Los investigados por corrupción en Alonsotegi no devuelven el dinero y las acusaciones dan por roto el acuerdo prejudicial

El plazo del 20 de abril ha quedado ya atrás y no han devuelto el dinero o, al menos, fijado un calendario para hacer frente a un quebranto para las arcas públicas de 681.392,38 euros más unos 200.000 adicionales en intereses. El exalcalde de la localidad vizcaína de Alonsotegi entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma (PNV), el arquitecto municipal Alberto Zulueta y los empresarios de Laneder Construcciones, Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga, no han cumplido con la parte nuclear del preacuerdo que alcanzaron para recibir una condena mínima que les evitara el juicio y tener que entrar en prisión por los delitos de corrupción que admitieron haber cometido. Así las cosas, las acusaciones han empezado ya a demandar que, con urgencia, se vuelva a poner una fecha para que se sienten en el banquillo de los acusados y se enfrenten, esta vez sí, a incluso ocho años en la cárcel.

“Se hizo un preacuerdo para atemperar las penas [con dos años o menos suelen ser suspendidas] condicionado a la devolución del dinero. Y no ha habido ningún movimiento. Conversaciones, muchísimas; pero no se ha llegado a concretar nada. No han hecho nada. No han presentado nada. El tiempo prudencial está más que superado. Tres meses era un tiempo más que suficiente”, explica Iñigo Santxo, abogado de EH Bildu, que ejerce como acusación popular tras haber denunciado políticamente desde la oposición las irregularidades en Alonsotegi cuando accedieron al Ayuntamiento, todavía gobernado por el PNV con el apoyo del PSE–EE. Inicialmente, se prometió un “calendario de pagos” y un listado de inmuebles como aval de las cantidades adeudadas que se sumarían a los alrededor de 100.000 euros ya consignados previamente en las cuentas del juzgado. Se mencionaron incluso propiedades inmobiliarias desconocidas cuando se realizó la investigación previa al juicio.

Si esta parte plantea ya “solicitar al tribunal que señale fecha para empezar la vista oral”, los concejales de EH Bildu en el municipio han instado al alcalde actual, Joseba Urbieta, a convocar un pleno extraordinario para que el letrado que representa al Ayuntamiento dé también por rotas las conversaciones y pida la celebración del juicio. “O lo impulsamos nosotros o esto se alarga en el tiempo 'sine die'”, señala Asier Intxausti. En el escrito que se votará, se plantea abiertamente el “desistimiento de la vía amistosa” y se menciona también que se ha agotado el plazo sin resultados. Preguntada por este periódico, la Fiscalía es todavía prudente. “A la fecha se desconoce por la Fiscalía la parte que ha decidido no suscribir el acuerdo de conformidad y los motivos que ha tenido para ello. Una vez se tenga conocimiento, por el ministerio fiscal se valorará y se decidirá la posición”, indican fuentes oficiales. El fiscal del caso es José Manuel Ortiz, el delegado autonómico para delitos económicos, lo más cercano a un fiscal anticorrupción que ha existido en Euskadi. Hay una cuarta acusación, la que ejerce la Diputación de Bizkaia. Las dos instituciones que sufrieron un quebranto económico por las irregularidades descubiertas en este caso fueron el municipio y la entidad foral. Muy sintéticamente, se cobraron unas subvenciones forales para abonar a unas empresas unas facturas por unos trabajos realmente no ejecutados.

Hechos admitidos 'de facto'

Estos hechos fueron admitidos 'de facto' por Erezuma, Zulueta y los empresarios cuando se conoció el preacuerdo, que fue adelantado por este periódico. Ahora afrontarían un juicio con esa mochila aunque, jurídicamente, el tribunal solamente puede atender a las pruebas y declaraciones que se hagan en las vistas, previsiblemente exculpatorias. Este escenario recuerda al que se vivió en el juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi. El que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y otros de los principales implicados llegaron a cerrar los términos de un acuerdo para ver rebajada su condena a cambio de una confesión de culpabilidad de que habían diseñado una trama de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones. Sin embargo, a última hora optaron por negarlo todo ante el tribunal e incluso por denunciar irregularidades en la investigación. Lo hicieron, además, aunque un grupo de imputados encabezados por Josu Arruti sí quiso mantener el pacto y confesó los detalles de algunas operaciones. Les intentaron presionar para que no lo hicieran. Los primeros han sido condenados en primera instancia a elevadas penas de cárcel –hasta 13 años que están a la espera de recurso en el Tribunal Supremo– y los segundos han ventilado ya sus responsabilidades sin entrar a prisión y habiendo devuelto todas las cantidades económicas estipuladas, aunque para ello han tenido que endeudarse.

En este proceso, Erezuma y el resto iban a reconocer que cometieron un delito de prevaricación, falsedad documental y dos delitos de fraude en las subvenciones. Se comunicó incluso al tribunal la existencia del acuerdo y la voluntad de redactar una calificación conjunta entre las cuatro acusaciones y los imputados con conclusiones comunes y los términos del acuerdo. Ahora, La Fiscalía, el Ayuntamiento y la Diputación defenderán una condena de seis años de cárcel y la acusación popular elevará a ocho años la petición de penas. Se da la circunstancia de que en Alonsotegi, el pueblo natal del lehendakari, Iñigo Urkullu, están imputados otros dos exalcaldes además de Erezuma. Son Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santesteban. Hay también otras dos causas judiciales pendientes, una por unas obras muy similares a las de este proceso y otra por las irregularidades en torno a Alonsotegi Eraikiz, un caso que tendrá un juicio con jurado.