La jueza del 'caso Orozko' investiga contrataciones del exalcalde peneuvista
La jueza que investiga las posibles irregularidades y manipulaciones en la contratación de una una empresa de consultoría por parte de la sociedad municipal del Ayuntamiento de Orozko (Bizkaia) Zubiaur Eraikuntzak SA, dedicada a la gestión urbanística y de viviendas del municipio, indaga también varios contratos firmados por el anterior regidor, el peneuvista Juan Antonio Olaguenaga Durana. En concreto, la magistrada solicitó información al ayuntamiento sobre la relación del exregidor peneuvista con un total de 14 empresas o mercantiles, entre ellas algunas que han contratado servicios con el consistorio vizcaíno.
En la documentación incorporada a la investigación judicial, que obra en poder de eldiarionorte.es, el consistorio ha confirmado oficialmente que del listado planteado por la magistrada, el Ayuntamiento de Orozko -cuando estaba dirigido por Olaguenaga- dos empresas han facturado al consistorio: en concreto Eibex Gabinete Fiscal SL -por un importe de 100.117,94 euros- y Madera Torresar SA -por 7.032,11 euros-. La primera facturó en servicios de confección de nóminas (51.137,75 euros), una valoración de puestos de trabajo (8.352 euros) y en apoyo jurídico al Servicio de Secretaría durante la baja maternal de la secretaria (40.624,01 euros). “Juan Antonio Olaguenaga Durana (PNV) intervino en las mencionadas contrataciones durante el tiempo en el que desempeñó su cargo de alcalde”, es decir, “entre el 16 de agosto de 2005” y el “11 de junio de 2011”, cuando finalizó su mandato tras las pasadas elecciones municipales y tomó posesión el nuevo alcalde, el independiente Josu San Pedro, según la información oficial que está en manos ya de la magistrada bilbaína.
Hasta ahora la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao indagaba la posible manipulación de una contratación por los anteriores gestores (PNV y EH Bildu) de este consistorio vizcaíno para la gerencia de una sociedad municipal (Zubiaur Eraikuntzak SA) dedicada a la gestión de viviendas en Orozko. En la citada empresa, PNV y Bildu tenían mayoría en su Consejo de Administración, pese a que el consistorio estaba en manos de la candidatura independiente Adie, encabezada por el alcalde desde junio de 2011, Josu San Pedro. Las tres personas investigadas son Pedro María Goiri Illarramendi (EH Bildu), Juan Antonio Olaguenaga Durana (PNV), anterior alcalde de Orozko y Joseba Estiballes Otegi (PNV). El objeto del contrato se refería, en concreto, a la gerencia de la citada sociedad municipal, actualmente en proceso de liquidación.
Se da la circunstancia de que Olaguenaga ya fue objeto de investigación por parte del órgano fiscalizador vasco. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) constató en enero de 2014 la ilegalidad de un sobresueldo a Olabuenaga, que percibió durante tres años y medio más de 50.000 euros de una sociedad pública municipal (precisamente Zubiaur Eraikuntzak) cuando también cobraba un sueldo como primer edil. El entonces regidor cobraba como alcalde a media jornada en torno a 27.000 euros. Con la entrada del nuevo equipo en el consistorio se renunció a ese sueldo.
Información de marzo
La jueza solicitó el pasado mes de enero al Ayuntamiento la información sobre las empresas, que fue suministrada el pasado mes de marzo. Además de las dos ya mencionadas, entre las empresas de las que la magistrada pedía información sobre posibles contratos públicos con el consistorio en la etapa del alcalde Olaguenaga están también: Torrebaso SL, Basoekin SL, Confederación de Forestalistas del País Vasco, Baslar 14 SL, Vizcaína de Maquinaria SA, Construcciones Retuerto SL, Lurkizaga SL, Residencial Artibai SL, Etxelur Servicios Inmobiliarios SL, Construcciones y Urbanizaciones Ikerma SL, Atari 2000 Promociones Inmobiliarias SL, Elguezabal SA.
Precisamente la situación de minoría de los actuales gestores en el Consejo de Administración de Zubiaur Eraikuntzak -que arrebataron el poder al PNV en 2011- es la que propició que los representantes del PNV y de Bildu, con mayoría en el citado consejo, decidieran en una votación celebrada el 26 de noviembre de 2012 adjudicar un concurso a una oferta que no venía avalada por la Mesa de Contratación del consistorio, que había apostado por otra empresa. Los afectados llevaron el caso primero ante la vía administrativa y, antes de que fallara ésta, presentaron un recurso ante la jurisdicción Contencioso Administrativa en los juzgados de Bilbao.
La representación legal de los ahora investigados, sin embargo, en el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la decisión de la jueza de lo Contencioso de declarar nula la decisión del consejo de Administración de Zubiaur Erainkutzak consideró un “auténtico dislate” esa “apreciación judicial de indicios de perpetración de un delito por aquellos consejeros que votaron a favor del acuerdo del Consejo de Administración de Zubiaur el 26 de noviembre de 2012 y que es lo que ha motivado la apertura de la investigación criminal. Todos ellos han defendido siempre que actuaron ”conforme al procedimiento establecido“, negando cualquier tipo de delito, y asegurando que actuaron ”velando en todo momento por la defensa de los intereses de la sociedad“ Zubiaur Eraikuntzak.
El pasado 15 de enero, la magistrada solicitó al Ayuntamiento de Orozko que le remitiera todos los datos relacionados con la relación laboral que une a los investigados con el consistorio, los contratos laborales que la acrediten, así como las nónimas y las tarjetas que pudieran estar utilizando. Dicha información -incluidas las dietas de Olaguenaga, Estiballes y Goiri, ya que ninguno de ellos manejaba tarjeta alguna del consistorio o de la sociedad municipal- fue remitida el pasado 10 de febrero al juzgado.
