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Una abogada, condenada por tercera vez tras estafar a cientos de inmigrantes

La letrada vizcaína María Carmen Formoso ofrecía contratos de trabajo en empresas ficticias a cambio de hasta 2.000 euros por cada extranjero y siguió actuando pese a las condenas.

Tras ser condenada e inhabilitada como abogada por primera vez en 2008, continuó con sus engaños a inmigrantes en Euskadi y en otras comunidades autónomas limítrofes.

El último fallo, conocido este lunes, le condena a casi cinco años de prisión por estafa a cerca de 200 extranjeros. La letrada está encarcelada desde el pasado año y tiene abiertos otra media docena de procedimientos judiciales.

Inmigrantes estafados por la abogada vizcaína, en uno de los juicios en Bilbao./EDN

Inmigrantes estafados por la abogada vizcaína, en uno de los juicios en Bilbao./EDN

El proceso de regularización de inmigrantes en España en 2005 supuso una vía de negocio para María Carmen Fermoso. Esta abogada colegiada en Bizkaia vio en los ‘sin papeles’ una manera rápida de lucrarse: les garantizaban un contrato de trabajo en una empresa ficticia y a cambio tenían que pagar hasta 2.000 euros cada uno. La de Fermoso fue una de las cuatro redes de estafa que descubrió la asociación la asociación de inmigrantes Harresiak Apurtuz. Pero, pese a que fue condenada en 2008 a dos años de prisión (evitó ir a la cárcel al carecer de antecedentes), ha seguido con el mismo procedimiento de estafa a inmigrantes hasta que en mayo de 2013 entró en la cárcel por otro caso de engaño a los inmigrantes, donde permanece. Ahora le ha llegado la tercera condena de la Audiencia de Bizkaia, que le ha sentenciado a 4 años y 9 meses de cárcel por hacer lo mismo con casi 200 personas entre 2008 y 2009, aunque la pena es solo por 19 inmigrantes afectados en Bizkaia.

El método era muy similar en todas las ocasiones: se les solicitaba el pago de una cantidad  con la promesa de tramitar y conseguir un permiso de trabajo y de residencia facilitando una oferta de empleo. Sin embargo la autorización de trabajo resultaba rechazada ya que las ofertas de trabajo eran ficticias, de empresas inexistentes, sin actividad suficiente y justificable o falsificando sus datos y/o firmas. Cuando el inmigrante acudía a ella, le decían que había ha sido un error administrativo y que presentase un recurso (a cargo de la abogada) o en otros casos se les daban largas o les asustaban al estar en situación irregular.

“No sabemos a cuantos inmigrantes han estafado. Varios cientos sin duda, porque muchos no lo han denunciado por miedo o por qué se han ido de aquí”, señala Patxi de la Fuente, de la asociación SOS Racismo.

El caso de esta abogada es paradigmático. Desde que se conocieron en 2005 sus primeras actuaciones, actuó sin cortapisas hasta que fue condenada por un juzgado de Bilbao (hubo un pacto entre las dos partes) a dos años de prisión (no entró en la cárcel al carecer de antecedentes)  y otros dos años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogada.

Pero Fermoso hizo caso omiso y el último fallo data actuaciones ilegales en 2008, poco después del primero juicio que le condenó. Su ámbito de actuación se fue extendiendo a Gipuzkoa y Bizkaia e incluso en Burgos, Cantabria y Soria. En 2012 llegó a haber nueve procedimientos en los juzgados de Bilbao. Ese año actuó también en Vitoria y quedaban con las personas extranjeras en algunas cafeterías céntricas de la ciudad, ofreciendo un trabajo y gestionar el permiso de residencia a cambio de unos 2.400 euros.

En prisión desde mayo

El siguiente juicio contra la letrada fue en marzo del pasado año y fue condenada a tres años de prisión por delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia y a indemnizar a 8 perjudicados por una cantidad total de 15.550 euros. La sentencia está recurrida. Pero desde mayo está en prisión, junto a su socio Emilio González Rodríguez, por un auto judicial con el fin de evitar  que “atendiendo a los antecedentes penales y policiales y a la habitualidad de su conducta, que los imputados puedan volver a cometer hechos similares, así como que puedan ocultar, alterar o destruir las fuentes de prueba o influir en los demás imputados o testigos”.

SOS Racismo señala que semanas antes del ingreso en prisión les llegaron denuncias de personas extranjeras que habían sido también estafadas por la abogada vizcaína. “La última denuncia recibida en la Oficina de SOS Racismo hace referencia a un contrato presentado el 24 de abril de 2013”.

Durante todos estos años, pese a la inhabilitación, ha seguido  presentándose como abogada.  Este hecho ya fue denunciado por SOS Racismo ante el Colegio de Abogados de Vizcaya, pero “se remitían a que hubiera sentencia. El Colegio de Abogados se ha personado en las actuaciones como perjudicado, pero es una actuación ambivalente. No está en contra de actuar contra ella, pero están guardando la imagen del colegio”, afirma el colectivo de defensa de los inmigrantes.

El tercer y el último juicio hasta ahora se celebró en junio pasado por la presunta estafa a cerca de 200 extranjeros. La sentencia, de la sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia, no se dictó hasta el pasado 30 de diciembre (y se notificó el 5 de febrero) y considera probado el delito de estafa continuada de Fermoso y socio Emilio González Rodríguez, "habiendo guiado a los acusados desde el inicio de sus maniobras un ánimo o propósito de enriquecimiento ilícito". La resolución agrega que sabían que eran contractos ficticios, con los que los inmigrantes no podían conseguir el permiso de trabajo y residencias.

SOS Racismo ha asegurado que la sentencia llega hasta 7 años después de cometerse la estafa y "en todos estos años los condenados han continuado con comportamientos similares hasta que en el año 2013 han sido enviados a prisión". Pese a que el fallo obliga a devolver casi 50.000 euros a los 19 que denunciaron los hechos (varias decenas más no pudieron ser localizados), "será muy difícil que a las testigos y perjudicadas se les devuelva el dinero tal y como se ordena en la sentencia. Además, las personas perjudicadas que no han participado en los procedimientos (algunas habrán sido expulsadas) son varios centenares".

    SOS Racismo crítica los requisitos actuales de la Ley de Extranjería, que dificulta sobremanera la contratación de inmigrantes. “Obliga  a tres años de empadronamiento y contrato de un año de duración con 750 euros al mes. Pero las cosas no son así. ¿Quién hace ese contrato? Debiera ser más flexible. La gente que quiere dar trabajo a inmigrantes te dice que no puede comprometerse a hacer este contrato”, afirma Patxi de la Fuente. “Lo que ocurre es para que se regularicen, lo habitual es que pasen varios años trabajando en negro”.

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