Tras las huellas de UCD

Desde que se inició el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya en 2005 hasta hoy, el PP ha sido un partido muy minoritario con tendencia a convertirse en marginal y hasta es posible que en extraparlamentario este próximo domingo y, sin embargo, ha sido el partido determinante en el curso de los acontecimientos. En esta preeminencia de un partido casi insignificante en Catalunya tiene su origen el desorden que ha presidido la vida política de estos últimos quince años.

En las elecciones catalanas de 2003 el PP, con Josep Piqué como candidato, obtuvo casi el 12% de los sufragios y quince escaños. En 2021 este resultado le parecería al PP un resultado excelente, pero en 2003 no lo era. Quedó por detrás de CiU, PSOE y ERC. Teniendo en cuenta que en ese momento el PP ocupaba el Gobierno de la Nación con mayoría absoluta y que el bipartidismo PP-PSOE estaba en pleno apogeo, el resultado del PP solamente puede ser calificado de “modesto”.

Es con ese resultado “modesto” con el que el PP tuvo que hacer frente al proceso de reforma del Estatuto de Autonomía, que se inició tras la llegada a la presidencia del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en 2004. El PP de José María Aznar había descartado cualquier posibilidad de reforma del Estatuto de Autonomía en País Vasco o Catalunya. Ocupando la presidencia del Gobierno, dicho descarte estaba garantizado. No ocupándola, no podía impedirla.

A partir de 2004, con la previsión para la reforma estatutaria contenida en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Catalunya, el PP no podía impedir que la reforma se aprobara. Ni en el Parlament de Catalunya ni en las Cortes Generales disponía del número suficiente de escaños para bloquear la reforma. El concurso del PP no era imprescindible. No era constitucional y estatutariamente imprescindible. Y no lo era porque así lo habían decidido los ciudadanos catalanes en las elecciones de 2003 y los españoles en las de 2004.

Josep Piqué intentó que el PP participara en el proceso de reforma, pero fue desautorizado por la dirección nacional del partido, que tomó la decisión de inhibirse del debate. Josep Piqué dejaría de ser presidente del PP en Catalunya y diputado en el Parlament y abandonaría la política. El PP se mantendría en la posición fijada por José María Aznar de un NO con mayúscula a la reforma.

La reforma estatutaria seguiría su curso siguiendo escrupulosamente el proceso previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, siendo aprobado el proyecto por una mayoría de casi el 90% en el Parlament, siendo negociado a continuación con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados presidida por Alfonso Guerra, sometido posteriormente a referéndum de los ciudadanos de Catalunya, que lo aprobaron con un mayoría de casi el 75%, y ratificado como Ley Orgánica por el Congreso de los Diputados y el Senado. Entraría en vigor en 2006.

El PP no participó en el debate parlamentario autonómico y estatal sobre la reforma del Estatuto, pero sí desarrollaría una campaña “extraparlamentaria” de enorme intensidad, con recogida de firmas contra el mismo, justificada por Mariano Rajoy en TVE con el argumento tan contundente de que lo hacía “porque le daba la gana”. Dicha campaña extraparlamentaria fue acompañada por la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

El Estatuto estuvo en vigor durante cuatro años y no se produjo alteración alguna digna de mención en el funcionamiento del Estado de las Autonomías. A pesar de ello el TC estimaría el recurso formalmente de manera parcial, pero materialmente de manera completa, ya que, además de anular determinados artículos, impuso la interpretación vinculante de muchos otros que desnaturalizaba la reforma aprobada. El TC hacía suya la política definida en su día por José María Aznar de un NO con mayúsculas a cualquier reforma de los estatutos de País Vasco y Catalunya.

Entre 2006 y 2010 hubo una suerte de paréntesis a la espera de la decisión del TC. A partir de 2010, una vez que el PP había conseguido imponerle a través del TC a Catalunya un Estatuto distinto y contradictorio con el que se había pactado entre el Parlament y las Cortes Generales y se había ratificado en referéndum, el sistema político catalán entraría en una espiral de desorden que no ha ido más que intensificándose.

Desde 2010 el PP ha dominado la agenda política en Catalunya. La ha dominado a la contra, en negativo. Pero la ha dominado. Y lo ha hecho al mismo tiempo que su representación en Catalunya disminuía de manera ininterrumpida. Siendo un partido marginal casi llegando a la condición de partido extraparlamentario, ha conseguido bloquear el funcionamiento del sistema político catalán. Se negó desde el Gobierno de la nación a entrar en ningún tipo de negociación para encontrar una fórmula de integración de Catalunya en el Estado que pudiera ser aceptable para la Generalitat y los ciudadanos catalanes y continuó delegando la política autonómica en el TC. Políticamente no hay nada que discutir. El TC decidirá sobre cualquier iniciativa que se plantee. Eso es todo.

Las consecuencias de dicha delegación de la política en el TC son sobradamente conocidas. Todavía siguen marcando la agenda política en Catalunya, y por conexión en toda España, aunque desde la aprobación de la moción de censura de 2018 lo hace de manera diferente. Pero lo sigue haciendo. Ni el Gobierno del PSOE primero, ni el de coalición después, han conseguido todavía encontrar una fórmula para salir del callejón en que el Gobierno de Mariano Rajoy, con el concurso del TC y del Tribunal Supremo, dejó el problema de la integración de Catalunya en el Estado.

El PP ha conseguido desordenar por completo la vida política en Catalunya y parcialmente la vida política en el conjunto del Estado, pero lo ha hecho con un coste tremendo para sí mismo. El resultado electoral de este próximo domingo lo va a poner de manifiesto. El PP ha causado un enorme destrozo en Catalunya, y en el Estado, pero a costa de destruirse a sí mismo en dicha nacionalidad y hasta es posible que en el conjunto del Estado.

Los ciudadanos de Catalunya van a certificar con su voto el fin del PP como “partido de gobierno” de España. El 14F de Catalunya va a ser para el PP el equivalente de lo que supuso para UCD el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica del 28F de 1980 en Andalucía.