El Gobierno incumple las medidas exigidas por la ONU a España para proteger a siete menores migrantes
El acta de nacimiento de A.L. dice que tiene 17 años, pero fue internado en el CIE de Madrid después de que la Fiscalía concluyera, con un informe médico, que era mayor de edad. Su caso fue llevado al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que solicitó al Estado español que no expulsara al menor a su país de origen, Argelia, y fuera transferido a un centro de menores mientras estudiaban su situación. España no cumplió con esta medida: A.L. estuvo en el CIE 60 días, el límite máximo, y ahora se encuentra “en la calle” sin un tutor legal, según la Fundación Raíces.
El caso de A.L., que llegó solo a Almería en abril de este año, se suma al de otros seis menores migrantes no acompañados para los que el Comité de la ONU ha solicitado medidas provisionales que el Gobierno español “ha incumplido”, según han denunciado este jueves distintas organizaciones sociales.
Entre ellos, hay cuatro casos de menores que han sido internados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid y Barcelona con órdenes de deportación, una de ellas ejecutada, otros que están “viviendo en la calle, alguno de ellos con enfermedades graves”, critican las ONG, y un menor al que “no se le ha permitido solicitar asilo”.
Sus casos fueron documentados por la Fundación Raíces y Noves Víes y presentados ante la ONU el pasado mayo. Desde entonces, para todos ellos, el órgano internacional ha demandado una serie de medidas para evitar “daños irreparables” mientras estudia sus casos. Según explican las organizaciones, el Comité puede, a través del tercer protocolo, examinar casos individuales de menores y pedir a los Gobiernos que actúen de forma provisional. Entre las indicaciones, que difieren en cada caso particular, la ONU ha solicitado que los menores sean transferidos a centros de protección y no sean devueltos a sus países de origen.
En este sentido, ambas ONG junto a otras organizaciones de derechos humanos e infancia – Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía Española, la Plataforma de Infancia, Save the Children y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)– , han exigido al Gobierno en una carta que cumpla “de manera inmediata” las indicaciones de la ONU y garantice una “protección adecuada” a estos menores.
“Consideramos inaceptable la decisión del Gobierno de no actuar de acuerdo a lo que le está diciendo Naciones Unidas”, ha afirmado durante la rueda de prensa Ana Sastre, representante de Save The Children. Las organizaciones aseguran que “se han reunido” con el Ministerio de Exteriores para buscar una solución a estos casos. “Nos han dejado claro que no consideran vinculantes las decisiones ni las medidas del Comité”, ha aseverado Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces.
“España firmó el Protocolo [en 2013], por lo que reconoce la competencia del Comité. Con este reconocimiento, España se compromete a colaborar”, ha criticado Sastre. “Y si no se cumplen medidas como el no retorno de niños hasta que Naciones Unidas no se pronuncie sobre sus casos, se puede hacer que el trabajo del Comité no tenga validez”, ha alertado.
“Los están tratando como si fuesen mayores de edad”
“En todos los casos la cuestión de fondo es la violación de la presunción de minoría de edad”, ha explicado Almudena Escorial, abogada de Fundación Raíces, una de las organizaciones que ha acudido al Comité. La letrada ha recordado que “en el caso de que existan dudas”, de acuerdo con legislación, “se les debe tratar como niños si existe una mínima duda de que pueden tratarse de niños”. Sin embargo, las organizaciones han esgrimido que “la Fiscalía General del Estado los está tratando como si fuesen mayores de edad”.
“Convertir a un niño o a una niña en adulto les niega su condición de niño, lo que les niega derechos”, ha apuntado Reyzábal. En este sentido, ha denunciado la situación “de abandono y desamparo” en la que quedan a pesar de contar, en muchos casos, con pasaportes y certificados de nacimiento que acreditan que son menores de edad.
Así, Reyzábal ha recordado la doctrina del Tribunal Supremo, que prohíbe que los menores extranjeros con pasaporte válido sean sometidos a pruebas para determinar su edad y dispone que deben ser protegidos. Las organizaciones han relatado el caso de Mohamed (nombre ficticio), un menor argelino que pese a contar con una copia de su carnet de identidad que acreditaba su edad, fue encerrado en el CIE de Barcelona. La ONU solicitó que no fuera devuelto al país, pero finalmente ha sido expulsado, según Noves Vives.
También el de A.B., de Camerún, que llegó con 15 años a Ceuta y, tras pasar por el CETI, pudo documentar que era menor de edad. En un centro de menores de Madrid, fue diagnosticado de tuberculosis. La Fiscalía le declaró mayor de edad tras negarse a hacerse una radiografía de muñeca, según ha documentado la Fundación Raíces. A.B. ha recibido una orden de expulsión “a pesar de contar con un pasaporte que prueba su minoría de edad”.
“Le dejaron en la calle. Le han diagnosticado malaria y no puede recibir las vacunas que necesita porque necesita empadronarse, y para ello necesita que un tutor consienta”, comenta Escorial. Para A.B. el Comité ha solicitado que sea trasladado a un centro de menores y reciba tratamiento médico, “algo que no se ha cumplido”, señala la abogada.
“En España para que los menores de edad puedan ejercer sus derechos se les exige representación legal. Si quieren solicitar asilo, escolarizarse o ser intervenidos quirúrjicamente, se les exige”, explica Reyzábal. “Con esos documentos que acreditan su persona y la Fiscalía no considera válidos, se les deja en la calle. Pero para el resto de administraciones públicas son menores a todos los efectos y necesitan un tutor. Solo son adultos para no protegerlos”, argumenta.
La presidenta de la Fundación Raíces también ha recordado que en la legislación española “no está prevista la asistencia letrada de oficio cuando les determinan la edad” y ha opinado que la “falta de credibilidad” de los documentos que prueban que son menores, responde, a su juicio, “a un intento de control de los flujos migratorios, de quitarse de encima a todos los menores extranjeros no acompañados que puedan”.
