Justo cuando se cumple un mes del inicio de la huelga indefinida de las educadoras infantiles en la Comunidad de Madrid y después de que el paro se haya extendido a todo el territorio nacional, estas profesionales han sacado músculo en la Puerta del Sol. Esta tarde, una marabunta amarilla ha reivindicado la bajada de ratios y el aumento del salario, que en la actualidad roza el salario mínimo interprofesional (SMI), de cara a poder ofrecer el cuidado y acompañamiento que las criaturas de 0 a 3 años se merecen. “Esta huelga ya es histórica. Tenemos que hacer ver que nuestra situación es precaria, y que precariza a la infancia”, ha defendido María Pizarro.

Ella es una de las tantas educadoras que ha acudido al kilómetro cero madrileño para hacer valer sus demandas. Se define como privilegiada, pues trabaja en una escuela infantil del Ayuntamiento de la capital de gestión indirecta: “Al menos, nosotras tenemos pareja educativa. Hay cuatro ojos para estar pendientes de todos los niños y niñas, y en nuestro caso las ratios son algo más bajas”, introduce.

No siempre se tiene esa suerte. La diversidad de tipología de estos centros hace “insostenible”, tal y como remarca la misma Pizarro, que se pueda dar una atención de calidad. “A veces, llegan a ser hasta 20 niños en el aula. Así es imposible”, ha añadido mientras a su alrededor se escuchaban cánticos como “no guardamos, educamos”, “lo llaman guardería y no lo es, es educación y no conciliación” y “qué viva la lucha del 0-3”.

Jorge Abad, quien secunda los paros desde que se iniciaron el pasado 7 de abril, ha recalcado que “pedimos que todos los niños tengan las mismas posibilidades y calidad en su educación”. Por ello, propugna que las ratios lleguen a homogeneizarse con los de la Unión Europea. Si actualmente cuidan y acompañan por aula a ocho bebés de 0 a 1 año, 14 bebés de 1 a 2 años y hasta a 20 criaturas de 2 a 3 años, luchan por reducir esas cifras casi a la mitad, a cuatro, cinco y siete bebés, respectivamente.

Demasiada responsabilidad, poco reconocimiento

Este trabajador de una escuela municipal del Consistorio madrileño incide en que las condiciones en las que se encuentran tienen graves efectos en el desarrollo de la infancia. Además, es algo que se resiente en el día a día. Así lo ejemplifica: “Si estás con 20 niños y uno tiene que ir al baño, dejas a 19 solos. Si uno te necesita y surge otro conflicto, no puedes darles la atención que requieren. Son edades en las que aprendes a saber llevar muchas emociones, por eso reivindicamos que bajen las ratios, para que la atención pueda ser mucho más personalizada”.

Estas profesionales también reclaman que su calendario escolar se asemeje al del segundo ciclo de infantil. De esta manera, evitarían llevarse todo el trabajo burocrático y de preparación pedagógica a casa una vez superada su jornada laboral. Por otro lado, a pesar de lo que mucha gente pudiera pensar, igualando a las cuidadoras con maestras, en este sector también trabajan el mes de julio.

Rocío García ha llegado a la Puerta del Sol tras toda una jornada de lucha en Madrid. Vecina de Morata de Tajuña, trabaja en una escuela infantil municipal de Alcalá de Henares, pero de gestión indirecta. “Estamos totalmente desbordadas. Ya no es solo nuestro trabajo en el aula, es que mi nómina es de 1.096 euros. Tenemos mucha responsabilidad para lo poco que se nos reconoce, porque nosotras hemos estudiado un grado superior y hasta magisterio”, ha criticado.

Mientras las concentradas, 700 según Delegación del Gobierno y 2.000, según las convocantes, hacían ruido con silbatos, cacerolas y hasta panderetas, esta educadora infantil ha denunciado que parte de la sociedad todavía ve a su sector como si fuera una guardería. “No somos un sitio para aparcar a tu hijo mientras trabajas y donde solo cambiamos pañales y coloreamos. Aquí aportamos toda la base de la educación, donde trabajamos en valores, en autonomía y autoestima”, ha afirmado.

La huelga como sacrificio

Pizarro, afincada en Madrid, asegura que con sus salarios es “imposible” crear un proyecto personal en la capital. “Hay compañeras con más de 40 años que siguen viviendo con sus padres porque no se pueden permitir ni un alquiler”, ilustra. Desde su punto de vista, esta es otra forma de “precarizar la profesión”. Por eso, exigen que las Administraciones, ya sea el Gobierno regional o municipal, aumenten la partida para salarios en sus pliegos de condiciones de cara a ganar una licitación.

En este sentido, García ha recalcado que con los salarios tan bajos que perciben “hasta hacer huelga se convierte en un lujo”. Algunas de sus compañeras no secundan el paro por este motivo. “Acaba siendo un sacrificio tanto para las que perdemos el dinero y vamos a la huelga como para las que le gustaría hacerlo y no pueden”, ha explica esta educadora alcalaína. Diversas acciones intentan paliar esta realidad, ya sea a través de una caja de resistencia o la organización de mercadillos solidarios en los que intentan reunir fondos para resistir los paros.

Unas aulas sin aclimatar para julio

El hartazgo de este sector educativo ha llegado tras aguantar un cómputo de grandes gotas que han rebosado un vaso ya demasiado lleno de partida. Entre estos factores, se encuentra el estado en el que se ven obligadas a desempeñar sus funciones. “En muchas escuelas no hay ni toldos para que las criaturas se resguarden del calor en verano, ni tampoco aire acondicionado. Tampoco hay calefacción central para el invierno, cuando las criaturas de las edades más tempranas no dejan de arrastrarse por el suelo”, se ha explayado Pizarro.

García, por su parte, ha añadido que es “sorprendente” que los colegios e institutos cierren más allá de mediados de junio por las altas temperaturas pero que las escuelas infantiles permanezcan abiertas en julio. “Trabajamos con niños de 0 a 3 años, mucho más vulnerables, y sufrimos ola de calor tras ola de calor. A veces tengo miedo de que a los bebés les pueda pasar algo”, ha reconocido. A ella ya le ha pasado. Un día, le dio un golpe de calor, y las quejas de compañeras de trabajar con dolor de cabeza o mareadas por las altas temperaturas suelen ser constantes, según su relato.

Prescindibles y esenciales al mismo tiempo

La protesta ha llegado a su fin con la lectura de un manifiesto cuando el sol ya había aparecido tras una tarde lluviosa. “Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas: cuando se trata de derechos, financiación y reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y garantizar la conciliación, se nos declara esenciales”, han expresado.

Cientos de personas arremolinadas en torno a un micrófono escuchaban con atención: “No se puede ser invisibles para lo importante y obligatorias para lo urgente. Las escuelas infantiles no somos solo un recurso asistencial. Somos educación. Somos la base del desarrollo motor, emocional, social y cognitivo de la infancia. Y, sin embargo, seguimos siendo una etapa precarizada, infravalorada y constantemente cuestionada”, han finalizado. Tras esta jornada de lucha, un solo cántico quedaba suspendido en el aire: “Aquí está, sí se ve, la fuerza del 0-3”.

Vamos a seguir hoy con el tema de los policías en los institutos catalanes, porque es probable que la Generalitat anticipara una cierta contestación a su plan de introducir mossos d'escuadra en algunos institutos, pero no sé si preveía el rechazo absoluto que ha generado. En todos los frentes. Por estigmatizar a los centros, por aplicar una solución policial a un problema educativo, por muchas razones.

Vamos en orden, porque la semana pasada, cuando se conoció el plan, había pocos detalles de una medida que, por mucho que insista el Govern, no es habitual. Lo que sabemos: los llamados Agentes de Convivencia empezarán en 14 centros, la mayoría institutos de Secundaria o institutos-escuela. Los mossos irán desarmados y de paisano y, a diferencia de lo que se dijo la semana pasada, no tendrán un destino permanente. Son seis en total para los 14 centros.

Tampoco está previsto que se relacionen con el alumnado y, de hecho, la Generalitat ha anunciado que el plan será voluntario para los centros. Aquí encuentras todos los detalles que se conocen hasta ahora.

Lo que también se ha ido conociendo con el paso de los días es que al menos cuatro de los 14 centros seleccionados para recibir a los mossos han rechazado participar en el plan. En otros ha habido protestas de familias y profesorado porque lo consideran innecesario y “un insulto”, en palabras de los docentes. “No le encontramos ninguna justificación. Evidentemente tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana”, explicaba una profesora. Es “un ataque racista y estigmatizador”, añade el alumnado.

Pero, ¿qué van a hacer los policías en los institutos? No está claro. El Departament d'Educació no lo ha dicho con claridad. Aportarán “una mirada externa y especializada” en mediación de conflictos que puedan superar lo pedagógico, intentó explicar en primera instancia. “Los centros tendrán flexibilidad”, añadió aludiendo al carácter de prueba piloto.

Las partes ni siquiera se ponen de acuerdo en el origen del plan. La consejera Niubó sostiene que nace de “una demanda”, pero el principal sindicato de la escuela pública dice que “nadie lo ha pedido”. Muchos docentes conceden que puede haber un aumento de la violencia en algunos centros, pero que nunca sería esa su solución. Y recuerdan: se eliminaron 120 educadores sociales porque no había fondos, pero sí los hay para mossos.

Un pequeño desaguisado de la Generalitat, al menos en la comunicación que se ha hecho de la medida. De hecho, el Govern quería informar del plan a posteriori, consciente probablemente de que no era lo más popular que podía hacer.

Esta medida viene a ahondar en el malestar del profesorado catalán que, no satisfecho con dos, ha convocado la tercera oleada de protestas en lo que va de curso. Mayo y junio vivirán cinco jornadas de protestas en la calle, tres comunes a todos y dos en cada territorio. Os recuerdo que la Generalitat pactó con CCOO y UGT tras las dos primeras rondas de protestas, pero los que ostentan la mayoría de la representación (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) rechazaron el acuerdo y mantienen la presión.

No son los únicos, por cierto. Os he hablado de la conflictividad generalizada entre el profesorado, y las protestas no paran. A los docentes catalanes se unen los gallegos, que este martes han convocado el sexto paro en lo que va de curso. Como sus compañeros del resto del país, el profesorado gallego se siente sobrecargado y denuncia que no ha visto una reversión completa de los recortes de la década pasada, además de tener el agravio propio de una instrucción de la Consellería que impone la “neutralidad ideológica”, un término que utiliza habitualmente la ultraderecha.

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No sé si te enteraste, pero la semana pasada la Generalitat de Catalunya anunció que va a desplegar Mossos d'Esquadra de paisano en institutos con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros.

Los agentes, ha explicado la Generalitat, no irán armados y tendrán una presencia estable en los institutos, donde contarán con un espacio propio y tendrán una función preventiva y de mediación. La prueba piloto empezará este mismo tercer trimestre, antes de finalizar el actual curso, en dos institutos con alta conflictividad situados en el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. En total serán 13 centros en esta primera ronda.

El plan responde a una creciente preocupación entre el profesorado y la Administración por los incidentes de carácter violento. Desde la Generalitat sostienen incluso que es una demanda del profesorado y que busca reforzar la seguridad sin criminalizar al estudiantado. Una encuesta del sindicato USTEC, mayoritario en la educación pública, rebeló que de los 11.000 docentes que respondieron, el 14% ha recibido una agresión física y el 46%, verbal.

Hasta aquí, la información.

Vamos con las opiniones.

La Generalitat admite que esperaba cierta polémica, pero no sé si un rechazo tan generalizado como se ha dado.

Familias y docentes, esos por los que el Govern dice haber actuado, habían pedido nada ni siquiera remotamente parecido a esta medida. Ni en las mesas sindicales ni en los protocolos contra agresiones se había mencionado hasta ahora una aproximación policial al problema. “Pedimos una rectificación inmediata. Nadie lo ha pedido”, valoró Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs.

Algunas familias han mostrado su sorpresa porque el verano pasado Educación eliminó plazas de educadores sociales porque, les dijeron, no había presupuesto. “Y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, explicaba Lidón Gasull, de la asociación de familias de alumnos AFFAC.

En general existe un consenso entre la comunidad educativa de que sí, existe un problema, pero no, la solución no es la policía. El sindicato Proffessors de Secundària sostiene que “la autoridad en el aula debe ser el docente”; AFFAC apunta al origen del problema, la pobreza y marginalidad en que vive buena parte del alumnado, aseguran, que se arreglan con “políticas de vivienda, de salud mental, equipamientos, inversión en educación”...

La medida, que cruza una línea hasta ahora no traspasada, se enmarca en un ambiente de protestas docentes en Catalunya por el deterioro del sistema en general. Con esta propuesta, la Generalitat parece lanzar un hueso a los docentes en un intento de pacificar un sector que hace un mes realizó una manifestación histórica por las calles de Barcelona.

En esta misma línea va el acuerdo entre la Generalitat y dos sindicatos para abonar 50 euros por noche al profesorado que se vaya con sus estudiantes de excursión con pernoctación incluida. Lo pongo otra vez, no era una errata: 50 euros por cuidar un día entero a unas decenas de adolescentes. Luego nos sorprendemos porque nadie quiere hacer estas actividades.

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Si eres docente es fácil que andes algo enfadado. Hay una probabilidad bastante alta de que hayas sido convocado a una manifestación o incluso huelga en los últimos meses, y que hayas ido. Quizá estuviste este mismo domingo gritando en Madrid o igual fuiste a la manifestación histórica de hace unos meses en Barcelona. O has estado en Santander, València, Bilbao, Oviedo, Sevilla, Toledo, Santiago de Compostela o cualquiera otra de las muchas localidades que han visto al profesorado protestar recientemente.

Puede que te has manifestado porque te pagan mucho menos que a tu vecino de comunidad, que hace exactamente lo mismo que tú. O porque tienes 25 horas lectivas semanales y mucho más alumnado en clase del que puedes gestionar. Quizá no aguantes más la burocracia, los informes y las tablas interminables que te exigen para evaluar a cada alumno. O porque crees que le das mucho a la sociedad y esta no te corresponde y minimiza tu labor, o porque has perdido la autoridad que quizá tuviste algún día y ves que las familias tienden a ponerse de parte del alumnado y dejarte solo. Y todo es cada vez más difícil y tienes más obligaciones.

Como dice Rosa Rocha, directora de un IES en Madrid, te cae todo lo que la sociedad no es capaz de resolver, desde el acoso hasta la gestión de los móviles y las redes sociales pasando por el bienestar mental del alumnado. ¿Y el mío?, te preguntas. ¿Quién se ocupa del mío? Porque cada vez más profesores se cogen bajas por este motivo, raro es el docente que no conoce a un compañero que lo ha sufrido.

Y ves que pasan los cursos y los años y estás a punto de jubilarte y los recortes de la década pasada siguen sin revertirse del todo 15 años después después. Y oyes que el Ministerio de Educación llama a estos cuatro años “la legislatura del profesorado”, pero tú no ves ninguna mejora. Te acuerdas también de que en noviembre se aprobó un borrador para bajar las horas lectivas semanales y el número de alumnos por clase, pero nunca se volvió a saber. Y lo más probable es que ni siquiera te afecte, porque tu comunidad ya lo ha hecho motu proprio, pero ni siquiera ese gesto sale. Y piensas que a este ritmo cómo va a salir todo un estatuto docente antes de las elecciones.

El profesorado está cansado y lo está haciendo saber por toda España. Por el momento es una cuestión autonómica y muchas de las protestas de los últimos meses han logrado doblar la mano a la administración correspondiente, pero también hay visos para una escalada.

Las maestras y educadoras infantiles del 0-3 marcan el pulso en este momento con una huelga indefinida en Madrid que va a saltar a territorio nacional: este colectivo merece mención especial: muchas de sus trabajadoras (son prácticamente todas mujeres) vigilan a una decena de bebés cada día a cambio de poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como dice un profesor de Derecho del Trabajo, en este país se paga mejor cuidar coches que bebés. Es difícil no empatizar con esta huelga.

Estas trabajadoras, junto a las universitarias, fueron el corazón de la protesta del pasado domingo en Madrid. En esta ocasión se manifestaban en la región todos los educadores, en el sentido más amplio de la palabra: de 0 años hasta la universidad, todo el mundo estaba convocado para esta marcha en defensa de la educación pública, que también daba continuidad de alguna manera al referéndum simbólico que el jueves preguntó a la comunidad complutense si está de acuerdo con el plan de recortes aprobado por el rectorado de la UCM.

Por cierto, hablando de recortes y del estado de la educación pública, no solo en la Complutense cuecen habas: la Universidad de Sevilla también tiene un grave problema económico y necesita recortar 16 millones de euros, dice la nueva rectora: el plan es reducir clases, cerrar facultades por la tarde y prescindir de profesorado. Todo ello pese a que los centros acaban de validar la propuesta de la Junta para repartirse un total de 1.825,7 millones de euros este 2026.

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Hay un colectivo de unos 200.000 profesionales de la educación que se está jugando su futuro estos días con la negociación del VIII convenio colectivo de la escuela concertada. Ha pasado un poco desapercibido porque no les solemos prestar demasiada atención, entono el mea culpa aquí, pese a que hacen el mismo rol que sus compañeros de la pública. Pero el profesorado de la privada sostenida con fondos públicos también existe, no es un grupo pequeño y trabaja en unas condiciones sensiblemente peores que el funcionariado.

Para trabajar en un colegio concertado se piden los mismos requisitos formativos que en la pública. Les diferencia de sus compañeros que no han pasado una oposición –aunque no hace falta superarla para ejercer en la pública– y que no están sometidos a determinada regulación que sí afecta a los trabajadores del estado.

Traducido: cobran algo menos porque no tienen algunos complementos de antigüedad o formativos, dan más horas de clase semanal (23 en Primaria en la mayoría de España en la pública, hasta 28 en la concertada), atiendan a más alumnado. Y, aunque no son funcionarios, pueden casi considerarse empleados laborales públicos porque hacen posible un derecho constitucional garantizado por el Estado y además cobran de él.

Podrá discutirse el papel de la escuela concertada en el sistema, si debe existir y en su caso cómo, pero mientras esté ahí y cumpla el rol que cumple no sé si tiene mucho sentido que maltratemos a su profesorado básicamente porque podemos, para ahorrar unos euros. Y menos teniendo en cuenta que la diferencia básica entre unos y otros es, básicamente, una oposición que ni siquiera hace falta aprobar para entrar en la pública como interino.

Eso defienden los sindicatos del sector: mismo trabajo, mismas condiciones. El salario no depende de estas negociaciones, lo fija el Gobierno y no está lejos uno de otro (los complementos los ponen las comunidades autónomas, ahí está el quid de la cuestión), pero las horas de clase semanal, si se cuentan minutos o sesiones, o las ratios de alumnado por clase, que el Ministerio va a bajar para la pública pero no está claro que vaya a extender a la privada, sí entran en este convenio.

La patronal –mayoritariamente Escuelas Católicas, la marca de la Iglesia católica que gestiona sus colegios– dice que todo muy bien, pero sus prioridades está en otro sitio: que el Gobierno les pague más en los conciertos porque, explica un portavoz, de nada servirá mejorar las condiciones del profesorado si los colegios son inviables.

Todo eso se juega casi uno de cada tres trabajadores de la educación en las próximas semanas, os dejo el enlace de la pieza que sacamos la semana pasada.

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¿Cómo han ido las vacaciones? Espero que hayas aprovechado para descansar. Vamos al lío, que con una semana sin boletín se nos acumula la faena.

Aprovechando la convocatoria de las becas para estudiar el próximo curso, proceso que ya está abierto y puedes ir mirando aquí, decidimos mirar un asunto que siempre me ha hecho ruido del programa de ayudas al estudio: hay una bolsa de gente que pese a que son oficialmente pobres, ganan demasiado como para optar a una beca completa, la que incluye una partida económica en mano que compense el coste de oportunidad de ir a la universidad y no ingresar un salario.

Resulta que esa bolsa de gente es bastante más grande de lo que me había imaginado. Los compañeros de Datos cruzaron información y son casi 400.000 personas en la edad típica universitaria (18-24) y más de tres millones en total. Es mucha gente y decidimos titular “El Gobierno deja fuera de las becas completas a 380.000 jóvenes...” y la fórmula, señalando al Gobierno, os molestó a algunos. “Si tan mal os parece, probad con el PP”, venía a ser la queja. La protesta tiene cierto argumento (la época del PP fue terrible también para esto). Es un tema difícil de gestionar para el Ejecutivo, que además ha hecho un buen esfuerzo desde que está Pedro Sánchez. Pero la realidad es que todavía es un esfuerzo insuficiente. Vamos a explicarlo todo bien, que es algo complejo, técnica y políticamente.

El Gobierno reparte tres tipos de becas en función de la renta. Todas incluyen el pago de la matrícula universitaria. Hasta el primer límite (umbral 1), se obtiene la beca completa, que incluye también varias ayudas económicas para gastos. Si se supera ese límite, y hasta el segundo (umbral 2), se pierde la principal ayuda económica, de 1.700 euros anuales, y se mantienen otras menores. Si se supera ese segundo límite y hasta un tercero (umbral 3), que marca el fin de las ayudas, no hay dinero en mano y el estudiante simplemente no paga la matrícula.

El problema es que los límites los fija el Gobierno a su voluntad, pero el primero, el umbral 1, está tan bajo que queda por debajo de la línea que marca el riesgo de pobreza. Eso provoca que haya familias que ganan más de lo que marca como límite este umbral 1, pero menos de lo que el propio estado, INE mediante, considera el mínimo para no ser pobre. En ese pequeño intervalo están esos 380.000 jóvenes.

Decía que es complicado para el Gobierno porque es verdad que la situación ha mejorado mucho, pero aún falta. Cuando Sánchez llegó al Ejecutivo el programa de becas estaba en la lona. El umbral 1 no es que estuviera por debajo del límite de la pobreza, es que había que ser indigente para tener derecho a la ayuda completa. Y el dinero en mano era una broma. El PSOE ha casi duplicado la partida que se destina a becas, subido las cuantías notablemente y elevado los umbrales para que mucha más gente pueda recibir la ayuda completa.

Pero sigue existiendo no poca gente que no puede permitirse ir a la universidad, quizá no tanto porque no puedan pagar la matrícula, sino porque no pueden permitirse el lujo de no ingresar dinero en las economías familiares durante tantos años, una situación que las ayudas en mano palían. Y, como dicen los estudiantes, un Gobierno progresista, “el más progresista de la historia”, no debería permitir que pase esto.

Esto –y más, como el problema con los plazos– os contamos en este artículo, que viene aderezado con gráficos, con los datos concretos de los umbrales o la línea de pobreza, que he preferido dejar fuera de este boletín por no hacerlo más engorroso, o con la historia de Laura, que se quedó sin beca completa porque a su padre le subieron mínimamente el sueldo y eso les costó salir del umbral 1 por una cantidad inferior a la que dejó de ingresar por sobrepasar ese límite.

Antes de seguir, os recuerdo, por si se quedó perdido entre tanto texto, que ya se pueden pedir las becas. Aquí está el portal web del ministerio, válido para toda España, excepto Catalunya, que ahora tiene las competencias y gestiona sus propias ayudas.

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Hablando ayer con mi compañero Pau Rodríguez, que aunque ahora cubre Local lleva muchos años echándole un ojo a la educación desde Barcelona, me dice que la huelga del pasado viernes en Catalunya fue poco menos que histórica. “No sé si había visto antes una mani de 35.000 personas solo docentes”, se sorprendía. Y eso que la concertada pinchó un poco, aunque también estaba convocada.

Todo esto pese a que se supone que hay un acuerdo firmado hace pocos días que tendría que haber desactivado la protesta. O quizá precisamente por eso, porque aunque dos sindicatos –UGT y CCOO– han firmado, el resto no –USTEC, ASPEPC, CGT y la Intersindical–. Y los claustros arden ante lo que consideran una cierta claudicación sindical. Illa, tienes un problema.

Los docentes catalanes se han pasado toda la semana de paros en lo que es la última muestra del malestar docente que, con huelgas convocadas o sin ellas, se vive –me atrevo a decir– en todo el país. En los últimos meses, os lo hemos venido contando puntualmente, ha habido paros, entre otros, en Asturias, Aragón, Euskadi (quizá el mejor ejemplo de cómo llevar una huelga) o Madrid, además de la citada Catalunya; en las próximas semanas habrá en la Comunitat Valenciana o Galicia (¡por sexta vez este curso!). La España docente se revuelve.

Cada paro tiene su por qué y sus peculiaridades, pero en general los docentes protestan por las condiciones en las que ejercen su trabajo, las suyas laborales propias, y las del sistema, que son un poco la misma cosa. Una creciente burocracia, ley tras ley, que les aplasta, aulas masificadas y las faltas de respeto son algunas de las quejas específicas que se suman a las genéricas sobre los salarios. El profesorado cree que la profesión se ejerce cada vez en peores condiciones y, como consecuencia, crecen los problemas de salud mental entre el colectivo.

Las protestas son cada una contra su consejería de Educación y coinciden en que no tienen ideología. Hay y ha habido para el PSOE, para el PP y hubo para el PNV. El Gobierno no tiene competencias sobre los funcionarios ajenos, pero la exministra Pilar Alegría se permitió llamar a esta la “legislatura del profesorado” y a su sucesora, Milagros Tolón, no le ha quedado otra que darle continuidad. Es un colectivo de casi 800.000 personas a nivel nacional sin contar la universidad; al Gobierno le sale a cuenta tenerlos contentos aunque solo sea por el cálculo electoral.

Educación lo confía todo al estatuto docente, que se comprometió a sacar durante este mandato, pero ni está claro que lo vaya a conseguir ni hay garantías de que con ello llegue la paz social. De momento está en trámite una reducción de las ratios y de las jornadas lectivas (las horas de clase semanales), pero no se espera un gran impacto porque en buena medida esta norma lo que hará será fijar a nivel nacional dos cuestiones que muchas comunidades ya han implementado.

Lo indiscutible es que las administraciones necesitan hacer algo. El problema es serio y no tiene pinta de estar en fase de resolución. En algunas materias, como las científicas, hace tiempo ya que faltan profesores, lo que está llevando a meter en un aula casi a cualquiera, y eso no parece la mejor idea. Claro que es peor tener al estudiantado sin profesor durante meses, algo que ya sucede en determinados casos. Y de los que están, uno de cada cinco se plantea dejarlo. Es un problema mundial, trasciende a España, pero ya se sabe que mal de todos...

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España se rompe. Pero, a diferencia de cuando el PSOE la vende a trozos, se rompe de verdad. Por la universidad, en concreto. La mitad del país ya tiene como mínimo una parte de los estudios gratuitos, y unas cuantas comunidades autónomas subvencionan todo el grado o casi. Mientras algunos –Madrid sobre todo, Catalunya algo menos– pagan mil euros o más cada curso, otros ni uno.

Esta situación está provocando un debate por la vía de los hechos. Dado que los recursos son limitados, ¿debemos todos pagar por un servicio que solo utilizan el 40-45% de quienes pueden usarlo? ¿Debemos pagárselo a todo el mundo, sin criterios de renta como se está haciendo, pese a que en la universidad ya hay un sesgo de partida y la mayoría de quienes acuden son de un nivel socioeconómico alto?

Algunos piensan que no. “Pagárselo a todos es populista”, nos dijo Juan Hernández Armenteros, uno de los principales expertos del país en todo lo que tiene que ver con financiación universitaria. Este economista cree que de base la universidad debería tener su coste real (actualmente ni siquiera las comunidades más caras cobran más del 15%-20% de lo que les cuesta impartir un grado), pero a la vez establecer un fuerte sistema de becas que le financie los estudios a quien no pueda pagárselos, pero se los cobre a su precio a quien sí. Hernández tiene, con un colega, toda una propuesta elaborada para un sistema progresivo que se acompaña de ayudas económicas directas en función de la renta familia. La puedes consultar aquí.

Para los estudiantes el debate nace cojo si no se introduce también el factor oferta pública. Sabéis, hemos hablado de esto, que en la universidad pública hay un tapón importante motivado por la falta de plazas, que han provocado un aumento considerable de la nota de corte, lo que a su vez provoca que mucha gente con buen expediente se ve expulsada a la universidad privada. Y así importa poco si te pagan una universidad a la que no puedes ir y te tienes que gastar miles de euros en una que no te puedes pagar (y entonces los créditos para estudiar se disparan).

Otras vías abogan por incentivar con la gratuidad en los estudios con más empleabilidad (si los vamos a pagar entre todos, que sean los que más interesan/aportan a la sociedad, es el razonamiento) y advierten de que la gratuidad universal tiene otra ventaja, quizá menos evidente: ayuda sobre todo a la gente sin recursos, a quienes muchas veces la burocracia de las ayudas les expulsa de este tipo de procesos. Esto, que según dónde esté uno puede parecer improbable, pasa.

También hay quien piensa que sí debe ser gratis para todos. Un académico ahora metido transitoriamente a político, experto en lo público, me preguntaba al día siguiente de publicar si seria pensable hablar en los mismos términos y tener las mismas dudas del acceso universal y gratuito a la sanidad. Y argumentaba que sanidad y universidad se configuran en la constitución como garantías institucionales, no como un derecho.

Si se va a la raíz del debate, supongo que pocos rechazarían una universidad gratuita y universal, pero de momento la realidad es que los campus públicos están, en general, mal financiados, lejos del 1% del PIB que exige la ley universitaria, tienen mucha precariedad entre su profesorado y hay que elegir a qué se dedican los recursos. 

Os dejo el artículo, con los argumentos ampliados y más información.

Hablando de todo esto, el Gobierno acaba de aprobar la convocatoria de becas para el próximo curso. Es la mayor de la historia, con 2.559 millones de euros para un millón de beneficiarios, y ha subido un 83% desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa. Y eso también es una elección.

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Hoy quería abordar una cuestión recurrente y es un buen día para tratarlo. Esta semana algunos os habéis enfadado un poco porque básicamente todos los medios nos hemos hecho eco de un estudio de EsadeEcPol sobre el efecto de bajar las ratios en el aula, porque, ha sido el argumento, colaboramos en expandir la agenda neoliberal.

Antes de seguir, para que sepamos de qué hablamos: el estudio mide el efecto de reducir cinco estudiantes por aula en –y el matiz es importante– clases ya no muy grandes, como las españolas, de entre 20 y 30 estudiantes, y con alumnos de Primaria, una etapa menos centrada en el rendimiento académico que la Secundaria, lo que puede ser una limitación para tener el cuadro completo.

En cuanto a los resultados, dice que académicamente apenas tiene efectos en el rendimiento de los estudiantes porque reducir en cinco alumnos una clase no tiene tanto efecto sobre las disrupciones y el profesorado tampoco cambia tanto su práctica docente (por ejemplo, individualizando más la atención) porque ya la practica masivamente. En el lado positivo, sí mejora algo el bienestar de los docentes y provoca que las familias paguen menos clases particulares, que ya es algo.

Aquí te dejo el artículo que sacamos nosotros, por si te lo perdiste.

El estudio es pertinente –Esade es especialista en eso– porque el Gobierno se dispone justamente ahora a rebajar las ratios que subió Wert hace 14 años y que, aunque algunas comunidades autónomas han bajado motu proprio, no se había hecho con carácter estatal. El anteproyecto de ley ya se está tramitando y el Gobierno se lo explicó el pasado viernes a las comunidades autónomas, que le han pedido, sin éxito, que espere un poco antes de aplicarlo.

El caso es que la bajada de ratios es una de las medidas más populares entre profesorado y familias para mejorar la educación, pero más allá de la intuición (menos alumnos, menos disrupción, mejores clases) o las experiencias personales que muchos referisteis no hay tanta información científica sobre el tema. Por ese lado Esade viene a aportar algo de luz en base a datos concretos y medibles.

Se puede objetar, como habéis hecho algunos, que al estudio le “falta aula”. Una profesora me escribía: “Han estudiado datos, pero no niños o niñas, y no han ido a un aula, eso te lo garantizo. Tengo la fortuna de tener dos grupos desdoblados y la evolución es increíble, niños y niñas condenados que en el segundo trimestre emergen”. Le agradecí el mensaje, bienvenido sea el debate, y por eso en los próximos días también publicaremos una tribuna contraargumentando al estudio.

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¿Qué alicientes tiene el profesorado para irse de excursión con sus estudiantes? Respuesta corta: ninguno. Si encima lo hacen por amor al arte y como responsables últimos, mucho menos. Y están empezando a cansarse. O igual no están empezando, porque no es un tema nuevo, pero sí están empezando a hacer algo al respecto.

Medio centenar largo de escuelas de Catalunya han decidido que se acabó. Que llevarse a niños o adolescentes dos, tres o siete días, a veces incluso al extranjero en los viajes de fin de curso es mucha tensión, mucho trabajo, mucho estrés a cambio de nada, más allá de hacerle un favor a los jóvenes. “Organizar salidas con pernoctación implica estar presentes 24 horas al día. Por la noche, hasta que el alumnado no está tranquilo, no podemos descansar, y siempre tiene que haber algún profesor despierto”, nos cuenta una de las impulsoras de la medida. “Es una presión constante y no está reconocida”, resume. Conclusión: el año que viene no hay excursiones (colonias, en Catalunya).

En este caso, además, hay que encuadrar esta medida en el ambiente de malestar generalizado por las condiciones laborales entre el profesorado catalán, que hace unas semanas convocó una huelga por esta cuestión. Aquí te dejo el manifiesto en el que explican con más detalle los motivos de su reivindicación.

Pero no son los únicos. En Vigo, la prensa local informó hace unas semanas de que muchos colegios e institutos habían tenido que recurrir a empresas especializadas ante la negativa del profesorado a ir a las excursiones. En ese caso los docentes lo argumentaban por el mal comportamiento de algunos estudiantes, que no estaban dispuestos a asumir. Algunas de estas compañías confirman que los jóvenes se portan mejor con monitores a los que no conocen al mando que con su profesorado, cuestión de confianza.

Porque, como recuerda el profesorado catalán, los docentes tienen responsabilidad civil y penal directa sobre el alumnado durante esos viajes. Lo sufrieron en sus carnes hace casi cuatro años dos profesores en Córdoba, que fueron condenados por homicidio imprudente por el ahogamiento de un menor en una excursión. Aunque ambos eludieron los más de cuatro años de cárcel que pedían la Fiscalía y la acusación particular, fueron condenados por homicidio por imprudencia profesional menos grave.

El caso corrió como la pólvora por los claustros y, aunque el recurso dio la razón a los profesores y les absolvió de todo, muchos habían tomado nota, según nos contaron entonces: demasiado riesgo, ninguna recompensa. A ellos no les iban a pillar en una de esas.

Seguiremos esto con interés, porque es un melón que nunca se ha abierto del todo y si las protestas se mantienen –no digamos ya si se amplían– alguien va a tener que hacer algo al respecto. Las excursiones, sean de un día o de varios, son actividades que contribuyen a la formación integral del alumnado; su valor formativo está fuera de duda. Pero no tiene sentido que se las coma el profesorado a cambio de nada.

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Voy a tratar de explicaros lo que ha pasado esta semana en Madrid, porque ha sido todo bastante estrambótico.

La destitución del consejero de educación madrileño, que el lunes pasado parecía solo una crisis interna del PP (de cierto calado por ser la primera medio seria que sufre Isabel Díaz Ayuso), fue evolucionando durante la semana hacia una trama con personajes oscuros de mucho poder, contratos sospechosos, dimisiones por mandato y un enfrentamiento abierto entre dos de las personas que, al menos hasta hace poco, más escuchaba Ayuso: MAR y el hoy ínclito Antonio Castillo Algarra, un personaje anónimo y rostro desconocido, pero omnipresente en la política madrileña.

Ha sido, está siendo, como un pequeño goteo que acaba encharcando el suelo. El lunes, el Gobierno regional notificó el cambio en la consejería sin dar razones. Viciana, fuera. El fracaso del consejero en su intento de sacar una ley de universidades que los rectores y toda la comunidad educativa rechaza le ha costado el puesto. Zarzalejos, una figura al alza en el PP madrileño, tomaba los mandos.

A la mañana siguiente, el portavoz de educación del PP anunciaba en plena comisión que se disponía a dimitir, y con él se iban otros cuantos. Y por los pasillos de la Asamblea empezó a correr un run-run: el cese de Viciana significaba realmente que había caído Castillo Algarra, el gurú educativo (y más) de Ayuso, conocido como Rasputín, que era quien le había colocado y quien tenía el poder. Y en su caída él arrastraba a los “pocholos”, un grupo de diputados populares llamados así por su juventud e inexperiencia, que venían del entorno de Rasputín y a los que obligó a dimitir. Ese día corrieron lágrimas por la Asamblea de Madrid.

Cuan oscuro personaje del cine que sale de las sombras, Castillo Algarra pasó de ser el anónimo director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid (también acabó dimitiendo) a la persona más famosa de toda la región. Se empezó a dimensionar el poder que tenía, como teórico de la fallida ley de universidades, que ahora tendrá que rehacer Zarzalejos. También que su cercanía a Ayuso le había reportado beneficios: recibió siete contratos a dedo para representaciones teatrales.

Su protegido Viciana pasará a la historia por ser el consejero que levantó en armas a toda la comunidad educativa universitaria por su (rechazado) intento de ley (aunque intelectualmente fuera de Rasputín, llevaba su nombre). El texto, comentaban los expertos, es un despropósito no solo en cuanto a las medidas, sino desde la misma redacción. En el apartado de las cosas que sí hizo, Viciana elevó a la Fiscalía una denuncia por corrupción en un centro de FP que ha acabado escalando hasta convertirse en una causa que salpica al Gobierno de Ayuso por trocear contratos en varios institutos. Tampoco parece que este movimiento le haya generando muchas simpatías en el Ejecutivo regional.

Ayuso, tan locuaz cuando le interesa, ha optado por el perfil bajo toda la semana.

Para acabar de complementar esta loca historia te dejo la crónica, siempre sarcástica, de Iñigo Sáenz de Ugarte, y el análisis con la mirada un poco más amplia del jefe, Ignacio Escolar.

Por cierto, la crisis en la consejería consiguió tapar bastante que la Universidad Complutense aprobó el martes un plan económico para devolver el préstamo que le ha concedido la Comunidad de Madrid (para compensar que las partidas que le traspasa son claramente insuficientes para las necesidades de la universidad).

El rectorado se compromete a recortar 33 millones de euros de gasto para arreglar unas cuentas que hacen aguas por todos lados tras años de maltrato institucional “provocado”, según lo dibuja Aurelio Medel en esta tribuna.

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Si vives en Andalucía, Extremadura, Catalunya o alguna otra comunidad quizá estos días hayas tenido que lidiar con una situación complicada: el temporal ha provocado que el cole de tus hijos haya cerrado algún día, y eso os ha generado un doble problema. A ti, que has tenido que buscar cómo cuidarlo ese día; a él o ella, que ha perdido esas clases, que no volverán.

Cada vez es más habitual que se suspendan clases por alertas meteorológicas, tanto porque los episodios se suceden más como porque nadie quiere pillarse los dedos por un accidente evitable. El problema que tienen las familias, los trabajadores, es que no hay un plan después de eso. Se suspenden las clases, a veces avisando la noche anterior, ¿y luego, qué? Luego nada.

Nos lo confirman varios directores, que dan fe de que las administraciones no tienen protocolos (o, si los tienen, no los ponen en marcha) para salvar la parte académica. En Andalucía, por ejemplo, se envió un mensaje a los centros para avisarles de que cerraban y les pedían que hicieran teledocencia; a los cinco minutos rectificaron y mandaron una actualización del mensaje. La teledocencia había desparecido.

La principal federación de AMPAs de la escuela pública lamenta además que esto ocurre con un calendario escolar que va a mínimos cada año, por lo que no se pueden recuperar las clases al final del curso. Tampoco parece que haya voluntad de hacerlo. A más a más, dice María Sánchez Martín, la presidenta de CEAPA, esto sucede cuando todavía hay una generación de escolares que perdieron hasta medio curso por la pandemia. A nadie parece importarle mucho.

Y luego está el clásico “qué hago con los niños”. Porque la cara b de que la administración decrete el cierre de escuelas es que alguien tiene que cuidarse con los pequeños. Y sí, tras la pandemia se introdujo alguna dispensa en el estatuto del trabajador que teóricamente da amparo a padres y madres para quedarse en casa, pero por un lado el redactado es ambiguo y por otro a veces ni siquiera da para gestionarlo, si por ejemplo te avisan de madrugada de que tu colegio va a estar cerrado al día siguiente.

Recientemente ha habido dos casos que dan la razón a quienes dicen que ese artículo del estatuto no tiene utilidad real y de las contradicciones en que incurre la propia administración: un profesor que hizo caso del mensaje ES-alert que le conminaba a evitar desplazamientos “innecesarios” y se quedó en casa (además, se habían anulado las clases) ha perdido un día de sueldo por no acudir a su puesto de trabajo. No solo ha pasado en la administración: una azafata que tampoco fue a trabajar para cuidar a sus hijas, de 3 y 5 años, ha sido amonestada por Ryanair.

Las administraciones –bien sean las comunidades autónomas, que tienen la competencia, bien el Ministerio porque fije un marco básico– van a tener que atender este vacío. La pérdida de días lectivos no va a ir a menos y el doble problema que genera no van a desaparecer por ignorarlo. Familias y directores se lo están pidiendo.

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Primero fue la universidad y tenía sentido que le siguiera la FP. El Gobierno quiere poner coto al desmadre de centros privados en la Formación Profesional y presentará un real decreto en dos meses con medidas para garantizar que la oferta privada cumplen con una calidad mínima, según anunció Pedro Sánchez el pasado miércoles.

Lo que no dijo el presidente es cómo pretende hacerlo. Cuando el Ministerio de Universidades endureció los requisitos necesarios para que una universidad tenga la consideración de universidad (y no sea una academia venida a más o, en palabras de Sánchez, un “chiringuito”) lo tuvo más fácil: lo que hizo fue establecer que una agencia independiente tendrá que realizar un informe obligatorio y vinculante sobre si el proyecto cumple o no lo que se le exige y además tiene los medios para hacerlo. Pero aquello se hizo sobre un proceso ya creado, por el que cada nueva universidad pasaba por el ministerio antes de su aprobación: simplemente se incluyó otro escalón.

Con los centros de FP es más complicado porque, aparte de alguna normativa básica sobre instalaciones y profesorado, no hay mucha normativa para abrir centros nuevos y todo depende básicamente de las comunidades autónomas. El Ministerio de Educación no quiso (o supo) informar de cómo se va a asegurar esa calidad que pregona el Gobierno, habrá que esperar al texto.

Falta parece que hace. La FP se ha privatizado de manera evidente en los últimos años. Es un mundo paralelo a la universidad: en la última década la popularidad de esta etapa se ha disparado, en buena parte apoyada en la gran empleabilidad de muchos de sus ciclos, pero este aumento de la demanda no se ha visto acompañada de una subida equiparable de la oferta pública, sobre todo en comunidades como Madrid o Catalunya, lo cual ha traído inevitablemente una eclosión de lo privado: en la última década larga el estudiantado en centros privados se ha casi duplicado, algunos porque lo prefieren, otras contra su voluntad porque no les ha quedado más remedio y ahora tienen que trabajar para poder pagárselo.

Como en la universidad, los fondos de inversión han visto el negocio y se han tirado al sector, con el ínclito KKR (el de los festivales de música) a la cabeza de todos ellos. La FP privada crece a un 10% anual y en 2023 facturó 1.535 millones de euros.

La Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresas, la más importante del país, valora que la idea es positiva y que lo importante es “que haya plazas suficientes para todos en centros sostenidos con fondos públicos”. La diferencia entre una red y otra es la que va desde la gratuidad (excepto en Madrid y Catalunya) hasta los 9.000 euros que puede costar un año en determinados ciclos biosanitarios de alta demanda.

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Tendemos a hablar de “la universidad privada” como si fuera un solo ente unitario y la realidad es que es un sector muy diverso, empezando por quién tiene universidades y con qué fin. Por ejemplo, la mitad de los 48 campus privados tienen ánimo de lucro y la otra mitad no, lo que ya supone una aproximación muy diferente a la educación.

Es conocido que la Iglesia tiene campus, o que los fondos de inversión han entrado recientemente en el sector al calor de una buena rentabilidad, pero en general la información es difusa, y hablamos tanto de “la universidad privada”, en general, que nos parecía pertinente recopilar quién es quién en la educación superior para saber de qué hablamos cuando nos referimos a estos campus. Aquí el resultado, una recopilación de los propietarios de los 48 centros privados autorizados en España.

Básicamente hay tres tipos de propietarios de universidades: la Iglesia, fondos de inversión y empresas, sean grandes grupos o particulares, que también los hay. Más concretamente, seis centros pertenecen a fondos de inversión; 15 a la Iglesia católica propiamente dicha o a algún grupo cercano; siete tienen la forma de una fundación no vinculada con la iglesia; hay una cooperativa (Mondragón); una con un modelo particular (la UOC, que funciona bajo el sistema público, pero tiene gestión privada); el resto pertenecen a empresas, bien a grandes grupos –alguno internacional con campus por medio planeta– o a familias particulares. Hemos incluido un cuadro en el artículo que además permite filtrar por nombre, propietario o tipo de universidad, por si queréis buscar alguna información concreta.

La gran eclosión de centros (se han abierto 15 en los últimos seis años) responde básicamente a la tormenta perfecta que supone que la oferta pública esté estancadísima y la demanda estudiantil disparada. La gente quiere estudiar (o lo necesita) y el sector privado vive de ocupar los huecos de negocio. Por ahí han entrado los fondos de inversión que, estos sí, tienen un ánimo de lucro declarado. Es su modo de vida.

Como sabéis, el Gobierno trata de ordenar un poco un sector que se ha desmadrado en los últimos años y ha endurecido los requisitos para crear (y mantener) universidades nuevas. Pero algunos centros e incluso administraciones han recurrido el real decreto. De momento sin éxito: la semana pasada el Supremo rechazó establecer medidas cautelares y paralizar la norma. Los recurrentes tendrán que esperar la sentencia definitiva.

Por cierto, he comentado antes que hay 48 universidades privadas, pero están a punto de ser 49. Extremadura ya tramita el que será su segundo centro privado. Al menos este, a diferencia del anterior, sí tiene un informe positivo del ministerio.

Os dejo dos sueltos más del mundo universitario, en este caso sobre los centros públicos y sus dificultades, y seguimos con otras cosas, que llevamos muchos temas hoy.

–La comunidad universitaria madrileña vuelve a la carga contra la ley de Ayuso.

–La rectora de la Universidad de Sevilla admite “preocupación” por la situación financiera de la institución.

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¿Sabías que en España hay 150 centros privados adscritos a las 50 universidades públicas? Para nosotros, sinceramente, ha sido una pequeña sorpresa averiguarlo.

Toda la polémica que se ha montado en torno al centro abierto por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en la Complutense nos llevó a echarle un ojo a estos centros, que muchos dentro de la universidad comparan con la escuela concertada: tenían su razón de ser en un momento histórico determinado, cuando los rectorados no tenían medios para ampliar su oferta, pero ya no, según algunos expertos y responsables universitarios.

Los centros adscritos son instituciones que, convenios mediante, se asocian a universidades para poder ofertar titulaciones oficiales avaladas por el campus que los acoja. En origen tenían como misión complementar la oferta formativa de las universidades allá donde estas no podían llegar por falta de medios. Pueden ser públicos o privados (aquí hablaremos de los privados, que son el elemento extraño en el sistema).

Para las universidades y los propios centros la alianza es un win-win. El centro, que no puede ofrecer títulos por sí mismo, corre con los gastos de todo y le paga a la universidad el equivalente a una matrícula pública por cada estudiante; a cambio, la universidad pone su nombre y su prestigio y avala los grados o posgrados que ofrezca el centro. Este –privado, recordemos– se financia poniendo el precio de las matrículas que considere. El estudiantado que puede pagárselo obtiene un título de un centro público (eso pone en el diploma, al menos), pero con las facilidades de uno privado (por ejemplo, no hay nota de corte). La universidad se supone que controla lo que hace el centro (para eso pone su nombre), pero varios expertos cuentan que la realidad es que se hace poco, si es que se hace.

Lo que queda al final, entonces, es una especie de universidad privada dentro de la pública. Y el modelo se está pervirtiendo. El ICAM, por ejemplo, va a competir directamente con la Complutense que lo acoge. Habrá licenciados de la rama pública (notas de corte, clases masivas) y licenciados del centro adscrito, bajo las reglas de la educación privada, y ambos tendrán el mismo título.

Todo muy anacrónico para algunos expertos. Carlos Andradas, que como rector de la Complutense vivió la desadscripción de dos centros que acabaron convertidos en universidades privadas completas, cree que “han perdido un poco de sentido al haber tantas universidades privadas”, y Jesús Escribano, de CCOO, recuerda ese salto del Villanueva o Cunef a universidad. Hoy en día la capacidad de emitir títulos superiores cotiza alto y ser centro adscrito puede ser el primer paso hacia ser una universidad propiamente.

De fondo lo que sobrevuela es una universidad pública sobrepasada, infrafinanciada y sin posibilidad de ampliar su oferta y una iniciativa privada que aprovecha la demanda sin satisfacer para multiplicarse en todas las formas posibles: España abre centros privados a un ritmo difícil de imaginar hace años. En algún momento el sector se asentará, pero por el momento solo crece. Estamos, ya os lo hemos contado, a punto de un sorpasso histórico.

Os he comentado la polémica por el centro del ICAM, os la resumo: en pleno juicio por el caso del fiscal, Ayuso aprobó un centro privado del ICAM en la Complutense, cuando el ICAM había tomado parte en el juicio (de parte de la pareja de Ayuso, por si hace falta aclararlo). El proceso venía de unos años atrás, pero el timing igual no fue el mejor.

Más allá de eso, que también, múltiples voces están en contra de este centro porque es inédito que un colegio profesional asuma formación. Las denuncias se acumulan: el PSOE ha recurrido, la Universidad Carlos III ha anunciado que hará lo propio (“es un error”, dijo el rector) y ahora el Ministerio de Universidades también lo ha hecho en una maniobra que supone, además de lo evidente, un escalón más en el enfrentamiento perenne entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.

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Como es posible que os haya pasado desapercibido por las fechas y también por lo desconocida que es para el gran público, os recuerdo que por fin habemus nueva ministra de Educación. Más de tres semanas hemos pasado sin responsable educativa. Te dejo que decidas si es enormemente significativo de la importancia que se da a ese ministerio o si no es tan importante sin ninguna gran iniciativa legislativa en marcha. Un poquito más abajo tenéis un enlace con los principales retos que afronta Milagros Tolón.

Porque hoy quería empezar por la universidad. Este 2025 acabado ha sido un año convulso en los campus. Los recortes a la financiación y el impulso que muchos gobiernos regionales, por no decir todos, están dando a los centros privados van a lograr un hito histórico este año que empieza: cuando acabe 2026 habrá más universidades privadas que públicas en España, algo impensable hace 20 años.

En este momento el balance es de 50 a 48 a favor de lo público, pero con más de una decena de proyecto en trámite es una cuestión de tiempo. La única apuesta abierta es dónde se producirá el sorpasso. Extremadura, Madrid o Asturias se postulan como candidatas con fuerza, pero puede haber sorpresa en Baleares. 

De norte a sur, las comunidades educativas se rebelan, pelean contra lo que por el momento parece inevitable. Los rectores madrileños le recuerdan a la presidenta que se ahogan y que necesitan más dinero, mientras Ayuso aprueba centros privados o le regala uno adscrito al colegio de abogados, que tanta ayuda le dio con el juicio al fiscal; los andaluces valoran acudir a los tribunales a reclamar lo que consideran suyo; en Asturias que el PSOE aprobara dos centros privados que arrancan este año casi parte el Ejecutivo regional por las protestas de IU.

El Gobierno intentó poner límite a esta expansión endureciendo la normativa que este mismo gabinete había endurecido sin éxito alguno hace casi cinco años. La nueva norma ataca lo que los expertos criticaron de la anterior: la falta de algún elemento vinculante, que pudiera paralizar un proyecto por cuestiones técnicas y la voluntad política del gobierno regional de turno no baste para abrir una nueva universidad. El filtro está creado, el tiempo dirá cómo funciona.

El crecimiento de la privada se explica de manera simple: hay demanda. Algo más complejo es contar cómo hemos llegado a esta situación. Versión corta: durante muchos años porque las comunidades autónomas lo han ido buscando, por acción u omisión, y el Gobierno central lo ha permitido. Versión algo más elaborada: si capas la oferta pública porque no financias a las universidades que dependen de ti a la vez que obligas a miles de profesionales a tener un máster para ejercer (hola, plan Bolonia) y además tienes un mercado laboral que premia muchísimo tener un título universitario, la oferta privada para cubrir esa demanda llegará.

El resultado, además del explicado, es que el sector es tan atractivo para la inversión que un fondo puede comprar una universidad y venderla en seis años con un 100% de ganancia. Mil millones de beneficio. Como explica en esta entrevista el profesor de la Complutense Rodrigo Castro, “para la derecha la universidad es una amenaza, pero también una oportunidad de negocio”. Justo lo que quieres para tu sistema universitario.

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Hoy os voy a hablar de una mis obsesiones: la escuela pública obligatoria y gratuita no está ni cerca de ser gratuita. El periplo educativo básico, de 6 a 16 años, le cuesta a cada familia más de 6.000 euros, y casi nadie estudia solo esos diez años. Si se suman la segunda etapa de infantil y el bachillerato o una FP equivalente, etapas que una inmensísima mayoría cursa, nos vamos a 10.000 euros fácilmente. Igual estás pensando que no es tanto, pero para muchas familias, muchas, supone un agujero notable en sus cuentas. Y es un gasto básicamente obligado, porque nadie escatima con la formación de sus hijos.

No solo no es gratis, sino que la escuela pública, teóricamente obligatoria y gratuita, cada vez cuesta más. En aproximadamente una década el dinero que se gastan las familias en educación se ha más que duplicado: fueron 13.200 millones de euros en el curso 2011-12 y son casi 28.000 millones hoy. Como dice el profesor Fernando Trujillo, “en Educación, lo que no se gasta el Estado se lo gastan las familias”. No todo este dinero es de gasto digamos obligado, están incluidas por ejemplo las matrículas en escuelas privadas, pero el desglose de las cifras, que tenéis ampliamente ilustrado en el artículo a base de gráficos, dice que la mayoría sí.

Cuando se analiza dónde va ese dinero hay dos cuestiones interesantes. Por un lado, dos de cada tres euros se destinan a cuestiones relacionadas con los estudios reglados: matrículas, transporte, comedor, extraescolares o clases de apoyo entran en esta categoría. Difícil para las familias evitar ese gasto. Pero también a veces cuesta entenderlo. Si la educación es gratuita, como dice la Constitución, uno piensa que tendrá que ser gratuita de verdad. Es difícil calificar de gratuito algo que, de facto, quieras o no, te cuesta dinero. El caso de los comedores es palmario, lo hemos hablado muchas veces. ¿Puede una administración hacer una inversión mejor que dar de comer a sus escolares?

La otra tendencia interesante está en el gasto menos obligatorio. Este dinero, para la educación no reglada, se destina fundamentalmente a profesores y academias y en los últimos años se ha disparado. Y aquí entran la sociología de la educación y la renta cuan elefante en cacharrería: como el nivel socioeconómico determina el rendimiento académico, esto está demostrado, las familias que tienen cubiertos los básicos (las más ricas) usan este extra para distinguir a sus hijos de la masa. Para que aprendan idiomas, a programar, lo que sea que les haga destacar. Por la misma razón las más humildes, que de media presentan más problemas para sacar adelante los estudios, lo hacen para no quedarse atrás. Y así la brecha educativa entre unos y otros crece y crece.

Por fijar una referencia, 28.000 millones de euros es más o menos la mitad de lo que se gastan todas las administraciones al año en Educación. Pero, como dice el aforismo, “si la Educación te parece cara, prueba con la ignorancia”.

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¿Quién puede oponerse a una norma que pretende mejorar la calidad universitaria, evitar los chiringuitos, que existen se pongan algunos como se pongan, y que respaldan los rectores –también de muchas privadas ya existentes–, los sindicatos, las asociaciones de estudiantes y (casi) todos los partidos? Lo habéis adivinado.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que ha interpuesto ante el Supremo (tiene motivos para ser optimista con ese tribunal) un recurso contra el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios del Ministerio de Universidades. A Ayuso le parece mal que el Gobierno pretenda poner algo de orden en un sector descontrolado, donde se aprueban universidades aunque las administraciones digan que los proyectos son muy malos. Pero no está sola la presidenta madrileña: su homóloga balear, Marga Prohens, va de la mano de Ayuso en este asunto.

El Gobierno quiere que si la agencia de calidad correspondiente dice que la universidad no es buena, sea vinculante. Que las privadas gasten en investigación. Que tengan un mínimo de profesorado doctor, un mínimo de alumnado, oferta académica diversa... Unos mínimos que hagan que las cosas a las que llamamos universidades se parezcan efectivamente a universidades.

Ayuso dice que es una “imposición” que no se ha negociado (exactamente la misma acusación que le hacen a ella con la ley universitaria), que es “arbitraria” y que genera “inseguridad jurídica”. Prohens añade que “pone palos en las ruedas” de la expansión privada y el clásico argumento de la “libertad”, que sirve para todo. Como comentaba, solo en el PP ven todo esto. 

Para Ayuso y la Comunidad de Madrid es una cuestión de modelo, de manera de entender la vida. Llevan años demostrándolo y aplicándolo con gran éxito según el modelo buscado: la universidad pública peor financiada y más cara del país y una gran presencia de universidades privadas. Prohens debe querer lo mismo para Baleares. De momento están gestionando proyectos de universidad e incluso tramitan como “proyecto de especial interés estratégico” una petición de centro universitario asociado al CEU.

En Madrid precisamente esta es una semana importante en las universidades públicas madrileñas: el miércoles y el jueves hay huelga en los seis campus públicos de la región contra la asfixia, la infrafinanciación, contra la futura ley universitaria y sus recortes y ataques a la autonomía de los rectorados. Los convocantes, las plataformas de cada universidad, llevan semanas de arduo trabajo y esperan que la huelga tenga un gran impacto. El jueves saldremos de dudas.

Hemos hablado mucho de la huelga, os hago al tanto. Pero, por si acaso, dejo un par de enlaces que, creo, explican bien la situación de la universidad madrileña:

-Diez datos que sitúan a Madrid como la comunidad que peor trata a su universidad pública.

-La ley de Ayuso provocará un agujero en la universidad madrileña de 200 millones de euros.

-El asalto a la universidad pública de Ayuso: quiere dar el control de las cuentas a empresarios y expolíticos del PP.

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¿Cómo va todo? Si eres persona de otoño como yo estarás de enhorabuena, por fin tenemos algo medianamente parecido.

Si eres persona de educación pública estarás menos feliz. La privatización de la universidad avanza inexorable y desde hace unos años los fondos de inversión han entrado en los campus a calzón quitado. Tienen sus razones: es un sector en expansión, rentable, las administraciones públicas tienen bloqueadas a las universidades públicas a base de falta de inversión (y sin dinero no se pueden abrir plazas nuevas) y alguien tiene que satisfacer la creciente demanda que lo público no es capaz de atender.

El problema es que los fondos tienen una misión, que es ganar dinero. Y por su propia naturaleza tienen que hacerlo rápido y devolver la inversión a quienes han puesto sus euros sobre la mesa. Sus ciclos son de 5-7 años, nos cuenta una persona que conoce bien su funcionamiento. Esto lleva a que en los últimos 18 meses se han vendido dos universidades que sendos fondos compraron en 2019. Todo lo que os contaba en el primer párrafo explica que los dos fondos hayan sacado el doble o el triple de lo que invirtieron por la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea.

La UAX costó 1.000 millones y se ha vendido por unos 2.000. La Europea pasó de 700 a 2.000, más o menos. Más casualidades: ambos grupos acaban de abrir nuevos campus en Málaga. De Madrid a Andalucía, dos de las comunidades autónomas que más han favorecido la expansión de lo privado en los últimos años. A los fondos ya les ha ido bien. A las universidades y el estudiantado no está tan claro.

No serán las últimas en venderse. Los ciclos de los fondos auguran que el año que viene habrá otra remesa. Lo que está cada vez más difícil es mantener los niveles de rentabilidad. Fuentes conocedoras del sector explican que la educación superior española ha sido muy atractiva para estas empresas en los últimos años porque tenían precios muy bajos, pero cada vez esto pasa menos y la rentabilidad está bajando. El sector, dicen estas fuentes, se está asentando tras años golosos en los que entraron muchos actores. En unos años, auguran, solo quedarán los más fuertes. Qué pasará con el resto (de universidades, los fondos sabrán dónde se están metiendo) está por verse. Nosotros estaremos atentos para contároslo, en cualquier caso.

La Complutense pide un préstamo... ¿para condonarse o para cancelarse?

Hablar de privatización de la universidad es hablar de la Comunidad de Madrid, donde los centros públicos están en guerra abierta con la presidenta Ayuso. Especialmente en la Complutense, que se ha visto abocada a pedir un préstamo de 35 millones de euros (la Comunidad de Madrid ni está ni se la espera) para seguir funcionando ante el brutal déficit del centro, que ha perdido 140 millones de euros en dos años. El problema con el préstamo es que por sí mismo no va a arreglar nada, según explican Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García –dos de las personas que más saben de financiación universitaria en España, si no las que más– en este detallado análisis. Su tesis, apoyada en datos de todo tipo, es simple: de nada sirve tapar agujeros si tu situación financiera los vuelva a abrir más grandes cada vez.

La situación del centro es tan desesperada que el viernes los 26 decanos, cada uno de su padre y de su madre, se juntaron en la Puerta del Sol para exigirle a Ayuso, rogarle casi, más financiación. El Consejero de Universidades, Emilio Viciana, no les recibió aduciendo problemas de agenda y les mandó a su subordinada. La semana que viene hay huelga convocada en los seis centros públicos, la comunidad universitaria no tira la toalla.

Que, viendo lo que opinan los futuros cuadros del PP del estudiantado de la universidad pública, se entienden mejor muchas cosas.

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La semana pasada os contamos que el agitador ultra Vito Quiles había suspendido su tour por la universidad cuando constató, masiva manifestación mediante, que no era bien recibido en la Universidad de Navarra. Ni el centro ni la comunidad educativa querían allí a Quiles y se lo dejaron claro.

Habréis visto a lo que se dedica este pseudo periodista: va a los campus sin solicitar permiso a ganar adeptos para su causa, a montar bronca, todo ello para combatir la supuesta idea de que la universidad es un centro de adoctrinamiento que veta cualquier línea de pensamiento que no sea la oficial, el pensamiento único izquierdista y woke según su manera de ver la realidad. Cómo encaja con esta teoría que la Universidad de Navarra sea del Opus Dei no es algo de lo que haya hablado Quiles, pero que la realidad no estropee un buen titular.

Lo de Quiles no era una improvisación. No se levantó un día y decidió, motu proprio, que iba a ir montando bronca de campus en campus. Está andando el camino que abrieron sobre todo Ben Shapiro y Charlie Kirk en EEUU. A la manera española, cutre (los norteamericanos debaten, piden permiso, argumentan; Quiles va megáfono en mano subido a hombros de neonazis), pero el modelo es evidente.

Todo responde a una estrategia clásica de la ultraderecha global. Son movimientos que se repiten de Washington DC a Budapest pasando por Madrid o Buenos Aires. Allí donde pueden, los ultras ponen a la universidad en el centro de la diana.

Lo explican expertos en la materia como Jesús Casquete Badallo, profesor de la Universidad del País Vasco: “Ponen en el punto de mira las universidades como bastión del conocimiento experto. Como lugar del que salen las investigaciones del cambio climático, los estudios sobre género, etc”. La universidad representa todo lo que la extrema derecha odia.

Esto viene de décadas atrás, pero se ha exacerbado en los últimos años. Es fácil seguir el rastro. Empezó Orbán, el presidente húngaro, que ha diezmado la universidad pública en el país traspasando los centros a fundaciones privadas hasta dejar solo cinco centros públicos.

Le ha seguido Trump en sus dos mandatos, especialmente en este segundo. Para el mandatario norteamericano es una cuestión clave: de lo primero que hizo al ser investido presidente fue ir contra las grandes universidades del país. Harvard, Columbia o Yale fueron acusadas de wokes y amenazadas con dejar de recibir fondos federales si no se atienen a las políticas de Trump. Está teniendo un cierto éxito.

En Argentina, Milei ya apuntó antes de ser elegido presidente y durante su mandato ha pasado su famosa motosierra por los campus. Esa es la segunda pata del ataque: primero se desprestigia, luego se recorta a destajo.

La situación resultará familiar para cualquier madrileño: Ayuso, trumpismo a la española, tiene ahogadas a los seis centros públicos al nivel de que la Complutense, el centro más grande del país, necesita pedir un crédito para seguir funcionando.

Todo esto es posible, cuenta Guillermo Fernández Vázquez, profesor de la Carlos III de Madrid, porque la ultraderecha es, ahora mismo, “la familia ideológica más dinámica y coordinada del mundo”. Los ultras se pasan medio año de congreso en congreso, compartiendo ideas y estrategias. No es solo retórica, como muestra este caso.

En Madrid, precisamente, habrá huelga en las seis universidades públicas los días 26 y 27. En este artículo os contamos los motivos, que se podrían resumir en que están ahogadas por la falta de financiación.

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