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MADRID

El Ayuntamiento de Madrid estudia cómo frenar “la sangría” del contrato de la M-30

Estudiará las conclusiones del informe adelantado por eldiario.es para evitar que el Ayuntamiento siga perdiendo 65 millones de euros cada año

El concejal de Economía ha criticado el contrato firmado durante la época de Gallardón, y al que el Consistorio está “esposado” hasta 2040

El entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la apertura del by-pass de la M-30, en mayo de 2007. / madrid.es

El entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la apertura del by-pass de la M-30, en mayo de 2007. / madrid.es

A primera hora lo ha adelantado la Alcaldesa, Manuela Carmena, y el concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, lo ha confirmado a medio día. El Ayuntamiento va a estudiar, en base a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, cómo “taponar la enorme sangría” que supone el contrato firmado con las constructoras para el mantenimiento de la M-30.

El concejal ha asegurado que el Consistorio está estudiando las conclusiones del informe preliminar de la Cámara de Cuentas, adelantado por eldiario.es, y que apunta a que el contrato firmado en la época de Alberto Ruiz-Gallardón tenía como objetivo blindar los beneficios de los socios privados que participaron en la obra, que en su momento se llevó 5.000 millones de euros del presupuesto del Ayuntamiento.

El informe aconseja al Gobierno municipal que revierta la concesión del contrato firmado con las constructoras Ferrovial y Dragados, o que al menos los revise para evitar que siga consumiendo recursos públicos. Sánchez Mato ha asegurado que ese contrato ha hecho perder al Ayuntamiento 563 millones de euros por el modelo que se utilizó, constituyendo una sociedad mixta, Calle 30, de la que el Consistorio posee el 80% y las constructoras el 20%.

La creación de esa sociedad mixta “eludió la ley de contratación pública”, ha afirmado Sánchez Mato, y no tenía sentido "desde ningún punto de vista", porque la vía pública que rodea la almendra central de Madrid “no tiene contenido económico susceptible de ser explotado por empresarios particulares”.

Ha recordado que el Gobierno municipal está “esposado” a ese contrato porque, según los términos en los que se firmó, estará vigente hasta 2040. Si el Ayuntamiento no hace nada “para taponar esa vía de agua”, el contrato seguirá consumiendo año a año 65 millones de euros de dinero público.

Esta mañana, durante un desayuno informativo, Carmena ya ha señalado que al Ayuntamiento le “gustaría” revisar los términos del contrato por su carácter lesivo para los presupuestos municipales. El concejal lo ha confirmado, pero no ha ido más allá, y no ha mencionado la posibilidad de revertirlo, como sí consta en las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.

Es aún pronto para adelantar los pasos que va a tomar el Ayuntamiento, ha dicho Sánchez Mato, que ha puesto el acento en que el informe es por el momento un anteproyecto, del que se ha dado traslado a los anteriores presidentes de Calle 30 para que presenten las alegaciones que consideren necesarias.

El documento destaca que el contrato firmado con las constructoras estableció un sistema de pagos pensado para garantizarles un beneficios del 7,053% de lo que invirtieron tanto en capital como en préstamos. Esa rentabilidad "no está calculada en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio, sino en la rentabilidad del socio privado”, dice el informe.

La Cámara de Cuentas tampoco entiende que la sociedad mixta Calle 30 mantenga un préstamo sellado en 2005 con su socio privado por 125 millones de euros -Sánchez Mato ha rebajado esa cifra a 111 millones- a un interés del 5,5%, por encima del precio de mercado, hasta 2025. Recomienda amortizarlo, retomando la tesis defendida también por la Intervención del Ayuntamiento, que ya consideró antieconómica.

El concejal de Hacienda ha expresado sus dudas sobre cómo seguir esa recomendación del órgano fiscalizador, por las dificultades que se desprenden de la letra pequeña del préstamo. Para poder amortizar los 111 millones de euros que se deben, el Ayuntamiento tendría que pagar 60 millones de euros de comisión.

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