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El juez de Gürtel se considera "sancionado encubiertamente" después de que el CGPJ le impida la reincorporación a su plaza

El Poder Judicial rechaza la vuelta del juez de Gürtel a la Audiencia Nacional por no acreditar su cese en La Haya

El magistrado ha publicado un comunicado denunciando la decisión que frena sus aspiraciones de formar parte del Poder Judicial

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El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.

El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. Marta Jara

José Ricardo de Prada ha emitido un comunicado después de que el Poder Judicial rechazase su solicitud de reincoporarse a su plaza  en España  para poder optar a un puesto en el propio Consejo General del Poder Judicial. De Prada está designado en la actualidad en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que juzga al exlíder serbiobosnio, Radovan Karadzic, por los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia desde principios de los años 90. 

A pesar de sus responsabilidades en La Haya, el magistrado ha solicitado el reingreso a su plaza en España, con la intención de optar al proceso abierto para la renovación de la cúpula que gobierna a los jueces españoles (CGPJ). El propio organismo en el que De Prada pretende ingresar es el que le ha negado el vehículo para hacerlo.

El Poder Judicial argumenta que el magistrado no ha causado baja en La Haya, por lo que no se le puede reincorporar a su puesto en la Audiencia Nacional. Solo los jueces en activo están habilitados para optar a los puestos en el órgano de gobierno de los jueces. De Prada no estaría en esa situación, según la decisión adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

En su nota a los medios de comunicación, el magistrado que sentó a Rajoy ante el tribunal de Gürtel asegura sentirse "sancionado encubiertamente". Este es el contenido íntegro de su comunicado: 

Comunicado de José Ricardo de Prada

Primero.- En primer lugar debo manifestar, por razones de pura responsabilidad ético profesional, institucional y de respeto a los compromisos del Estado español con Naciones Unidas y con la Justicia Penal Internacional, mi imposibilidad de renunciar al Tribunal Penal Internacional al que pertenezco desde el año 2011 (Mecanismo Residual para los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas -IRMCT-) y al Tribunal que conoce de la sentencia de apelación del caso contra Radovan Karadzic, que se encuentra en la última fase de la elaboración, lo que implicaría gravísimas e irreparables consecuencias para el funcionamiento de ese Tribunal de Naciones Unidas.

Segundo.- Aunque, como manifesté por escrito ante el CGPJ, ya no es necesaria mi presencia física en la sede del Mecanismo (IRMCT) en la Haya, algunos miembros del CGPJ, en la decisión adoptada por la mayoría de su Comisión Permanente en el día de la fecha, han considerado que mi no renuncia al Tribunal Internacional era la oportunidad para impedir mi reingreso como magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Tal decisión impide, además, que pueda presentar mi candidatura por el turno judicial a la renovación del CGPJ, socavándose con ello mi derecho de libre acceso a cargos públicos

Tercero. - Con ello, igualmente, se me está sancionando encubiertamente con la expulsión de la carrera judicial durante un número indeterminado de meses, socavando mi derecho a la inamovilidad judicial como garantía implícita necesaria de la independencia judicial.

Cuarto.- Por último, quiero dejar constancia de que a mi juicio se produce una lamentable situación de desentendimiento por parte del CGPJ de las obligaciones internacionales del Estado español para con los compromisos internacionales de colaboración con los Tribunales penales internacionales, afectando negativamente a la acción exterior del Estado, cuya dirección le compete en exclusiva al Gobierno; yendo directamente en contra de  los compromisos de máxima colaboración adoptados por España con el propio IRMCT, entre ellos con ocasión de la visita de su Presidente a la sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la pertenencia de España a dicho Consejo de Seguridad.

 

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