ENTREVISTA Directora de la Red Española del Pacto Mundial

Cristina Sánchez: "La pandemia ha agravado la brecha entre grandes empresas y pymes en materia de sostenibilidad"

Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red del Pacto Mundial en España.

Cristina Sánchez es directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, la organización dedicada a fomentar la sostenibilidad empresarial que trata de acercar al sector privado a los grandes desafíos de la humanidad para materializar la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aprobada hace cinco años, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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La Red Española es una de las cerca de 70 que hay en todo el mundo. Con unas 1.600 entidades adheridas (el 22% son grandes empresas, el 61% pymes y el 17%, entidades del tercer sector, asociaciones empresariales e instituciones educativas), acaba de elaborar una encuesta encargada por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 de cara a la futura estrategia que el Gobierno prevé tener elaborada en junio, según anunció el martes el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. 

La encuesta ha pulsado la opinión de unas 1.900 empresas sobre el grado de implementación de los ODS, cómo creen que pueden contribuir a la Agenda 2030, y el impacto de la COVID en la sostenibilidad empresarial. Sánchez atiende a elDiario.es por videoconferencia para comentar sus resultados y otros asuntos relativos a la sostenibilidad, una materia sobre la que transmite entusiasmo y a la que lleva dedicada más de 12 años.

España es la red local que tiene más empresas adheridas al Pacto Mundial.

Siempre es un orgullo ser la red con más socios, pero eso por suerte está cambiando. No tiene mucho sentido que España lo sea, dado su peso económico, y las redes europeas están creciendo mucho. No creo que duremos mucho como líderes a nivel internacional y en unos años nos superarán otras como la inglesa, la alemana o la francesa. Esto valida la necesidad de una iniciativa como esta, que acompañe, sensibilice y dé herramientas de gestión a las empresas, que entiendan que la sostenibilidad es un valor añadido y que tienen la responsabilidad de empujar en estos temas. 

¿Cómo han evolucionado las adhesiones este año con la pandemia?

Afortunadamente, hemos seguido creciendo. Hay sectores económicos que, aunque parezca mentira, están sobrellevando muy bien la pandemia. Sí tememos al año que viene: veremos las bajas, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Este año, todos los socios fueron pagando la cuota a cambio de los servicios que les damos, aunque ha habido algunas bajas. De cara al año que viene soy prudente.

La encuesta muestra que hay bastante conocimiento de la Agenda 2030 por parte de las empresas, sobre todo grandes. Pero según el último barómetro del CIS, más de un 70% de los españoles no saben qué es.

Ese fue uno de los principales retos cuando se aprobó la agenda: que llegara a la base de la ciudadanía y la gente entendiera con qué acciones se podía avanzar en los grandes retos del planeta. Se hizo una labor de sensibilización muy importante, en unos países más que en otros. Nosotros tenemos el foco en las empresas y una de las acciones que les pedimos es que sensibilicen a sus empleados y a sus cadenas de suministro para que nos ayuden a difundir la agenda. Estamos lejos y es verdad que hay un diferencial muy alto de conocimiento entre empresas y ciudadanía. Una de las conclusiones más preocupantes del estudio, en línea con nuestros análisis previos, es que hay un gap muy importante entre el conocimiento de la Agenda 2030 por la empresa y las acciones que llevan a cabo.

¿Por qué?

No por falta de acciones, sino porque este es un reto tan complejo que requiere indicadores concretos de medición muy difíciles de acordar a nivel internacional. Por ejemplo, en un área fundamental como el cambio climático, en el que las empresas tienen un impacto muy importante, es muy difícil medir el grado de avance en reducción de emisiones de CO2 y si ese esfuerzo ralentiza o no el calentamiento. No es un indicador como el de cuántas mujeres tiene el consejo de administración: hay que medir de forma muy continuada, en varios años, para tener resultados fiables. Y la complejidad y transversalidad de la Agenda 2030 hace que desgraciadamente vemos acercarse esa fecha y, aunque estoy segura de que en diez años habrá resultados muy buenos en algunas áreas, en otras no tanto. La pandemia por desgracia ha ralentizado avanzar en temas muy complejos como el ODS número 8, de trabajo digno, el de pobreza obviamente (ODS 1), o incluso el 5, de igualdad de género. Al final, las comunidades más vulnerables siempre son las mismas.

Una muestra de la brecha entre el compromiso de las empresas y la implantación de medidas efectivas es que el 53% de las encuestadas tiene un código ético, pero solo el 25% cuenta con un canal de denuncias.

Las empresas, sobre todo las multinacionales, sí tienen esos canales, que deben implementar para luchar contra la corrupción o gestionar los impactos negativos en derechos humanos, por ejemplo, en todas las cadenas de suministro. El problema es que no se sienten cómodas en publicar esos datos. Tienen desde hace muchos años sistemas de calidad y seguimiento, de proyectos, indicadores, y cuentan con canales internos de denuncia. Pero organizaciones observadoras como nosotros no tenemos siempre acceso a los datos. Otro reto es esa transparencia. Por ejemplo, publicar los proveedores de una cadena de suministro de una empresa textil: aunque cada vez hay más, no todas lo hacen.

Según la encuesta, más de un 85% de las empresas afirma estar trabajando en los ODS pero son casi todo grandes empresas: el 39% de las pymes y un 60% de los autónomos admiten que no hacen nada para implantarlos. En un país de pymes, ¿se puede cerrar esta brecha en medio de una crisis atroz? muchas de las encuestadas se declaran “en estado de supervivencia”...

En la última década, la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial han pasado de esa idea de pura filantropía a estrategias empresariales en las que la sostenibilidad está en todas las áreas de negocio. Poco a poco se está consiguiendo y hay una madurez en ese sentido. Pero sobre todo las desarrollan las grandes empresas. La brecha con las pequeñas se va agrandando y la pandemia la ha empeorado, aunque quizá es un poco pronto para medir su impacto. Muchas pymes se meten en esto porque algún gran cliente se lo pide o quieren optar a un contrato público y los pliegos valoran ciertos criterios; o porque al CEO o al dueño le llama la atención. Pero no tienen los recursos internos necesarios: alguien que pueda dedicarse a hacer un mapeo de riesgos y de los impactos positivos y negativos de la empresa, crear grupos de trabajo para identificar acciones concretas … Esto no les supone una inversión económica muy importante, pero sí tiempo y trabajo. Y el retorno económico no es evidente e inmediato. Implementar una estrategia de sostenibilidad lleva tiempo.

Y voy a hacer una crítica constructiva a la Administración Pública: aunque la ley de Contratación tiene en cuenta estos parámetros de sostenibilidad, dando más puntuación a empresas que demuestran una responsabilidad con el medio ambiente y las personas, en el día a día, es muy complejo y no se está consiguiendo. Con lo cual, a la pyme le cuesta mucho ver el valor de esto. Hay una parte de pedagogía, de ánimo y acompañamiento. Nosotros nos hacemos responsables de ampliar esa masa de pymes sostenibles, tenemos que intentar identificar qué necesitan y ofrecemos una línea de servicios específicos para facilitarles esa tarea.

En cuanto a las grandes empresas que han querido participar en esta encuesta, ¿no hay cierta sobrerrepresentación de las energéticas, que han visto en la descarbonización un gran negocio, y pocas constructoras?

Sí, también hay un gap sectorial. Aunque cuesta mucho a veces vincular el desarrollo sostenible con la oportunidad de negocio, hay empresas para las que obviamente ya lo es. El plan de reconstrucción del Gobierno y los fondos europeos son una oportunidad muy interesante para potenciar las energías renovables, la economía circular y la movilidad sostenible, y hay grandes nichos de negocio que sería muy interesante que se vincularan a esos fondos, en industrias sostenibles, innovación, digitalización... En algunas áreas ya se ha extendido esta visión de invertir en estos sectores, que son rentables: grandes petroleras han cambiado el chip y están cambiando todo su negocio porque saben que en 2050 Europa será una región libre de emisiones fósiles. Esto es positivo y hay que potenciarlo. 

El sector de la construcción quizá si va un poco más lento, y no es exclusivo de España ni de Europa, con respecto a otros como el financiero, con toda la parte de bonos verdes, bonos azules que se están sacando, la inversión socialmente responsable... Y es interesante ver cómo diferentes sectores trabajan para identificar dónde tienen un impacto y tratar de convertirlo en positivo o neutralizarlo al menos. Por ejemplo, en el turismo, un sector con maneras tradicionales quizá de hacer las cosas y en el que hay áreas de trabajo complejas a gestionar. Se está intentando cambiar el modelo hacia una propuesta con la sostenibilidad como uno de los aspectos que se quiere vincular a una nueva Marca España turística. 

Respecto a las empresas públicas, ¿qué diferencias hay respecto al sector privado en la aproximación a los ODS?

Empresas como Correos, Adif, Renfe, el Icex o el ICO están muy comprometidas con estos temas y adoptando un papel de liderazgo. Al final los puestos de dirección de estas grandes empresas vienen y van dependiendo del gobierno que esté, y la apuesta que haga un gobierno o no al final poco a poco va calando. Son un ejemplo muy importante. En empresas con presupuestos tan potentes como Adif o Renfe es fundamental que sus compras públicas se basen en criterios de sostenibilidad. Igual que la transparencia que den, por su efecto tractor en estos temas. Trabajamos con bastantes empresas públicas y creo que han visto que la modernización del país debe tener esta perspectiva de sostenibilidad y preocupación por el cambio climático. En España por fin tenemos un proyecto de ley de Cambio Climático, que esperemos que se apruebe, y ahí el sector empresarial es fundamental. A lo mejor en otras políticas públicas, no tanto, pero no se puede hacer una transición a una economía verde sin las empresas. Esto se ha entendido en el Ministerio de Transición Ecológica y la Oficina de Cambio Climático tiene muy en cuenta esta perspectiva empresarial. Hay muchas alianzas muy interesantes, con esa comunicación entre la administración y las empresas en áreas como la movilidad sostenible o las energías renovables.

Uno de los aspectos “poco trabajados” por las empresas españolas, según el informe, es la movilidad sostenible, a la que la pandemia ha puesto en primer plano.

Aquí las empresas tienen un papel fundamental y habrá que animarles a invertir en este tipo de áreas, porque la administración no puede soportar toda la inversión que requiere cambiar la movilidad de una ciudad. Es una temática relativamente reciente. Ahora con la pandemia se está incentivando y potenciando ese debate y creo que es cuestión de tiempo, no de falta de interés. Si queremos cambiar la movilidad de toda una ciudad, debemos ponernos las pilas todos: administraciones, empresas y ciudadanía.

España aprobó en 2018 una ley de información no financiera que obliga a las empresas de más de 250 empleados a publicar un informe anual con una serie de indicadores sobre sostenibilidad. ¿Cómo ha contribuido? 

Los españoles, que a veces somos muy modestos, tenemos que ser un poco más orgullosos en ciertas áreas. Las empresas españolas han liderado durante años diferentes índices de reporting no financiero como GRI gracias a que hay compañías sensibles con este tema. Esa ley emana de una directiva europea que en España se traspuso de manera bastante exigente respecto a otros países. Las empresas que llevaban años reportando de manera voluntaria y trabajando en áreas de sostenibilidad lo recibieron con un aplauso, y es algo que no se pone en valor. Sin embargo, las que no tenían ningún interés en hacer estos esfuerzos y no le veían el retorno a controlar estos indicadores, ven que ahora no saben hacerlo y se pueden enfrentar incluso a sanciones por no informar adecuadamente. 

Este ejemplo ilustra cómo poco a poco va habiendo palancas muy importantes para impulsar el reporting en sostenibilidad. Es un ejercicio que lleva tiempo y esfuerzo, en un momento en el que cada vez más grandes inversores, fondos de pensiones y grandes empresas piden indicadores de sostenibilidad muy complejos que pueden poner en cuestión millones de euros de inversión. Los reguladores están empezando a exigir más y los grandes inversores, también los pequeños, están empezando a pedir explicaciones sobre dónde se invierte su dinero, si se está destinando a armas, por ejemplo, o a programas que luchen contra el cambio climático y las desigualdades. Es una palanca importantísima, junto a los consumidores. En estos dos o tres últimos años se está viendo un empuje de organizaciones como la UE y los inversores en estos temas que no tiene marcha atrás.

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Publicado el
28 de noviembre de 2020 - 21:49 h

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