que se está realizando un presunto supuesto blanqueo" del que participaba el PP de Valencia en pleno excepto "cuatro asesores", escribió. Según su versión, Luis Salom, el asesor de los líos del PP, le dijo "que hay "fajos de billetes de 500" en el Grupo municipal Popular" de Valencia y le enseñó en plena calle los dos recibidos a cambio de sus 1.000 euros de procedencia legal.

María José Alcón, exconcejal del PP y esposa del anterior número 2 de Barberá, Alfonso Grau, vincula directamente a la exalcaldesa con el blanqueo en unas grabaciones de la Guardia Civil.

Grau, en otras conversaciones interceptadas, relaciona a Barberá con otra parte de la trama -la de las adjudicaciones irregulares, concretamente a su sobrino- al igual que antes insinuó que la senadora estaba al tanto de la financiación ilegal. El exvicealcalde, ahora juzgado en el caso Nóos, y Alcón, apartada de la candidatura del PP tras la filtración de las primeras grabaciones, están enemistados con Barberá. Grau, que dimitió por la contratación de Iñaki Urdangarín, había abandonado el ayuntamiento y no está imputado en el caso Taula.

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