La oposición ve un “bochorno” que De Miguel haya visto aumentada su nómina pese a la condena por corrupción

La oposición al PNV en el Parlamento Vasco, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, ha criticado nuevamente la protección que ha recibido en una sociedad pública de la Administración autonómica Alfredo de Miguel, condenado por graves delitos de corrupción en 2019 por la Audiencia Provincial de Álava y de nuevo este enero por el Tribunal Supremo, que confirma para él doce años de prisión (nueve de cumplimiento efectivo). Recientes datos llegados a la Cámara, adelantados por este periódico, muestran que el político no solamente no fue apartado tras la primera sentencia sino que ha visto incrementada su retribución un 10% hasta los 57.400 euros. Ocupa además la máxima categoría, la A, con funciones de responsabilidad, extremo que había negado el Ejecutivo.

“La supuesta ejemplaridad” del PNV contra la corrupción “era eso, supuesta”, ha afirmado Josu Estarrona sobre el posición que ha mantenido de De Miguel estos años en la entidad Hazi. Es un “bochorno” que se haya estado pagando el salario público a una persona procesada por haber cobrado comisiones o amañado contratos, según ha destacado. El PP vasco entiende también que “protegieron al jefe de la trama corrupta”.

Desde Elkarrekin Podemos-IU indican que “es absolutamente escandaloso que una persona condenada por corrupción que además ejerció esa corrupción gracias a su pertenencia a su cargo en el Partido Nacionalista Vasco acabe ascendiendo en una sociedad pública”. “Y además siendo recompensado con un mayor salario”, inciden. “El Gobierno vasco, que es en última instancia el responsable y quien tiene mayoría para decidir las reglas del juego, no tiene excusa para no poner coto a unos hechos que escandalizan a toda la sociedad”, enfatizan.

“Es evidente que el PNV no tiene la voluntad política necesaria para establecer mecanismos que impidan que personas condenadas por corrupción puedan medrar en el entramado institucional vasco, logrando un mayor salario, un mejor puesto y además ejerciendo labores evidentes de representación pública”, entiende Elkarrekin Podemos-IU. En la misma línea, EH Bildu ha afeado de nuevo al PNV que no quiera tramitar su propuesta para crear una oficina específica contra la corrupción en Euskadi.

Entretanto, ha suscitado también revuelo que el convenio de Hazi previera el despido de De Miguel tras su primera condena, aunque no fuera firme. En concreto, se contempla como “falta muy grave” una condena por delitos económicos (se cita expresamente la malversación) en caso de que supere los seis años. A diferencia de otros convenios similares, no añade la coletilla “firme”. Es algo conocido desde el día siguiente de aquel pronunciamiento de la Audiencia Provincial y sobre lo que ha debatido largamente el Parlamento.

Este mismo viernes, sin ir más lejos, se lo afeaba Carlos Iturgaiz al lehendakari, Iñigo Urkullu, en la sesión de control. “Han protegido también al señor De Miguel durante años. Desde la fundación Hazi, se ocultó su verdadera retribución a este Parlamento. Cuando llegó la primera condena, no le apartaron de sus responsabilidades, pese a tratarse de delitos económicos. Y una decisión para la que, en el caso de Hazi, no se requería una condena firme. No contentos con ello, le han ascendido varias veces, para acabar confiándole la representación de Hazi, o sea, del Gobierno casco, ante otras comunidades autónomas, Gobierno de España o la Unión Europea”, criticó el presidente del PP vasco, como consta en la transcripción.

Los datos enviados esta semana por el Gobierno al Parlamento confirman que Hazi conocía esa disposición pero también confirman que no la interpretan en ningún caso como una puerta abierta al despido. En estos años, a pesar del convenio, han entendido que era imprudente actuar sin un fallo definitivo, ya que se vulnerarían “derechos laborales” de De Miguel y derechos constitucionales como la posibilidad de revisar una condena en una segunda instancia. Esa interpretación se sustenta en dos documentos entregados a la Cámara, un informe externo de BSK y otro de la propia Hazi que interpreta las conclusiones del primero. Así lo detalló este periódico el martes y así lo mantienen ahora fuentes del Gobierno vasco consultadas. “Hay que leer los informes hasta el final”, ha ironizado en ETB-1 Arantxa Tapia, consejera de quien cuelga la fundación Hazi.

Ahora ya es pública la resolución definitiva, pero no es firme por la petición de nuevas aclaraciones realizada por otro de los condenados, el exedil del PNV en Leoia Iñaki San Juan. Temporalmente, Hazi mandó a teletrabajar desde su casa a De Miguel en previsión de que la notificación de la sentencia firme fuese cuestión de días, pero ese trámite se está alargando y, de momento, no hay fecha para ello.