El Supremo confirma la nulidad del ERTE fraudulento de ArcelorMittal

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar el ERTE fraudulento que la siderúrgica ArcelorMittal intentó aplicar a más de 8.000 trabajadores durante la pandemia. Los jueces de lo social confirman que la compañía intentó usar de manera ilegal la legislación de los ERTE puesta en marcha hace un año para intentar evitar pagar a otros trabajadores afectados por un ERTE vigente desde hacía más de una década.

Los jueces desestiman el recurso de la empresa y explican que utilizó la normativa excepcional de empleo surgida para hacer frente a los efectos económicos de la COVID-19 “para eludir el cumplimiento de las garantías pactadas con la representación de los trabajadores en el ERTE aprobado en junio de 2.009 y en sus sucesivas prórrogas, lo que evidencia fraude de ley”.

Además, subraya la sentencia, la compañía tampoco cumplió con sus obligaciones de información durante la fase de negociación. Sus cuentas, dice, “se presentan incompletas” y alegó estar atravesando una crisis productiva que “no es consecuencia de la pandemia, sino que ya viene latente durante todo el ejercicio 2019”. Por todo esto, dice el Supremo, “se constata el defectuoso cumplimiento de los deberes de información y documentación por parte de la empresa, lo cual hace inviable que el periodo de consultas se desarrolle con arreglo a las exigencias de la buena fe”.

Se trata de una nueva sentencia del Tribunal Supremo certificando el carácter fraudulento de varios ERTE a gran escala puestos en marcha durante lo peor de la primera ola de la pandemia. También ha sido el caso de Ryanair y de Zener. Más recientemente ha dado el visto bueno al ERTE que Atos aplicó hace un año y medio a casi 400 trabajadores por los efectos de la pandemia hasta octubre de 2020.

Es un caso en el que la Audiencia Nacional, a la ahora de declarar la nulidad del ERTE, ha sido contundente a la hora de afirmar que la empresa hizo un uso “torticero” de los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno para paliar la destrucción de empleos derivada de la crisis sanitaria del COVID-19. El Supremo destaca además, que la empresa presentó un ERTE por fuerza mayor que fue denegado por la autoridad laboral y que, mientras estaba en periodo de consultas, “amenazó a la representación social con realizar entre 50 y 100 despidos en caso de no alcanzarse un acuerdo”.