Metro de Madrid inutilizó una obra millonaria antes de vender un solar a una promotora en Cuatro Caminos
Cuando planificó las obras del intercambiador de Moncloa a principios de 2000, el Consorcio de Transportes de la Comunidad y Metro de Madrid fueron previsores y decidieron acometer los trabajos previos para estirar en el futuro la Línea 3 desde Moncloa y que acabase en Cuatro Caminos, donde además se ubicaría una cochera soterrada en dos plantas para guardar los trenes. Aunque ni Metro ni el Ayuntamiento de Madrid facilitaron entonces el presupuesto de esa obra adicional a la nueva terminal, los técnicos consultados por eldiario.es aseguran que se trató de una inversión millonaria porque supuso bajar la cota de la estación e iniciar además un túnel por el que saldrían los raíles hacia Cuatro Caminos. Esa ampliación no tenía fecha pero quedaba encauzada para llevarla a cabo cuando lo exigiesen las necesidades de la Red.
Los informes técnicos de Metro hasta aconsejaban cómo debían hacerse los depósitos de trenes en Cuatro Caminos con un doble soterramiento. Esos eran los planes de la empresa pública hasta que Metro decidió vender uno de sus solares más valiosos, las cocheras de Cuatro Caminos para levantar ahí una urbanización. La adjudicación del proyecto se llevó a cabo en noviembre de 2014, el grupo inmobiliario Ibosa adquirió a través de una cooperativa la parcela por 83 millones de euros para construir dos edificios y una torre con 434 viviendas. Ahí murió definitivamente la idea de llevar la línea 3 hasta Cuatro Caminos, con lo que la inversión pública realizada siete años atrás para encarrilar la futura ampliación también quedó enterrada.
El secretario general de Metro, Miguel Nieto, aseguró el martes a eldiario.es que el ramal estaba previsto cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobó el Área de Planeamiento Remitido sobre la parcela de Cuatro Caminos pero que el Consorcio General de Transportes cambió de opinión en un momento de la tramitación del proyecto. Sucedió, según su tesis, durante la pasada legislatura en el Gobierno regional en un momento que el secretario general de Metro no supo precisar pero en todo caso anterior a su llegada al cargo. “Con el nuevo análisis de las necesidades, no se prevé la ampliación de ese ramal ni a corto plazo, ni en breve ni a medio ni a largo plazo” defendió Nieto.
La inutilización de esa obra es la última arista de la polémica urbanización Metropolitan Residencial, impulsada por el anterior Gobierno municipal de Madrid y que ahora chocado con los informes técnicos del Ayuntamiento, según los cuales, incumple el Plan General. Basándose en el criterio de los arquitectos municipales, el Gobierno de Carmena de momento ha paralizado ese desarrollo urbanístico. Este miércoles el Pleno deberá volver a pronunciarse.
Entretanto, centenares de cooperativistas que ya han adelantado importantes cantidades de dinero -muchos afirman haber invertido más de 70.000 euros en la entrada de sus casas- incrementan la presión sobre los concejales de Ahora Madrid para agilizar su tramitación.
Mientras el expediente de la urbanización Residencial Metropolitan, que incluye una torre y dos edificios en pleno distrito de Chamberí, está varado en el Ayuntsmiento, sí ha recibido el visto bueno tanto de la Comunidad de Madrid como de la empresa pública Metro de Madrid que en noviembre de 2014 vendió la finca a la cooperativa que maneja el Grupo Ibosa por 83 millones de euros. Metro y la Comunidad avalan la operación pese a que el diseño actual da por finiquitada la ampliación de la línea 3 que los técnicos de la empresa pública señalaban como necesario hace solo siete años para responder a futuras necesidades del transporte.
El secretario general de UGT en Metro de Madrid, Teodoro Piñuela, denuncia que Residencial Metropolitan “es una operación urbanística llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid para descapitalizar la empresa pública” y subraya que la licitación del proyecto “choca de frente contra las necesidades del transporte público de la capital”.
Mientras, 400 cooperativistas mantienen la incertidumbre sobre sus futuras viviendas, el Gobierno de Carmena se mantiene abierto a negociar pero subraya que en su actual redacción el proyecto es inviable porque incumple el Plan General y darle el visto bueno generaría inseguridad jurídica.
El Grupo Ibosa, que según los contratos de gestión cobrará 15 millones de euros por tramitar el proyecto, empezó a recabar socios para la cooperativa antes incluso de tener adjudicado el suelo. El Grupo Ibosa, promotor de la urbanización, no ha atendido las llamadas de eldiario.es.
