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Las maniobras para controlar el PP en los territorios y la absorción de Ciudadanos enfrentan a García Egea con los barones

Teodoro García Egea, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, el pasado martes.

Iñigo Aduriz

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El número dos de Pablo Casado, el poderoso secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, no deja de acumular enemigos internos por sus prácticas que algunos dirigentes territoriales y cargos populares tachan de “autoritarias”. Estas nuevas voces se suman a las críticas que viene recibiendo en los últimos dos años y medio –desde su designación en el cargo– por las fallidas estrategias de campaña en un contexto en que el PP viene acumulando derrotas desde 2018.

El secretario general fue el encargado de comandar la operación para convencer a los tránsfugas de Murcia para hacer descarrilar la moción de censura contra el presidente popular, Fernando López Miras, que ya generó suspicacias internas. Y esta última semana, los movimientos internos de García Egea le han enfrentado, por distintas razones, con tres barones de peso que, además, tienen responsabilidades institucionales: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Tratando de apaciguar esas batallas orgánicas, García Egea viajó este sábado a estos dos últimos territorios. Estuvo en Sevilla y Valladolid, donde el PP celebró sus congresos provinciales.

La novedad es Madrid, ya que las tiranteces de Génova con Moreno Bonilla y Mañueco vienen de muy atrás. Aunque fuentes oficiales insisten en recalcar la “buena relación” entre Ayuso y la dirección de Casado –que fue quien en 2019 colocó para sorpresa de muchos a la hoy presidenta a dedo como candidata en Madrid y a quien el líder del PP siempre cita como ejemplo de gestión y de lo que él haría en el caso de llegar a la Moncloa–, el fichaje del exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó para las elecciones del próximo 4 de mayo enfrentó el miércoles a la dirigente madrileña con García Egea, principal urdidor de esa polémica incorporación. La de Cantó es la última deserción de Ciudadanos y se enmarca en el proceso de opa hostil contra el partido de Inés Arrimadas lanzado por Génova 13 para intentar absorber en el PP a los restos de la formación autodenominada “liberal”, que vive una crisis interna sin precedentes con continuas salidas a raíz del giro al centro de los últimos meses.

Los populares madrileños aseguraron que el de Cantó fue un fichaje ordenado “desde arriba”, en alusión a la dirección de Casado, y que se produjo sin que la propia Ayuso, candidata a la Presidencia y número uno de la lista en la que irá el exdirigente de Ciudadanos, hubiera dado su aprobación final. Esta descoordinación provocó la paradoja de que mientras el miércoles el entorno de la presidenta desmentía la incorporación de Cantó a la lista, a última hora de ese día Génova 13 envió un mensaje a los medios de comunicación felicitándose por el fichaje del valenciano, que causó desconcierto en las filas populares sobre todo porque en los últimos años el propio Cantó, desde UPyD primero y desde Ciudadanos después, no escatimó nunca sus ataques directos contra el PP, con acusaciones de corrupción y descalificaciones dirigidas contra el propio Casado o incluso a Díaz Ayuso.

Ella se resistió a confirmarlo como parte de la lista que encabezará para el 4M hasta dos días después, a última hora del viernes, cuando cedió ante la dirección del PP. Entonces, la presidenta madrileña aseguró que el fichaje estrella de Génova para la lista de los comicios madrileños ocuparía finalmente la quinta posición de su candidatura, por encima de algunos consejeros, pese a que horas antes había asegurado que quería que estos ocuparan los primeros puestos de la candidatura de las posiciones 2 a la 8. En un tuit en el que explicó las razones por las que se había colocado a cada uno de los integrantes de la lista, la presidenta madrileña identificó a Cantó con la palabra “integración”.

Las negociaciones con Toni Cantó

En las filas del PP existe cierto temor a que Cantó no pueda incorporarse oficialmente a las listas, ya que sigue figurando en el censo de su ciudad natal, Valencia, y se empadronó en Madrid hace apenas “unos días”, según él mismo declaró este jueves en varias entrevistas televisivas. La ley electoral madrileña establece que para poder ser candidato en Madrid debía estar empadronado en la región antes de la convocatoria electoral, algo que no habría sucedido.

Frente a las reticencias del equipo de Ayuso, el núcleo duro de Casado –que en sus argumentarios internos defiende que “con la incorporación de Cantó”, el partido “se hace más grande”– asegura que el actor cumpliría con los requisitos para poder ser candidato en función del artículo 4 de la legislación electoral madrileña, que establece que los candidatos que no estén en las listas del censo electoral vigente podrán serlo siempre y cuando acrediten, “de modo fehaciente”, que reúnen “todas las condiciones exigidas para serlo”. Es el artículo al que se acoge el PP para defender que Cantó será candidato. Aluden a la “vecindad administrativa” defendiendo que el exdirigente de Ciudadanos tiene casa en Madrid, además de familiares.

La operación Cantó fue responsabilidad de Teodoro García Egea, que, siempre según fuentes populares, habría actuado a espaldas de Ayuso, algo que niega Génova 13, que asegura que “la confección de la candidatura” en Madrid fue “fruto de la coordinación entre la dirección nacional y Ayuso” y que remarca que “la interlocución entre Casado y Ayuso es muy fluida”. Dirigentes del PP sostienen, en cambio, que Ayuso intentó dar marcha atrás después de haber aceptado el nombre de Cantó.

García Egea habría negociado con Cantó el número 3 de la lista, algo en lo que no estuvo inicialmente de acuerdo la presidenta. De hecho, Ayuso dijo en público horas antes de conocerse el fichaje de Cantó que los primeros nombres de la lista los ocuparían sus siete consejeros, además de la secretaria general del partido en Madrid, Ana Camins, y el director de campaña de la candidata y hasta ahora portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano. Eso eran un total de diez. El viernes rectificó y aceptó a Cantó como número 5.

Guerra total con Andalucía

Los enfrentamientos de García Egea con Moreno Bonilla y Fernández Mañueco tienen que ver, en cambio, con el intento de la dirección de Casado de controlar los congresos provinciales que el PP está celebrando desde hace unas semanas en toda España con el fin de colocar al frente de los territorios a dirigentes afines a Génova 13. La dirección del Partido Popular de Andalucía se siente víctima de una “inexplicable lucha de poder orgánico” ante las maniobras que atribuye al secretario general nacional para tratar de hacerse con el control de los populares andaluces, que se escenificaron en los congresos celebrados en Málaga –a principios de mes– y en Sevilla –este sábado–.

El choque más importante se ha producido en esta última provincia, donde el sábado fue proclamada presidenta del PP de Sevilla Virginia Pérez, la candidata respaldada por Casado y García Egea, que la semana anterior se había impuesto en la votación interna al alcalde de Carmona, Juan Ávila, apoyado por la dirección de Moreno Bonilla. El enfrentamiento y las diferencias entre ambas direcciones durante el proceso, con acusaciones de irregularidades, hicieron finalmente que este sábado el presidente de la Junta plantara al equipo de Casado en el congreso provincial que se improvisó en cuestión de horas y al que sí asistieron García Egea y el vicesecretario de Comunicación estatal, Pablo Montesinos.

Aunque en la votación de la militancia la victoria de Pérez fue contundente (logró más del 60% de los votos de los militantes), el proceso agudizó el enfrentamiento entre Génova 13 y el PP andaluz por la anulación de las mesas electorales en Carmona –la localidad de su rival–, Alcalá de Guadaíra y Lora del Río, por registrar en las urnas 203 votos más que los electores inscritos en el censo. La candidatura de Ávila sostiene que esos votos de más se produjeron por una falta de actualización del censo del que culpa a la dirección nacional del PP –algo que niega el equipo de Casado–, y amenaza con llevar el caso ante los tribunales.

En un mensaje enviado a los miembros de su candidatura, Ávila señaló el mismo sábado que que ejercerá “todas la iniciativas legales necesarias para defender los derechos de los afiliados del PP de Sevilla”, ya que considera que “han sido vulnerados reiteradamente a lo largo de todo el proceso congresual”. Asimismo, y en señal de protesta por lo ocurrido, aseguró que ni él ni los integrantes de su equipo asistirían al congreso del sábado, en el que Moreno Bonilla relegó su representación en su número dos en el PP de Andalucía, Loles López. Ávila denunció además que “cualquier intento de acuerdo ha sido torpedeado por la otra candidatura, que ha demostrado no buscar en modo alguno el consenso, sino la ruptura del partido en Sevilla con tal de mantener sus cargos y sillones”. “No existe ninguna voluntad de entendimiento por parte de Virginia Pérez, que ha ido rechazando cada posibilidad de acuerdo”, insistió.

Por ello, a su juicio este sábado el PP de Sevilla no eligió presidente ni ejecutiva, algo que, en realidad, sí sucedió oficialmente. “Tan solo busca consumar un proceso fraudulento que no representa a nuestro partido ni a sus afiliados”, zanjó.

Negociación in extremis para Sevilla

Ambas candidaturas estuvieron negociado una salida al conflicto hasta las horas previas a la celebración del congreso, con la intermediación de Génova y la dirección de Andalucía, que querían lanzar un cierto imagen de unidad que al final no fue posible, escenificándose la ruptura total con el plante de Moreno Bonilla. La última propuesta que se negoció preveía que Juan Ávila ocupase una vicepresidencia en la ejecutiva presidida por Virginia Pérez, aunque la cuestión radicaba en las atribuciones del puesto. Hasta ahora. el PP sevillano contaba con dos vicepresidencias (las que desempeñaban Alberto Díaz y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo) de carácter meramente simbólico, de ahí que Ávila reclamase funciones reales y ejecutivas para aceptar la propuesta.

En ese complicado contexto, García Egea reclamó este sábado a los populares sevillanos “trabajo, unidad y constancia”, subrayando que “todos tienen que estar en este equipo hayan estado donde hayan estado antes”. “Os volcáis para que el PP crezca. Pido que me nombréis hijo adoptivo del PP de Sevilla porque me vais tener mucho por aquí a partir de ahora”, advirtió el número dos de Casado, consciente de las dificultades internas. A Pérez, que en el cónclave fue ratificada como presidenta con el 93% de los votos –hay que tener en cuenta que no estuvo presente la facción enfrentada con ella y respaldada por Moreno Bonilla– García Egea le pedía “un solo espíritu en el PP”.

“Sé que has de hablar con todos y solo hay ahora una lista, un equipo y una presidenta y todos tienen que estar en tu equipo hayan estado donde hayan estado antes. A quien llegue no se ha de preguntar dónde ha estado sino cuándo va a volver. Virgina, estoy seguro de que convencerás al siete por ciento que se te resiste para llegar al cien por cien de los apoyos”, le dijo el secretario general nacional a la presidenta sevillana, dejando claro que ahora se inicia “una nueva etapa y los nombres del equipo de Pérez aúna el saber hacer más la fuerza de los más jóvenes”.

El primer choque oficial entre los populares andaluces y la dirección nacional del PP se escenificó a principios de mes durante el congreso del partido en Málaga, aunque las desconfianzas quedaron en evidencia una semana antes, cuando la vicesecretaria de Organización de Casado, Ana Beltrán, envió una circular a las direcciones autonómicas recordando que los estatutos no permiten compatibilizar puestos “de representación institucional” en gobiernos locales, provinciales o autonómicos con cargos de presidente o secretario general del partido.

Esta consigna afectaba directamente al actual consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que era el candidato de Moreno Bonilla para liderar el PP de Málaga. No obstante, desde el equipo de Casado aseguran haber hecho una “excepción” para permitirle presidir la potente delegación malagueña –una de las más importantes del país por número de afiliados–, por lo que Bendodo fue nombrado durante el Congreso provincial presidente del PP de Málaga de forma oficial, ya que no se presentó ningún otro candidato.

La incompatibilidad de cargos

El conflicto con Génova 13 lo generó el propio Bendodo cuando, durante su discurso, anunció que entre sus planes estaba nombrar como secretaria general de los populares malagueños a Patricia Navarro, actual delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga. Entre el público que le escuchaba estaban la propia Ana Beltrán y el vicesecretario de Comunicación a nivel nacional, el también malagueño Pablo Montesinos, a quienes no gustó nada el anuncio del recién elegido líder del PP en Málaga por incumplir lo referido a la incompatibilidad de cargos, por lo que desde la dirección de Casado aseguraron que no aceptarán la designación de Navarro como 'número dos' de Bendodo a nivel provincial.

“Una excepción no puede ser la regla”, explicó entonces Génova 13, que sostuvo que la dirección nacional “necesita un partido a tiempo completo” y recordó que es “incompatible” su cargo como delegada de la Junta con ser la secretaria general del PP de Málaga. “Se trata de cumplir las normas”, añadieron, sin dar más detalles sobre por qué lo que permitieronn para Bendodo no lo permiten para Navarro. El conflicto permanece abierto tres semanas después del congreso. En Almería, Huelva y Cádiz también hay fricciones entre Génova 13 y el equipo de Moreno Bonilla.

En Castilla y León el principal conflicto entre la Secretaría General de Teodoro García Egea y la dirección autonómica del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, se ha dado en el PP de Valladolid, en la misma semana en la que el propio Casado viajó a la capital regional para respaldar a Mañueco tras fracasar la moción de censura presentada contra él por el PSOE, y que decayó el lunes por falta de apoyos.

El choque se produjo por el empeño de los populares castellanos y leoneses de mantener la fecha del Congreso Provincial para elegir a su nuevo presidente, Conrado Íscar –el único candidato, refrendado con el 94% del apoyo del PP vallisoletano–, este sábado, a pesar de la negativa inicial de la dirección nacional que, en una misiva de la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, indicó esta semana a la Comisión Organizadora del XV Congreso Provincial que se suspendía el cónclave. El argumento esgrimido por el equipo de Casado fue que al congreso no podía asistir el presidente saliente, Jesús Julio Carnero, que permanece en la UCI por COVID-19.

Rumores sobre la continuidad de Mañueco

El congreso estaba previsto para el pasado 6 de marzo y se trasladó a este sábado a solicitud del PP de Valladolid debido a que Carnero estaba ingresado en estado grave. Según precisó Beltrán, no resultaba “oportuno ni adecuado” celebrarlo este sábado porque Carnero está mejorando y consideró que debía ser él, cuando estuviera completamente restablecido, quien debía “decidir su participación o no”. Así, tras una consulta a los servicios jurídicos del PP, y para garantizar “unas condiciones de participación justas y transparentes”, descartó un segundo aplazamiento.

La decisión se justificó por los propios estatutos del partido, que impide que los actos no ejecutados “puedan prorrogarse reiteradamente”. La segunda prórroga la había solicitado el comité organizador provincial el pasado 18 de marzo, para anular esa fecha del 27 de marzo propuesta en la primera prórroga, si bien dejó sin efecto la comunicación y aseguró que el congreso se celebraría el sábado, como finalmente sucedió después de que Génova 13 diera marcha atrás y aceptara la fecha propuesta por la dirección regional. El cónclave también lo cerró García Egea, que pidió un PP “fuerte y unido”.

En este conflicto entre el equipo de Casado y el de Mañueco sobrevoló en todo momento el creciente runrún interno acerca de una supuesta intención de Génova 13 y, en concreto, del propio Teodoro García Egea, de iniciar un proceso de sucesión al frente del partido en Castilla y León para expulsar al actual presidente regional, considerado de un sector más moderado que el de la dirección nacional del PP, a pesar del apoyo explícito que le dio Casado el lunes, una vez fracasada la moción de censura en su contra.

La intención del 'número dos' del PP que verbalizan en privado dirigentes consultados por este diario, y que fue adelantada el 1 de marzo por el diario El Mundo –pero que niegan las fuentes oficiales y el propio Casado–, sería colocar a un dirigente más alineado con las tesis de Casado, que a raíz del terremoto político generado por las mociones de censura en Murcia y Castilla y León, además de por el adelanto electoral en Madrid, vuelve a defender un discurso cercano a Vox y no descarta lograr nuevos acuerdos con la extrema derecha para poder mantener el Ejecutivo de Díaz Ayuso. Las últimas encuestas auguran que ese entendimiento –del que también reniegan otros barones de peso, como el gallego Alberto Núñez Feijóo– sería imprescindible para que el PP siguiera al frente del Gobierno madrileño.

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