El Gobierno vasco accede a incorporar información trimestral de los contratos menores en la futura ley de Transparencia

El Gobierno de PNV y PSE-EE accede a incorporar en la ley de Transparencia que ahora tramita el Parlamento Vasco una enmienda para que la publicación de los denominados “contratos menores”, los que se hacen de modo directo y sin concurso, sea obligatoria cada tres meses. Nacionalistas y socialistas han registrado conjuntamente una batería de autocorrecciones al proyecto de su propio Ejecutivo y en una de ellas acceden a cambiar el “podrá” por el “deberá” para asegurar esa dación de cuentas sobre adjudicaciones pequeñas pero que, en ocasiones, arrojan información muy relevante.

Los partidos del Gobierno, en total, han registrado once autoenmiendas a la normativa de Transparencia. Tienen asegurada su aprobación porque gozan de mayoría absoluta. La mayor parte de ellas buscan mejorar la parte de participación ciudadana e introducen el concepto de “gobernanza colaborativa”. “Se establece la gobernanza colaborativa como mecanismo para institucionalizar la construcción de la realidad política incorporando a la sociedad organizada y a la sociedad civil al sistema de deliberación pública, al mismo tiempo que mecanismo de gobernanza pública para hacer frente a la desafección política y responder, desde una visión sistémica, a las necesidades de los diversos ecosistemas que integran el diseño y la implementación de las políticas públicas. Para ello, además de contemplar la implementación de programas de gobernanza colaborativa por parte del sector público de la comunidad autónoma vasca, se establece los fundamentos básicos para el desarrollo de proyectos en materia de procesos participativos y gobernanza colaborativa y sus funciones así como los fundamentos de los procesos a seguir”, explican. Igualmente, plantean que “el plan de transparencia deberá establecer un sistema de evalvación basado en indicadores claros, medibles y comparativos, que permita realizar un seguimiento periódico del grado de implantación e impacto de las medidas adoptadas”.

Euskadi es la única comunidad autónoma sin ley de Transparencia. Es una promesa desde hace varias legislaturas, pero en los tres mandatos de Iñigo Urkullu decayeron otras tantas propuestas. Ahora, nada hace pensar que el primer intento de Imanol Pradales, con María Ubarretxena como consejera responsable, no vaya a prosperar. De momento, los partidos ya han presentado sus enmiendas después de tres prórrogas del plazo. Y solamente Vox, con un escaño de 75, pide la devolución del proyecto con una de totalidad que será rechazada de forma amplia.

Desde la oposición, EH Bildu ha planteado 127 correcciones parciales, el PP 27 y Sumar 46. El Ejecutivo, en todo caso, no precisa de negociar con ningún partido porque goza de mayoría absoluta. La principal fuerza de la oposición, la coalición abertzale, ha insistido en que quiere darle una “última oportunidad” a una normativa estratégica y, por ello, no ha planteado una enmienda de totalidad. Sin embargo, sus propuestas piden incluso modificar el título planteado por el Gobierno.

En un comunicado, su portavoz en la materia Lamia Arcas ha explicado que entre las novedades que desearían está la forma de elección de la presidencia de Gardena, la nueva Autoridad Vasca de la Transparencia. “La propuesta de EH Bildu es que la presidencia no la decida el Gobierno, como ahora, sino que sea designada por el Parlamento por mayoría cualificada de tres quintos, igual que se hace para nombrar al [titular del] Ararteko. Además, abre la puerta a que las organizaciones sociales que trabajan contra el fraude y la corrupción propongan candidaturas”, exponen. Igualmente, plantea garantizar por ley un registro de algoritmos e inteligencia artificial y señalan que sería necesario adquirir un compromiso para crear una ley de Participación ya que la de Transparencia no atiende esa necesidad.

El PP, de su lado, también había reclamado que la publicación de los contratos menores fuese preceptiva. “Debe constituir una obligación y no una opción para los sujetos públicos obligados a suministrar información por el principio de transparencia conforme al presente proyecto de ley”, plantea en sus enmiendas. Igualmente, quiere también pasar del “podrá” al “deberá” en otro ámbito, las sanciones. “La imposición de la sanción, cuando se acredita la comisión de la infracción tipificada en el texto normativo, no puede constituir una opción para el que tiene la obligación de incoar el procedimiento sancionador, por lo que el verbo 'podrá' no parece compatible con el derecho sancionador, salvo el caso de las sanciones accesorias. La sanción de las infracciones leves con solo una amonestación privada no nos parece suficiente, ni la sanción de las graves y muy graves solo con una declaración de incumplimiento y su publicación en el boletín correspondiente; consideramos que todas las infracciones, además, deben llevar aparejada una sanción económica”, apuntan desde las filas 'populares'.