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Un directivo de Acuamed que hizo caso omiso al fraude fue premiado con un puesto en la cúpula de Adif

Javier Moya fue uno de los cuatro directivos de la empresa pública de aguas que conocieron e ignoraron las advertencias de su entonces director de Ingeniería sobre las compensaciones indebidas para FCC y Abengoa

En mayo de 2014, como director Jurídico de Acuamed, no apreció "consecuencias jurídicas de relevancia" en el escrito del denunciante; dos meses después, Adif le nombró director de la Asesoría Jurídica

En el administrador ferroviario, el mayor ente de gasto de España, con un presupuesto 20 veces mayor que el de Acuamed, es el número dos de la ex jefa de Gabinete de la ministra Ana Pastor

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La ministra de Fomento, Ana Pastor, preside la firma del protocolo entre el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, y el alcalde de Gandía, Arturo Torró.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, junto al presidente de Adif, Gonzalo Ferre, en una imagen de archivo.

El Ministerio de Fomento premió a uno de los cuatro directivos de Acuamed que en 2014 hicieron la vista gorda ante las supuestas irregularidades en la empresa pública de aguas que actualmente investiga la Audiencia Nacional. La recompensa, un cargo en la cúpula del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del departamento de Ana Pastor.

El directivo en cuestión es el funcionario público Javier Moya Lámbarri, exvicesecretario y ex director de la Asesoría Jurídica de Acuamed y actual director de la Asesoría Jurídica de Adif. Moya aterrizó en Adif en julio de 2014, tras descartar sólo dos meses antes que la denuncia de un alto cargo de Acuamed sobre incrementos de costes injustificados para la constructora FCC y la ingeniería Abengoa pudiera tener consecuencias legales para la empresa de aguas. 

El autor de ese documento, que permitió a la Fiscalía Anticorrupción destapar la millonaria 'trama de las desaladoras' que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, fue el ex director de Ingeniería de Acuamed, Francisco Valiente. A principios de 2014, Valiente dio la voz de alarma y avisó a hasta cuatro directivos de la sociedad estatal (entre ellos, su entonces director Jurídico) sobre las supuestas irregularidades con su denuncia. Ninguno le hizo caso y fue despedido en abril de 2014.

El 31 de marzo de 2014, seis días después de denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, Valiente envió un notario a Acuamed para asegurarse de que su denuncia llegaba al seno de la sociedad estatal. El notario fue atendido por el director Financiero de Acuamed, Carlos Aníbarro, y el propio Javier Moya. Ambos examinaron la carta y la documentación adjunta (100 páginas) y " declinaron hacerse cargo de la cédula de notificación", según el relato del denunciante. Fuentes cercanas a Moya señalan que esos documentos no iban dirigidos a él y por eso se negó a dar acuse de recibo. La destinataria era la superior de Moya, Isabel Bonelli, secretaria del consejo de Acuamed.

Sin "consecuencias jurídicas"

Dos días después, el consejo de administración de Acuamed decidió por unanimidad prescindir de Valiente "por pérdida total de la confianza por parte de la empresa", sin siquiera estudiar su denuncia. Moya, según las actas de ese consejo, validó los motivos esgrimidos por el entonces director general de Acuamed y cabecilla de la trama corrupta, Arcadio Mateo, para despedir a Valiente por considerar que no era  precisa "una motivación distinta" a la que había planteado. Según fuentes cercanas a Moya, su informe se limitó a analizar las consecuencias jurídicas del despido (como el alcance de la indemnización que le correspondía, que "sería pequeña al llevar únicamente un año en la empresa"), pero no entró "en el fondo" de esa decisión.

Un mes después, en la reunión del consejo de Acuamed del 8 de mayo de 2014, Moya determinó que "no se habían apreciado consecuencias jurídicas de relevancia" en la documentación aportada por el ya ex director de Ingeniería de Acuamed. Fuentes próximas a Moya señalan no obstante que en aquel momento este no apreció indicios delictivos porque faltaban elementos para valorarlos, como cierta documentación técnica, pero que su informe sí dio pie a que el consejo instara a analizar la documentación recibida.

Cuando llegó el resultado de esa investigación, Moya ya no estaba en Acuamed. Aunque su cese formal en esta empresa de aguas se produjo el 31 de agosto de 2014, se incorporó a Adif en julio de ese año, según fuentes del administrador ferroviario. Moya es el número dos de la directora general de Recursos Humanos y Secretaria General, Alicia Portas. Portas, persona de confianza de Ana Pastor (hasta entonces, era su jefa de gabinete), recaló en septiembre de 2014 en Adif para cubrir la vacante dejada por la marcha de Rosa Sanz Cerezo, abogada del Estado que en junio de 2014 fichó por el bufete del abogado de la Infanta Elena, Miguel Roca Junyent. Por esas fechas,  Anticorrupción ya había solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del que depende Acuamed, información sobre la empresa pública de aguas. El ministerio concluyó que no había ninguna irregularidad.

Al estar justo por debajo de Alicia Portas en la estructura directiva de Adif, el nombre de Moya no aparece en el organigrama de la empresa estatal, pero sí en las sociedades que el gestor tiene constituidas junto a Renfe, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para explotar líneas de alta velocidad en ciudades como  Alicante, Murcia, Valladolid, Almería y  Valencia. En todas ellas ejerce como vicesecretario.

Adif es el mayor ente de gasto de España y maneja un presupuesto 20 veces mayor que el de Acuamed. Para este año, tiene prevista una inversión de 4067 millones, frente a los 206 millones presupuestados para la empresa de aguas. El juez Velasco envió a la cárcel el mes pasado a, entre otros, el exdirector general de Acuamed Arcadio Mateo y a otros cuatro altos cargos de la empresa, pero Moya no está imputado. El fraude ya apunta al actual comisario europeo y exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Como Santamaría y su ex número tres

El perfil profesional de Moya todavía está disponible en la web de Aquamed. En él, se dice que era "responsable del departamento encargado del asesoramiento jurídico de la Sociedad". Nacido el 26 de mayo de 1975, desde noviembre de 2005 pertenece al cuerpo de abogados del Estado, la élite de funcionarios de la que forman parte la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y su exnúmero 3, el dimitido Federico Ramos, ex secretario de Estado de Agricultura y expresidente de Acuamed.

Licenciado en Derecho y diplomado en Empresariales de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, Moya "comenzó su carrera en el sector privado como abogado en Uría&Menéndez, continuando en Lupicinio Eversheds, hasta incorporarse como adjunto al Director de la Asesoría Jurídica de Unión Fenosa Internacional, S.A.", se lee en esa reseña, que añade que "en 2004 ingresó por oposición en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en calidad de Letrado-Inspector (actualmente en excedencia). Posteriormente desempeñó el cargo de Subdirector Letrado de la Asesoría Jurídica de la Corporación Radio Televisión Española, S.M.E., S.A. y Letrado-Especialista".

El presidente de Adif es el alicantino Gonzalo Ferre Moltó, ex directivo de Abertis y la constructora Sacyr nombrado por Fomento al frente del administrador ferroviario en enero de 2013 en sustitución de Enrique Verdeguer, exconsejero de Economía, Industria y Comercio de la Generalidad Valenciana, que dimitió como presidente de Adif por "motivos personales" cuando no llevaba ni un año en el cargo.

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