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Urkullu estrenará el año parlamentario con tres preguntas de la oposición sobre el 'caso De Miguel'

El lehendakari, Iñigo Urkullu, en un reciente acto público con Alain Rousset

Iker Rioja Andueza

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En la primera sesión de control al Gobierno de 2023 en el Parlamento Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, tendrá que responder a tres preguntas de la oposición sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y afecta a exdirigentes y excargos del PNV. La Mesa de la Cámara ha fijado ya el orden del día para la sesión del viernes y constan preguntas de PP+Cs, de Vox y de EH Bildu, en este orden.

El debate se iniciará con duras acusaciones del líder del PP y de la coalición con Ciudadanos, Carlos Iturgaiz, porque en el escrito con el que justifica la interpelación a Urkullu afirma textualmente que el caso “quizás” debería ser llamado “caso PNV”. Vox también defenderá que no es un “caso aislado como ha tratado de trasladar el PNV”, por lo que su única aforada, Amaia Martínez Grisaleña, preguntará al lehendakari si sigue entendiendo que Euskadi está “libre” de corrupción. Desde EH Bildu, Josu Estarrona remarca que “se van acumulando” condenados en relación con investigaciones a antiguos cargos del PNV. Y añade que, además, la práctica “más extendida” son las “redes clientelares, las puertas giratorias o los amiguismos”, por lo reclamará al Ejecutivo de Urkullu que sea “proactivo” para “hacer frente a las malas prácticas”.

En el caso del otro grupo de la oposición, Elkarrekin Podemos-IU, formuló una pregunta escrita sobre la posición del principal condenado, Alfredo de Miguel, como “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea y que cuelga de la sociedad pública Hazi, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Aunque el exdirigente el PNV -que deberá cumplir nueve años de pena efectiva de cárcel- representaba a Euskadi en foros ministeriales, realizara viajes oficiales o incluso aparecía como “manager” o como “gerente” en documentos oficiales, el Gobierno insiste en que sus funciones no eran de representación sino meramente “técnicas”.

En su respuesta escrita Elkarrekin Podemos-IU, Urkullu recalca que la consejera Arantxa Tapia ya garantizó “en sede parlamentaria” que “las labores que llevaba a cabo [De Miguel] en la fundación [Hazi] eran las propias del personal técnico, sin responsabilidades de representación del Gobierno vasco”. “En consecuencia, no procede ninguna otra opinión ni consideración”, zanja su escrito Urkullu.

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