El Consell acusa al PP de exigir una información tributaria cuya difusión prohíbe la ley
El PP valenciano reclama al Consell que le entregue el Plan de Control Tributario, una información que el propio Gobierno de su partido, presidido por Mariano Rajoy, tiene calificada como reservada para que no puedan utilizarla los defraudadores. Así lo ha denunciado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, que ha explicado este jueves que la Generalitat Valenciana “ha elevado una consulta al Ministerio de Hacienda ante la petición del grupo popular de las Corts Valencianes” y ha añadido que “la Ley General Tributaria, de 2003, considera estos datos reservados”.
“No sabemos los verdaderos motivos de esta actuación, incluido el anuncio de un recurso al TSJCV, pero con ella se abrirá la vía para que se pueda reclamar también al ministerio en las Cortes Generales que haga público su plan detallado por áreas de lucha contra el fraude”.
La reclamación de los populares se enmarca en su política de solicitar información al Consell sobre múltiples cuestiones y llevar los casos en los que no se les facilita a los tribunales, donde ya han conseguido varias sentencias contra el Gobierno del Botánico por vulneración de los derechos de los diputados.
“Se trata de una información muy sensible que puede servir para poner sobre aviso a los defraudadores de impuestos, ya que en ese documento se detallan de forma pormenorizada las áreas donde se va a poner el acento en la investigación contra el fraude fiscal y que puede dar pistas sobre actuaciones futuras”, ha advertido Soler sobre el plan que reclama el PP.
“Es irresponsable que se reclame información tributaria cuya trasmisión prohíbe el Gobierno central para no poner sobre aviso a los defraudadores”, ha lamentado el conseller, quien ha dicho “no entender” la petición, que tiene “el agravante de que abrirá la vía para que se pueda reclamar también al Ministerio de Hacienda, desde otros ámbitos parlamentarios, su Plan Tributario, y así acceder a los planes, detallados por áreas, de la investigación estatal contra el fraude fiscal”.
“Más allá de la acreditada trayectoria de algunos en el incumplimiento de las obligaciones tributarias, la Administración ha de velar por el respeto a la legalidad y por los intereses de todos los ciudadanos; en este caso, por evitar que determinada información pueda llegar a los presuntos defraudadores”, ha añadido Soler, de ahí la consulta previa al Ministerio de Hacienda sobre cómo actúa éste ante peticiones similares desde las Cortes Generales, de forma que la Generalitat seguirá exactamente el mismo criterio que aplica el Gobierno central.
El responsable de Hacienda ha explicado que el grupo popular de las Corts le pidió, a través de una solicitud, copia del Plan de Control Tributario de 2016. Sin embargo, los servicios técnicos de la Conselleria de Hacienda alertaron de que la petición vulnera lo establecido en la ley estatal vigente, que determina la prohibición de la trasmisión de este tipo de información. En concreto, el artículo 95 establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, fijándose solo la posibilidad de cesión, en el ámbito parlamentario, en el caso de “la colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido”.
En cuanto al Plan de Control Tributario, el artículo 116 de la citada ley declara específicamente su carácter reservado al establecer que “la Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de Control Tributario que tendrá carácter reservado, aunque eso no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informan”. En cumplimiento de ello, el director general de Tributos dictó una resolución que estableció los criterios generales del Plan de Control Tributario. De la resolución, que fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se trasladó copia al grupo popular.
Según Soler, “es evidente que no buscan información, sino confundir para obtener sentencias y así maquillar un pasado de opacidad total, en el que durante años se ocultaron cientos de contratos con la trama Gürtel, que únicamente se entregaron a golpe de sentencias del Tribunal Supremo”. El conseller ha recordado el reciente episodio de la petición de documentación en la que el grupo popular “buscó engañar a los tribunales reclamando unos documentos en soporte informatizado, que suponen miles de escritos, pese a saber perfectamente que esos papeles no están digitlizados, ya que vienen de tener recientemente responsabilidades de gobierno”.
“Nunca en la historia de las Corts ha habido mayor transparencia que en la actualidad”, ha indicado Soler, “en que se pone a disposición de los parlamentarios toda la información obrante en el Ejecutivo. Antes se ocultaba hasta lo más elemental, como las encuestas electorales que durante 20 años disfrutaron los anteriores gobiernos sufragadas con dinero público o determinados contratos, que tenían una versión para la opinión pública y otra, escondida, donde se recogían las verdaderas cláusulas contractuales muy lesivas para la Generalitat”.
