Cap a la ciutat monstre es el título de la exposición que se exhibe en La Nau para conmemorar los cincuenta años de la publicación del libro de don Manuel Sanchis Guarner La ciutat de València. En 1972, según los promotores de la muestra, la ciudad amenazaba con salirse de escala, presa de la euforia económica del momento. Desmesurados proyectos -para el río desafectado por la Solución Sur, para la dehesa de El Saler entre otros- fueron felizmente conjurados. Pero resulta un tanto arriesgado sostener ahora que ahí empezó una etapa de mayor sosiego y mesura. No es momento de repasar acontecimientos menos publicitados de estas últimas décadas, porque hoy toca hablar del puerto de València.
Por desgracia, se ha dado un paso lamentable. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València ha aprobado el pasado viernes seguir adelante con el proyecto constructivo para la cuarta terminal de contenedores, fase previa para la adjudicación a medida a una empresa que ya estaba operando en el puerto, MSC. Desde que se relanzó el proyecto en 2018 (paralizado por las sucesivas crisis) ha crecido su cuestionamiento desde la sociedad civil (asociaciones, ecologistas, profesionales independientes…), que se han ganado un protagonismo, al menos molesto, a pesar de la aplastante unanimidad de los medios de comunicación a favor de la ampliación.
Incluso se ha conseguido que parte del Govern del Botànic (Compromís y UP) y el alcalde de València hayan sacudido su pasividad, basada en dar por hecho que el proyecto era imparable, o que era mejorable con simples medidas correctoras. Se han puesto en evidencia sus impactos sobre la ciudad y sus joyas más preciadas (playas, Saler…), la contaminación generada, la congestión del tráfico, la fragilidad de los proyectos de expansión (a merced de la coyuntura, como se está viendo ahora mismo), y su dudosa importancia para la economía valenciana (la mayoría del tráfico de contenedores es simple transbordo, y hay más importaciones que exportaciones…).
Durante estos años hay que destacar la postura repetida de las diferentes administraciones estatales, poniéndose de perfil, eludiendo responsabilidades: Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Ministerio de Transición Ecológica… Ninguna se ha atrevido a mojarse aprobando el proyecto o exigiendo uno nuevo: han coincidido en delegar la responsabilidad de lo que pueda pasar en la misma Autoridad Portuaria (APV), dándole el doble papel de juez y parte. Incluso cuando se han hecho informes demoledores (como el último de Costas) sobre los graves impactos ambientales previsibles (sobre las playas, El Saler y La Albufera), y sobre el incumplimiento de las medidas de prevención y reparación ordenadas en la anterior Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007, las conclusiones se han presentado como “condicionantes”, en forma de anexo, sin cuestionar la principal. El presidente de la APV se ha permitido publicar que este informe suponía el espaldarazo al proyecto, sin molestarse en leer esos condicionantes del anexo, que según la lectura que hacemos otros, suponía implícitamente la exigencia de un nuevo estudio constructivo, con su correspondiente DIA, justamente lo que se reclama por el alcalde y por la Conselleria de Cambio Climático.
Especialmente determinante ha sido la actitud del President de la Generalitat, responsable del nombramiento del presidente del Puerto y de darle su apoyo permanente. Un nombramiento del gusto del principal empresario del entorno portuario. Es fácilmente constatable que los lobbies económicos, en particular del puerto y de los contratistas, disponen de alfombra roja hasta el despacho de Presidencia.
Después de toda la perorata sobre el desarrollo sostenible, la transición ecológica, el nuevo modelo económico, la necesidad de acortar las cadenas de suministro y recuperar la producción de proximidad… nuestro President ha vuelto a utilizar el inexistente concepto de “crecimiento sostenible”. Parecía ya establecido que el “desarrollo” o la “sostenibilidad” no tienen que ver precisamente con un mayor crecimiento (más de lo mismo, en un planeta ya explotado por encima de sus posibilidades), sino con cambios de paradigmas y de objetivos, con mayor eficiencia y aprovechamiento de recursos escasos, incluso con decrecimientos… Pero hemos comprobado que nuestras máximas autoridades (con muy limitadas excepciones) parece que no entienden que lo que está pasando no es simplemente un problema de coyuntura por la guerra, sino uno de los síntomas más claros de que no podemos seguir como hasta ahora, que hay que adaptarse para sobrevivir.
En los últimos boletines de la Autoridad Portuaria se evidencia la caída del movimiento de contenedores, sobre todo los de tránsito (los que pasan de barco a barco, sin salir del puerto, la principal actividad de MSC, con un descenso del 20,8%) y los de exportación, mientras que aumentan ligeramente los de importación… Cambios que probablemente no son coyunturales, sino tendenciales.
Hace 25 años, precisamente en relación con la ZAL (otra tremenda agresión del negocio portuario a la ciudad y su entorno), algunos ya avisábamos de la gran volatilidad del comercio marítimo, a merced de cambios de todo tipo, entre ellos de un exceso de oferta de instalaciones portuarias. Nada de esto se ha tenido en cuenta ahora para reconsiderar la ampliación. Se puede entender por parte de una empresa que se dedica a este negocio (pero que, como muchas otras, puede equivocarse); de todas las que hacen negocio en el entorno portuario (sin ser exportadoras); de las constructoras cuyo negocio es arrojar piedras y hormigón al mar, incluso reparar los destrozos ambientales consecuencia de esas actuaciones. Pero de ningún modo se puede entender la desidia de las instituciones, funcionarios y gobernantes que, por encima de todos estos intereses, han de velar por el interés común y el largo plazo.
Sólo cabe añadir aquí la nueva muestra de prepotencia del presidente de la APV, quien ya dijo en 2018, en relación con la ZAL, que “Ribó acabará por entrar en razón”. Ahora afirma que la votación del pasado día 2, donde se aprobó el proyecto, era un ejemplo de funcionamiento democrático, de juego de mayorías y minorías, en un Consejo compuesto, mayoritariamente, por empresarios del entorno portuario y altos funcionarios por designación, con afinidades evidentes con la dirección de la APV, ninguneando ni más ni menos que al alcalde de la Ciudad parasitada por el Puerto.
Pero la batalla judicial sigue abierta, seguimos sin saber cómo se cumplirán los condicionantes de la DG de Costas, y los argumentos de la APV, fuera de los partidos “del crecimiento” eterno, son cada día más frágiles.
La ciudadanía informada y movilizada, como ha ocurrido en otros momentos, puede ser ahora la mejor palanca para frenar este despropósito, un proyecto que puede ocasionar costes gigantescos que no merecemos y que perdurarían en el tiempo.
Volvemos al principio: en el nuevo escenario marcado por las crisis, y con las expectativas que genera la elección de Valencia como Capital Verde Europea para 2024, este proyecto monstruoso no tiene cabida.
Sobre este blog
En un moment en què la lluita contra el canvi climàtic guanya protagonisme, aquest blog pretén aprofundir en el debat sobre el territori i els impactes que suporta. Es tracta d'un espai dedicat a l'anàlisi i la reflexió, en què col·laboraran professionals de diferents disciplines. El territori, la ciutat, el medi ambient i la cultura són els eixos d’un imprescindible debat, amb l'objectiu de lluitar a favor de la salut del planeta i contra les desigualtats socials.
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