La comisión de control remarca que la Ertzaintza no ha entregado todo de la carga que dejó una herida en Anoeta

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un órgano presidido en los últimos años por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, ha completado su actual mandato –el primero desde que se constituyó por ley– con una última reunión con la familia de Amaya Zabarte, la mujer que acreditó lesiones de importancia en la cabeza tras una carga policial de la Ertzaintza en los exteriores del estadio de Anoeta antes de un partido de Champions League entre la Real Sociedad y el PSG francés. “Hemos pedido más material porque hemos comprobado que parte de él todavía no nos ha llegado”, exponen fuentes de este organismo, que destacan lo “sumamente amable” de la exposición del marido de Zabarte.

En los últimos meses, la comisión dirigida por Ibarra ha realizado algunas críticas a los cuerpos policiales, particularmente a la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza, por la falta de colaboración en algunos casos. Uno de ellos es el del dispositivo de Anoeta, que tuvo lugar en marzo de 2024. Ello ha convergido con las duras andanadas del entorno de Zabarte a la Policía vasca, a la que acusa de no querer llegar hasta el fondo sobre una actuación que mandó a la UCI a una seguidora de la Real Sociedad que simplemente había salido del estadio y de seguir negando la evidencia de que en esa carga se emplearon proyectiles de 'foam' y que uno de ellos impactó de lleno en la cabeza de la aficionada realista.

El encuentro, que ha tenido lugar en una sede del Gobierno vasco en Donostia, ha durado prácticamente 90 minutos. La familia de Zabarte ha demandado contundencia a la comisión en el dictamen sobre el caso que ha de emitir y, a la inversa, se ha recordado que las funciones de este organismo de control van encaminadas a analizar los procedimientos policiales, no a suplantar la investigación judicial, que sigue su curso con altibajos después de un intento de archivo que fue revocado tras un recurso del letrado de Zabarte.

Sin embargo, no serán los actuales vocales de la comisión los que emitirán el informe sobre este caso. La próxima semana, como ya se acordó, serán relevados cinco de los seis integrantes, incluido el presidente Ibarra, que presentó su renuncia aunque, a diferencia de los otros cuatro colegas, podía haber continuado. El único vocal que seguirá es José Julio González, que procede de la Policía de Bilbao y que es precisamente el ponente de este caso. Ha sido el que ha tenido los intercambios más tensos con la otra parte en la reunión sobre el operativo de Anoeta, según testigos presenciales.

Desde la pasada semana ya está decidido que entrarán a la comisión Enrique Lucas, jurista de larga trayectoria y exvocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PNV, partido con el que ha sido cargo público, Nieves Martínez de Antoñana, responsable jurídica de la Presidencia vasca con Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu y antes alto cargo con José Antonio Ardanza, todos ellos del PNV, y José Antonio González, magistrado de lo contencioso–administrativo en el Superior, una sala especialmente dura con algunas resoluciones del Gobierno vasco y que recientemente ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad en torno a las exigencias de euskera. Los otros dos nombramientos son la ertzaina Marta Aldanondo, que es subcomisaria y tiene experiencia en Policía judicial, y el jurista Santiago Ron.

El expediente de la carga de Anoeta es el único de 2024 que queda pendiente para la nueva etapa de la comisión, aunque también heredará cuatro más de 2025, entre ellos el controvertido operativo en el día de la visita de la Falange Española y de las JONS a Vitoria y que motivó contramanifestaciones que acabaron en cargas y altercados.