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El juez procesa por malversación al exdirector de Canal 9 López Jaraba por pagos a la productora de José Luis Moreno

El juez pide a las acusaciones y al fiscal que presenten los escritos de acusación o sobresimiento  de la causa para sentar en el banquillo a José López Jaraba

El magistrado instructor avala la pericial que concluye que se pagaron 1,8 millones a la empresa del productor y ventrílocuo por un programa que valía en realidad 400.000 euros

Compromís anuncia que recurrirá el auto porque el juez también pide archivar otra parte de la causa con la productora Triskel, mientras que CGT, sindicato que pidió la pericial, acusará

José López Jaraba, en una comparecencia ante el Parlamento valenciano.

José López Jaraba, en una comparecencia ante el Parlamento valenciano.

El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Paterna, Juan Luis de la Rúa, procesa al exdirector general de la extinta Ràdio Televisió Valenciana (Canal 9) José López Jaraba por malversación de caudales públicos y administración desleal por los contratos con la productora Alba Adriática, del ventrílocuo y productor José Luis Moreno. El magistrado da al fiscal, las acusaciones y las defensas diez días para que soliciten el sobreseimiento o la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de acusación. 

El juez instructor avala así la pericial independiente solicitada por la acusación ejercida por el sindicato CGT, que concluye que se abonaron a la productora de Moreno 1.785.295 euros -una condonación de deuda anterior- por el programa De un tiempo a esta parte cuando en realidad su coste no superaría los 400.000 euros. El magistrado asegura que existen indicios racionales de que Jaraba asumió el valor del programa que presentó la productora Alba Adriática "despreciando cualquier actuación para contrastar en su caso su verdadero coste".

Es más, añade el juez, esa "falta de calidad de dichos programas" realizados por la productora de Moreno se demostraría en que "casi un año después de ser entregados" no se habían emitido. Entiende el magistrado que tanto el informe pericial elaborado por Taxo y que publicó eldiario.es como el informe de la Sindicatura de Comptes sobre "las irregularidades" en la condonación de la deuda de 1,8 millones a cambio de un programa son indicios suficientes para que se tenga que abrir juicio oral a José López Jaraba.

En el auto de procesamiento el juez cuestiona el argumento de López Jaraba para desacreditar la pericial. "El investigado no aportó ninguna documentación que desacredite el informe de la Sindicatura de Comptes ni el cuestionamiento que planteó de la pericial judicial practicada, tanto sobre la posible circunstancia personal de uno de los peritos firmantes con la empresa Alba Adriática o su propietario -José Luis Moreno-, como respecto de la valoración de la misma del precio de mercado", explica el juez en el auto.

Estos argumentos que desecha el juez sobre la idoneidad de los peritos son los mismos que utilizó el productor José Luis Moreno en su versión de los hechos. Moreno no está imputado ni ha sido citado, de momento, en esta causa.

Pero si el juez abre juicio sobre los contratos de Canal 9 con Alba Adriática pide el sobreseimiento por otros contratos con la productora Triskel y el Villarreal Club de Fútbol. En este caso, la televisión valenciana pagó ingentes cantidades de dinero a una productora por reportajes contra el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero que ya habían sido emitidos en Intereconomía.

El sobreseimiento de esta parte de la causa es lo que diferencia las estrategias de dos de las acusaciones. Mientras CGT, el sindicato que ha conseguido que se procese a Jaraba, acusará al exdirector general de Canal 9, Compromís recurrirá el archivo de la parte de Triskel para posteriormente también acusar. En este caso, este movimiento de Compromís podría provocar que la apertura del juicio oral se retrasara a la espera de saber si el juez también propone que en el juicio oral se vean otros contratos.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción no acudió a la última declaración de José López Jaraba, mientras la Abogacía de la Generalitat, que debe velar por el dinero público desviado, no está claro que acabe acusando. 

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