¿Cómo se comporta con los partidos nuestro sistema electoral?

En varios posts publicados en este blog (aquí y aquí) y en algunas de sus contribuciones académicas y divulgativas (aquí y aquí), Alberto Penadés nos ha ido mostrando cómo se comporta el sistema electoral del Congreso de los Diputados con los distintos partidos que han concurrido a las elecciones generales. Aprovechando que el sistema electoral ha vuelto a desplegar sus efectos en las pasadas elecciones generales del 10N (las decimoquintas de la democracia), es un buen momento para comprobar cómo ha tratado el sistema electoral a los principales partidos de ámbito estatal y reflexionar sobre las propuestas de reforma electoral que se vienen planteando en los últimos tiempos.

El gráfico 1 muestra lo que en la literatura sobre sistemas electorales se conoce como “perfil de proporcionalidad” (proportionality profile). El eje horizontal del gráfico representa el porcentaje de votos que reciben los partidos: cuanto más a derecha se sitúe un partido, más votos habrá obtenido. Por su parte, el eje vertical representa la “tasa de ventaja”, es decir, el resultado de dividir el porcentaje de escaños que recibió un partido entre su porcentaje de votos: cuando un partido se situó por encima del 1 en la tasa de ventaja (ilustrada por la línea horizontal de color violeta), dicho partido fue sobrerrepresentado por el sistema electoral; mientras que, si se situó por debajo del 1, resultó infrarrepresentado por el sistema electoral.

Pues bien, el gráfico 1 ilustra cómo, entre 1977 y 2011, existieron dos grupos de partidos de ámbito estatal en función de cómo se comportaba el sistema electoral con ellos. De un lado, los partidos “pequeños”, que obtenían porcentajes de voto habitualmente inferiores al 10%, resultaban sistemáticamente penalizados por el sistema electoral. Sería el caso de partidos como PCE/IU, PSP, AP en un primer momento, CDS o UPyD. De otro lado, encontramos a los partidos “grandes”, que obtenían porcentajes superiores al 25%, y que resultaban sistemáticamente bonificados por el sistema electoral. Era el caso de UCD y PSOE en las primeras elecciones y, desde las elecciones de 1982, del PSOE y AP/PP.

Gráfico 1. Perfil de proporcionalidad: Porcentaje de voto y tasa de ventaja en la representación, 1977-2011.

Como se puede comprobar, durante todo ese tiempo no aparece ningún partido en una franja de voto comprendida, aproximadamente, entre el 10% y el 25% de los votos. En concreto, antes de las elecciones de 2015, ningún partido se había situado entre el 10,8% de los votos que obtuvo el PCE en 1979 y el 26% de los votos que obtuvo AP en 1986. Por lo demás, antes de las elecciones de 2015, y aunque no se sabía con seguridad porque ningún partido había estado allí, podíamos intuir que el umbral de rentabilidad del sistema electoral (el porcentaje a partir del cual un partido resultaba bonificado por el sistema) se situaba en torno al 20% de los votos.

Sin embargo, a partir de las elecciones de 2015 que inician el nuevo ciclo político en España, todos los grandes partidos que compiten en el ámbito nacional (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox) han obtenido resultados dentro de ese terreno electoral hasta entonces inexplorado, por lo que hemos podido conocer con mayor certeza cómo se comporta nuestro sistema electoral con partidos que se mueven dentro de esa franja de voto. También hemos precisado un poco más dónde se sitúa ese umbral de rentabilidad. Donde antes existía una explanada electoral cubierta de nieve virgen, nuestros partidos, ahora “medianos”, han empezado a dejar sus huellas en forma de resultados entre el 10% y el 25% de los votos.

El gráfico 2 trata de responder la siguiente pregunta: ¿dónde se encuentra ese umbral? Pues, en realidad, depende. Podemos, con cifras en torno al 21% tanto en las elecciones de 2015 y 2016, se ha quedado cerca de la representación equilibrada, aunque aún ha resultado ligeramente infrarrepresentado por el sistema electoral. En cambio, el PSOE, con un 22% de los votos en las elecciones de 2015 y 2016, recibió bonificaciones parlamentarias. Otro ejemplo sería el de Ciudadanos, que con cerca del 16% en las elecciones de abril de 2019 consiguió superar el umbral de rentabilidad y ser ligeramente beneficiado por el sistema electoral. Por no hablar del Partido Popular, que en las elecciones de abril de 2019, con algo menos del 17% de los votos, recibió una considerable prima electoral. Por último, Vox, con el 15,1% de los votos en estas últimas elecciones de noviembre de 2019, ha acariciado el umbral de la rentabilidad, aunque aún se ha situado ligeramente por debajo.

Gráfico 2. Perfil de proporcionalidad: Porcentaje de voto y tasa de ventaja en la representación, 2015-2019.

De modo que lo que podemos afirmar hasta el momento es que ningún partido con resultados por debajo del 15,5% se ha visto nunca favorecido por el sistema electoral. Pero algunos sí han llegado a superar el umbral de rentabilidad con cifras por encima del 15,5% y debajo del 17% (PP y Cs en abril de 2019, con el 16,7% y el 15,9% de los votos, respectivamente). Por tanto, el umbral de rentabilidad, en función de los partidos, se sitúa aproximadamente entre el 15% y algo más del 20% de los votos, por lo que podemos afirmar que el sistema electoral es algo más proporcional de lo que se pensaba hace unos años. Es decir, nuestro sistema electoral suele castigar a los partidos con menos del 20% de los votos (aunque existen excepciones); es cruel cuando el porcentaje es inferior al 15,5% (todos los partidos por debajo de ese porcentaje de votos se han visto perjudicados por el sistema electoral); y es un auténtico carnicero cuando los partidos descienden por debajo del 10%, tal y como ha comprobado Ciudadanos en estas últimas elecciones. 

¿Es necesaria la reforma de nuestro sistema electoral?

Desde tiempos inmemoriales hay quienes quieren reformar nuestro sistema electoral a toda costa. Para muchos, nuestro sistema electoral sería una de las principales instituciones responsables de los problemas de nuestro sistema político. Sin embargo, encontramos propuestas de reforma que apuntan en direcciones opuestas. De un lado, están el grupo de propuestas que cobraron especial fuerza al calor de las demandas de regeneración democrática del 15-M y que abogan por profundizar la proporcionalidad del sistema. De otro lado, el reciente panorama de bloqueo político al que asistimos desde las elecciones de 2015 ha originado un nuevo grupo de propuestas, que abogan al contrario por introducir elementos restrictivos o mayoritarios, como son las barreras electorales o los premios de mayoría.

A nuestro modo de ver, no son convenientes en estos momentos ni unas ni otras. La elevada fragmentación que padecemos desaconseja por completo el aumento de la proporcionalidad del sistema, pues ello podría incrementar -o cuando menos consolidar- la atomización del espectro parlamentario, lo que podría cronificar las dificultades en la formación de gobierno y los problemas de estabilidad de los ejecutivos. Tampoco conviene, a nuestro juicio, introducir elementos que aumenten la desproporcionalidad del sistema. Es más, ¿acaso no incorpora ya nuestro sistema “barreras” y “premios de mayoría”? Respecto a las barreras, ¿cómo podemos calificar si no a los elevados umbrales efectivos que poseen la mayor parte de las circunscripciones, en las que los partidos deben rebasar el 10% de los votos para tener opciones de obtener algún escaño? Y con relación a los “premios de mayoría”, ¿cómo debemos considerar la bonificación sistemática que reciben los dos primeros partidos, y en especial el partido más votado, si no como una prima sutil que concede el sistema electoral y que facilita la construcción de mayorías parlamentarias? Algo que, por cierto, nuestro sistema electoral hace de forma mucho menos burda que los premios de mayoría que se han ensayado en países como Grecia o Italia.

Existe margen para la mejora de nuestro sistema electoral, sin duda. En nuestra opinión, conviene enmendar aspectos como la desigualdad del voto entre ciudadanos de distintas provincias; introducir mecanismos de voto preferencial que resten poder a las cúpulas de los partidos y caminen hacia la personalización de nuestras reglas electorales; o, en otro orden de cosas, suprimir el mecanismo del voto rogado que ha deprimido de forma absolutamente lamentable la participación del colectivo de españoles residentes en el extranjero.

Sin embargo, en estos momentos, los pilares centrales del sistema electoral conviene que sean mantenidos. Quienes enfatizan el funcionamiento defectuoso de nuestro sistema electoral exageran sus vicios e ignoran sus virtudes. La crítica fundamental a nuestro sistema electoral apunta a la abultada desproporcionalidad de sus resultados. Pero ni es equiparable a la desproporcionalidad que exhiben los sistemas mayoritarios ni, como se puede comprobar en el gráfico 3 que muestra la evolución de la desproporcionalidad agregada, es tan acusada hoy en día como lo era al inicio de la democracia.

Gráfico 3. Desproporcionalidad agregada del sistema electoral

Entre sus virtudes, el sistema electoral ha propiciado mayorías parlamentarias sólidas (hasta en cuatro ocasiones ha 'manufacturado' mayorías parlamentarias), lo que a su vez ha contribuido a la formación de gobiernos estables y duraderos. Y ello, sin merma de la correspondiente representación de partidos de ámbito no estatal (nacionalistas y regionalistas) cuya fuerza electoral se encuentra concentrada en determinados territorios. También ha permitido que se haya producido la alternancia hasta en cinco ocasiones, la primera de ellas en 1982, lo que sin duda ha favorecido la consolidación de nuestra democracia. Además, nuestro sistema electoral ha posibilitado la evolución de nuestro sistema de partidos: desde un pluralismo moderado en las dos primeras elecciones, pasando por un sistema de partido predominante en la década de los ochenta, más de dos décadas de bipartidismo imperfecto y, más recientemente, está dando lugar a otro formato multipartidista, que podríamos calificar de 'bipolarismo fragmentado' o 'bibloquismo polarizado'. Dicho de otro modo, nuestras reglas electorales no han supuesto un obstáculo para que los cambios sociales y políticos se hayan reflejado en el parlamento.

En suma: “if it ain't broke, don't fix it”.