Los 60 millones de remanente que València no puede destinar para luchar contra la crisis del coronavirus

Libertad para destinar el remanente de tesorería de los ayuntamientos para todo tipo de ayudas, tanto sociales como de reactivación de la economía local para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Es lo que viene demandado el Ayuntamiento de València, con el alcalde, Joan Ribó, a la cabeza, al Gobierno central. Una demanda que comparten también los alcaldes de las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia), con los que se acordó recientemente una declaración conjunta en esta línea.

En el caso del Ayuntamiento de València, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, explica que este remanente, es decir, el dinero con el que cuenta en caja el Consistorio, asciende a 60 millones de euros.

El edil socialista comenta que, en un reciente decreto, el Gobierno autorizó a las administraciones locales a dedicar un 20% de estos fondos a gasto social para hacer frente a la pandemia.

“Esto nos limita mucho a la hora de habilitar ayudas para autónomos, comercios, pequeñas empresas o para un plan de rescate del turismo, de ahí que pidamos que nos den libertad total para disponer de estos fondos con el objetivo de garantizar las ayudas sociales, pero también la reactivación económica”, afirma Vilar.

El edil añade que “hasta ahora el Gobierno obligaba a los ayuntamientos a destinar este remanente a pagar deuda o facturas, y en el caso de los que estuvieran fuera del plan de ajuste por contar con una deuda reducida, a inversiones financieramente sostenibles”.

Así, lo que se pide es que “agilicen el decreto que establece las condiciones para gastar estos remanentes y que, teniendo en cuenta la actual situación extraordinaria, den libertad a cada ayuntamiento para destinarlo como mejor crea para hacer frente a esta crisis”.

Por otra parte, Vilar comenta que además se ha solicitado al Gobierno que transfiera el pago del IVA pendiente del ejercicio 2017, unos 7 millones de euros.

En cuanto a la ampliación del plazo para posibilitar el fraccionamiento del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aprobado recientemente con motivo del coronavirus, Vilar afirma que han sido 2.000 los ciudadanos que se han acogido a esta opción, para lo que deberán domiciliarse el pago, lo que supone una bonificación del 2%.

Así, abonarán el impuesto en tres pagos que se producirán el 30 de abril, el 20 de junio y el 20 de septiembre. Para los que no tengan el pago domiciliado, el periodo de pago voluntario se ha prolongado hasta el 10 de julio.