Las razones de Unidos Podemos para apoyar ahora un decreto que no limita los precios del alquiler
Unidos Podemos ha decidido que apoyará un decreto de vivienda que, salvo cambios de última hora, no faculta a comunidades y ayuntamientos a limitar las subidas de precios de alquiler entre contrato y contrato. El texto que se prepara para ser aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, y que probablemente correrá mejor suerte que el primer decreto y será convalidado, se limita, según el borrador que se maneja hasta ahora, a señalar que se establecerán índices de referencia,es decir, un mapa de precios medios en función de las fianzas depositadas en las comunidades autónomas.
Pero no se reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos en el sentido de facultar a ayuntamientos y comunidades a regular cuánto pueden subir los alquileres. Esa norma establece que los precios se fijan según el acuerdo entre particulares, y no va a haber ninguna modificación de ese artículo en el decreto, como ha aclarado también el Gobierno debido a una cierta confusión al respecto en algunas informaciones.
A pesar de que Unidos Podemos ha hecho bandera de este punto, que considera clave para pinchar la “burbuja” del alquiler, han decidido aceptar un texto que, con casi total seguridad, no lo contemplará. ¿Por qué? Por las mejoras en otros aspectos del decreto, tanto en garantías para inquilinos como para desahuciados, y porque, en palabras de la principal negociadora del grupo confederal, Lucía Martín, “no podíamos acabar esta legislatura dejando atrás las políticas de vivienda nefastas del PP”, que son las que están en vigor.
“El decreto no iba a ser aprobado si el contenido era el mismo. Hemos conseguido introducir mejoras importantes, solo hay que comparar un decreto con otro, ahí se ve donde quería llegar el PSOE y donde hemos conseguido llegar nosotros”, explica la diputada y portavoz de En Comú Podem.
Entre otras cosas, ahora va a incluir una limitación de las subidas de precios interanuales dentro del mismo contrato, y va a obligar a los jueces a evaluar la vulnerabilidad de las personas que van a ser desahuciadas. En este último punto, el Gobierno también se ha negado a garantizar el realojo para familias vulnerables en caso de desahucio, “a pesar de rasgarse las vestiduras sobre los desahucios de Argumosa”, recuerda Martín, en referencia al argumento de que el primer decreto de alquiler habría evitado esas imágenes.
Además, el borrador del nuevo texto revoca una reforma del PP por la cual los contratos no registrados por el propietario dejaban de tener efecto ante terceros (lo que dejaba a los inquilinos de edificios vendidos a fondos de inversión a los pies de los caballos), y establece que los gastos de gestión inmobiliaria deberán ser asumidos por el arrendador si es persona jurídica. Se mantienen otras cuestiones como la longitud de los contratos de cinco o siete años y la regulación de viviendas turísticas.
“Está claro que este decreto no va a solucionar la problemática de la vivienda”, reconoce Martín, pero “no podíamos acabar esta legislatura dejando atrás unas políticas de vivienda nefastas del PP”. Por eso, desde que se retomaron las negociaciones han peleado por conseguir algunas mejoras. “Con la convocatoria electoral tan cerca hemos tenido mucho menos margen de presión porque los tiempos se han acortado mucho. Pensamos es que el decreto es mejor que el que había”.
La constitucionalidad de regular precios vía decreto
Según Martín, en el asunto de la regulación de precios “el Gobierno se ha negado completamente” y han utilizado argumentos jurídicos para esconder un posicionamiento político. “Es evidente que la decisión final ha sido política y así lo reconocían ellos. Han sido cobardes y han cedido a los grandes intereses que hay detrás del mercado del alquiler para impedir que se incluya la regulación de precios”. Tanto en este punto como en el de la garantía de alternativa habitacional para desahuciados vulnerables, promete “seguir peleando” después de las elecciones del 28 de abril.
La regulación del alquiler, que implicaría que las ciudades y/o las comunidades autónomas pudieran limitar las subidas desmedidas de precios en zonas más afectadas por el boom del alquiler, como ocurre desde hace años en Nueva York, París o Berlín, ha entrado en el debate político en España. Pero de momento, nada más. El Gobierno mantiene que según la Abogacía del Estado sería inconstitucional introducir esta potestad en un real decreto como el que a todas luces se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Alegan que al afectar al derecho constitucional a la propiedad no puede formar parte de un decreto de medidas urgentes. El Ministerio de Fomento siempre ha hablado de la posibilidad de desarrollar estos controles en un proyecto de ley, un cauce que según la Abogacía sí sería posible.
En contra de este criterio, Unidos Podemos aportó durante las negociaciones una nota sobre la constitucionalidad de la regulación a través de decreto–ley de la habilitación para limitar los incrementos abusivos de precios del alquiler.
Elaborada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías, se trata de un análisis sobre por qué, a su juicio, podría incluirse en el decreto-ley una regulación de los precios del alquiler sin vulnerar los límites materiales constitucionalmente impuestos a esta figura jurídica. Según la Constitución, los decretos-leyes “no podrán afectar (...) a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I”, entre ellos, el derecho a la propiedad privada.
La propuesta de Unidos Podemos señala literalmente que se debe modificar la LAU para incluir lo siguiente: “la renta será la que estipulen las partes, con las salvedades que en su caso puedan derivarse de la declaración de área urbana con mercado de la vivienda tensionado”. Adicionalmente se facultaría a las comunidades autónomas y a las ciudades de Madrid y Barcelona a declarar “área con mercado de vivienda tensionado” aquéllas zonas en las que se dé una serie de características, sobre todo relativas a las subidas de precios desmedidas.
“Si se acepta la posibilidad de regular mediante una norma del ejecutivo de estas características la duración mínima de los contratos de alquiler o los incrementos anuales de renta (cuestiones ambas que determinan el beneficio que se puede obtener mediante el derecho del alquiler) nada debe obstar a que se acepte también la posibilidad de que eventualmente por las comunidades autónomas se establezcan reglas de limitación de renta ceñidas a zonas concretas y por circunstancias debidamente ponderadas y proporcionales”, razona el experto.
Tampoco cree que la regulación propuesta afecte de manera directa y general al derecho a la propiedad: “Por la mera aprobación del Decreto-Ley ningún propietario verá reducida o alterada su capacidad de negociación del precio de alquiler de su propiedad urbana; ni ope legis, ni porque el Decreto-Ley pueda incidir de manera directa sobre los precios de mercado”.
Argumentos que no han convencido al Gobierno y en los que Unidos Podemos seguirá insistiendo tras las elecciones. Por el momento, todo apunta a que el decreto que saldrá del próximo Consejo de Ministros y entrará en vigor tras publicarse en el BOE (la primera vez esto ocurrió varios días más tarde, la semana siguiente) será una versión enriquecida del primer texto, pero sin entrar a transformar a fondo el mercado del alquiler, según el criterio de los movimientos por la vivienda digna.
