La Fiscalía de Álava pide detectores de metales en locales de ocio y eventos

La fiscal-jefe de Álava, Carmen Cotelo, escribe en su memoria anual, hecha pública en septiembre pero con datos y valoraciones de 2022, que los delitos de lesiones “han aumentado un 27%”, de 599 en 2021 a 761 en 2022. Y, aunque admite que “no es posible deslindar” los casos en que se han empleado “armas o instrumentos peligrosos de aquéllos de los que no”, demanda a las autoridades medidas preventivas contundentes vinculadas al ocio nocturno, donde se dan la mayoría de casos y también un mayor consumo de alcohol y de drogas. Consciente de que la presencia policial es una “garantía” pero no es posible en todo momento, plantea que “pueden establecerse más mecanismos preventivos de carácter particular como detectores de metales en locales de ocio o cuando se prevea un acto multitudinario”. Este debate ya se abrió en Euskadi a principios de 2023 aunque son situaciones cíclicas como la de la alarma por los pinchazos a mujeres.

Cotelo acompaña esta reclamación con una disertación sobre las navajas y cuchillos que le lleva a Yemen. “Cada sociedad tiene sus tradiciones y el portar navajas o cuchillos es algo habitual en algunas culturas. Pensemos en la daga yemení o 'jambiya'. Todo varón yemení porta una y la exhibe al lado derecho de su ropa. Es algo natural y derivado de la tradición. Culturalmente es aceptado en Yemen,  pero no aquí. No hay culturas o tradiciones buenas o malas. Son simplemente manifestaciones de tradiciones ancestrales que deben preservarse. Ahora bien, el trasladar determinadas conductas culturales a nuestra sociedad, sobre todo cuando esta conducta no se produce en la nuestra, debe analizarse desde los parámetros de la sociedad de acogida. No creemos en la asimilación de culturas,  creemos en el respeto entre culturas y tradiciones. Por ello es básica, una vez más, la educación en valores, pero sin despreciar unos u otros. Simplemente valorar dónde se vive y cuáles son sus tradiciones y, por lo tanto, entender que en la sociedad actual el portar habitualmente, en la vida diaria, un cuchillo o una navaja resulta algo hostil para los ciudadanos”, escribe. Y añade que piensa en las “personas normales” al hacer el análisis ya que la mayoría de ciudadanos “desea un ocio saludable y libre de violencias” y ahora, en cambio, hay más probabilidades de que “se pueda ver envueltos en una violencia ajena como respuesta a cualquier acto sin motivo”.

La fiscal alavesa, que relevó a Josu Izaguirre en 2022, expresa también su “tristeza” por el “claro aumento” de los delitos sexuales. “El desprecio por la sexualidad de la otra persona es una lacra social. [...] No nos engañemos ni cerremos los ojos ante una evidente realidad: nuestros jóvenes aprenden e inician su sexualidad partiendo de parámetros inválidos, como son las redes sociales y la pornografía, que están al alcance de cualquier joven o adolescente que cuente con un 'smartphone'”, sostiene Cotelo, que demanda “un acercamiento a la sexualidad desde parámetros sanos, supervisados y basados en la libre voluntad”.

En relación a los cambios aportados por la denominada ley del 'sólo sí es sí', que agrupa todas las conductas como “agresión”, la Fiscalía de Álava aplaude que “centrar la comisión del delito en el consentimiento es la punta de lanza de una correcta interpretación de una sexualidad basada en el acuerdo”. “Siempre hemos pensado y defendido que cualquier tipo de atentado a la sexualidad de otra persona es una agresión, independientemente del uso de la violencia. La vida, la integridad física y la sexualidad son bienes jurídicos personalísimos que la ley debe proteger siempre, así como a las víctimas de tales comportamientos. El dar protagonismo al consentimiento y el definirlo suponen un paso adelante en la protección de este bien jurídico. No han sido pocas las ocasiones en que, ante los tribunales, hemos tenido que amparar a víctimas que ante un ataque de índole sexual no han sabido responder, no han sabido reaccionar, no han sabido cómo oponerse a su agresor”, explica la representante del ministerio público.

Cotelo cree que en este asunto hay “infradenuncia”, esto es, “el que ataques sexuales queden sin denunciarse porque la víctima sienta temor al rechazo, a su exposición pública, a que no se  la crean”. “Debemos ofrecer a las víctimas de delitos sexuales todo el apoyo que  nuestro ordenamiento jurídico le puede otorgar. Debemos realizar actividades informativas, reforzar la divulgación pública de que somos fiscales y estamos ahí para ayudar a las víctimas de toda índole y más aún si cabe ante los sectores  más vulnerables de la población. Informarles de que cuentan con recursos para dejar de ser víctimas porque el primer y fundamental derecho que tiene una víctima es a dejar de serlo. [...] No podemos dejar que se genere un proceso de victimización secundaria fruto de la denuncia penal. No podemos y no debemos permitir que una víctima tenga que repetir una y otra vez  lo que ha sufrido y, es más, no podemos y no debemos permitir, que al cabo de dos o tres años tenga que revivir nuevamente los hechos contándolos en un juicio”, arguye Cotelo.