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Un juez ascendido por el PP redactará la sentencia de la caja B del PP

En la justicia hay un requisito imprescindible: la apariencia de imparcialidad. No basta con ser un juez independiente. También hay que parecerlo

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1. El PP estaba molesto con la Audiencia Nacional. La causa hay que buscarla el 26 de julio de 2017, el día en que Mariano Rajoy tuvo que ir a declarar como testigo para hablar de la corrupción de su organización. El presidente del Gobierno intentó zafarse del mal trago y testificar por plasma, pero ni siquiera esto logró. ¿La razón? Que en el complejo ecosistema de la Audiencia Nacional uno de los jueces supuestamente conservadores se salió del carril y votó en contra de lo que quería el PP.

2. El tribunal que obligó a Rajoy a testificar estaba formado por tres jueces: el progresista José Ricardo de Prada y los conservadores Julio de Diego y Ángel Hurtado. Pero contra pronóstico, Julio de Diego respaldó a De Prada y apoyó que todos los que habían sido secretarios generales del PP, también Rajoy, fuesen llamados a declarar. Ángel Hurtado se quedó así en minoría, Rajoy tuvo que desfilar por el juicio de la Gürtel y este episodio encendió todas las alarmas en el Partido Popular.

3. Estos dos jueces díscolos con el PP –De Prada y de Diego– iban a ser también quienes juzgasen una buena parte de los casos de corrupción de este partido que aún están pendientes de sentencia. Entre otros, uno especialmente importante: el de la caja B, esos papeles de Bárcenas donde aparecen apuntados los pagos de 373.000 euros en dinero negro a un tal M. Rajoy.

4. Cuando al PP le va mal un juicio, no cambia de abogado: cambia de juez. Así pasó una vez más.  Tras la recusación de Enrique López y Concepción Espejel por su notable cercanía con el PP, ambos fueron ascendidos a puestos donde pudiesen ser más útiles, ya que nunca más podrían juzgar la corrupción del PP. Enrique López se mudó a la poderosa Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y Espejel – “querida Concha”, como la llama Cospedal– pasó a ser presidenta de la Sala de lo Penal. Poco después de ascender, Espejel, "querida Concha", le hizo un último favor al Partido Popular. Junto con su sucesora al frente de la sección segunda,  María José Rodríguez Duplá, Espejel promovió un cambio en las normas de formación de los tribunales de forma retroactiva –el tribunal que iba a juzgar este caso ya estaba fijado desde el 3 de abril de 2017–. Y con ese cambio, casualmente, De Diego quedó fuera del juicio de la caja B. En su lugar llegó otro juez, Juan Pablo González, que le debe gran parte de su carrera al PP.

5. El nuevo tribunal que finalmente juzgará la caja B y otros peliagudos casos de corrupción del PP –como la visita del Papa a Valencia o los contratos que se llevó a dedo la Gürtel en Aena– tendrá como ponente a Juan Pablo González. Además, será González quien redacte la sentencia. De Prada sigue en el juicio, pero se cae Julio de Diego, así que el tribunal vuelve a tener una mayoría conservadora de 2 a 1. A diferencia de Julio de Diego, Juan Pablo González no es un juez temido por el PP.

6. ¿Y quién es Juan Pablo González? Este magistrado conservador empezó a despuntar como juez decano de Bilbao, donde mantuvo duros enfrentamientos con el PNV; llegó a acusar al gobierno de Ibarretxe de actuar en “connivencia con ETA”. Desde el País Vasco fue propuesto por el PP para el Consejo General del Poder Judicial. Y en 2012, al poco de ganar las elecciones, el Gobierno de Rajoy le nombró a dedo en otro de los puestos más codiciados y mejor pagados en la judicatura: el de juez de enlace en París. Estos destinos en las embajadas de Londres, Roma o París, de los que  ya he escrito en otras ocasiones, disfrutan de un sueldo excelente con poco trabajo. Es un caramelo codiciado que reparte el ministro de Justicia a voluntad.

7. Tras su vuelta de Francia, González regresó a la Audiencia Nacional, donde entró por la puerta de atrás. No es el titular de la plaza –a la que se llega por el sistema de puntos, en un concurso abierto basado en la experiencia de los candidatos– sino que está allí en comisión de servicios. Es decir, fue elegido a través de un procedimiento mucho más controlado y arbitrario por el Consejo General del Poder Judicial. Ese CGPJ donde los jueces nombrados por el PP son mayoría.

8. Para completar el cuadro, recientemente hemos conocido – lo publicó El Plural– que Juan Pablo González también ha participado en varios cursos de la FAES. ¿Cobró por ellos, como hizo Enrique López? No se sabe. Pero ni siquiera este colmo debería ser necesario para que González fuese recusado y no juzgase al partido que tanto le ayudó.

9. En la justicia hay un requisito imprescindible: la apariencia de imparcialidad. No basta con ser un juez independiente. También hay que parecerlo.

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