Bruselas quiere las huellas digitales de los migrantes, aunque sea por la fuerza

Un documento interno remitido por la Comisión Europea a los Estados miembros plantea diez medidas para conseguir que se recojan las huellas dactilares de todos los migrantes en situación irregular o solicitantes de asilo interceptados en suelo comunitario cuando se nieguen a colaborar, directrices que incluyen la posibilidad de hacer uso de la fuerza o detener a quien se niegue a proporcionar esta información.

Así se desprende del documento difundido por la plataforma europea Statewatch, un escrito de la Comisión Europea clasificado como “límite”, es decir, de exclusivo uso interno, que recoge este decálogo como ejemplo de “buenas prácticas” tras sondear el modo en que los 28 Estados miembros gestionan la recogida de huellas dactilares para la base de datos comunitaria Eurodac.

El refuerzo de este sistema común de información es precisamente uno de los objetivos de la Comisión para impulsar el convenio de Dublín ante la llegada cada vez mayor de migrantes y refugiados. Según este acuerdo, el responsable de un inmigrante en situación irregular o un solicitante de asilo es el país por el que entró en la UE y no el Estado en que después, fue localizado. Permite así devolver a España a una persona interceptada en Alemania cuyas huellas dactilares fueron recogidas, por ejemplo, en Melilla.

Para estudiar el modo de promover el Eurodac, la Comisión remitió el año pasado un cuestionario a los Estados miembros en el que preguntaba si permitían “el uso de la fuerza o la coerción” en su legislación para conseguir las huellas dactilares de solicitantes de asilo, personas interceptadas en las fronteras y/o detectadas en situación irregular en territorio, en qué medida se usaba esa fuerza y cómo reaccionaban ante la negativa de una persona a cooperar.

Fruto de las respuestas de los 27 miembros más Noruega, ha elaborado este documento que auna doctrina y que según explica Statewatch, fue debatido en octubre por el Comité Estratégico de Inmigración y Asilo de la Comisión Europea, donde se acordó la creación de un grupo de trabajo para negociarlo del que nada más ha trascendido. Se trata así de un documento de trabajo, no de una posición oficial.

El uso de la fuerza, regulado en el protocolo

El escrito dice que la normativa europea permite que se adopten “todos los pasos razonables y proporcionados que sean necesarios para conseguir” que migrantes y solicitantes de asilo colaboren. Establece que si una vez se ha explicado a la persona sus derechos y las ventajas del acuerdo de Dublín, sigue negándose a cooperar, “deberá ser informado de que se puede utilizar la fuerza con el fin de conseguir sus huellas dactilares”.

“Si el titular de los datos todavía se niega a cooperar, funcionarios capacitados pueden aplicar el nivel mínimo de fuerza necesaria, garantizando al mismo tiempo el respeto de la dignidad y la integridad física del sujeto según lo aprobado en un protocolo para la toma de huellas dactilares. Este procedimiento debe incluir una explicación clara de los pasos que el funcionario puede adoptar para obligar a la cooperación”, expone.

Introduce en este punto la salvedad de que “el funcionario debe demostrar que no había alternativa posible a un uso razonable de la fuerza”, debe hacer “una evaluación caso por caso de si no existe tal alternativa” y su intervención debe ser grabada conservando el vídeo tiempo necesario como para que esa persona pueda denunciar si lo desea.

El documento dice que “nunca es apropiado utilizar la coacción para obligar a la toma de huellas dactilares de ciertas personas vulnerables, como menores de edad o mujeres embarazadas” aunque a renglón seguido señala que “si se utiliza algún grado de coerción para las personas vulnerables debe garantizarse que el procedimiento utilizado está adaptado específicamente a dichas personas”.

Riesgo de expulsión para solicitantes de asilo

El cuarto de los puntos versa específicamente sobre los solicitantes de asilo que se nieguen a ceder sus huellas dactilares. Dice que el Estado miembro informará a esa persona de que, de no cooperar, su solicitud podrá ser tramitada por el procedimiento abreviado o de frontera, lo que podría significar que fuese rechazada y resultase expulsado del territorio antes de poder recurrir la resolución, deportación que “puede ir acompañada de una prohibición de entrada a la UE de hasta cinco años”.

“Se puede explicar que la consecuencia de que su solicitud de asilo sea tramitada por este procedimiento puede hacer que la solicitud, a raíz de un adecuado y completo examen de sus méritos, se considere manifiestamente infundada. Este hallazgo podría (...) dar como resultado una limitación importante del derecho del solicitante rechazado a permanecer en el territorio en espera de una apelación contra ese rechazo, y puede resultar que sea expulsado antes de que la apelación se haya resuelto”, indica la Comisión a los Estados miembros.

Esto, en cuanto a las medidas de presión. En el decálogo se abre además la puerta a detener a quienes se nieguen a colaborar, ya sean solicitantes de asilo, en cuyo caso la detención se producirá “para verificar su identidad o nacionalidad, y conllevará la toma de huellas dactilares”, o migrantes en situación irregular, a quienes se retendrá mientras no cooperen hasta el límite que marca la Directiva Europea de Retorno para su deportación (60 días en España, hasta 6 meses en otros países).

Según informa Statewatch, a finales de febrero pidió explicaciones a la Comisión sobre esta compilación de “buenas prácticas” y la institución respondió que “es objeto de debates en curso”. Cuando preguntó si había un calendario, la respuesta fue que la Comisión “no tiene más información que ofrecer” al respecto.

“Parece que los debates sobre una serie de directrices que tienen que ver con el uso de la fuerza física y detención contra los solicitantes de asilo y migrantes irregulares se llevan en secreto, a pesar de o quizá debido a su naturaleza altamente política”, dice la ONG.

La posición de España

Para el cuestionario, España informó de que “no ha tenido problemas en la toma de huellas dactilares en los casos Eurodac” y defendió que, atendiendo a su “experiencia con casos criminales, el uso de la fuerza no es eficaz ya que es casi imposible obtener una calidad aceptable de huellas digitales cuando alguien se resiste”.

“Aunque de acuerdo con los principios generales del Derecho se nos permitiría utilizar medidas coercitivas de forma proporcionada, una vez que se hace evidente que la persona no coopera, no se realizan más intentos. En todo caso, la desobediencia y resistencia a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sean castigados por el Código Penal, ya sea como un crimen o un delito menor”, explicó el Estado español a la Comisión Europea.