El Gobierno de Pradales sube el tono contra la Justicia y ve “llamativos” sus movimientos sobre el euskera

El Gobierno de Imanol Pradales ha elevado el tono contra la Justicia vasca por la cuestión de inconstitucionalidad planteada por una terna de magistrados en torno a la ley de empleo público de 2022 y a la exigencia de euskera en la Administración. La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y la portavoz y responsable de los servicios jurídicos, María Ubarretxena, ambas del PNV, han comparecido este martes para denunciar lo “llamativo” de un movimiento previo a la resolución de sendos recursos de PP y Vox al decreto de desarrollo, aprobado en 2024, en el último tramo del mandato de Iñigo Urkullu y que ahora defiende el actual Ejecutivo.

En la diana de las críticas del Gobierno vuelve a estar la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en la pandemia ya acaparó titulares por tumbar varias de las restricciones sanitarias que se iban adoptando para contener la COVID-19 y que en los últimos meses ha emitido también cuatro sentencias anulando la autorización dada por la ahora consejera Amaia Barredo cuando era viceconsejera al proyecto Valogreene Paper de Bergara. Ubarretxena ha explicado que una sección desestimó uno de los dos recursos de Vox, en concreto el presentado por su única parlamentaria vasca, Amaia Martínez Grisaleña, y que atendió solamente parcialmente el otro, el del partido como tal. El ponente fue el magistrado Carlos Cardenal. Sin embargo, ha considerado “llamativo” que la demanda de Vox se acumulara con la del PP, muy diferentes en sus peticiones, y que cambiara la composición del tribunal, saliendo de él Cardenal.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, de la que cuelgan los servicios jurídicos, ha incluido también entre los elementos sorpresivos que la sala 'motu proprio' y sin petición por parte de PP o de Vox haya planteado elevar el debate al Constitucional. En realidad, la ley orgánica del Constitucional permite que cualquier magistrado “de oficio o a instancia de parte” pueda preguntar a la corte de garantías si una ley sobre cuyo desarrollo y aplicación tiene que pronunciarse encaja o no en el marco constitucional. De hecho, existe un precedente de 2023 en el que otra cuestión de la sala de lo contencioso-administrativo sobre el tratamiento del euskera en normativa de desarrollo tras recursos de Vox acabó con la anulación de incisos de la ley municipal (oficialmente de Instituciones Locales).

Argumenta el Superior, en su resolución justificativa de la necesidad de abrir el debate de la constitucionalidad, que “con el máximo respeto a la cooficialidad lingüística y a las consecuencias que de ella derivan”, es “pieza clave” a analizar “el principio de proporcionalidad” en las exigencias de euskera. Apelan al “equilibrio”, a que el castellano no quede “relegado” y que la exigencia de la lengua vasca no puede ser “absoluta” porque toca analizar la tarea concreta de cara al público de cada funcionario. Y todo para que se permita “el acceso al empleo público de aquellos ciudadanos que legítimamente desconocen o no utilizan” el euskera.

Por el contrario, sostiene el Gobierno vasco que “desde noviembre” el recorrido procesal de este asunto no sigue “el curso relativamente habitual” que venía teniendo desde que se registraron los recursos a comienzos de 2025. Añade, además, que el artículo ahora bajo sospecha de inconstitucionalidad, el 187.5 de la normativa vasca de 2022, “ya habia sido avalado” por el Constitucional ya que regula algo que lleva “cuarenta años” tanto en la legislación sobre euskera (de 1982) como en la de función pública (de 1989). En ambos casos, el tribunal emitió sentencias que tocaron algunos incisos pero, por ejemplo, nunca se alteró el artículo 97 de la de 1989, que indica algo muy similar al 187.5 ahora en debate, que “los puestos de trabajo existentes [...] tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico”. Ambos fueron recursos de inconstitucionalidad promovidos por los socialistas, aunque en el segundo caso lo plantearon también el PP y el Defensor del Pueblo.

En concreto, el asunto bajo discusión jurídica es la exigencia de un “perfil” lingüístico -de euskera, porque del castellano no se litiga- en todos los puestos de la Administración vasca. La vicelehendakari Bengoetxea ha terciado que no hay que confundirlo con “preceptividad”, es decir, con una exigencia real y concreta de un nivel en lengua vasca en una fecha específica. “Que todos tengan perfil no quiere decir que en todos sea requisito el euskera”, ha pedido que se entienda Bengoetxea, que insiste en que es “muy grave” que la Justicia lo discuta. “Asignar un perfil no obliga nada a nadie”, ha repetido para remarcar que, por ejemplo, hasta el 67% de las plazas en algunas ventanillas de la Administración, como es precisamente la Justicia, no tienen una exigencia idiomática concreta en la lengua cooficial.

El Superior, de su lado, ha justificado “ventilar” a la vez ambos procedimientos, el del PP y el de Vox, porque “su objeto procesal [es] esencialmente coincidente”. Asimismo, ha descartado elevar al Constitucional la ley autonómica de Policía, con un inciso similar sobre los “perfiles” de euskera. La Fiscalía, en un movimiento que el Gobierno vasco ha dicho “respetar”, ha apoyado totalmente que sea la corte de garantías la que emita un fallo previo antes de discutir los recursos concretos sobre la normativa vasca.

Este conflicto jurídico-político se ha colado en medio precisamente de la reforma de la normativa reguladora de las exigencias lingüísticas que tramita el Parlamento Vasco. Fue una reacción de PNV y EH Bildu a otras sentencias anteriores sobre el euskera, muchas de ellas relacionadas con el ámbito municipal. De hecho, la Cámara tramita a la vez dos propuestas. Una es quirúrgica, de artículo uno, y la plantearon los nacionalistas en busca de mayor “seguridad jurídica” en las convocatorias. Otra es más ambiciosa y amplia, de EH Bildu. Ambos partidos se apoyaron tácitamente para que fueran admitidas a trámite en un escenario inédito porque el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno, se opuso a ello.

La vicelehendakari Bengoetxea ha hecho un llamamiento a que el Parlamento alumbre un “consenso” y que de la Cámara salgan “decisiones en beneficio de la ciudadanía vasca”. La parte del PNV del Gobierno ha explicado que su posición sobre la cuestión de inconstitucionalidad había sido comentada y compartida con los socialistas, que conocían que se iba a producir la comparecencia y su contenido. Además, vicelehendakari y portavoz han recalcado que la discusión y la tramitación no suspenden la vigencia ni de la ley de 2022 ni del decreto de 2024. “Sólo una eventual sentencia futura del Constitucional podría modificar esta situación. El Gobierno vasco seguirá aplicándolo con total convicción”, han señalado para remarcar que los movimientos de la Justicia “no responden al consenso social existente durante más de 40 años” sobre la normalización lingüística.