Los inquilinos vascos acumulan una morosidad media de 8.372,91 euros, la cuarta más elevada del Estado

Los inquilinos vascos morosos acumulan una deuda media en el pago de alquileres de 8.372 euros, la cuarta más elevada del Estado, por detrás sólo de Catalunya, Islas Balerares y Madrid. De hecho, la morosidad en el pago de alquileres en Euskadi se ha incrementado de forma paulatina en los últimos años, y entre 2023 y 2024 ha aumentado un 3,11%, según se recoge el informe sobre la 'Situación de la Morosidad en el alquiler en España. Observatorio del Alquiler'. Gipuzkoa es el territorio con una mayor morosidad media, con 9,833,71 euros, seguida de Bizkaia, con 7.849,23,. Ambos territorios están por encima de la morosidad media en España, que en 2024 -último año analizado- se situó en 7.957,6 euros. En Álava es donde la media de impagos es menor, por debajo de la media estatal, con 6.611,56 euros.

Según se recoge en dicho informe, el índice de morosidad ha pasado de 137,02 en el año 2009 a 381,43289,24 en 2024, un 3,11% más que el año anterior. El pico más elevado se corresponden con el año de la COVID-19, el año 2020, en el que se registró un índice de 452,51. Aunque se recuperó en 2021 hasta 319,16, se ha incrementado en los tres años siguientes. Esto es así, según se recoge en este informe del Observatorio del Alquiler porque el esfuerzo financiero de los inquilinos en Euskadi para hacer frente al alquiler es del 37%, “superando el rango recomendado del 30-35%, lo que refleja una creciente presión económica en los hogares. Este desequilibrio entre ingresos y costos de vivienda contribuye a la acumulación de impagos, situando la región como un área con un nivel de riesgo superior al deseable”.

Según la información con la que cuenta el departamento de Vivienda y Agenda Urbana, las viviendas en alquiler en Euskadi se han incrementado un 98% entre 2019 y 2024, al pasar de 54.727 a 84.374. En el primer trimestre de 2025 se incrementaron hasta 84.927 viviendas. En cuanto al número de lanzamientos practicados como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por impago de los alquileres, la estadística del Poder Judicial también señala un aumento. Si fueron 111 en el primer trimestre de 2024, aumentaron de forma continua cada trimestre hasta llegar a 213 en el primer trimestre de 2025. Una cifra que se redujo, aunque de forma muy ligera, en el segundo trimestre del pasado año, hasta 203 lanzamientos. Esto supone que se ha pasado de 5 lanzamientos por cada 100.000 habitantes en 2024, a 9,1 en segundo trimestre del pasado año.

Precisamente para intentar evitar que el temor a la morosidad y a tener que judicializar los impagos de las rentas retraiga a los propietarios a la hora de poner en alquiler sus viviendas, el departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco que dirige Denis Itxaso pondrá este año en marcha el programa Alokaplus. En concreto, se tratará de un seguro que cubra a las personas propietarias frente a impagos o morosidades de la renta y de los suministros, así como frente a los desperfectos que se producen en el mercado del alquiler. La ayuda prevista en el programa Alokaplus establecerá como requisito que el contrato de arrendamiento lo sea de una vivienda libre, no sometida a ningún régimen de protección pública o asimilada, ubicada en zona declarada como de mercado residencial tensionado. El programa estará operativo a mediados de año y cuenta con una partida de 250.000 euros, ampliable, en su caso, con cargo a los fondos que se recibirán del Ministerio para inversiones en zonas tensionadas.

En respuesta al parlamentario de EH Bildu, Xabier Astigarraga, el consejero detalla que la ayuda que se conceda a los propietarios a través de Alokaplus “será incompatible con otras ayudas que para la misma finalidad pudiera conceder cualquier otra administración o cualquier entidad pública o privada, así como con las indemnizaciones derivadas de contratos de seguros de impago de alquiler”. La ayuda prevista en el programa establecerá como requisito que el contrato de arrendamiento lo sea de una vivienda libre, no sometida a ningún régimen de protección pública o asimilada, ubicada en zona declarada como de mercado residencial tensionado. En relación con el programa Bizigune y el programa ASAP, las viviendas adscritas a los mismos son viviendas consideradas “como viviendas asimiladas a la protección pública”. “Por lo tanto, no está previsto que puedan solicitar la ayuda”, Además señala el consejero que ambos programas ya protegen a las personas titulares de las viviendas de un posible impago de renta o desperfectos que puedan ocasionarse.

En el caso del programa Bizigune, las personas titulares de las viviendas cedidas reciben una contraprestación económica, consistente en un canon periódico que se les abona a partir de la firma del primer contrato de arrendamiento independientemente de que la persona arrendadora abone la renta correspondiente hasta la devolución de la vivienda. Además, en el momento de la finalización de la cesión se devolverá la vivienda a las personas propietarias en el mismo estado de conservación que se recibió, dejando a salvo el desgaste natural por su uso normal. En el caso del programa ASAP, en el supuesto que se produzca un impago o desperfecto en la vivienda el departamento garantiza a las personas arrendadoras el cobro de la renta y la reparación de los desperfectos a través de una póliza de seguro privada.

El programa Alokaplus prevé un alcance mayor que el sistema de ayudas vigente desde 2021 con motivo de la crisis de la COVID-19, ya que la ayuda se otorgará desde la interposición de la demanda judicial con un límite temporal, mientras que las otras ayudas se conceden una vez suspendido el procedimiento, según resalta el consejero en la respuesta.