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El largo trecho del dicho al hecho en la lucha contra la pobreza

Imagen de archivo de un hombre pidiendo dinero en la calle.

José David Martínez

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Se cumplen dos años de la firma del II Pacto de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia. Desde entonces, se ha dicho mucho pero se ha hecho poco en lo que a las medidas recogidas en el pacto con el que está comprometido el actual gobierno regional.

El pasado 25 de junio, Rosa Cano, presidenta de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM), participó en la Comisión Especial de Estudio sobre el Plan de Reactivación Económica y Social, y de Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Región de Murcia. Su intervención comenzó con un recuerdo, un reconocimiento y un agradecimiento. 

El recuerdo fue para las personas fallecidas y afectadas (en lo sanitario, en lo económico, en lo social) por la Covid-19. 

El reconocimiento fue para todas aquellas personas que han demostrado ser esenciales para nuestra sociedad: desde las cajeras a las médicas de urgencias, desde los enfermeros a los empleados de la limpieza. En ese reconocimiento, se incluyó, por supuesto, al personal de las entidades del tercer sector que siguieron al pie del cañón incluso en los momentos más difíciles. 

El agradecimiento fue destinado a la Asamblea Regional, por dar la oportunidad a la EAPN Región de Murcia de compartir el conocimiento que tenemos de la pobreza y la exclusión social en la región y exponer ante sus señorías las propuestas que consideramos oportuno se pongan en marcha. Intentamos, una vez más, amplificar la voz de aquellas personas a las que casi nadie quiere escuchar.

El resto de la participación de Rosa Cano ante la Comisión de Reactivación se basó en el ya citado II Pacto de Lucha Contra la Pobreza. 

Somos una organización que cree abiertamente en la política como herramienta de transformación. Uno de nuestros lemas, al que recurrimos cada vez que tenemos ocasión y que tomamos directamente de EAPN Europa, es que acabar con la pobreza es una opción política. En otras palabras: la pobreza no es una tormenta o maldición divina, es la consecuencia de la organización social y económica que nos hemos dado. Es el resultado de decisiones y políticas que no ponen en el centro a las personas y a los derechos que nos son propios. Se deben tomar decisiones y poner en marcha políticas que acaben con la pobreza o que, mientras tanto, la reduzcan todo lo posible.

Dos años después de la firma del II Pacto, es más que evidente que urge pasar del dicho al hecho.

El dictamen de la comisión especial se publicó hace ya algunas semanas. Entre las muchas recomendaciones que incluye (cientos de ellas a lo largo de las 107 páginas de que consta el texto) podríamos citar la puesta en marcha de programas específicos para acabar con la pobreza severa (especialmente con el sinhogarismo en la Región de Murcia), la aprobación de un plan específico para la formación y la empleabilidad de la población más vulnerable o seguir reduciendo la tasa AROPE y disminuyendo el porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social en la Región de Murcia. Todas ellas medidas y objetivos recogidos en el II Pacto, al que también se refiere la comisión para pedir que se “acelere” el cumplimiento de las medidas recogidas en dicho pacto. La recomendación de la Asamblea Regional no solo era pasar del dicho al hecho, era hacerlo rápidamente.

La rapidez con la que es preciso que lleguen los hechos la podemos evidenciar atendiendo a los indicadores socioeconómicos que nos deja la pandemia. Hay que tener en cuenta que la región llegó al estado de alarma con un 32% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. A ese preocupante punto de partida hay que sumar los estragos de la pandemia. En la anterior crisis, el PIB regional cayó 4,9 puntos de 2008 a 2009. La caída actual se sitúa, según diferentes estudios, entre 7,3 y el 10. Y esto tiene un impacto directo en la pobreza. Uno de los muchos datos disponibles al respecto: el número de familias atendidas por los Servicios Sociales de Murcia ciudad se disparó un 88% entre marzo y junio de 2020. Otro más: el 75% de las personas atendidas por Cruz Roja con motivo del la Covid-19 jamás había necesitado ayuda de la organización.  

La Comisión Especial, con la emisión del dictamen, terminó su recorrido. ¿Y ahora, qué?  La pobreza y la exclusión social deben ser cuestiones que ocupen de forma continuada a sus señorías. Una de las medidas recogidas en el II Pacto se refiere a la “creación en la Asamblea Regional de Murcia de una Comisión de Pobreza y Exclusión Social de carácter permanente”. La intención de esta propuesta era darle estabilidad a la comisión que ya existió a lo largo de la legislatura pasada. En su momento, EAPN-RM valoró muy positivamente la labor realizada por esta comisión y ahora recordamos que, entre otras cosas, esta comisión puso de manifiesto que en la Asamblea Regional se pueden alcanzar consensos, tal y como lo demuestran las resoluciones que se aprobaron en la sesión celebrada el 18 de marzo de 2019.

La Asamblea Regional es la cámara en la que la representación de la ciudadanía murciana debe abordar la mejor manera de asegurar el cumplimiento de los derechos de, precisamente, la ciudadanía murciana. De toda ella. Incluso, debería dedicar más atención a aquellas personas y familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad y, por tanto, ven incumplidos tales derechos. Esa, y no otra, debería ser la prioridad de la Asamblea Regional. No hay tiempo que perder ni podemos permitirnos más distracciones. 

Sin embargo, dos años después de la firma del II Pacto no hay noticias de la comisión permanente de pobreza comprometida para esta legislatura. La importancia, y urgencia de la misma, consideramos que está fuera de dudas. El pasado 16 de octubre de 2020, cuando la junta directiva de EAPN-RM le planteó al presidente de la Asamblea regional la conveniencia de crear dicha comisión permanente, este respondió diciendo que “ahora más que nunca”

El dictamen de la Comisión Especial de Reactivación está dirigido al Gobierno de la Región de Murcia porque es su responsabilidad ejecutar las medidas propuestas. La importancia, la urgencia, la necesidad de acelerar las medidas, el “ahora más que nunca” del poder legislativo de la región lo son más si cabe en el poder ejecutivo. En la última reunión que EAPN-RM pudo mantener con el presidente y la vicepresidenta de la Comunidad Autónoma, nos manifestaron que la lucha contra la pobreza era un compromiso de todo el Gobierno Regional. Las murcianas y murcianos en situación de pobreza necesitan que así sea. Y que esas palabras se conviertan en hechos.

No dejar a nadie atrás debe ser un compromiso real no una consigna de cartón piedra. Es, por encima de todo, una cuestión de derechos. Y para eso necesitamos de la política. La de verdad. La que se encarga de los problemas de la gente y la que se ocupa del bien común. La que puede cambiar las cosas a mejor. La que abandona la retórica del “dicho” y avanza hacia los resultados del “hecho”.

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