Los García y el adelanto electoral

El vídeo navideño de Movistar provoca que a uno se le humedezcan los ojos. Por la sensibilidad con las pérdidas familiares, la del abuelo entrañable de los García que los teléfonos inteligentes mantienen vivo, y por el protagonismo de Zaragoza, de José Antonio Labordeta, y de la actriz aragonesa María José Moreno, en el papel de abuela viuda.

Con la albada final cantada por una de las nietas, el creativo catalán Oriol Villar consigue que se desborde la emoción por esa identidad que compartimos la inmensa mayoría de los aragoneses. De ese aragonesismo, entroncado por la izquierda con los fundadores de la revista “Andalán” y con el Partido Socialista de Aragón (PSA) y por la derecha con Hipólito Gómez de las Roces, que electoralmente está en horas muy bajas.

Identidad compartida que trasciende al signo de nuestro voto y también a los partidos nacidos en el territorio. Son malos tiempos para el Partido Aragonés y para Chunta Aragonesista que en las elecciones autonómicas de mayo de 2023 sumaron el 7 por ciento de los votos cuando desde 1983 hasta 2011 siempre rondaron de media el 25 por ciento.

Todo lo contrario para el PP. El actual presidente en funciones y candidato, Jorge Azcón, pasará a la historia por ser el primer presidente de Aragón que adelantó unas elecciones autonómicas, una potestad que se incorporó en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007.

Fue el ex presidente Aznar el que recomendó a Alberto Núñez Feijóo que se olvidara de otra moción de censura y que siguiera erosionando por todos los medios posibles al actual Ejecutivo. Uno de esos medios es adelantar elecciones en algunos de los territorios que gobiernan, casos de Extremadura y Aragón, para desplegar una batería de victorias electorales, a las que se tienen que sumar Castilla y León y Andalucía, que terminen por dejar sin aliento al estigmatizado Sánchez.

Aznar es consejero de la News Corp, el grupo editorial del magnate australiano Rupert Murdoch. Conoce de cerca el manual trumpista sobre cómo manejar una guerra de desgaste que incluye también inundar de barro sin descanso el discurso público para ocultar la gestión del enemigo, para fidelizar a los electores afines y desmovilizar a los ajenos.

Azcón no se esforzó en dialogar con Vox. Se apresuró a presentar un proyecto de Presupuestos expansivo jalonado de proyectos, una de las características de sus dos largos años de mandato: muchos anuncios y titulares, pocas realizaciones y una ínfima producción legislativa. Tanto se ha acelerado con los anuncios en precampaña, como el del grado de Farmacia en Huesca o el futuro centro de salud de Arcosur en Zaragoza, que la Junta Electoral de Aragón ha tenido que pararle los pies ya en dos ocasiones. Algo institucionalmente difícil de asimilar cuando la normativa es tan clara.

Es verdad que la fórmula PP-Vox de la Comunidad Valenciana estaba contaminada pero, más cerca, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha conseguido sacar adelante los Presupuestos con Vox a cambio de recortes en las ayudas al desarrollo, de fiscalizar la terminología y las políticas feministas, de endurecer la actuación con los inmigrantes pobres y de facilitar escuelas de tauromaquia.

Azcón sabe que pactar con Vox es pactar con la franquicia local de Trump: pactar contra el europeísmo y ser cómplice del reparto del mundo que proyecta debilitando aún más a una vacilante Unión Europea de la mano de las grandes tecnológicas y de amigos multimillonarios.

Para Vox ser nacionalista español excluye ser europeísta. Excluye, por tanto, la defensa de una identidad compartida –la historia de Europa y de Estados Unidos es una historia de migraciones- y de la cohesión social que garantizan los servicios públicos (la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, el transporte) al igualarnos a todos sea cual sea nuestra renta y patrimonio.

El periodista Martín Caparrós, enfermo de ELA, escribía el pasado jueves en “El País” algo que creo que suscribimos millones de ciudadanos: “que la subsistencia de la sanidad y la educación públicas será el tema más importante que nuestra sociedad enfrentará en los próximos años”.

Sin discusión alguna, para los partidos progresistas esta debería ser una de las banderas de unidad. Con más motivo en tiempos de avance del autoritarismo y de desprecio a la democracia liberal por parte de los oligarcas tecnológicos y de los magnates. Las grandes tecnológicas estadounidenses están muy escocidas por los 4.000 millones de euros en multas que durante el último año les ha impuesto la Comisión Europea por falta de transparencia, diseños sin verificar y trabas a los investigadores.

A la defensa de los servicios públicos debería unirse la de la libertad de expresión. La ofensiva contra los medios de comunicación públicos va muy en serio después de la demanda de Trump reclamando 10.000 millones de dólares a la BBC y de las negociaciones en Italia para vender dos periódicos progresistas, “La Reppublica” de Roma y “La Stampa” de Turín, a un magnate griego amigo del presidente estadounidense. Y, finalmente, debería unirse también el mantenimiento de las ayudas al desarrollo y unas políticas de inmigración que respeten la dignidad de las personas.

En Aragón, el adelanto electoral de Azcón responde a la estrategia que pilota la dirección nacional de su partido para dejar en los huesos al Gobierno de Pedro Sánchez y para sacudirse la asfixiante dependencia de Vox. El candidato del PP se juega el éxito o el fracaso a mayoría absoluta o a sumar 34 diputados con el Par y Teruel Existe. No hay más apuestas.