Francia quiere regular el espacio digital y limitar el acceso de los menores a Internet

“La irrupción de las nuevas tecnologías trastoca nuestros referentes”, dijo Emmanuel Macron en su gran rueda de prensa la semana pasada, ante más de 400 periodistas. El presidente francés aprovechó la ocasión para anunciar, entre otras medidas, una de las misiones de su nuevo Gobierno: “Recuperar el control de nuestras pantallas que, muy a menudo, nos confinan en lugar de liberarnos”.

No es la primera vez que Macron hace referencia a los problemas derivados de los nuevos hábitos digitales de los ciudadanos. En los últimos años, el Ejecutivo francés y los diputados del partido de Macron, Renacimiento, han puesto en marcha varias iniciativas legislativas en este sentido, entre ellas una ley para regular el mundo de los influencers y otra para establecer la mayoría de edad digital a los 15 años.

La última –y más ambiciosa– es un proyecto de Ley de Regulación del Espacio Digital (SREN), que apunta a reforzar el control de Internet para proteger a los franceses contra la “inseguridad digital”. “El objetivo número uno es contrarrestar la sensación de anonimato que conduce a un sentimiento de impunidad”, resumió Paul Midy, diputado de Renacimiento y ponente del proyecto de ley en la Asamblea, en las páginas de Le Parisien.

El Gobierno y los diputados de la mayoría presidencial han señalado la posibilidad de los usuarios de ocultarse detrás de una cuenta anónima como origen de muchos de los problemas, como el acoso online. Así que, a través de una serie de mecanismos, el texto proponía que cada cuenta en línea esté vinculada a la identidad de la persona que utiliza el teclado.

En la práctica, a la hora de crear un perfil, los internautas franceses tendrían que pasar por la aplicación France Identité (que ya se utiliza para certificar la identidad ante la administración en muchas gestiones en Internet). Las plataformas no tendrían acceso directo a esa información de sus usuarios –que seguirían pudiendo publicar bajo pseudónimos–, sino a un código que funciona como “un número de matrícula”.

Limitar el acceso de los menores al porno

Uno de los principales argumentos del Gobierno es que el sistema facilitaría la verificación de edad y limitaría el acceso de los menores a la pornografía. Además, establece la posibilidad de un bloqueo administrativo, sin necesidad de pasar por un juez, de las páginas web que ofrezcan contenidos pornográficos y no comprueben la edad de sus visitantes, una medida confirmada por el ministro de Asuntos Digitales, Jean-Noël Barrot, que ha declarado en varias entrevistas su voluntad para que este año “marque el fin del acceso” de los menores a las páginas pornográficas.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo francés pretender adaptar la legislación a las nuevas normativas europeas, en concreto a la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, con las que la UE intenta acabar con la era de la autorregulación en la que las empresas tecnológicas establecen sus propias políticas de contenidos. Y forma parte de los esfuerzos que diferentes gobiernos de todo el mundo están realizando por regular el espacio digital y aumentar la protección, especialmente de los menores.

En España, hace unos días , Pedro Sánchez anunció en una entrevista con El País que su Gobierno quiere impulsar una ley integral para la protección de los menores en Internet, además de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, las competencias digitales, el ámbito de la igualdad y la creación de dispositivos que impidan el acceso a contenidos pornográficos a los menores.

El proyecto de ley francés va más allá y apunta también a regular otros muchos aspectos del mundo digital. Entre ellos, la prohibición de acceso a las redes sociales a personas condenadas por determinados delitos –sobre todo ligados al acoso o incitación al odio en línea– o la creación de un “filtro antiestafas” destinado a limitar los daños causados por las oleadas de phishing. También prevé la creación de una base de datos nacional para controlar que el número máximo de 120 noches al año en el alquiler de viviendas turísticas se cumple en plataformas como Airbnb.

A su paso por el Senado –que votó el texto antes del pasado verano, justo después de las protestas en la banlieue después de que un policía matara a un adolescente– se amplió aún más el número de infracciones contempladas, incluyendo las amenazas y la intimidación contra los políticos representantes del Estado. La medida es vista con recelo por varias asociaciones y expertos. “Con este proyecto de ley, cualquier opinión social pasaría a ser censurable si una persona o un grupo de personas se sintieran intimidadas, atacadas u ofendidas por una publicación que no les conviniera”, denuncia Cyrille Dalmont, especialista en derecho público de l’Institut Thomas More en una tribuna publicada en Le Figaro.

Críticas en Francia, problemas en Europa

Pero aunque la ley ha sido aprobada por las dos cámaras del Parlamento francés, la Asamblea Nacional no dio luz verde a las medidas enfocadas a acabar con el anonimato, bajo la oposición de los diputados de Francia Insumisa y de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Ahora una comisión mixta debería decidir la versión definitiva del texto.

Sin embargo, al mismo tiempo que el Ejecutivo tramita su iniciativa legal más ambiciosa sobre espacio digital, han aparecido problemas adicionales con la leyes que ya ha aprobado. El medio online L'Informé desveló una carta de Thierry Breton, Comisario Europeo de Mercado Interior, dirigida al Gobierno francés en la que advertía que la ley para regular a los influencers y la ley sobre la mayoría de edad digital “parecen infringir la aplicabilidad directa del reglamento sobre servicios digitales” y solicita su abrogación.

Además, Bruselas afea a Francia que los textos se hayan promulgado sin esperar el visto bueno de la Comisión. Según L'informé, París habría respondido con una propuesta ante la Comisión para salvar las dos leyes. Y la aprobación de nueva legislación en la materia podría también quedar ligada a la respuesta de las instituciones comunitarias.

De hecho, en su intervención del pasado martes, Macron no hizo ninguna mención al proyecto de ley. Entre tanto, la semana pasada el presidente convocó a un grupo expertos para impulsar, a partir de sus recomendaciones, medidas que favorezcan “el buen uso de las pantallas para nuestros hijos, en las familias, en casa y en las aulas, porque en la escuela se juega el futuro de nuestras sociedades y nuestras democracias”.