Koldo, tu ejemplo refuerza nuestras convicciones
Entre las numerosas bajas que está provocando la actual epidemia figura un orador habitual en las concentraciones de pensionistas de Bilbao. Koldo Méndez encajaba en la tipología de los activistas que promovieron el movimiento de pensionistas: pasado antifranquista, militancia política y sindical, sentimientos republicanos. Sus intervenciones tenían dos claves: la lucha de la clase obrera y la defensa de la caja común de la Seguridad Social. El caso de Koldo prueba dos evidencias: la vinculación de las movilizaciones de pensionistas del País Vasco con el movimiento obrero y la necesidad de anteponer la sanidad a cualquier otro objetivo. Respecto a las tablas reivindicativas de las asociaciones de pensionistas supone poner en primer lugar la demanda que aparecía al final: dignificar las condiciones de vida en las residencias de mayores.
Coincidiendo con el prolongado confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, se ha producido otro estado de alarma, esta vez inducido por noticias preocupantes, entre las que destaca la recomendación de la Consejería de Salud de la Generalitat de Catalunya de no ingresar en las UCI a pacientes que superen los 80 años. Aunque la responsable de sanidad haya rectificado, queda constancia de la intencionalidad. Según la prensa esa norma se ha aplicado, sin necesidad de códigos específicos, en centros sanitarios y residencias geriátricas de otros territorios, siendo una medida que incluye también a personas discapacitadas. El elevado índice mortandad de las residencias llegará a los tribunales. La Asociación Defensor del Paciente ha denunciado ante la Audiencia Nacional a las comunidades autónomas con mayor número de mayores fallecidos por coronavirus. Los decesos en residencias se acercan a 11.000, representando más de la mitad de los 18.000 declarados hasta la fecha en el conjunto del país.
Frente a esas actuaciones se han levantado voces críticas en estamentos sanitarios y sociales. No es admisible pretender resolver la crisis del coronavirus con prácticas de la ley de la selva, en base a la supervivencia de los seres más fuertes. Al volver a la normalidad tal vez constituya una vergüenza colectiva recordar este debate, que hoy es inevitable afrontar sin hacer cálculos económicos, desde la ética del comportamiento humano. No resulta admisible ni legal ningún protocolo que fije el criterio de la edad entre las prioridades para salvar vidas. La decisión final corresponde al equipo médico, sin imponer una eutanasia no asumida por el paciente, ni caer en el ensañamiento terapéutico de la distanasia. Los equipos médicos tienen conocimientos y capacidad para analizar cada caso basándose en criterios profesionales.
La preocupación ha motivado que el Ministerio de Sanidad elabore un informe sobre aspectos éticos de la pandemia, incluyendo en sus recomendaciones “la no discriminación por ningún motivo ajeno a la situación clínica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia, basadas en la evidencia”. La utilización del criterio de la edad para desatender a personas ancianas duele y ofende también al personal sanitario. Tremenda experiencia que va a disuadir de elegir una residencia como última morada.
Desde la prehistoria, las personas de mayor edad tuvieron autoridad, respeto y protección en tribus, clanes y familias. Era un reconocimiento que frenaba la participación social y parental del resto de los miembros de cualquier colectivo. En las últimas generaciones pasa lo contrario, se menosprecia a las personas de edad avanzada y se las infantiliza, sobre todo cuando están ingresadas en residencias. Ese comportamiento se suavizó a comienzos del 2018, al irrumpir el movimiento de pensionistas, proclamando que los mayores tienen derechos propios y saben defenderlos con firmeza y determinación.
El tratamiento vuelve a ser discriminatorio al estallar la crisis del coronavirus. La gente mayor parece marcada por el estigma de la peste. Al establecer la frontera de la edad, el edadismo se convierte en sinónimo de gerontofobia. Además de intentar aplicar el criterio de la edad en el triaje, método de selección de pacientes para acceder a las UCI, se vuelve a citar la edad en la desescalada que pondrá fin al confinamiento. Según el epidemiólogo Antoni Trilla, miembro del equipo asesor del Gobierno, se volverá a la normalidad de modo escalonado, quedando para el final quienes superen los 65 0 70 años.
Tal planteamiento, además de discriminatorio resulta contradictorio. Se puede trabajar con 65 e incluso 67 años, pero no salir a pasear. Otro caso absurdo: el himalayista Carlos Soria tiene 81 años, hasta que no concluya el encierro no se podrá entrenar en la montaña para completar los 14 ochomiles. No es un caso aislado, en cualquier circunstancia se debería tener en cuenta que la edad biológica puede llegar a ser 20 años inferior a la edad cronológica.
Transcurrido un mes desde el inicio del periodo de confinamiento, sin saber todavía cuándo acabará, aunque los contagios disminuyen sigue siendo necesario que toda la población, en particular las personas de edad avanzada, las más afectadas por la epidemia de la COVID-19, protejan su propia salud y la ajena, sin saturar los servicios sanitarios, ni poner a los equipos terapéuticos de la UCI ante el dilema de intentar salvar una vida o decidir que ya está perdida. Es preciso respetar las normas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias. Además, este podría ser un buen momento para animarse a cumplimentar el testamento vital.
También influyen las actuaciones de las asociaciones de pensionistas. Deberían hacer causa común con el conjunto de la población, insistiendo en la necesidad de permanecer en casa, manteniendo hábitos higiénicos y de vida saludables. Supone un error utilizar al movimiento de pensionistas para hostigar al Gobierno planteando demandas que en estas circunstancias no proceden. Una anécdota que cuadra con esa valoración, publicada por 'El País' como titular de una entrevista al portavoz de ERC en el Congreso de diputados: “Rufián: Si hablo ahora de autodeterminación en la tele igual me tiran el mando a distancia.”
Trasladando ese ejemplo al movimiento de pensionistas, lo que ahora toca es mostrar sentimientos de condolencia por los miles de personas fallecidas, sobre todo en residencias geriátricas. Sin pretender liderar un movimiento en defensa de la dignificación de las residencias de mayores, tarea que corresponde a las asociaciones implicadas en la asistencia social y al personal laboral de las propias residencias.
Cuando la atención del colectivo de pensionistas estaba centrada en las deliberaciones del Pacto de Toledo, la situación cambia como consecuencia de la epidemia del Coronavirus, que desembocará en una crisis económica de alcance imprevisible. La amenaza de ambas crisis pone de actualidad la propuesta gubernamental de ir a una nueva edición de los Pactos de la Moncloa. Aunque las circunstancias difieran y el contenido varíe, recordar aquél pacto social de 1977 despierta opiniones encontradas.
Los activistas de movimientos sociales que en esa época militaban en organizaciones radicales con amplia implantación en las fábricas y la universidad, observarán el intento con recelo. Se supone que en ese proyecto entrarán los presupuestos, que necesariamente serán expansivos, orientados al consumo, para poder recuperar el comercio de proximidad a través del gasto social. Puede ser la ocasión para mejorar las pensiones mínimas y reducir la brecha de género. Va a depender de la actitud y de la voluntad de compromiso de las diversas fuerzas políticas.
En el futuro inmediato más que de geopolítica toca hablar de biopolítica. La política de la vida, el bien común, el estado de bienestar, dependen de la economía de los cuidados. Además de la sanidad, la enseñanza y los servicios sociales, incluye trabajos domésticos no retribuidos, asumidos casi en exclusiva por mujeres. Si estas actividades esenciales para mantener la vida y el sistema productivo entrasen en el mercado de bienes y servicios se crearía mucho empleo, constituyendo un sector económico estratégico.
El Gobierno acaba de aprobar un préstamo de 13.830 millones de euros para contribuir a que la Seguridad Social pague las pensiones y gastos relacionados con el coronavirus, en vez de asignarlo a Presupuestos, sin carácter de deuda. De la misma manera, la moratoria en el abono de cuotas a pymes con dificultades de liquidez y autónomos, seguirán a cargo de la tesorería de la Seguridad Social, pese a que el ministro Escrivá se ha comprometido a pasar a Presupuestos los gastos impropios del Sistema Público de Pensiones.
Al acabar el confinamiento variarán las prioridades sociales y en consecuencia los métodos reivindicativos. En marzo, a causa de la mortandad que está provocando la epidemia, la cifra de pensionistas disminuyó en 8.400 personas, habiendo aumentado el mes anterior en 6.800. La Seguridad Social perdió unos 900.000 cotizantes y más de 300.000 personas fueron al paro. Se estima que la crisis afectará al 25 % de la población ocupada, que a finales del 2019 rondaba los 20 millones. La iniciativa de las próximas luchas sociales corresponde a los sectores de población más afectados por la crisis. Resulta indiscutible el liderazgo de movimientos como la Coordinadora Estatal Mareas Blancas. Entretanto, al colectivo de pensionistas le toca seguir participando en los homenajes diarios al personal de la sanidad pública, tras haber celebrado el 7 de abril con el vecindario, en ventanas y balcones, el Día Mundial de la Salud.
*Luis Alejos, sociólogo y pensionista
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