El Gobierno permite al BBVA y Caixabank reabrir un hotel de lujo en El Saler, en pleno Parque Natural de L'Albufera
El tan pregonado Gobierno ecologista por parte del presidente Pedro Sánchez ha seguido los pasos de su antecesor, Mariano Rajoy, y permitirá que el BBVA y Caixabank puedan reabrir un hotel de lujo en El Saler, en pleno Parque Natural de La Albufera (València) cerrado desde el año 2011.
Y es que, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) han confirmado la renovación por un plazo de 60 años de la concesión a las entidades bancarias, propietarias del inmueble en un proceso administrativo que arrancó con los populares en el Gobierno y que finaliza ahora con los socilistas en el poder.
Al respecto, las mismas fuentes han argumentado que “el Hotel Sidi Saler fue construido en 1970 sobre terrenos privados. En 1986, el paraje donde se ubica el hotel fue declarado Parque Natural y, en 2007, se aprobó el deslinde que incorporó los terrenos a dominio público marítimo-terrestre”.
La incorporación de terrenos privados al dominio público marítimo-terrestre “implica la eliminación del derecho de propiedad sobre los mismos”.
En estas situaciones, “la Ley de Costas de 1988 contempla la obligación de la Administración General del Estado de convertir los derechos de propiedad en derechos de aprovechamiento”.
Esta conversión se sustancia mediante las concesiones transitorias. Concesiones que, según han destacado desde MITECO, siguen un procedimiento reglado y cuyo otorgamiento constituye “una obligación para la administración siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos”.
En el caso del edificio y restantes instalaciones del hotel Sidi Saler, “se ha tramitado el expediente administrativo tendente a comprobar si concurren las circunstancias exigidas por la normativa de Costas y se ha comprobado que se cumplían las condiciones, por lo que se han sometido a la aceptación del interesado la concesión y, tras su aceptación, se ha formalizado su otorgamiento”.
Desde MITECO han insistido en que “el otorgamiento de la concesión transitoria no es una cuestión discrecional, sino una obligación del Ministerio cuando se cumplen los requisitos que establece la normativa de Costas y sin perjuicio de las restantes autorizaciones y/o licencias que el interesado tuviera que obtener de otras administraciones en el ámbito de sus propias competencias, y sin perjuicio de que se pueda proceder a su rescate de acuerdo con la normativa de Costas”.
La noticia no ha caído nada bien en el Ayuntamiento de València, gobernado por un pacto entre Compromís, con el alcalde Joan Ribó a la cabeza, el PSPV y València en Comú, partido instrumental controlado por Podemos.
Y es que, el equipo de Gobierno municipal de izquierdas había apostado por su demolición para regenerar el cordón dunar de la playa de El Saler. De hecho, durante la tramitación de la renovación de la concesión el Ayuntamiento emitió sendos informes no vinculantes contrarios del área de Medio Ambiente y de Urbanismo.
En concreto, el de Urbanismo advierte de que el edificio está “fuera de ordenación sustantivo”, lo que en la práctica implica que sobre el mismo no se pueden hacer obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, sino que solo se podrán acometer sí pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.
Desde la concejalía de Devesa-Albufera han añadido que se solicitó acceso el 19 de septiembre de 2017 el expediente de concesión que estaba tramitando el Ministerio y jamás se respondió a esa solicitud: “volveremos a solicitar todo el expediente ya que no entendemos esta falta de consideración hacia nuestra administración por parte de la Administración General del Estado”.
En todo caso, han asegurado que el Ayuntamiento de València, como no puede ser de otra manera, “se atendrá a las leyes vigentes y estudiará cualquier petición por parte de los titulares de la concesión”.
Por su parte, la Generalitat Valenciana ha afirmado que “no es una buena noticia para el parque natural y que ”llegado el momento, en el marco de la licencia de la actividad que deberán pedir para la eventual apertura, se estudiará y se evaluarán las afecciones posibles (al medio natural) que puede tener esta actividad y las vías legales para actuar“.
Desde Acció Ecologista Agró han denunciado que no han recibido notificación oficial de la renovación pese a haber presentado alegaciones al expediente y han criticado que se trata de una decisión discrecisional que favorece a dos entidades bancarias privadas: “estudiaremos interponer un recurso judicial”.
