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Euskadi decidirá si un alumno es “vulnerable” preguntando si tiene Netflix o libros de Miguel de Cervantes

Estudiantes de un colegio de Getxo

Iker Rioja Andueza

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Euskadi es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de alumnado matriculado en centros de titularidad privada, casi el 50%. El grueso de esos colegios están concertados con fondos públicos, pese a lo cual históricamente han cobrado cuotas de acceso que, en la práctica, han generado barreras de acceso para las familias con menores recursos y han acrecentado la segregación entre redes. No era infrecuente encontrar ikastolas o colegios religiosos con muy pocos estudiantes nacidos en el extranjero, por ejemplo. Un dato: en Ordizia uno de cada tres menores son de origen extranjero y el 90% van a la pública. Ahora, sin ampliar el perímetro de la escuela pública, el Departamento de Educación se ha embarcado en un plan para repartir el alumnado “vulnerable”. Para determinar quiénes reúnen esos requisitos de cara las nuevas matriculaciones, las familias han de rellenar un cuestionario en el que tienen que explicar si tienen o no Netflix o si en las estanterías de casa hay tomos de Miguel de Cervantes o enciclopedias. No se pregunta por los ingresos, porque se interpreta como algo invasivo.

El plan de Educación, que tiene pendiente la presentación de la nueva ley vasca en este primer trimestre de 2023, tiene tres patas. La primera es identificar a los alumnos vulnerables. No son solamente los hijos de familias migrantes, sino también alumnado con necesidades especiales de cualquier tipo. La segunda es zonificar los municipios para determinar un porcentaje equilibrado de vulnerabilidad que se aplicará por igual a todos los centros de ese distrito, sean públicos o concertados. El tercer paso es hacer efectivo ese trasvase, aunque el consejero, Jokin Bildarratz, ya garantizó que se hará en las matrículas y no afectará a quienes ya están actualmente cursando sus estudios obligatorios. Además, hay un matiz: si un colegio tiene que hacer un salto de más de 10 puntos de su cuota actual de alumnado vulnerable a la que tiene que respetar, tendrá tres años para llegar al porcentaje exigido.

Fuentes de Educación entienden que, una vez en el circuito de la enseñanza, es relativamente sencillo conocer qué alumno tiene necesidades especiales o es vulnerable. Pero argumentan que es imprescindible conocer el perfil de entrada. Ahí surge la necesidad del cuestionario, que fue probado de forma piloto el pasado año. Se les envió después de las matrículas a las familias y el 30%, voluntariamente, lo devolvió contestado. La experiencia mostró que pedirles los datos de renta no era efectivo, aunque es un baremo que la Administración maneja ahora para implantar tarifas progresivas en el transporte o para conceder prestaciones. Por el contrario, se ha optado por un formulario que, según el Gobierno, se inspira en el modelo de Pisa y que ha sido validado por el ISEI-IVEI, el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa.

Lleva por título 'Cuestionario sobre necesidades específicas de apoyo educativo' e indica que “es necesario responder a todas las preguntas”. El primer apartado explora en los niveles académicos de los progenitores, y el siguiente enumera las profesiones posibles desde “miembros del poder ejecutivo y cuerpos legislativos” como primera opción a “ocupaciones militares” como última. Pregunta 7: “¿Cuántos libros hay en su casa, aproximadamente? En un metro de estantería caben alrededor de 50 libros. No tenga en cuenta las revistas o los libros de texto”. La siguiente pregunta interpela por si en el hogar hay conexión a Internet, por si se disponen de “enciclopedias o diccionarios”, por si en esa estantería descuellan Axular, Rosalía de Castro, Miguel de Cervantes, William Shakespeare o Gloria Fuertes, por si hay periódicos, revistas o suscripciones a medios de comunicación digitales o si se paga alguna suscripción a “Netflix, HBO o Amazon Prime”. Se demanda también el número de 'smartphones', tabletas, ordenadores y 'e-books', pero también el de cuartos de baño y dormitorios.

Ehige es la confederación de AMPA de los colegios públicos vascos. Lurdes Imaz, su portavoz, se muestra muy crítica conel plan contra la segregación y con el formulario. “Este sistema para la identificación del alumnado vulnerable no es objetivo. Es una encuesta en la que sólo se piden datos sociológicos, no económicos. Además, no tiene control. La rellenan las propias familias sabiendo que influye en la matrícula y, por lo tanto, puede ser manipulada”, explica al otro lado del teléfono.

Pero a Ehige le preocupa mucho más el problema de fondo de la segregación. Afirma que los cambios se deben a un deseo de mantener el modelo dual con ajustes para que sobreviva una potente red concertada. Lo que hace singular el modelo vasco es que conviven los centros religiosos con cooperativas e ikastolas. A Imaz le enfada que se prometan ahora más fondos para estos colegios a cambio de “que asuman lo que no han hecho hasta ahora”, es decir, la admisión de alumnado vulnerable y el no cobro de unas cuotas que, en pura teoría, llevan décadas prohibidas. Fuentes de Educación argumentan que la legislación estatal y la futura ley vasca prevén, efectivamente, una reducción progresiva de las cuotas pero siempre garantizando recursos “suficientes” para el sostenimiento de los centros concertados. Kristau Eskola, la patronal mayoritaria de los colegios católicos, no ha ocultado que ha dado la orden de ir reduciendo las cantidades que se cobran como consecuencia de estas mejoras progresivas, aunque ello implique el reconocimiento implícito de que se financian con cuotas ajenas a las autorizadas, las relativas a servicios no educativos como el comedor, el transporte o el material, es decir, los mismos conceptos que se cobran en la pública.

Alerta la portavoz de Ehige de que podría ocurrir que, fruto de los traslados para equilibrar el porcentaje de alumnado vulnerable, no se preserve el “derecho” de una familia a elegir un centro público y que acabe el estudiante en uno privado. Llevado al extremo, podría ocurrir que niños de familias no creyentes o de religiones diferentes a la católica acaben en instituciones religiosas. “Claramente puede ocurrir. Alguien que no quiera podría ser dirigido a uno religioso”, entiende Imaz, que remarca que a la hora de enumerar centros en la matrícula se valora la “cercanía”, es decir, “se dan los mismos 7 puntos se elija uno público o privado siempre que sea cercano”. “Eso se da hoy”, ha respondido en la Cadena Ser Bildarratz este martes preguntado por musulmanes que acabarían en centros católicos. Y ha añadido que la “laicidad” es también un requisito para todos los centros que obtengan fondos de la Administración.

Para Ehige hay un problema más de fondo que Euskadi no ha querido abordar. Se trata de la caída de natalidad. “Sobra oferta. Por lo tanto, es el momento para reducir las plazas concertadas. Pero, no, ahora incluso hay más plazas que otros años”, afirma. La oposición de izquierdas, en los debates de 2022 que cristalizaron en un gran pacto de bases sobre el modelo educativo con su concurso y del Gobierno de PNV y PSE-EE, alertó de que en la comunidad autónoma se había aplicado el principio de “concertación universal”. Es decir, no se entendía la concertada como un auxilio de la demanda no atendida por la red principal, la pública. Se han autorizado acuerdos con colegios como el Waldorf de Iruraiz-Gauna, negacionista de la pandemia, o la media docena de instalaciones del Opus Dei, que además segregan por sexos.

Ahora, en palabras de Bildarratz, si se decreta un traslado de un centro público a uno privado a un alumno vulnerable y las cuotas hacen inviable su estancia allí Educación asumirá el coste que ello implique. En concreto, el titular de Educación manifestó esto en la presentación de la campaña de matriculación, que tuvo lugar el pasado viernes: “El acuerdo educativo político del Parlamento Vasco recoge como una de los grandes cuestiones la gratuidad. Necesita un proceso para los próximos y ya estamos trabajando con los centros concertadas. De todas maneras, ya estamos poniendo está cuestión en marcha. Todos aquellos alumnos vulnerables que vayan de nuestra mano a un centro concertado verán cubiertos sus gastos por parte de Educación. De hecho, ya lo hacemos. No es que vaya a ser una etapa nueva sino que ya se hace habitualmente. Tenemos vías de ayudas y de financiación a comedores, a transporte, etc. Lo que ocurre es que ahora lo vamos a aumentar dentro de lo que es la búsqueda del equilibrio de la vulnerabilidad en todos los centros financiados con fondos públicos. Algunos que tengan algún tipo de cuota por algún servicio determinado que entendamos que sea considerado imprescindible, eso lo financiaremos”.

En noviembre, una docena de agentes educativos y sindicatos se movilizaron en defensa de la escuela pública en las calles de Bilbao. En EiTB, Arantza Fernández de Garayalde, portavoz de los convocantes, señaló entonces que los cambios educativos formalmente hablan de priorizar la escuela pública pero que la práctica muestra que no es tal esa apuesta. “Hay algo de literatura, pero no hay medidas efectivas. Más bien, hay medidas claras a favor de la red privada. Si llamamos a lo privado público es como si al castellano le llamamos euskera y a la religión laicidad. Hay una segregación escolar mayor que la segregación residencial”, explicó. Cuestionaba que se hubiesen bajado los ratios necesarios para concertar un aula o que se incrementen los módulos a los centros privados.

Sin embargo, Euskadi sí se ha abierto a poner coto ya a la segregación por sexos, una práctica que mantienen media docena de colegios vinculados al Opus Dei y que en su mayoría pertenecen a la patronal COAS. Como ya se anunció, el plan pasa por que en tres años no puedan recibir fondos públicos si se veta a uno de los dos sexos y que desde el 2023/2024 no puedan concertarse aulas que no sean mixtas en el primer curso de Primaria. Este cambio se está llevando a cabo con reuniones discretas y desde la consideración de que en Educación Infantil ya tienen alumnado masculino y femenino. Según 'El Correo', estos colegios habrían aceptado ya ese cambio. “No sé cómo lo harán real. Lo que sí sé es que a día de hoy, más de 30 años después de que sea mixto, mucha gente sigue sin querer mandar chicos a Irlandesas porque piensan que es un colegio de chicas y que va a haber pocos chicos. Se ve también en la parada del bus. Y a Urdaneta, que ya está bastante equilibrado, también le costó al principio”, explica una fuente conocedora de la realidad de los colegios concertados del Gran Bilbao.

“Vemos que la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. Es más diversa, más plural, diferente”, ha reflexionado Bildarratz en la entrevista en la Cadena Ser. Y ha asegurado que Educación está respondiendo: “Fíjense en poco tiempo qué cantidad de medidas estamos tomando”. El siguiente gran hito será la presentación de la reforma de la ley educativa. Se prometió para octubre y no llegó. El nuevo plazo fue diciembre y tampoco fue posible. Ahora es marzo el compromiso. Ahora bien, los márgenes para que el Parlamento Vasco disponga de tiempo en esta legislatura para tramitarla y aprobar, por mucho que tenga su aprobación garantizada, son cada vez más reducidos.

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