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Los negocios del rey emérito, preguntas sobre RTVE, Iglesias y el CNI... el registro del Congreso sigue abierto

El Congreso ha suspendido el control al Gobierno y centra su actividad en lo relativo a la pandemia, pero los grupos siguen presentando otras iniciativas en el registro, que permanece abierto   

Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados restringe al mínimo su actividad Foto: Europa Press

El recrudecimiento de la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país ha obligado al Congreso a paralizar su actividad habitual y a centrarse casi en exclusiva en las medidas para hacer frente a la pandemia. Pese a ello, el registro de la Cámara sigue abierto para que los diputados puedan continuar presentando iniciativas y preguntas por escrito dirigidas al Gobierno, aunque en estos momentos es difícil que las respuestas lleguen en los plazos que establece el reglamento: 20 días con una prórroga de otros 20. Varios grupos de la oposición ya han registrado diversas iniciativas. Y no todo lo han centrado en la Covid-19. 

Desde mediados de marzo la Cámara solo ha celebrado dos Plenos en los que ha comparecido Pedro Sánchez para buscar apoyo a sus decretos sobre el estado de alarma y a sus medidas de choque contra la Covid-19 -a los que solo acuden presencialmente los portavoces de los grupos-, y varias comparecencias del ministro Salvador Illa en la comisión de Sanidad, en la que a partir de ahora va a dar cuenta semanalmente de la gestión de su departamento.

PP y Vox han reclamado a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que se celebren las sesiones de control al Gobierno de los miércoles y que también las demás comisiones sigan trabajando en las proposiciones de ley y no de ley que estaban ya en trámite. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido que todo el trabajo parlamentario puede seguir celebrándose de forma telemática, igual que se realizan las votaciones en los plenos, se celebran los Consejos de Ministros o las reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos y los líderes de los partidos durante la cuarentena. Los socialistas se han escudado en que el Gobierno ya ofrece diariamente ruedas de prensa para dar detalles de la evolución de la pandemia.  

El PP apoyó en un principio que el Congreso no celebrara su actividad normalmente tras conocerse que varios diputados estaban contagiados por coronavirus, pero su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, se desmarcó de la cúpula de su partido y sentenció: "La democracia no se pone nunca en cuarentena. Es impensable, inasumible e inaceptable. Los Parlamentos no se cierran ni en guerra". Las críticas de Pablo Casado han ido in crescendo. 

Por su parte, Vox acusa al Gobierno de "secuestrar la institución" durante el estado de alarma y reclama la dimisión de todo el Ejecutivo. La formación de extrema derecha incluso presentó un recurso ante la Mesa contra el parón de la actividad parlamentaria, un paso previo para después llevar el caso ante el Tribunal Constitucional, según han anunciado. "El Congreso está secuestrado. Se está impidiendo que Vox denuncie ante el Constitucional la mordaza a la oposición", aseguró nada más comenzar la semana la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona.

La nueva andanada llegaba después de que Batet decidiera, con el apoyo de la mayoría de la Mesa y la Junta de Portavoces, restringir al mínimo el trabajo parlamentario. En un comunicado subido a la web del Congreso, la presidenta de la Cámara explica que, salvo los Plenos monográficos sobre el coronavirus, "las sesiones de las Comisiones pospondrán en lo posible sus trabajos sin perjuicio de las actuaciones urgentes y en especial de las vinculadas a la crisis, señaladamente mediante las reuniones de la Comisión de Sanidad y Consumo". La razón esgrimida ha sido para "reducir al máximo la presencia de personal en las instalaciones del Congreso y los riesgos sanitarios consiguientes".

"Mienten", insistió la diputada de extrema derecha, que acusó al Gobierno de dar  "solo el visto bueno" a lo que consideraba oportuno "unilateralmente". "Esto es un golpe institucional. El Congreso se ha cerrado y el Gobierno es el único que tiene la llave para abrirlo", sentenció Olona.

Aunque el registro del Congreso se ha inundado de iniciativas con medidas para combatir el Covi-19, algunos grupos han encontrado motivos para presentar otras propuestas.

Uno de los asuntos que ha centrado el interés de varios de ellos son los negocios supuestamente ilícitos del rey emérito, Juan Carlos, padre de Felipe VI, el jefe del Estado. ERC, JxCat, CUP, Bildu; BNG, PNV, Más País y Compromís -sin la firma esta vez de Unidas Podemos que ha preferido no involucrarse en esa ofensiva al estar ahora en el Gobierno- han solicitado en dos ocasiones la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso para que se conozcan "las adjudicaciones de contratos, el presunto blanqueo de capitales, las cuentas irregulares de la Familia Real en paraísos fiscales" y para saber si entre los beneficiarios de su fortuna de dudosa legalidad estaba el actual jefe del Estado. La Mesa ha tumbado en ambos casos la tramitación de las propuestas.

El grupo de Gabriel Rufián ha sido el más activo con este tema y también ha pedido a la Agencia Tributaria que actúe de oficio e investigue el patrimonio de la familia real por las noticias que aparecieron sobre esa herencia que el rey emérito ha legado a su hijo Felipe cifrada en cerca de 100 millones que supuestamente recibió como comisiones de Arabia Saudí.

Poco después, ERC y Bildu registraron en el Senado dos proposiciones de ley (PL): una para "retirar del Código Penal el delito de calumnias e injurias al rey", y otra para que la Casa Real sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, algo que no ocurre ahora.

A finales de marzo, ERC se apoyó nuevamente en Bildu para presentar una batería de preguntas sobre la denuncia que la Guardia Civil había presentado contra un ciudadano de Manresa por negarse a hablar en castellano después de ser requerido a ello por los agentes. 

Ese episodio también ha dado origen a que JxCat registre por escrito una pregunta al Ejecutivo. Los nacionalistas catalanes, además, presentaron a otra para que el Gobierno les explique "la contratación de estudiantes catalanes de medicina para que se incorporen a trabajar en hospitales madrileños", una decisión que ha sorprendido a la portavoz en Congreso y exconsellera de Cultura, Laura Borràs.

El PP y la "campaña de blanqueo" de TVE al Gobierno  

El PP, por su parte, además de decenas de propuestas sobre el Covid19 , registró el pasado 22 de marzo una batería de preguntas escritas sobre la cobertura que RTVE dio a la cacerolada que se organizó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La portavoz adjunta del grupo, Macarena Montesinos, acusó al ente público de "pasar de puntillas" sobre el asunto y de dedicarle "solo unos segundos" en los informativos de la cadena pública. Los de Casado denuncian que en RTVE hay "una campaña de blanqueo sobre la pasividad, ineficacia e improvisación del Gobierno con el fin de "ocultar cualquier crítica cuando hay un clamor popular de indignación".

Vox no se ha quedado atrás y ha presentado cientos de preguntas escritas en estas tres últimas semanas, en su mayoría referidas directa o indirectamente a la crisis sanitaria. Entre ellas, varias acusando a Sánchez de haber permitido la  celebración la manifestación feminista del 8M, una de las causas, en opinión de los de Abascal y los de Casado de que se desataran los contagios. La extrema derecha pregunta  por qué no se suspendió la concentración y "si el Gobierno sabía de antemano la gravedad de la pandemia" y pese a ello no tomó medidas mientras Pedro Sánchez ordenaba "desinfectar los coches oficiales".  

El partido de Abascal ha pedido también al Gobierno que explique si "la inclusión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia del CNI es motivo de extraordinaria y urgente necesidad como para modificar la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia por medio de un Real Decreto-ley". El Gobierno aprovechó el decreto de alarma para cambiar esa ley y permitir que Iglesias e Iván Redondo puedan formar parte de la comisión que controla el CNI. 

Otra de sus preguntas está dirigida a saber la "relación entre los inmigrantes que saltan la valla en Ceuta y Melilla y el elevado número de retornados a Marruecos desde el Estado Islámico (EI)".

La formación de extrema derecha, que acusa al Gobierno de "gestión criminal", ha pedido que dimitan Sánchez e Iglesias y se forme un nuevo Gobierno de "emergencia nacional" que defienda "la vida y el empleo de los españoles". Ese Ejecutivo de técnico y expertos estaría apoyado por PSOE, PP y Vox, según Abascal. 

La idea no ha sido secundada ni por el PP. Pero sobre la mesa si ha quedado la oferta del presidente del Gobierno de reeditar un acuerdo entre todos los partidos y agentes sociales, similar al de los Pactos de la Moncloa que se impulsaron en la Transición, para salir de la crisis sanitaria. El único dirigente que no ha cogido el teléfono a Sánchez este fin de semana ha sido Abascal que ha esgrimido para ello "diez razones", entre ellas, que lo que quiere es que Sánchez se vaya pero "pague antes la nómina a todos los españoles". El dirigente de extrema derecha ha vuelto además a responsabilizarle de la "muerte de más de 11.000 personas" por el Covid19.

La última proposición No de Ley (PNL) que ha registrado Vox en el Congreso ha sido sobre "la custodia de los menores y el régimen de visitas durante el Estado de Alarma" dadas "las dificultades para encajar jurídicamente las sentencias judiciales particulares y el Real Decreto". Los parlamentarios de Vox instan al Gobierno a que "elabore una Instrucción dirigida a todos los progenitores –divorciados o separados– que tengan hijos bajo su guarda y custodia, así como a los tutores que se encuentren en análoga situación, en el que se regule el régimen respecto de los menores o tutelados durante el tiempo de vigencia del estado de alarma".

El PNV y Ciudadanos, cuya portavoz, Inés Arrimadas no ha parado de enviar documentos con sus propuestas a Sánchez,  se han centrado principalmente en pedir que se tramiten como Proposiciones de Ley varias de las medidas de los decretos sobre la pandemia presentados por el Gobierno. Así sucederá con el decreto ley que modifica el despido objetivo por enfermedad y el de la emergencia por el conflicto agrario. El Congreso los avaló, pero ahora están sujetos a cambios en el Parlamento. 

Unidas Podemos, al formar parte ahora del Gobierno, se ha volcado en defender la actuación del Ejecutivo frente a la crisis sanitaria. Aunque los parlamentarios apoyaron la cacerolada ciudadana contra el monarca, no se sumaron a la petición de abrir una Comisión de Investigación en la Cámara sobre las finanzas de la familia real, que sí apoyaron los demás 'socios' de Sánchez. 

Este jueves la formación de Iglesias anunciaba que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por "un vídeo manipulado, difundido en las redes sociales por la extrema derecha en el que se acusa al Gobierno de España de rechazar material contra el coronavirus, comprar productos defectuosos y tener desabastecido al país de equipos para los sanitarios en la actual emergencia por el coronavirus", según explicaban en un comunicado. Unidas Podemos señala que "entre quienes propagaron el bulo figura un subinspector de Policía que fue candidato de Vox a la Asamblea de Madrid".

Vox no renuncia a las dietas durante el confinamiento

La parálisis del trabajo parlamentario y el confinamiento que sufren también los parlamentarios -solo un puñado han acudido a los plenos- ha suscitado otro debate paralelo: si los diputados y senadores deben seguir cobrando los complementos para gastos derivados de sus desplazamientos a las Cámaras, consistente en 917,03 euros si son electos por Madrid, o de 1.921,20 si son por otras circunscripciones. Estas partidas extras, libres de impuestos, suelen destinarse a pagar alojamiento y comidas en la capital. Algunas iniciativas ciudadanas ya estaban hace días recogiendo firmas a través de Change.org para que renunciaran a ellas. En total, cada mes el Congreso dedica a estas dietas extras un total de 635.265,71 euros y el Senado otros 505.650,64 euros.

El primer diputado en anunciar que renuncia a estas dietas ha sido el socialista Odón Elorza, ex alcalde de San Sebastián.

Poco después le ha seguido todo el Grupo Socialista, que anunciaba que todos sus parlamentarios donarán parte de las nóminas que perciben para la compra de material sanitario y para las entidades que consideren de mayor interés para luchar contra el Covid-19. También lo han hecho los socialistas en algunos parlamentos autonómicos, como en la Comunidad Valenciana. 

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se mostró el lunes pasado favorable a que se retiraran esas asignaciones complementarias mientras dure la cuarentena y no acudan a trabajar presencialmente a las Cámaras. Este jueves, anunciaba que sus diputados y senadores donarán "parte de sus retribuciones para luchar contra el Covid-19".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunciaba poco después a través de su cuenta de Twitter que el partido ha creado "un fondo" para que "todos" sus cargos públicos donen "parte de su sueldo" a la lucha contra el coronavirus.

EH Bildu también ha solicitado formalmente a la Mesa del Congreso que reduzca el sueldo de los diputados ahora que la actividad parlamentaria está prácticamente paralizada por la pandemia del coronavirus. Por su parte, los diputados y senadores de Unidas Podemos donan ya parte de su sueldo al partido o a ONGs. 

El único partido que no apoya la medida ha sido Vox, que se ha desmarcado pese a que siempre se ha mostrado en contra de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos. El portavoz del grupo, Iván Espinosa de los Monteros, señaló que "hay que entender que esos pagos se usan para pagar el alquiler y ese alquiler se sigue pagando durante este periodo", y recordó que su partido hace 'crowdfunding' para recaudar fondos para ayudar a paliar la pandemia.

Ante las críticas que suscitaron sus  declaraciones, Abascal salió a explicar en Twitter que los grupos parlamentario donan hace tiempo parte de las subvenciones que reciben. De paso, acusó a la mayoría de los periodistas de ser "lacayos del Gobierno", de "manipular" y de "silenciar" a Vox.  

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