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Herencia de corrupción

Alberto Ruiz Gallardón, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González en una imagen de archivo

La elección de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid es el epílogo a 23 años de gobierno del PP en los que la modernización que ha experimentado la región, que es innegable, ha venido acompañada de escandalosos casos de corrupción que acorralan en los tribunales a sus antiguos dirigentes. La herencia que recibe Garrido de los ocho años de gallardonismo y los 15 de aguirrismo, con las secuelas decadentes de los efímeros mandatos de Ignacio González y Cristina Cifuentes, es la de un presidente al que no puede acompañar ninguno de sus antecesores el 2 de Mayo, día de la Comunidad, porque todos están asediados por la Justicia.

Alberto Ruiz-Gallardón salió prácticamente indemne de la corrupción política que ha asolado Madrid en las últimas tres décadas. Sorteó con un quiebro su relación con Montserrat Corulla, condenada a tres años y medio de cárcel por blanqueo en elcaso Malaya, pero de forma póstuma se ha encontrado con el fantasma del Canal de Isabel II, y ahora él y todos los miembros del “gobierno de la excelencia” con el que presumía de haber transformado Madrid y haberlo convertido en un lugar “en el que a nadie se preguntaba de dónde venía sino adónde va” están imputados.

A pesar de la lealtad que le han guardado en la Audiencia Nacional sus fieles -Pedro Calvo y Juan Bravo defendieron que Ruiz-Gallardón desconocía las actividades investigadas-, tendrá que declarar como imputado el próximo 7 de junio por la primera operación de internacionalización del Canal de Isabel II, la empresa más rentable de la Administración regional que hasta 2001 se había dedicado exclusivamente a facilitar el servicio de agua a los madrileños. Bajo el mandato de Gallardón, el Canal se embarcó en la compra de empresas en Sudamérica y la primera, la de la colombiana Inassa, está bajo la lupa de la justicia porque con dinero público se pagaron más de 83 millones de euros por el 75 por ciento de una sociedad por la que un año antes se habían abonado, por la mitad de su accionariado, algo más de 8 millones.

Enemigos íntimos y protagonistas durante más de una década de un vodevil político que consistía en idear la mejor forma de hacer la puñeta al otro, hoy Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre tienen en común que su futuro más inmediato está en las manos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga los casosLezoyPúnicay una pieza separada conjunta de los dos procedimientos en la que se estudia la financiación presuntamente irregular del Partido Popular madrileño en los años 2007 y 2011, los de las grandes mayorías absolutas de la lideresa de Chamberí.

En esa causa, en la que ya existen múltiples indicios de que algunos empresarios como el expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, donaron fondos irregulares al PP para que arrasara en publicidad y medios a sus rivales, es en la que Aguirre aguarda noticias del juez, sobre todo después de las confesiones que han realizado dos de sus colaboradores más próximos: su antiguo número tres, Francisco Granados, que detalló que nada se movía en el PP sin el permiso de lajefay de Ignacio González; y su directora de Comunicación, Isabel Gallego, que detalló pagos en dinero negro para mejorar la reputación en las redes sociales de todos los dirigentes de la formación salvo de Aguirre, cuyos trabajos, según dijo en un postrero acto de lealtad, eran abonados por el partido.

Aguirre llegó a la Puerta del Sol en 2003 gracias a la nunca explicada deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, y prometió entonces que Madrid tendría “el gobierno de los mejores”. Quince años después se intuye que se refería al “gobierno de los mejores abogados” porque los dos cargos políticos que, según ella, le salieron rana por su implicación en casos de corrupción, en referencia a Francisco Granados y Alberto López Viejo, conforman ya un extenso criadero del que se alimentan los mejores penalistas de la capital. La lista de exdirigentes del Gobierno de Aguirre y exalcaldes del PP madrileño imputados supera la treintena y sube, día a día, a medida que avanzan las investigaciones.

Los que peor lo tienen son los presuntos líderes de dos organizaciones criminales, la Púnica y la Lezo, que saquearon empresas públicas como Arpegio y el Canal de Isabel II mientras Aguirre miraba para otro lado. Francisco Granados está a la espera de que el Supremo confirme la primera condena de dos años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional por alertar a su amigo David Marjaliza de que la UCO le estaba investigando, e Ignacio González se encuentra cada vez más acorralado, sobre todo a raíz de la confesión del exgerente de Inassa, Diego García Arias, que la semana pasada le señaló como “el jefe de todo” y contó detalladamente el reparto de los cinco millones y medio de euros en comisiones que reportó la compra, esta vez por parte de Inassa, de la brasileña Emissao.

Cristina Cifuentes se presentó como el punto y aparte del PP con su pasado de corrupción pero su imputación por la presunta falsificación de su máster y el hecho de que García Castellón sigue recopilando datos para decidir si la imputa por su participación en las adjudicaciones que la Asamblea de Madrid hizo a Arturo Fernández, donante de la caja B del PP a través de la fundación Fundescam, demuestran que era más de lo mismo.

Esa es la herencia que recibe Ángel Garrido, hace apenas tres años un modesto concejal de distrito con una alocada cuenta de Twitter, para el año que le queda como presidente de la Comunidad de Madrid antes de las próximas elecciones. Ahí es cuando los madrileños tendrán que decidir si ya es suficiente, si el nivel de corrupción aceptable en una institución se ha superado y si ha llegado la hora de abrir las ventanas, limpiar la casa por dentro y obligar a hacer mudanza a los que llevan 23 años en la Puerta del Sol.

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Publicado el
18 de mayo de 2018 - 20:43 h

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