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Los desahucios abiertos y la llave del riego

Hace casi un año y medio que los desahucios con fecha abierta pasaron a ser un capítulo habitual del drama de las personas que luchan por no quedarse sin hogar

Protesta de miembros de la PAH y de Entrebarris

Protesta de miembros de la PAH y de Entrebarris

No sabemos si aquella fue una idea original de un solo juez, compartida más tarde entre cafés durante un desayuno en la ciudad judicial con otros magistrados, para iniciar lo que más tarde llegaría a ser una práctica habitual en la ciudad de Barcelona. Tampoco sabemos, no por falta de ganas sino por falta de información, si acaso fue deslizada por primera vez del puño y letra de un procurador o un abogado. Quizás, y esta versión literaria de los hechos es la que más me gusta, la idea nació en un cónclave entre promotoras, fondos de inversión y las cabezas jurídicas que los asesoran. Pero a pesar del origen incierto de la semilla del mal, finalmente la idea cristalizó en una resolución judicial y, como la gripe, se fue extendiendo en muchas otras resoluciones. Así, los desahucios con fecha abierta, los desahucios sorpresa, empezaron a ser parte habitual del drama de las personas que luchan por no quedarse sin hogar desde hace cerca de un año y medio.

A diferencia de los desahucios ‘normales’, si es que la práctica de quitarle el techo a alguien puede normalizarse, en que se fija una fecha y una hora determinada,  los desahucios abiertos permiten que pueda desahuciarse a una familia durante una quincena de días o un mes o un trimestre, según le convenga al juez o al letrado de la administración que dicta la diligencia de lanzamiento. De esta forma, como si nos encontráramos en un estado totalitario en el que el solo ruido del timbre nos sobresalta, la comitiva judicial puede aparecer en cualquier momento del período fijado para sacarnos de casa junto con nuestras cosas.

Pero volvamos de nuevo a la raíz ¿Por qué aparecieron los desahucios abiertos? Se han dado dos respuestas posibles, aunque ambas coinciden en lo fundamental. De forma oficial, según un reciente comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se deben a las dificultades con las que se encuentran las comitivas judiciales para realizar los lanzamientos y “que frecuentemente impiden su efectividad (en 2018, de 4.880 lanzamientos señalados por el Servei d'Actes y Comunicacions (SAC) de Barcelona, 2.683 fueron negativos y sólo 2.197 pudieron materializarse)”. De forma extraoficial, es bien conocido que dichas dificultades no son otras que la actividad incesante de los distintos colectivos de vivienda de Barcelona, que como la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas (PAH), deciden ponerse delante de las puertas señaladas para evitar que familias vulnerables abandonen sus casas, de lunes a viernes, semana tras semana. Bajo esta luz, los desahucios con fecha abierta son una reacción de los jueces, enarbolando la bandera de la eficacia, ante el empoderamiento vecinal. Y es efectivo: organizarse delante de una puerta durante quince días o un mes es muy complicado.

Desde el punto de vista legal, los desahucios con fecha abierta también pueden entenderse como una desobediencia judicial creativa y voluntariosa ante la desobediencia civil, puesto que el amparo legal de los desahucios con fecha abierta es inexistente. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la norma encargada de regular los procedimientos civiles, establece con rotundidad hasta en 6 artículos que para cualquier desahucio es necesario establecer una fecha y una hora, o como mínimo una fecha determinada. De hecho, la modificación introducida por el nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler todavía lo establece con mayor rotundidad al especificar que “que deberá fijarse por el órgano judicial el día y la hora exactos de los lanzamientos”. Y ello no sólo lo dicen los juristas y activistas que luchan por garantizar el derecho a la vivienda, sino que también lo dicen los propios jueces que defienden los desahucios abiertos. En palabras de Roberto García Ceniceros, miembro de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y titular del juzgado de primera instancia número 30 de Barcelona, “la Ley ha dejado de ser 100% útil”.  Y como la Ley ya no es 100% útil (¿para el juez?, ¿para la propiedad?), como la Ley ya no es eficaz, han decidido prescindir de ella ¿Para qué iban a esperar a que el legislador decidiera cambiar la LEC? ¿No iría ello en contra de la eficacia y la utilidad?

Si dejamos de lado la eficacia y la utilidad, principios cien mil veces enumerados para vulnerar los derechos fundamentales, los desahucios con fecha abierta lesionan derechos como la tutela judicial efectiva, que requiere que las sentencias estén fundadas en Derecho y no sean arbitrarias; el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, así como el derecho a la integridad física y moral, por no hablar de aquel principio constitucional y ético de la dignidad. Con otras palabras,  es evidente que no saber si a la vuelta del colegio, del trabajo o del mercado vas a seguir viviendo en tu casa es cruel e inhumano.Es el mismo trato que reciben los condenados por ocupación en la vía penal. Y la lógica delictiva no puede aplicarse a quién no puede pagar o a quién pudiendo y queriendo pagar lo que hasta ahora podía, no tiene capacidad para subidas prohibitivas y especulativas de la propiedad. Por todas estas razones, la Plataforma Prou Desnonament Oberts, de la que forman parte cerca de 220 entidades, oenegés y sindicatos de Barcelona, ha denunciado en repetidas ocasiones la ilegalidad de dicha práctica y la necesidad de su cese inmediato.

Esta extensión arbitraria de la Ley no es el único ejemplo del poder judicial apuntalando el derecho a la propiedad. Aquellos jueces que no paralizan desahucios, en contra de lo establecido en el Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) que obliga a no desahuciar hasta que haya una alternativa habitacional es tan solo una recomendación y no tiene efectos jurídicos, son los mismos que después dictan desahucios abiertos, escudándose en que la LEC nada dice al respecto. Son los mismos que tampoco suspenden los lanzamientos cuando es el propio Comité DESC quien lo ordena mediante medidas cautelares. Así, parece que la flexibilidad, la imaginación y la creatividad jurídica solo están presentes cuando toca defender el derecho a la propiedad.

Dicen que los chinos llaman a la Ley “la que abre el agua para el riego”. Por la distancia cultural es fácil malinterpretar el significado. Así, si uno entiende que el agua es para limpiar el interior de las viviendas de familias y defender la propiedad, los desahucios abiertos cumplen con la legalidad. Desde el Observatori DESC y la PAH defendemos otro tipo de legalidad que está al servicio de las personas más vulnerables, los derechos humanos y el derecho internacional; para que el agua haga crecer el respeto y la dignidad. Por ello, este mes hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el desahucio con fecha abierta que sufrió Raquel y su familia en enero.

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