Si en La Moncloa andara instalado el PP, es muy probable que estos días las calles de España estuvieran ardiendo, y no por el calor, precisamente. La vergonzosa escalada del precio de la luz en nuestro país, con un Gobierno de izquierdas sentado a la mesa del Consejo de Ministros, deja asombrada y atónita a una ciudadanía a la que, a diferencia de otras ocasiones, no se la convoca ahora para manifestar su protesta, su hartazgo y su cabreo. Hasta los sindicatos, antaño tan reivindicativos, han descartado de momento plantearse movilizaciones en este sentido. Unidas Podemos, que apuesta por crear una empresa pública eléctrica, sí que lo ha llegado a sugerir: es decir, trazando la cuadratura del círculo, e invitando a movilizarse a la sociedad frente a un Gobierno de coalición del que forma parte.
Lo cierto es que la tarifa del recibo de la luz de los españoles es cada vez más elevada. Vamos de récord en récord, como si de una espiral siniestra se tratara. En pleno verano, cuando la gente se asfixia y ha de tirar de aire acondicionado y ventiladores, el mercado mayorista de la electricidad se ha lanzado a incrementar indecorosamente el precio medio diario en las sucesivas subastas. Ni siquiera la rebaja del IVA en el recibo, del escandaloso 21 por ciento al 10 por ciento, que se aprobó en junio pasado por el Ejecutivo, puede paliar la situación. Como tampoco el hecho de que se haya suspendido el impuesto de generación, que es del 7 por ciento, hasta final de año. Es como aquello del pan para hoy y hambre para mañana, ya que la descarada subida de los precios ha provocado que estos remiendos apenas se noten en la facturación final.
El debate sobre qué tipo de energía queremos es casi tan viejo como la pana. La vecina Francia es uno de los países cuya energía procede, fundamentalmente, de las centrales nucleares. En concreto, el 77 por ciento de la que consume, mediante la producción que generan sus 58 reactores atómicos distribuidos en 19 centrales. En otros países, como el nuestro, el trágico accidente de Chernóbil, en Ucrania, o el de Fukushima, en Japón, disiparon las dudas sobre si apostar o no por esta forma de energía, considerada mucho más peligrosa que cualquiera de las otras. Lo cierto es que en el país vecino, para los consumidores, la factura de la luz resulta mucho más barata que en España, aún con el riesgo que conlleva la opción por la que ellos vienen apostando abiertamente desde hace décadas. Conviene aclarar que Francia es el país que produce la energía más limpia, ya que un 95 por ciento de sus emisiones son bajas en CO₂. Esto, a pesar de que este país tenga un menor porcentaje de energías renovables respecto a España. Nuestros vecinos son los principales exportadores netos de electricidad a nivel mundial, lo que les genera más de 3.000 millones de euros anuales por este negocio. Con todo, el objetivo de cara a 2035 pasa por reducir su energía nuclear al 50 por ciento del consumo.
Ante un hipotético regreso a la opción nuclear en Europa, cinco países, entre ellos Alemania y España, se han dirigido recientemente a la Comisión Europea para alertar de que la energía nuclear es una tecnología de alto riesgo, mientras la eólica no lo es. Así de clara y concluyente es la literalidad de la carta, que pasa por alejar cualquier subvención comunitaria para ese tipo de energía, así como mantener a considerable distancia a posibles inversores.
En España siguen abiertas y funcionando, a día de hoy, cinco centrales nucleares con siete reactores, pero la intención es que de aquí a 2035 se vayan cerrando de forma progresiva. En la última década la energía nuclear viene aportando una quinta parte de la electricidad que consumimos en el país. Está comprobado que esta no produce el efecto invernadero, en contraste con las centrales térmicas en las que los combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo, sí dañan la atmósfera. Por sus partidarios, siempre se ha dicho que la nuclear es la energía más limpia y barata. Por contra, para sus detractores, el temor a los accidentes, a pesar de que se hayan reforzado las medidas de seguridad en sus instalaciones, y el destino de los siempre peligrosos residuos radiactivos, alejan del horizonte la perspectiva de retomar una alternativa surgida ante la crisis del petróleo de 1973. Y, mientras tanto, a los españoles nos hacen luz de gas, tanto el Gobierno como las nada empáticas compañías, por lo que seguimos pagando la electricidad al precio del caviar beluga sin que nadie mueva un solo dedo. Y eso sí que entraña otro verdadero riesgo.
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