La alcaldía de Barcelona
La interpretación de los resultados electorales tiene que estar presidida por el principio de legitimidad democrática. Porque la manifestación de voluntad del cuerpo electoral es justamente la expresión de dicho principio. ¿Qué es lo que ha dicho el cuerpo electoral integrado, en Barcelona, por ejemplo, por millones de personas que han ejercido el derecho de sufragio? ¿Qué mandato es el que ha salido de las urnas?
En esto consiste la democracia: en interpretar la manifestación de voluntad de todos los ciudadanos que integran un cuerpo electoral único, a fin de determinar a quién corresponde ocupar el Gobierno.
Hay veces en que la interpretación se impone por sí misma. No hay dificultad para saber a quién ha designado el cuerpo electoral para que ocupe el gobierno de la comunidad. Pero hay veces que no es así y la manifestación de voluntad de ese cuerpo electoral único tiene que ser estudiada con mucho detenimiento para encontrar una respuesta al interrogante de quién debe gobernar con los resultados que han arrojado las urnas.
Es lo que está ocurriendo tras las elecciones del 28A y, sobre todo, tras las elecciones del 26M. No solamente en la ciudad de Barcelona, aunque tal vez sea en ella donde los resultados electorales sean más difíciles de interpretar.
Los resultados son conocidos: 1º ERC, con 10 escaños; 2º En Comú, con 10 escaños; 3º PSC, con 8 escaños; 4º Ciudadanos, con 6 escaños; 5º Junts, con 5 escaños y 6º PP, con 2 escaños.
Hay dos mayorías: una de izquierda, integrada por los tres primeros partidos, que suman 28 escaños frente a los 13 de los tres partidos de la derecha, y otra no independentista, integrada por cuatro partidos que suman 26 escaños frente a los 15 que suman los independentistas.
Con base en el principio de legitimación democrática parece claro que el Gobierno de Barcelona debería ser de izquierda y no independentista. Tanto la mayoría de izquierda como la no independentista son mayorías muy amplias. No hay duda de cuál ha sido la voluntad ciudadana.
En lo que a la exclusión de la derecha se refiere, no se plantea ningún problema. Pero no ocurre lo mismo en lo que afecta a la exclusión de la alternativa independentista.
Ernest Maragall considera que en la interpretación de la manifestación de voluntad del cuerpo electoral se debe privilegiar el criterio establecido por el legislado español, en la LOREG, de acuerdo con el cual será alcalde el candidato de la lista más votada a menos que se constituya una alternativa por “mayoría absoluta”.
Este criterio del legislador no casa bien con el criterio de la legitimación democrática. Con los resultados en la ciudad de Barcelona es posible una mayoría de izquierda no independentista, sumando los escaños de En Comú y PSC (18), frente a los de ERC y Junts (15). No sería una mayoría absoluta (21) y no podría, en consecuencia, investir a Ada Colau como alcaldesa. Pero no por falta de legitimación democrática, sino por mandato legislativo. El principio de legalidad prevalecería sobre el principio de legitimidad.
En contra de lo que viene propugnando el nacionalismo independentista desde hace años de que hay que dar prevalencia al principio de legitimidad democrática sobre el principio de legalidad, en este caso se aferra a lo contrario. Ernest Maragall debe ser alcalde, a pesar de la muy amplia mayoría no independentista, ya que, de lo contrario, sería Manuel Valls el que decidiría quién es alcalde de Barcelona al añadir tres escaños a los de En Comú y PSC para completar la mayoría absoluta que haría alcaldesa a Ada Colau. El mandato de Ada Colau estará contaminado por el voto de la derecha.
La interpretación no se sostiene. En Comú y PSC tienen mayoría para gobernar. No se repetiría en Barcelona la fórmula andaluza, en la que Vox no es solamente necesario para la investidura, sino también para gobernar. En Barcelona, los votos de Manuel Valls serían necesarios para la investidura, para que prevaleciera el principio de legitimidad democrática sobre el principio de legalidad en la interpretación de los resultados electorales, pero no serían necesarios para gobernar Barcelona.
No es por lo tanto Manuel Valls quien decide el Gobierno de Barcelona. El Gobierno lo han decidido los ciudadanos con sus votos, que han dicho con claridad que quieren un alcalde de izquierda y no independentista. Es una ley electoral escasamente respetuosa con el principio de legitimidad democrática la que dificulta la traducción de la voluntad ciudadana en fórmula de gobierno.
En buena lógica democrática, para evitar que los escaños de Manuel Valls fueran necesarios, Ernest Maragall debería retirar su candidatura y permitir que Ada Colau fuera alcaldesa. Esa sería la interpretación más coherente con lo manifestado por los ciudadanos en las urnas.
