Antes de empezar, ¡estamos de estreno! Inauguramos nuevo boletín, sobre el acceso a la vivienda. Nuestro redactor especializado, Germán Aranda, analizará cada viernes la actualidad de la crisis habitacional y por qué la vivienda empobrece a millones de personas y enriquece a unas pocas (no sé si has pensado alguna vez la cantidad global de dinero que varios millones de inquilinos transfieren cada mes a muchísimos menos y más adinerados propietarios). Aquí te dejo la info del boletín y aquí el enlace directo para suscribirte.

Vamos entonces con lo nuestro. Y lo nuestro, de momento al menos y tiene pinta de que va para rato, son las protestas docentes por media España. Lo último es que más de 20 organizaciones de todo tipo de Madrid (sindicatos varios, profesorado, estudiantes, familias, personal de administración) han decidido que van a la huelga indefinida el próximo curso. Falta por cerrar la fecha y otras cuestiones, hay que poner de acuerdo a mucha gente, pero a menos que el Gobierno de Ayuso haga algo de aquí a septiembre, lo que es poquísimo probable, habrá paro.

Las reivindicaciones no son especiales ni muy diferentes de las que hacen sus compañeros valencianos o catalanes estos días: mejores salarios (y en este punto los madrileños tienen argumentos), más recursos en general (la región es la que menos invierte por alumno del país), más profesorado, más especialistas de atención a la diversidad, menos horas lectivas semanales (Madrid es de las pocas regiones que no las ha bajado tras subirlas en 2012) o más plazas públicas de Formación Profesional (el mercado privado se ha multiplicado en la región en los últimos años).

Así, el próximo inicio de curso puede ver en la Comunidad una huelga general indefinida en la educación, porque las maestras de Infantil llevan desde el 7 de abril paradas y de momento no tienen intención de dejarlo. A diferencia de lo que sucede en otras regiones, ni el Gobierno regional, competente en educación, ni el municipal, responsable de algunas escuelas infantiles, están negociando nada. Más aún, el Ayuntamiento de Almeida acaba de prorrogar más de 40 contratos de las empresas que gestionan sus escuelas, según ha denunciado PLEI, la plataforma que convoca los paros.

Para que entendáis mejor la protesta de estas maestras y educadoras os dejo esta pieza donde contamos en qué condiciones ejercen en otros países y el agravio comparativo con este.

Es fácil que los madrileños coincidan con más docentes en huelga. Como habían hecho los catalanes antes, los docentes de la Comunitat Valenciana reventaron la semana pasada el acuerdo alcanzado entre sus representantes sindicales y la Conselleria de Educación y votaron “no” a los términos pactados. Y ni siquiera se puede hablar de un resultado ajustado: un 87% de los 30.000 que opinaron dijeron que no y mandaron un mensaje claro tanto a sus sindicatos como a la Generalitat Valenciana: no es una cuestión de dinero en la nómina, o al menos no solo. Es una cuestión de hartazgo y lo que los docentes quieren es trabajar mejor.

Será difícil alcanzar un acuerdo si el Consell no pone muchos más profesionales en el sistema y aborda el asunto del uso de la lengua en clase, que tiene soliviantada a media profesión. El arranque de la matriculación solo ha servido para ahondar en esa sensación: Famílies pel Valencià han denunciado que cientos de niños se han quedado sin posibilidad de escolarizarse en esa lengua.

El profesorado valenciano también votó en aquella consulta suspender temporalmente la huelga –cuatro semanas sin cobrar son muchas semanas– y retomarla, si no hay acuerdo antes, el próximo curso.

Allí estarán también, todo indica, sus compañeros catalanes. Ya os contamos que este profesorado fue el primero en romper la baraja y rechazar un acuerdo que incluía una subida de 600 euros al mes (en tres años), y continúa con las movilizaciones. Este domingo miles de ellos, junto a las familias, se manifestaron por Barcelona bajo el lema “Paremos la emergencia educativa”. Los sindicatos ya han anunciado que el próximo curso habrá “un nuevo ciclo de huelgas”.

Se prevé un otoño caliente en las aulas.

Por cierto, el fantástico equipo de Un tema al Día han dedicado un podcast al profesorado. Ellos mismos te cuentan la realidad cotidiana que les ha llevado a la huelga y un servidor trata de poner un poco de contexto político-social.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El profesorado catalán ha dado un golpe en la mesa esta semana. Alto y claro, además: “No vamos a aceptar cualquier acuerdo”. Y han rechazado unas condiciones para detener la huelga que a sus representantes sí les habían parecido adecuadas y habían pactado con la Generalitat de Salvador Illa.

Alguna vez os he comentado que en periodismo que algo siga pasando, sin más, no suele ser noticia. Excepto que la noticia sea precisamente que algo siga pasando. Pues eso es exactamente lo que está sucediendo en varias comunidades autónomas. Muchas semanas después, las huelgas docentes siguen: continúa la de maestras de Infantil en Madrid, aunque no haga tanto ruido, y siguen las de la Comunitat Valenciana y por supuesto la de Catalunya. Y están teniendo un efecto llamada: 13 organizaciones negocian estos días cómo montar un paro indefinido en Madrid para el curso que viene.

Empezamos por Catalunya. Los sindicatos y el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya habían alcanzado un acuerdo que, parecía, iba a poner fin a la huelga. Se pactó una subida salarial mayor de la contemplada hasta entonces (600 euros brutos más al mes para 2029) y 6.400 contrataciones de perfiles especializados (psicopedagogos, logopedas, etc.). Solo faltaba que el profesorado lo corroborase.

Pero, para sorpresa de muchos, votaron que no. Más de 60.000 personas quisieron participar y un 65% de ellos rechazó el acuerdo. ¿Y ahora, qué?

Hay más preguntas que respuestas. La conselleria de Esther Niubó ha comunicado que mantendrá las mejoras pactadas, pero nada hace prever que vaya a reabrir las negociaciones de nuevo, menos aún con unos sindicatos que salen más divididos de este asalto.

Las huelgas se mantendrán y se alargarán esta semana –coincidiendo con la visita del Papa–, pero a partir de ahí se abren los interrogantes. ¿Cuáles son las reivindicaciones docentes que desbordan el pacto? ¿Quién las canalizará ahora y dónde? ¿Habrá movilizaciones el curso que viene? Pau Rodríguez os explica aquí el minuto y resultado de una huelga que trasciende lo salarial.

En la Comunitat Valenciana continúan las negociaciones, entre acusaciones de inmovilismo a la Generalitat valenciana, dicen los docentes. Este lunes se celebró la undécima reunión entre la conselleria y parece que ha habido algún avance. Se han alcanzado preacuerdos en tras la última propuesta enviada por el Consell, que mejoraba “notablemente” sus propuestas iniciales en materia de infraestructuras, burocracia o ratios. Menos bien ha ido con la cuestión salarial o el uso del valenciano en la escuela..

La reunión cerró con una oferta de la conselleria que los sindicatos quieren estudiar y deberán, en algunos casos, refrendar sus asambleas. El profesorado se mantiene firme y advierte: si se acaba el curso sin acuerdo, la huelga continuará en septiembre. Entre otras razones, porque no creen pedir imposibles: un colectivo ha realizado un informe que sostiene que la Generalitat podría asumir sus demandas sin mayores problemas económicos. Esta es una situación cambiante, iremos colgando las novedades correspondientes en la web.

Madrid va camino de unirse a estas dos comunidades. Tras una doble convocatoria de huelga indefinida para el próximo curso (por un lado UGT y CCOO, por otro un colectivo de docentes con CGT) hasta 13 organizaciones se ufanan ahora en cerrar un paro indefinido y unitario, a la valenciana. La tarea tiene su complejidad: hay sindicatos de clase, profesionales, anarcosindicatos, uno intersindical progresista, hay colectivos de docentes de base, sindicatos estudiantiles y asociaciones de familias. Todos ellos se tienen que poner de acuerdo.

Tras una primera toma de contacto la semana pasada, este jueves se reúnen las organizaciones para ver dónde está cada una. Quién se une y cómo se articula el paro. Las negociaciones entre las partes se están centrando, sobre todo, en tres aspectos: la fecha para comenzar el paro (algunos prefieren septiembre, otros enero); quién va a negociar con el Gobierno regional (hay acuerdo en que sea un comité mixto) y el rol de la asamblea unitaria que se va a organizar (si será vinculante o solo consultiva y cada organización decidirá por su cuenta después).

Os dejo aquí la intrahistoria de esta negociación, contada por varios de sus protagonistas, y la semana que viene os cuento novedades de lo que se decida el jueves.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

¿Qué tal, cómo va todo? ¿Fresquito en la oficina con el aire acondicionado? Tienes suerte si es el caso, podrías estar cinco horas al día en un aula dejándote la salud a más de 30 grados.

Este año más temprano que nunca estamos viendo ya lo que fácilmente sea la mayor vergüenza del país curso tras curso. Y mira que está la educación para darle una vuelta, pero personalmente no sé si hay algo más grave que el espectáculo anual de clases convertidas en hornos, pequeños y mayores de todas las edades sudando a 30 grados desde las 9 de la mañana. Creo que no pasa en ningún otro sector (sin entrar, claro, en la gente que trabaja al aire libre).

Este curso se ha añadido una novedad –o ha trascendido públicamente, igual ya había pasado–, que son las familias pagando ellas mismas o buscando fondos debajo de las piedras para instalar aires acondicionados ante la pasividad de las administraciones, porque siempre hay un piso más en el sótano de la ignominia.

Las familias no saben qué hacer ya y en comunidades autónomas como Aragón el caso ha llegado a la inspección de trabajo. Como nos explicaba una madre hace unos días, las familias están cansadas de que la inspección educativa ignore absolutamente este tema y han decidido abordarlo por legislación laboral, ya que los profesores no dejan de ser trabajadores y sus centros de trabajo no cumplen el requisito legal de un máximo de 27 grados en oficinas. 

Uno será un poco ingenuo, pero cuesta entender cómo la administración no aborda este tema. Sí, cuesta dinero. Pero es un problema de salud –algún día pasará algo más grave aún– ya transversal a todo el territorio, a todas las edades y etapas e ignorarlo no lo va a resolver. Es previsible, sucede todos los años, y solo va a ir a más y a pasar antes. Este curso ha empezado en mayo. ¿Tienes calor hoy? Piensa que es el día más fresco de lo que queda de verano (exagerando un poco).

En esta pieza hemos abordado el estado de la situación en el país. En resumen: en la mayoría de comunidades autónomas ni siquiera hay cifras actualizadas de cuántos colegios están climatizados, adaptados o una radiografía precisa de necesidades o inversiones, un calendario conocido o una previsión de cuándo se completará. El resumen del resumen es que no tienen ni idea y que, como admite alguna administración, es muy caro climatizar.

Pero esta argumentación es un poco tramposa, porque como nos explica una experta, climatizar no es todo. “Lo primero es tomar medidas pasivas, que no consumen energía. Por ejemplo, poner toldos en ventanas, aislar las cubiertas del edificio sobre todo —es bastante fácil y económico en los colegios de techo plano— y poner sombras y vegetación en los patios. También es importante que los acabados de superficie sean de color claro. Si no, pueden llegar a coger 60 grados”. Todo eso refrigera y, de propina, hace que luego climatizar sea más barato porque no necesitas tanta potencia.

Cierro este tema, que tenemos que hablar de las huelgas, con una derivada de toda esta situación que da que pensar. Lo explica Ginés Ruiz Macía, del PSOE en Murcia, a raíz de las familias realizando una rifa para pagar la climatización: “Sabemos de centros a los que las editoriales de libros de texto le ofrecen aparatos de aire acondicionado a cambio de que elijan sus manuales. Hay centros donde la línea pedagógica no se está decidiendo porque prefieran un proyecto educativo, sino porque les ponen cuatro aparatos”. Y así vamos.

Esta semana hemos hablado de...

Efecto dominó con la huelga educativa: Madrid se suma. El paro indefinido en la Comunitat Valenciana o el de las maestras de Infantil en Madrid están sirviendo de ejemplo para otros docentes: tres sindicatos docentes y una asamblea de profesores se suben a la ola y también convocarán una huelga en Madrid a partir de septiembre. El caso catalán permite ver, además, que es posible doblar la mano a la administración, como hicieron en su momento los vascos, si hay determinación suficiente.

En Catalunya, os decía, han ganado. La huelga ha conseguido forzar un acuerdo entre la Generalitat catalana y los docentes, que contempla una subida de 600 euros brutos al mes de forma progresiva hasta 2029 (puede parecer mucho, pero no es tanto cuando se analiza en términos porcentuales anuales) y el deseado aumento de los recursos humanos. Aquí están los detalles del pacto, que debe refrendar el profesorado antes del jueves.

Quizá no sea la victoria que a muchos habría gustado, eso depende de las expectativas de cada uno, pero una negociación también es ceder y llegar a compromisos, y este pacto ha costado muchos días sin trabajar (sin cobrar) y un encierro.

En la Comunitat Valenciana no están teniendo tanta suerte. La reunión de este domingo entre Generalitat valenciana y huelguistas acabó también en encierro, aunque tuvo un final más abrupto que el de sus vecinos del norte. La policía cargó contra los manifestantes en la puerta y amenazó con sanciones “muy graves” a los encerrados, que desistieron.

Por el momento la reunión del domingo se saldó sin acuerdo, y el paro suma ya cuatro semanas. La consellera, Carmen Ortí, le ha dicho a los sindicatos que las decisiones no se pueden tomar “bajo presión”, en lo que podría ser el segundo capítulo de la saga “esta huelga es demasiado política”, protagonizada hace unas semanas por el president Pérez Llorca.

Antes de eso se dio la agresión policial a una docente en una de las manifestaciones en los alrededores de la Conselleria. Supongo que habrás visto el vídeo porque ha circulado por todas partes: un policía empuja por detrás y sin previo aviso a una peligrosísima profesora jubilada, que cae a plomo al suelo. Se rompió el tabique nasal. El agente en cuestión tiene un expediente abierto y la rabia de media España encima, excepto un par de sindicatos policiales, por una agresión innecesaria, injustificada y desproporcionada.

En un tono un poco más amable, esta semana os hemos contado también el fenómeno Bezares. Javier Bezares es el responsable de redes de UGT y ha conseguido tener a media comunidad docente pendiente del canal de Telegram del sindicato. Allí, este profesor de Música va contando las negociaciones, los avances y retrocesos, los gestos que se hacen en la mesa, con un tono que le ha convertido en una estrella. Le paran por la calle para hacerse fotos.

Para subir nota

Comunitat Valenciana, Catalunya, Aragón, Madrid. Hablar de educación hoy sigue siendo hablar de conflictividad, de huelgas, de docentes inconformes. Es contar las dimisiones de directores en masa, las negociaciones “de diez minutos o diez horas”, el compañerismo, cómo se lleva un paro de ¡un mes! Es contar un sector que no puede más.

Hacía tiempo que no se veía tanto compromiso con las huelgas de docentes como el que se está viviendo estos días en media España. El profesorado valenciano acumula tres semanas de huelga sin visos de solución, pero se mantiene unido y resiste. “La actual huelga es mejor” que la de 1988, un hito en la protesta valenciana, nos cuentan tres maestras que han vivido ambos paros.

El profesorado valenciano sufre el desprecio de la Generalitat en la mesa de negociación, al que contesta con acciones. ¿Me planteas un acuerdo a la baja inaceptable? Redoblo y mantengo la huelga. ¿Me das un ultimátum inasumible? Te pongo cien dimisiones de directivos sobre la mesa por las “promesas incumplidas”.

Todo en el marco de unas negociaciones en el que la Consellería parece estar jugando con los sindicatos. “Unos días nos tienen diez horas y media negociando y otros apenas diez minutos”, cuentan. No está pesando en el ánimo de los elegidos para lidiar con la Generalitat. Los sindicalistas se sienten fuertes, le cuentan a nuestro compañero Miguel Giménez en esta pieza que se cuela en la mesa de negociación. 40.000 personas en la calle, explican, les da toda la fuerza que necesitan para seguir.

Como la semana pasada, Gobierno valenciano y sindicatos negociaban a última hora de este lunes. Tocaba reunión larga y la táctica del Gobierno valenciano puede haber surtido efecto: tras una reunión larga, CSIF y ANPE han aceptado la propuesta de subida de 200 euros a lo largo de tres cursos. STEs, UGT y CCOO han rechazado el aumento por escaso, pero la Generalitat valenciana da por cerrada la negociación salarial pese a que tiene el sí de organizaciones que representan al 30% del profesorado frente al no del 70% restante. La negociación es algo más compleja que esos 200 euros, incluye otras partidas, pero no cabe aquí todo. Los detalles, en este artículo. Este martes sigue el diálogo.

[Te recuerdo, o te informo si no lo sabías, que todos los artículos sobre esta huelga se pueden leer en valenciano, en el mismo artículo tienes un enlace]

En Catalunya la tercera oleada de huelgas docentes parece acercar a las partes a una solución. Con un seguimiento “notable”, los sindicatos aspiran a arrancar al Govern mejoras salariales y un refuerzo de plantillas –siempre son los recursos y casi siempre los humanos– que vaya más allá de lo que pactó la Generalitat catalana con CCOO y UGT.

Pau Rodríguez te cuenta el minuto y resultado de esa huelga y negociación aquí (hasta que haya novedades, las negociaciones siguen este martes).

En Madrid el sábado se celebró la manifestación que completaba la histórica huelga general de Infantil del pasado 7 de mayo. Miles de mujeres –es un sector hiperfeminizado e hiperprecarizado– inundaron el centro de la capital con sus llamativas camisetas amarillas para exigir mejores ratios –hay educadoras pendientes de 20 bebés– y mejores condiciones también. Si te has perdido con esta protesta, en esta crónica ellas mismas explican su situación. 

A estas comunidades se unió Aragón, que rechaza de plano que el Gobierno quiera concertar el Bachillerato. Esta etapa, al no ser obligatoria en principio no debería concertarse, pero es una práctica ya asentada en muchas comunidades a la que se quiere sumar Jorge Azcón.

Familias y docentes han denunciado en las diversas movilizaciones que esos recursos que se destinarán a concertar centros privados deberían destinarse a la pública, “la única que garantiza la igualdad de oportunidades y donde se atiende a la diversidad”, según explicaba un profesor en la manifestación del pasado martes.

¿Café para todos con las ratios?

En medio de este panorama, el think tank EsadeEcPol ha presentado un informe que sostiene que el proyecto de ley de reducción de ratios que tramita el Congreso estas semanas le va a costar a España 2.818 millones de euros anuales de media durante una década (el 4% del gasto educativo actual) y que, planteado como está (café para todos), es poco efectivo y además se va a dejar más dinero en bajar el número de estudiantes por aula para alumnado acomodado (que lo necesita menos) que para el más humilde.

Esade admite que es impopular su postura, y más en un contexto en el que la reducción de ratios es una de las banderas de las huelgas que acabamos de comentar, pero defiende a cambio rebajas dirigidas allá donde sean más necesarias y otras medidas, como pagar más al profesorado de centros de alta complejidad o ampliar programas de refuerzo como PROA+ o tutorías intensivas.

El Ministerio, que depende de que el Congreso apruebe la ley de reducción de ratios para no cerrar “la legislatura del profesorado” –han dicho las dos ministras de Educación que ha habido en este ciclo– sin un huesito que tirarle a los docentes, defiende que bajar el número de estudiantes por clase supondrá “la mejora de la atención individualizada con una respuesta educativa más ajustada a las necesidades del alumnado”, una generalidad que sin embargo muchos docentes creen que es clave cuando se aterriza en el aula.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

¿Cómo estás? Si eres docente (no universitario), ánimo. Es bien fácil que estés en huelga en Catalunya, la Comunitat Valenciana, Aragón o Madrid. Si no lo estás ahora, probablemente has pasado por ahí hace poco. Si estás sufriendo la huelga te pediría un mínimo de comprensión: están luchando por algo que es de todos. Por ti, por tus hijos e hijas. Y los paros indefinidos, como se están celebrando en alguna comunidad, son duros. Y caros. Que se lo digan a las maestras de Infantil de Madrid, que llevan un mes (un mes sin sueldo). Pero se organizan y resisten.

Últimamente tengo la sensación de que me repito. De que suelto la palabra “histórico” con cierta facilidad. Pero es que realmente creo que la situación educativa y la reacción del profesorado lo merece. A la huelga general de la semana pasada sin precedentes en Infantil se han sumado ahora otra en la Comunitat Valenciana que tiene al Gobierno autonómico de Pérez Llorca contra las cuerdas y otro paro en Catalunya que debería preocupar a Illa.

El viernes miles de docentes valencianos culminaron la semana entera de huelga con una manifestación “histórica” (ahora no lo digo yo, cito a nuestro redactor Miguel Giménez) en València que, diría, ha desbordado a la Generalitat valenciana por su alcance y está empezando a quemar a Pérez Llorca. A los cuatro días de un paro que exige mejoras laborales, pero también del sistema, el Ejecutivo se reunión con los sindicatos para ofrecerles un acuerdo que las organizaciones tacharon de “insultante”, que no incluía siquiera una mejora salarial, pese a que la Generalitat valenciana presume de ganar cada vez más, impuestos mediante.

(Subida que, por cierto, la consejera sí concedió a su propio gremio, los inspectores de Educación. Te dejo aquí un perfil de Carmen Ortiz para que sepas quién es la mujer encargada de resolver el marrón que le ha dejado su antecesor, José Antonio Rovira).

El principal sindicato valenciano, STESPV, contraofertó a la no oferta gubernamental: 500 euros mensuales y una reducción drástica de las ratios. Este lunes la consejería ha ofrecido 120 euros (en total), que han sido convenientemente rechazados. El reloj corre para la consejera: más de 350 directores también se reunieron ayer y amenazan con dimitir en bloque el jueves si no hay acuerdo.

De momento no lo hay, y la huelga sigue. Poca sorpresa, cuando el president diciendo que “algunas reivindicaciones son muy políticas”. Ya hay que ser desubicado para hacer reivindicaciones políticas en una huelga.

De Aragón a Catalunya

En Catalunya no le han andado a la zaga a sus vecinos. Igual los paros no son históricos, pero solo porque es la tercera oleada este curso y el adjetivo encaja mejor con la segunda, que se desbordó. Pero la protesta sigue y la idea de esta Generalitat de infiltrar a policías en asambleas de docentes que preparaban la huelga no ha ayudado. Aún quedan tres paros territoriales y dos generales por delante.

Esta semana se plantea como clave, nos cuenta Pau Rodríguez desde Barcelona. El Govern aprueba previsiblemente los presupuestos (veremos si con algún caramelito para el profesorado) y el miércoles se reúne con los sindicatos en busca de una salida. Hemos hablado largo y tendido de esta huelga, pero por si se te ha escapado en esta pieza os recordamos el estado de la educación catalana y las causas del malestar docente.

En Aragón la protesta, esta vez, se debe a la concertación del Bachillerato que ha impulsado el Gobierno de Azcón (normalmente se suele concertar la etapa obligatoria, aunque en algunas comunidades han saltado al 3-6 y al Bachillerato hace tiempo ya). Hay huelga hoy y mañana, después de que la semana pasada la plataforma de la Educación Pública interrumpiera el primer pleno de la legislatura entre gritos de protesta.

Por cierto, que en todas partes cuecen habas y en Buenos Aires también se celebró la semana pasada una marcha masiva, más de medio millón de personas según algunos cálculos, contra los recortes en las universidades públicas.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El malestar docente del que veníamos hablando estas semanas ha explotado y España vive en este momento una situación que me atrevo a llamar histórica: hay dos huelgas docentes indefinidas simultaneas. Por un lado están las educadoras de Infantil, que en Madrid llevan cinco semanas (y sumando) y que el pasado jueves consiguieron el apoyo de todo el país para convertir su paro en nacional; por otro, el profesorado de la Comunitat Valenciana comenzó este lunes también una huelga general indefinida.

Empiezo por esta última, que es la más reciente y era algo que no se veía en la comunidad desde hace 38 años. Es histórica en sí misma y no responde a la ocurrencia de un sindicato: la convocan STEPV, CCOO, UGT y CSIF, la la secunda ANPE y la respaldan las familias agrupadas en Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya, así como del Sindicat d'Estudiants. Ayer lunes, primer día, hubo un seguimiento “masivo” y miles de docentes se manifestaron contra el presidente Pérez-Llorca.

Los docentes valencianos exigen la derogación inmediata de la Ley Rovira, que pone en peligro el valenciano como lengua educativa en la escuela, ratios más bajas y recursos suficientes, menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado, infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados; también mejoras salariales y condiciones laborales dignas para el profesorado y dignidad, reconocimiento y condiciones laborales justas para todo el personal educativo.

Más allá de la particularidad del idioma, sus reivindicaciones son un pequeño compendio de las cuestiones que tienen en pie de guerra a media profesión por todo el país.

Algunas de ellas, como las ratios o los salarios, son compartidas con las educadoras de infantil, que de largo son el colectivo peor tratado de todo el sistema educativo. Os hemos contado otras veces las condiciones en las que ejercen, aquí os dejo una pieza desgranando los motivos de este paro, que so riesgo de repetirme es histórico: por indefinido en Madrid y porque la huelga general estatal del pasado jueves fue pionera, nunca antes se había hecho en esta etapa.

La situación en Madrid, origen de la protesta, es mala. Probablemente peor que en otros territorios, pero en todas partes cuecen habas en Infantil. Se manifestaron en Andalucía, en Aragón, en Galicia, en Asturias y en Catalunya, entre otros lugares. El día 23 todas esas manifestaciones convergen en Madrid, donde se espera una gran marcha para llamar la atención de la realidad de un sector básico. Es una huelga, además, con la que es fácil empatizar; cuando se conocen las condiciones en las que trabajan estas profesionales solo se les puede dar la razón.

No me extiendo más con este tema, que quiero contaros otras cosas de interés como la increíblemente torpe maniobra de la Generalitat con sus profes. Sí os animo a entrar en los detalles a través de los enlaces que os dejo, sobre todo en el caso de Infantil, donde el desconocimiento de la mayor parte de la sociedad de las condiciones de trabajo de estas maestras y educadoras es la mejor baza de las administraciones para que nada cambie.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Más de treinta educadoras infantiles están sentadas en círculo en un aula. Visten de amarillo, el color que ha teñido las movilizaciones con las que estas profesionales están reclamando unas condiciones más dignas para ejercer su labor. Llevan un mes en huelga indefinida y este fin de semana se han encerrado en una escuela de Rivas-Vaciamadrid para hacerse escuchar.

“Llevamos muchos años con muchas luchas pequeñitas y, como las pequeñitas no han dado resultado, nos hemos tirado a la piscina”, explica Lucía Martínez, miembro de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles y una de las organizadoras de este encierro. Entre sus principales demandas, destaca la reducción del número de niños y niñas que atienden en cada aula: “No podemos trabajar con las ratios que manejamos. Cualquier persona que ha tenido un hijo o una hija y ha pasado por tener un bebé en brazos sabe que es imposible tener más de uno, más de dos ni más de tres”.

Otra reivindicación que defiende es que haya dos profesionales por aula, lo que se conoce como pareja educativa. “Es una herramienta pedagógica muy potente en estas edades para tener dos visiones, dos modelos a los que mirar, y asegurar la vinculación de todas las criaturas”, expone esta profesional. También pide una subida “urgente” de sus sueldos: “Muchas compañeras están cobrando el salario mínimo interprofesional, que no es acorde ni a la categoría profesional ni a la responsabilidad que tenemos”.

Las educadoras iniciaron su encierro en la escuela infantil Platero este viernes por la tarde, una vez se había vaciado de niños y niñas. Más de treinta profesionales de la enseñanza de 0 a 3 años de distintos centros madrileños se reunieron en asamblea en una de las aulas y empezaron a organizarse. Hablaron de cómo confeccionar carteles, de en qué ámbito centrar sus reivindicaciones, de cómo se iban a administrar para comer… Y se repartieron en turnos con el objetivo de alargar el encierro durante todo el fin de semana.

“Estamos haciendo una red preciosa. Hemos tejido una red de lazos amarillos en la que hemos conocido a muchísimas compañeras que quieren participar. Está muy activo el equipo”, valora Martínez. “No esperábamos tanta respuesta. Sabíamos que la gente estaba cansada, que necesitaba un revulsivo, pero no esperábamos que desde el primer día hubiera un ‘Ya está bien, estamos cansadas y, para lo que cobramos, si un mes no cobramos, pues ya veremos’”, destaca sobre el seguimiento que ha logrado la huelga a lo largo del último mes.

La respuesta que han encontrado por parte de las administraciones es desigual. En el caso del Gobierno estatal, la activista pone en valor la disposición al diálogo que les han mostrado: “El primer día que nos concentramos en la puerta del Ministerio de Educación, bajaron a buscarnos para que subiéramos a hablar”. Desde entonces han mantenido tres reuniones, en las que reconocen avances: “Nos han dado un par de herramientas que creen que pueden ser los caminos para trabajar en una parte de las reivindicaciones que tiene que ver con las competencias del Ministerio, que son las ratios y las horas no lectivas”. No han encontrado la misma mano tendida en la Comunidad de Madrid: denuncian que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con amplias competencias en el ámbito de la educación, no les ha recibido desde que empezaron la huelga.

En cuanto a los ayuntamientos, también hay respuestas desiguales. Mientras lamentan que el de la capital no ha tenido ningún acercamiento con ellas, en el caso de Rivas hay mayor sintonía. Su alcaldesa, Aída Castillejo (IU-Más Madrid-Verdes Equo), acudió este viernes a la escuela Platero a mostrar su apoyo a las trabajadoras movilizadas y se puso la camiseta amarilla de sus reivindicaciones.

“Las educadoras de 0-3 están pidiendo dignificar esta etapa, que a veces se considera solo de cuidados, como la etapa educativa fundamental que es”, valora Castillejo en declaraciones a elDiario.es. “Eso pasa por la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales, pero en base a eso también solicitan una bajada de ratios que a quien primero beneficia es a los niños y a las niñas”, defiende la alcaldesa de este municipio de 100.000 habitantes, y traslada “la felicitación y el abrazo colectivo de esta ciudad a las educadoras, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento” a una lucha que considera que es “muy difícil sostener” durante tanto tiempo.

Casi todas las profesionales que están participando en este encierro son mujeres, de diferentes edades. Una de ellas, Miriam, ve relación entre el género mayoritario en el sector y los salarios que reciben. “En las etapas en las que menos hombres hay, peores condiciones tenemos. Según van apareciendo hombres en el momento educativo… Vas a primaria y hay un salto en las condiciones, en el dinero y en todo. Vas a secundaria, donde ya hay muchos más hombres, y hay otro valor”, denuncia.

Miriam, que lleva un mes participando en la huelga, defiende que la educación infantil es un “pilar” en el que los niños y niñas adquieren “autonomía y valores” y “aprenden a ser ellos, a ser ellas, a identificar emociones y a ser adultos funcionales”. Por eso pide a la consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo, que les escuche y “entienda el valor de esta etapa educativa”. “Hemos estudiado y seguimos formándonos. Estamos dando unos cuidados profesionalizados. Hay gente que dice ‘es que solo cuidáis’, pero cuidar es de lo más importante que le puedes regalar a una persona”, reivindica.

Esta maestra reconoce que la huelga está teniendo un impacto sobre los niños y niñas, a quienes tienen que reagrupar para que los atiendan las profesionales en servicios mínimos. “Están desconcertados, están sufriendo mucho y a nosotras nos da mucha pena, y creo que también hemos tardado tantos años en ponernos en una huelga así, aparte de porque es muy difícil de sostener, porque precisamente nos da pena. Pero tenemos que luchar y nos repetimos todos los días que es por su futuro y por su bienestar”, traslada.

Entre las familias hay quienes comparten que esta movilización es en beneficio de sus hijos e hijas y quienes no lo ven así. “Encontramos a familias muy implicadas, que entienden nuestra lucha y la apoyan de muchas maneras: nos hacen camisetas, nos mandan mensajes incluso en los pañales que nos traen de cada peque”, agradece Miriam. “Otras no terminan de entender esta lucha y nos llegan a decir que los niños del presente no tienen que sufrir para que los niños del futuro estén mejor. Frases que realmente nos duelen porque si estamos luchando precisamente es por ellos y por ellas, para que cuando se incorporen el 1 de septiembre tengan unos brazos que les acojan”, defiende desde el pasillo de la escuela infantil Platero.

Un rato después de comenzar el encierro, algunas de las trabajadoras leyeron ante sus compañeras un manifiesto en el que proclamaban: “Sin nosotras no hay educación infantil y sin educación infantil no hay futuro”. Un futuro que por el momento sitúan en permanecer en esta escuela durante todo el fin de semana y en continuar con su movilización más allá: “Seguiremos organizándonos, saliendo a las calles y alzando la voz todas las veces que haga falta hasta que se nos escuche de verdad. Lo que defendemos no es solo nuestro trabajo, es el futuro de la infancia y de toda la sociedad. Porque educar también es luchar, porque cuidar también es resistir”.

Justo cuando se cumple un mes del inicio de la huelga indefinida de las educadoras infantiles en la Comunidad de Madrid y después de que el paro se haya extendido a todo el territorio nacional, estas profesionales han sacado músculo en la Puerta del Sol. Esta tarde, una marabunta amarilla ha reivindicado la bajada de ratios y el aumento del salario, que en la actualidad roza el salario mínimo interprofesional (SMI), de cara a poder ofrecer el cuidado y acompañamiento que las criaturas de 0 a 3 años se merecen. “Esta huelga ya es histórica. Tenemos que hacer ver que nuestra situación es precaria, y que precariza a la infancia”, ha defendido María Pizarro.

Ella es una de las tantas educadoras que ha acudido al kilómetro cero madrileño para hacer valer sus demandas. Se define como privilegiada, pues trabaja en una escuela infantil del Ayuntamiento de la capital de gestión indirecta: “Al menos, nosotras tenemos pareja educativa. Hay cuatro ojos para estar pendientes de todos los niños y niñas, y en nuestro caso las ratios son algo más bajas”, introduce.

No siempre se tiene esa suerte. La diversidad de tipología de estos centros hace “insostenible”, tal y como remarca la misma Pizarro, que se pueda dar una atención de calidad. “A veces, llegan a ser hasta 20 niños en el aula. Así es imposible”, ha añadido mientras a su alrededor se escuchaban cánticos como “no guardamos, educamos”, “lo llaman guardería y no lo es, es educación y no conciliación” y “qué viva la lucha del 0-3”.

Jorge Abad, quien secunda los paros desde que se iniciaron el pasado 7 de abril, ha recalcado que “pedimos que todos los niños tengan las mismas posibilidades y calidad en su educación”. Por ello, propugna que las ratios lleguen a homogeneizarse con los de la Unión Europea. Si actualmente cuidan y acompañan por aula a ocho bebés de 0 a 1 año, 14 bebés de 1 a 2 años y hasta a 20 criaturas de 2 a 3 años, luchan por reducir esas cifras casi a la mitad, a cuatro, cinco y siete bebés, respectivamente.

Demasiada responsabilidad, poco reconocimiento

Este trabajador de una escuela municipal del Consistorio madrileño incide en que las condiciones en las que se encuentran tienen graves efectos en el desarrollo de la infancia. Además, es algo que se resiente en el día a día. Así lo ejemplifica: “Si estás con 20 niños y uno tiene que ir al baño, dejas a 19 solos. Si uno te necesita y surge otro conflicto, no puedes darles la atención que requieren. Son edades en las que aprendes a saber llevar muchas emociones, por eso reivindicamos que bajen las ratios, para que la atención pueda ser mucho más personalizada”.

Estas profesionales también reclaman que su calendario escolar se asemeje al del segundo ciclo de infantil. De esta manera, evitarían llevarse todo el trabajo burocrático y de preparación pedagógica a casa una vez superada su jornada laboral. Por otro lado, a pesar de lo que mucha gente pudiera pensar, igualando a las cuidadoras con maestras, en este sector también trabajan el mes de julio.

Rocío García ha llegado a la Puerta del Sol tras toda una jornada de lucha en Madrid. Vecina de Morata de Tajuña, trabaja en una escuela infantil municipal de Alcalá de Henares, pero de gestión indirecta. “Estamos totalmente desbordadas. Ya no es solo nuestro trabajo en el aula, es que mi nómina es de 1.096 euros. Tenemos mucha responsabilidad para lo poco que se nos reconoce, porque nosotras hemos estudiado un grado superior y hasta magisterio”, ha criticado.

Mientras las concentradas, 700 según Delegación del Gobierno y 2.000, según las convocantes, hacían ruido con silbatos, cacerolas y hasta panderetas, esta educadora infantil ha denunciado que parte de la sociedad todavía ve a su sector como si fuera una guardería. “No somos un sitio para aparcar a tu hijo mientras trabajas y donde solo cambiamos pañales y coloreamos. Aquí aportamos toda la base de la educación, donde trabajamos en valores, en autonomía y autoestima”, ha afirmado.

La huelga como sacrificio

Pizarro, afincada en Madrid, asegura que con sus salarios es “imposible” crear un proyecto personal en la capital. “Hay compañeras con más de 40 años que siguen viviendo con sus padres porque no se pueden permitir ni un alquiler”, ilustra. Desde su punto de vista, esta es otra forma de “precarizar la profesión”. Por eso, exigen que las Administraciones, ya sea el Gobierno regional o municipal, aumenten la partida para salarios en sus pliegos de condiciones de cara a ganar una licitación.

En este sentido, García ha recalcado que con los salarios tan bajos que perciben “hasta hacer huelga se convierte en un lujo”. Algunas de sus compañeras no secundan el paro por este motivo. “Acaba siendo un sacrificio tanto para las que perdemos el dinero y vamos a la huelga como para las que le gustaría hacerlo y no pueden”, ha explica esta educadora alcalaína. Diversas acciones intentan paliar esta realidad, ya sea a través de una caja de resistencia o la organización de mercadillos solidarios en los que intentan reunir fondos para resistir los paros.

Unas aulas sin aclimatar para julio

El hartazgo de este sector educativo ha llegado tras aguantar un cómputo de grandes gotas que han rebosado un vaso ya demasiado lleno de partida. Entre estos factores, se encuentra el estado en el que se ven obligadas a desempeñar sus funciones. “En muchas escuelas no hay ni toldos para que las criaturas se resguarden del calor en verano, ni tampoco aire acondicionado. Tampoco hay calefacción central para el invierno, cuando las criaturas de las edades más tempranas no dejan de arrastrarse por el suelo”, se ha explayado Pizarro.

García, por su parte, ha añadido que es “sorprendente” que los colegios e institutos cierren más allá de mediados de junio por las altas temperaturas pero que las escuelas infantiles permanezcan abiertas en julio. “Trabajamos con niños de 0 a 3 años, mucho más vulnerables, y sufrimos ola de calor tras ola de calor. A veces tengo miedo de que a los bebés les pueda pasar algo”, ha reconocido. A ella ya le ha pasado. Un día, le dio un golpe de calor, y las quejas de compañeras de trabajar con dolor de cabeza o mareadas por las altas temperaturas suelen ser constantes, según su relato.

Prescindibles y esenciales al mismo tiempo

La protesta ha llegado a su fin con la lectura de un manifiesto cuando el sol ya había aparecido tras una tarde lluviosa. “Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas: cuando se trata de derechos, financiación y reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y garantizar la conciliación, se nos declara esenciales”, han expresado.

Cientos de personas arremolinadas en torno a un micrófono escuchaban con atención: “No se puede ser invisibles para lo importante y obligatorias para lo urgente. Las escuelas infantiles no somos solo un recurso asistencial. Somos educación. Somos la base del desarrollo motor, emocional, social y cognitivo de la infancia. Y, sin embargo, seguimos siendo una etapa precarizada, infravalorada y constantemente cuestionada”, han finalizado. Tras esta jornada de lucha, un solo cántico quedaba suspendido en el aire: “Aquí está, sí se ve, la fuerza del 0-3”.

Vamos a seguir hoy con el tema de los policías en los institutos catalanes, porque es probable que la Generalitat anticipara una cierta contestación a su plan de introducir mossos d'escuadra en algunos institutos, pero no sé si preveía el rechazo absoluto que ha generado. En todos los frentes. Por estigmatizar a los centros, por aplicar una solución policial a un problema educativo, por muchas razones.

Vamos en orden, porque la semana pasada, cuando se conoció el plan, había pocos detalles de una medida que, por mucho que insista el Govern, no es habitual. Lo que sabemos: los llamados Agentes de Convivencia empezarán en 14 centros, la mayoría institutos de Secundaria o institutos-escuela. Los mossos irán desarmados y de paisano y, a diferencia de lo que se dijo la semana pasada, no tendrán un destino permanente. Son seis en total para los 14 centros.

Tampoco está previsto que se relacionen con el alumnado y, de hecho, la Generalitat ha anunciado que el plan será voluntario para los centros. Aquí encuentras todos los detalles que se conocen hasta ahora.

Lo que también se ha ido conociendo con el paso de los días es que al menos cuatro de los 14 centros seleccionados para recibir a los mossos han rechazado participar en el plan. En otros ha habido protestas de familias y profesorado porque lo consideran innecesario y “un insulto”, en palabras de los docentes. “No le encontramos ninguna justificación. Evidentemente tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana”, explicaba una profesora. Es “un ataque racista y estigmatizador”, añade el alumnado.

Pero, ¿qué van a hacer los policías en los institutos? No está claro. El Departament d'Educació no lo ha dicho con claridad. Aportarán “una mirada externa y especializada” en mediación de conflictos que puedan superar lo pedagógico, intentó explicar en primera instancia. “Los centros tendrán flexibilidad”, añadió aludiendo al carácter de prueba piloto.

Las partes ni siquiera se ponen de acuerdo en el origen del plan. La consejera Niubó sostiene que nace de “una demanda”, pero el principal sindicato de la escuela pública dice que “nadie lo ha pedido”. Muchos docentes conceden que puede haber un aumento de la violencia en algunos centros, pero que nunca sería esa su solución. Y recuerdan: se eliminaron 120 educadores sociales porque no había fondos, pero sí los hay para mossos.

Un pequeño desaguisado de la Generalitat, al menos en la comunicación que se ha hecho de la medida. De hecho, el Govern quería informar del plan a posteriori, consciente probablemente de que no era lo más popular que podía hacer.

Esta medida viene a ahondar en el malestar del profesorado catalán que, no satisfecho con dos, ha convocado la tercera oleada de protestas en lo que va de curso. Mayo y junio vivirán cinco jornadas de protestas en la calle, tres comunes a todos y dos en cada territorio. Os recuerdo que la Generalitat pactó con CCOO y UGT tras las dos primeras rondas de protestas, pero los que ostentan la mayoría de la representación (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) rechazaron el acuerdo y mantienen la presión.

No son los únicos, por cierto. Os he hablado de la conflictividad generalizada entre el profesorado, y las protestas no paran. A los docentes catalanes se unen los gallegos, que este martes han convocado el sexto paro en lo que va de curso. Como sus compañeros del resto del país, el profesorado gallego se siente sobrecargado y denuncia que no ha visto una reversión completa de los recortes de la década pasada, además de tener el agravio propio de una instrucción de la Consellería que impone la “neutralidad ideológica”, un término que utiliza habitualmente la ultraderecha.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

No sé si te enteraste, pero la semana pasada la Generalitat de Catalunya anunció que va a desplegar Mossos d'Esquadra de paisano en institutos con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros.

Los agentes, ha explicado la Generalitat, no irán armados y tendrán una presencia estable en los institutos, donde contarán con un espacio propio y tendrán una función preventiva y de mediación. La prueba piloto empezará este mismo tercer trimestre, antes de finalizar el actual curso, en dos institutos con alta conflictividad situados en el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. En total serán 13 centros en esta primera ronda.

El plan responde a una creciente preocupación entre el profesorado y la Administración por los incidentes de carácter violento. Desde la Generalitat sostienen incluso que es una demanda del profesorado y que busca reforzar la seguridad sin criminalizar al estudiantado. Una encuesta del sindicato USTEC, mayoritario en la educación pública, rebeló que de los 11.000 docentes que respondieron, el 14% ha recibido una agresión física y el 46%, verbal.

Hasta aquí, la información.

Vamos con las opiniones.

La Generalitat admite que esperaba cierta polémica, pero no sé si un rechazo tan generalizado como se ha dado.

Familias y docentes, esos por los que el Govern dice haber actuado, habían pedido nada ni siquiera remotamente parecido a esta medida. Ni en las mesas sindicales ni en los protocolos contra agresiones se había mencionado hasta ahora una aproximación policial al problema. “Pedimos una rectificación inmediata. Nadie lo ha pedido”, valoró Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs.

Algunas familias han mostrado su sorpresa porque el verano pasado Educación eliminó plazas de educadores sociales porque, les dijeron, no había presupuesto. “Y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, explicaba Lidón Gasull, de la asociación de familias de alumnos AFFAC.

En general existe un consenso entre la comunidad educativa de que sí, existe un problema, pero no, la solución no es la policía. El sindicato Proffessors de Secundària sostiene que “la autoridad en el aula debe ser el docente”; AFFAC apunta al origen del problema, la pobreza y marginalidad en que vive buena parte del alumnado, aseguran, que se arreglan con “políticas de vivienda, de salud mental, equipamientos, inversión en educación”...

La medida, que cruza una línea hasta ahora no traspasada, se enmarca en un ambiente de protestas docentes en Catalunya por el deterioro del sistema en general. Con esta propuesta, la Generalitat parece lanzar un hueso a los docentes en un intento de pacificar un sector que hace un mes realizó una manifestación histórica por las calles de Barcelona.

En esta misma línea va el acuerdo entre la Generalitat y dos sindicatos para abonar 50 euros por noche al profesorado que se vaya con sus estudiantes de excursión con pernoctación incluida. Lo pongo otra vez, no era una errata: 50 euros por cuidar un día entero a unas decenas de adolescentes. Luego nos sorprendemos porque nadie quiere hacer estas actividades.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Si eres docente es fácil que andes algo enfadado. Hay una probabilidad bastante alta de que hayas sido convocado a una manifestación o incluso huelga en los últimos meses, y que hayas ido. Quizá estuviste este mismo domingo gritando en Madrid o igual fuiste a la manifestación histórica de hace unos meses en Barcelona. O has estado en Santander, València, Bilbao, Oviedo, Sevilla, Toledo, Santiago de Compostela o cualquiera otra de las muchas localidades que han visto al profesorado protestar recientemente.

Puede que te has manifestado porque te pagan mucho menos que a tu vecino de comunidad, que hace exactamente lo mismo que tú. O porque tienes 25 horas lectivas semanales y mucho más alumnado en clase del que puedes gestionar. Quizá no aguantes más la burocracia, los informes y las tablas interminables que te exigen para evaluar a cada alumno. O porque crees que le das mucho a la sociedad y esta no te corresponde y minimiza tu labor, o porque has perdido la autoridad que quizá tuviste algún día y ves que las familias tienden a ponerse de parte del alumnado y dejarte solo. Y todo es cada vez más difícil y tienes más obligaciones.

Como dice Rosa Rocha, directora de un IES en Madrid, te cae todo lo que la sociedad no es capaz de resolver, desde el acoso hasta la gestión de los móviles y las redes sociales pasando por el bienestar mental del alumnado. ¿Y el mío?, te preguntas. ¿Quién se ocupa del mío? Porque cada vez más profesores se cogen bajas por este motivo, raro es el docente que no conoce a un compañero que lo ha sufrido.

Y ves que pasan los cursos y los años y estás a punto de jubilarte y los recortes de la década pasada siguen sin revertirse del todo 15 años después después. Y oyes que el Ministerio de Educación llama a estos cuatro años “la legislatura del profesorado”, pero tú no ves ninguna mejora. Te acuerdas también de que en noviembre se aprobó un borrador para bajar las horas lectivas semanales y el número de alumnos por clase, pero nunca se volvió a saber. Y lo más probable es que ni siquiera te afecte, porque tu comunidad ya lo ha hecho motu proprio, pero ni siquiera ese gesto sale. Y piensas que a este ritmo cómo va a salir todo un estatuto docente antes de las elecciones.

El profesorado está cansado y lo está haciendo saber por toda España. Por el momento es una cuestión autonómica y muchas de las protestas de los últimos meses han logrado doblar la mano a la administración correspondiente, pero también hay visos para una escalada.

Las maestras y educadoras infantiles del 0-3 marcan el pulso en este momento con una huelga indefinida en Madrid que va a saltar a territorio nacional: este colectivo merece mención especial: muchas de sus trabajadoras (son prácticamente todas mujeres) vigilan a una decena de bebés cada día a cambio de poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como dice un profesor de Derecho del Trabajo, en este país se paga mejor cuidar coches que bebés. Es difícil no empatizar con esta huelga.

Estas trabajadoras, junto a las universitarias, fueron el corazón de la protesta del pasado domingo en Madrid. En esta ocasión se manifestaban en la región todos los educadores, en el sentido más amplio de la palabra: de 0 años hasta la universidad, todo el mundo estaba convocado para esta marcha en defensa de la educación pública, que también daba continuidad de alguna manera al referéndum simbólico que el jueves preguntó a la comunidad complutense si está de acuerdo con el plan de recortes aprobado por el rectorado de la UCM.

Por cierto, hablando de recortes y del estado de la educación pública, no solo en la Complutense cuecen habas: la Universidad de Sevilla también tiene un grave problema económico y necesita recortar 16 millones de euros, dice la nueva rectora: el plan es reducir clases, cerrar facultades por la tarde y prescindir de profesorado. Todo ello pese a que los centros acaban de validar la propuesta de la Junta para repartirse un total de 1.825,7 millones de euros este 2026.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Hay un colectivo de unos 200.000 profesionales de la educación que se está jugando su futuro estos días con la negociación del VIII convenio colectivo de la escuela concertada. Ha pasado un poco desapercibido porque no les solemos prestar demasiada atención, entono el mea culpa aquí, pese a que hacen el mismo rol que sus compañeros de la pública. Pero el profesorado de la privada sostenida con fondos públicos también existe, no es un grupo pequeño y trabaja en unas condiciones sensiblemente peores que el funcionariado.

Para trabajar en un colegio concertado se piden los mismos requisitos formativos que en la pública. Les diferencia de sus compañeros que no han pasado una oposición –aunque no hace falta superarla para ejercer en la pública– y que no están sometidos a determinada regulación que sí afecta a los trabajadores del estado.

Traducido: cobran algo menos porque no tienen algunos complementos de antigüedad o formativos, dan más horas de clase semanal (23 en Primaria en la mayoría de España en la pública, hasta 28 en la concertada), atiendan a más alumnado. Y, aunque no son funcionarios, pueden casi considerarse empleados laborales públicos porque hacen posible un derecho constitucional garantizado por el Estado y además cobran de él.

Podrá discutirse el papel de la escuela concertada en el sistema, si debe existir y en su caso cómo, pero mientras esté ahí y cumpla el rol que cumple no sé si tiene mucho sentido que maltratemos a su profesorado básicamente porque podemos, para ahorrar unos euros. Y menos teniendo en cuenta que la diferencia básica entre unos y otros es, básicamente, una oposición que ni siquiera hace falta aprobar para entrar en la pública como interino.

Eso defienden los sindicatos del sector: mismo trabajo, mismas condiciones. El salario no depende de estas negociaciones, lo fija el Gobierno y no está lejos uno de otro (los complementos los ponen las comunidades autónomas, ahí está el quid de la cuestión), pero las horas de clase semanal, si se cuentan minutos o sesiones, o las ratios de alumnado por clase, que el Ministerio va a bajar para la pública pero no está claro que vaya a extender a la privada, sí entran en este convenio.

La patronal –mayoritariamente Escuelas Católicas, la marca de la Iglesia católica que gestiona sus colegios– dice que todo muy bien, pero sus prioridades está en otro sitio: que el Gobierno les pague más en los conciertos porque, explica un portavoz, de nada servirá mejorar las condiciones del profesorado si los colegios son inviables.

Todo eso se juega casi uno de cada tres trabajadores de la educación en las próximas semanas, os dejo el enlace de la pieza que sacamos la semana pasada.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

¿Cómo han ido las vacaciones? Espero que hayas aprovechado para descansar. Vamos al lío, que con una semana sin boletín se nos acumula la faena.

Aprovechando la convocatoria de las becas para estudiar el próximo curso, proceso que ya está abierto y puedes ir mirando aquí, decidimos mirar un asunto que siempre me ha hecho ruido del programa de ayudas al estudio: hay una bolsa de gente que pese a que son oficialmente pobres, ganan demasiado como para optar a una beca completa, la que incluye una partida económica en mano que compense el coste de oportunidad de ir a la universidad y no ingresar un salario.

Resulta que esa bolsa de gente es bastante más grande de lo que me había imaginado. Los compañeros de Datos cruzaron información y son casi 400.000 personas en la edad típica universitaria (18-24) y más de tres millones en total. Es mucha gente y decidimos titular “El Gobierno deja fuera de las becas completas a 380.000 jóvenes...” y la fórmula, señalando al Gobierno, os molestó a algunos. “Si tan mal os parece, probad con el PP”, venía a ser la queja. La protesta tiene cierto argumento (la época del PP fue terrible también para esto). Es un tema difícil de gestionar para el Ejecutivo, que además ha hecho un buen esfuerzo desde que está Pedro Sánchez. Pero la realidad es que todavía es un esfuerzo insuficiente. Vamos a explicarlo todo bien, que es algo complejo, técnica y políticamente.

El Gobierno reparte tres tipos de becas en función de la renta. Todas incluyen el pago de la matrícula universitaria. Hasta el primer límite (umbral 1), se obtiene la beca completa, que incluye también varias ayudas económicas para gastos. Si se supera ese límite, y hasta el segundo (umbral 2), se pierde la principal ayuda económica, de 1.700 euros anuales, y se mantienen otras menores. Si se supera ese segundo límite y hasta un tercero (umbral 3), que marca el fin de las ayudas, no hay dinero en mano y el estudiante simplemente no paga la matrícula.

El problema es que los límites los fija el Gobierno a su voluntad, pero el primero, el umbral 1, está tan bajo que queda por debajo de la línea que marca el riesgo de pobreza. Eso provoca que haya familias que ganan más de lo que marca como límite este umbral 1, pero menos de lo que el propio estado, INE mediante, considera el mínimo para no ser pobre. En ese pequeño intervalo están esos 380.000 jóvenes.

Decía que es complicado para el Gobierno porque es verdad que la situación ha mejorado mucho, pero aún falta. Cuando Sánchez llegó al Ejecutivo el programa de becas estaba en la lona. El umbral 1 no es que estuviera por debajo del límite de la pobreza, es que había que ser indigente para tener derecho a la ayuda completa. Y el dinero en mano era una broma. El PSOE ha casi duplicado la partida que se destina a becas, subido las cuantías notablemente y elevado los umbrales para que mucha más gente pueda recibir la ayuda completa.

Pero sigue existiendo no poca gente que no puede permitirse ir a la universidad, quizá no tanto porque no puedan pagar la matrícula, sino porque no pueden permitirse el lujo de no ingresar dinero en las economías familiares durante tantos años, una situación que las ayudas en mano palían. Y, como dicen los estudiantes, un Gobierno progresista, “el más progresista de la historia”, no debería permitir que pase esto.

Esto –y más, como el problema con los plazos– os contamos en este artículo, que viene aderezado con gráficos, con los datos concretos de los umbrales o la línea de pobreza, que he preferido dejar fuera de este boletín por no hacerlo más engorroso, o con la historia de Laura, que se quedó sin beca completa porque a su padre le subieron mínimamente el sueldo y eso les costó salir del umbral 1 por una cantidad inferior a la que dejó de ingresar por sobrepasar ese límite.

Antes de seguir, os recuerdo, por si se quedó perdido entre tanto texto, que ya se pueden pedir las becas. Aquí está el portal web del ministerio, válido para toda España, excepto Catalunya, que ahora tiene las competencias y gestiona sus propias ayudas.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Hablando ayer con mi compañero Pau Rodríguez, que aunque ahora cubre Local lleva muchos años echándole un ojo a la educación desde Barcelona, me dice que la huelga del pasado viernes en Catalunya fue poco menos que histórica. “No sé si había visto antes una mani de 35.000 personas solo docentes”, se sorprendía. Y eso que la concertada pinchó un poco, aunque también estaba convocada.

Todo esto pese a que se supone que hay un acuerdo firmado hace pocos días que tendría que haber desactivado la protesta. O quizá precisamente por eso, porque aunque dos sindicatos –UGT y CCOO– han firmado, el resto no –USTEC, ASPEPC, CGT y la Intersindical–. Y los claustros arden ante lo que consideran una cierta claudicación sindical. Illa, tienes un problema.

Los docentes catalanes se han pasado toda la semana de paros en lo que es la última muestra del malestar docente que, con huelgas convocadas o sin ellas, se vive –me atrevo a decir– en todo el país. En los últimos meses, os lo hemos venido contando puntualmente, ha habido paros, entre otros, en Asturias, Aragón, Euskadi (quizá el mejor ejemplo de cómo llevar una huelga) o Madrid, además de la citada Catalunya; en las próximas semanas habrá en la Comunitat Valenciana o Galicia (¡por sexta vez este curso!). La España docente se revuelve.

Cada paro tiene su por qué y sus peculiaridades, pero en general los docentes protestan por las condiciones en las que ejercen su trabajo, las suyas laborales propias, y las del sistema, que son un poco la misma cosa. Una creciente burocracia, ley tras ley, que les aplasta, aulas masificadas y las faltas de respeto son algunas de las quejas específicas que se suman a las genéricas sobre los salarios. El profesorado cree que la profesión se ejerce cada vez en peores condiciones y, como consecuencia, crecen los problemas de salud mental entre el colectivo.

Las protestas son cada una contra su consejería de Educación y coinciden en que no tienen ideología. Hay y ha habido para el PSOE, para el PP y hubo para el PNV. El Gobierno no tiene competencias sobre los funcionarios ajenos, pero la exministra Pilar Alegría se permitió llamar a esta la “legislatura del profesorado” y a su sucesora, Milagros Tolón, no le ha quedado otra que darle continuidad. Es un colectivo de casi 800.000 personas a nivel nacional sin contar la universidad; al Gobierno le sale a cuenta tenerlos contentos aunque solo sea por el cálculo electoral.

Educación lo confía todo al estatuto docente, que se comprometió a sacar durante este mandato, pero ni está claro que lo vaya a conseguir ni hay garantías de que con ello llegue la paz social. De momento está en trámite una reducción de las ratios y de las jornadas lectivas (las horas de clase semanales), pero no se espera un gran impacto porque en buena medida esta norma lo que hará será fijar a nivel nacional dos cuestiones que muchas comunidades ya han implementado.

Lo indiscutible es que las administraciones necesitan hacer algo. El problema es serio y no tiene pinta de estar en fase de resolución. En algunas materias, como las científicas, hace tiempo ya que faltan profesores, lo que está llevando a meter en un aula casi a cualquiera, y eso no parece la mejor idea. Claro que es peor tener al estudiantado sin profesor durante meses, algo que ya sucede en determinados casos. Y de los que están, uno de cada cinco se plantea dejarlo. Es un problema mundial, trasciende a España, pero ya se sabe que mal de todos...

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

España se rompe. Pero, a diferencia de cuando el PSOE la vende a trozos, se rompe de verdad. Por la universidad, en concreto. La mitad del país ya tiene como mínimo una parte de los estudios gratuitos, y unas cuantas comunidades autónomas subvencionan todo el grado o casi. Mientras algunos –Madrid sobre todo, Catalunya algo menos– pagan mil euros o más cada curso, otros ni uno.

Esta situación está provocando un debate por la vía de los hechos. Dado que los recursos son limitados, ¿debemos todos pagar por un servicio que solo utilizan el 40-45% de quienes pueden usarlo? ¿Debemos pagárselo a todo el mundo, sin criterios de renta como se está haciendo, pese a que en la universidad ya hay un sesgo de partida y la mayoría de quienes acuden son de un nivel socioeconómico alto?

Algunos piensan que no. “Pagárselo a todos es populista”, nos dijo Juan Hernández Armenteros, uno de los principales expertos del país en todo lo que tiene que ver con financiación universitaria. Este economista cree que de base la universidad debería tener su coste real (actualmente ni siquiera las comunidades más caras cobran más del 15%-20% de lo que les cuesta impartir un grado), pero a la vez establecer un fuerte sistema de becas que le financie los estudios a quien no pueda pagárselos, pero se los cobre a su precio a quien sí. Hernández tiene, con un colega, toda una propuesta elaborada para un sistema progresivo que se acompaña de ayudas económicas directas en función de la renta familia. La puedes consultar aquí.

Para los estudiantes el debate nace cojo si no se introduce también el factor oferta pública. Sabéis, hemos hablado de esto, que en la universidad pública hay un tapón importante motivado por la falta de plazas, que han provocado un aumento considerable de la nota de corte, lo que a su vez provoca que mucha gente con buen expediente se ve expulsada a la universidad privada. Y así importa poco si te pagan una universidad a la que no puedes ir y te tienes que gastar miles de euros en una que no te puedes pagar (y entonces los créditos para estudiar se disparan).

Otras vías abogan por incentivar con la gratuidad en los estudios con más empleabilidad (si los vamos a pagar entre todos, que sean los que más interesan/aportan a la sociedad, es el razonamiento) y advierten de que la gratuidad universal tiene otra ventaja, quizá menos evidente: ayuda sobre todo a la gente sin recursos, a quienes muchas veces la burocracia de las ayudas les expulsa de este tipo de procesos. Esto, que según dónde esté uno puede parecer improbable, pasa.

También hay quien piensa que sí debe ser gratis para todos. Un académico ahora metido transitoriamente a político, experto en lo público, me preguntaba al día siguiente de publicar si seria pensable hablar en los mismos términos y tener las mismas dudas del acceso universal y gratuito a la sanidad. Y argumentaba que sanidad y universidad se configuran en la constitución como garantías institucionales, no como un derecho.

Si se va a la raíz del debate, supongo que pocos rechazarían una universidad gratuita y universal, pero de momento la realidad es que los campus públicos están, en general, mal financiados, lejos del 1% del PIB que exige la ley universitaria, tienen mucha precariedad entre su profesorado y hay que elegir a qué se dedican los recursos. 

Os dejo el artículo, con los argumentos ampliados y más información.

Hablando de todo esto, el Gobierno acaba de aprobar la convocatoria de becas para el próximo curso. Es la mayor de la historia, con 2.559 millones de euros para un millón de beneficiarios, y ha subido un 83% desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa. Y eso también es una elección.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Hoy quería abordar una cuestión recurrente y es un buen día para tratarlo. Esta semana algunos os habéis enfadado un poco porque básicamente todos los medios nos hemos hecho eco de un estudio de EsadeEcPol sobre el efecto de bajar las ratios en el aula, porque, ha sido el argumento, colaboramos en expandir la agenda neoliberal.

Antes de seguir, para que sepamos de qué hablamos: el estudio mide el efecto de reducir cinco estudiantes por aula en –y el matiz es importante– clases ya no muy grandes, como las españolas, de entre 20 y 30 estudiantes, y con alumnos de Primaria, una etapa menos centrada en el rendimiento académico que la Secundaria, lo que puede ser una limitación para tener el cuadro completo.

En cuanto a los resultados, dice que académicamente apenas tiene efectos en el rendimiento de los estudiantes porque reducir en cinco alumnos una clase no tiene tanto efecto sobre las disrupciones y el profesorado tampoco cambia tanto su práctica docente (por ejemplo, individualizando más la atención) porque ya la practica masivamente. En el lado positivo, sí mejora algo el bienestar de los docentes y provoca que las familias paguen menos clases particulares, que ya es algo.

Aquí te dejo el artículo que sacamos nosotros, por si te lo perdiste.

El estudio es pertinente –Esade es especialista en eso– porque el Gobierno se dispone justamente ahora a rebajar las ratios que subió Wert hace 14 años y que, aunque algunas comunidades autónomas han bajado motu proprio, no se había hecho con carácter estatal. El anteproyecto de ley ya se está tramitando y el Gobierno se lo explicó el pasado viernes a las comunidades autónomas, que le han pedido, sin éxito, que espere un poco antes de aplicarlo.

El caso es que la bajada de ratios es una de las medidas más populares entre profesorado y familias para mejorar la educación, pero más allá de la intuición (menos alumnos, menos disrupción, mejores clases) o las experiencias personales que muchos referisteis no hay tanta información científica sobre el tema. Por ese lado Esade viene a aportar algo de luz en base a datos concretos y medibles.

Se puede objetar, como habéis hecho algunos, que al estudio le “falta aula”. Una profesora me escribía: “Han estudiado datos, pero no niños o niñas, y no han ido a un aula, eso te lo garantizo. Tengo la fortuna de tener dos grupos desdoblados y la evolución es increíble, niños y niñas condenados que en el segundo trimestre emergen”. Le agradecí el mensaje, bienvenido sea el debate, y por eso en los próximos días también publicaremos una tribuna contraargumentando al estudio.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

¿Qué alicientes tiene el profesorado para irse de excursión con sus estudiantes? Respuesta corta: ninguno. Si encima lo hacen por amor al arte y como responsables últimos, mucho menos. Y están empezando a cansarse. O igual no están empezando, porque no es un tema nuevo, pero sí están empezando a hacer algo al respecto.

Medio centenar largo de escuelas de Catalunya han decidido que se acabó. Que llevarse a niños o adolescentes dos, tres o siete días, a veces incluso al extranjero en los viajes de fin de curso es mucha tensión, mucho trabajo, mucho estrés a cambio de nada, más allá de hacerle un favor a los jóvenes. “Organizar salidas con pernoctación implica estar presentes 24 horas al día. Por la noche, hasta que el alumnado no está tranquilo, no podemos descansar, y siempre tiene que haber algún profesor despierto”, nos cuenta una de las impulsoras de la medida. “Es una presión constante y no está reconocida”, resume. Conclusión: el año que viene no hay excursiones (colonias, en Catalunya).

En este caso, además, hay que encuadrar esta medida en el ambiente de malestar generalizado por las condiciones laborales entre el profesorado catalán, que hace unas semanas convocó una huelga por esta cuestión. Aquí te dejo el manifiesto en el que explican con más detalle los motivos de su reivindicación.

Pero no son los únicos. En Vigo, la prensa local informó hace unas semanas de que muchos colegios e institutos habían tenido que recurrir a empresas especializadas ante la negativa del profesorado a ir a las excursiones. En ese caso los docentes lo argumentaban por el mal comportamiento de algunos estudiantes, que no estaban dispuestos a asumir. Algunas de estas compañías confirman que los jóvenes se portan mejor con monitores a los que no conocen al mando que con su profesorado, cuestión de confianza.

Porque, como recuerda el profesorado catalán, los docentes tienen responsabilidad civil y penal directa sobre el alumnado durante esos viajes. Lo sufrieron en sus carnes hace casi cuatro años dos profesores en Córdoba, que fueron condenados por homicidio imprudente por el ahogamiento de un menor en una excursión. Aunque ambos eludieron los más de cuatro años de cárcel que pedían la Fiscalía y la acusación particular, fueron condenados por homicidio por imprudencia profesional menos grave.

El caso corrió como la pólvora por los claustros y, aunque el recurso dio la razón a los profesores y les absolvió de todo, muchos habían tomado nota, según nos contaron entonces: demasiado riesgo, ninguna recompensa. A ellos no les iban a pillar en una de esas.

Seguiremos esto con interés, porque es un melón que nunca se ha abierto del todo y si las protestas se mantienen –no digamos ya si se amplían– alguien va a tener que hacer algo al respecto. Las excursiones, sean de un día o de varios, son actividades que contribuyen a la formación integral del alumnado; su valor formativo está fuera de duda. Pero no tiene sentido que se las coma el profesorado a cambio de nada.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Voy a tratar de explicaros lo que ha pasado esta semana en Madrid, porque ha sido todo bastante estrambótico.

La destitución del consejero de educación madrileño, que el lunes pasado parecía solo una crisis interna del PP (de cierto calado por ser la primera medio seria que sufre Isabel Díaz Ayuso), fue evolucionando durante la semana hacia una trama con personajes oscuros de mucho poder, contratos sospechosos, dimisiones por mandato y un enfrentamiento abierto entre dos de las personas que, al menos hasta hace poco, más escuchaba Ayuso: MAR y el hoy ínclito Antonio Castillo Algarra, un personaje anónimo y rostro desconocido, pero omnipresente en la política madrileña.

Ha sido, está siendo, como un pequeño goteo que acaba encharcando el suelo. El lunes, el Gobierno regional notificó el cambio en la consejería sin dar razones. Viciana, fuera. El fracaso del consejero en su intento de sacar una ley de universidades que los rectores y toda la comunidad educativa rechaza le ha costado el puesto. Zarzalejos, una figura al alza en el PP madrileño, tomaba los mandos.

A la mañana siguiente, el portavoz de educación del PP anunciaba en plena comisión que se disponía a dimitir, y con él se iban otros cuantos. Y por los pasillos de la Asamblea empezó a correr un run-run: el cese de Viciana significaba realmente que había caído Castillo Algarra, el gurú educativo (y más) de Ayuso, conocido como Rasputín, que era quien le había colocado y quien tenía el poder. Y en su caída él arrastraba a los “pocholos”, un grupo de diputados populares llamados así por su juventud e inexperiencia, que venían del entorno de Rasputín y a los que obligó a dimitir. Ese día corrieron lágrimas por la Asamblea de Madrid.

Cuan oscuro personaje del cine que sale de las sombras, Castillo Algarra pasó de ser el anónimo director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid (también acabó dimitiendo) a la persona más famosa de toda la región. Se empezó a dimensionar el poder que tenía, como teórico de la fallida ley de universidades, que ahora tendrá que rehacer Zarzalejos. También que su cercanía a Ayuso le había reportado beneficios: recibió siete contratos a dedo para representaciones teatrales.

Su protegido Viciana pasará a la historia por ser el consejero que levantó en armas a toda la comunidad educativa universitaria por su (rechazado) intento de ley (aunque intelectualmente fuera de Rasputín, llevaba su nombre). El texto, comentaban los expertos, es un despropósito no solo en cuanto a las medidas, sino desde la misma redacción. En el apartado de las cosas que sí hizo, Viciana elevó a la Fiscalía una denuncia por corrupción en un centro de FP que ha acabado escalando hasta convertirse en una causa que salpica al Gobierno de Ayuso por trocear contratos en varios institutos. Tampoco parece que este movimiento le haya generando muchas simpatías en el Ejecutivo regional.

Ayuso, tan locuaz cuando le interesa, ha optado por el perfil bajo toda la semana.

Para acabar de complementar esta loca historia te dejo la crónica, siempre sarcástica, de Iñigo Sáenz de Ugarte, y el análisis con la mirada un poco más amplia del jefe, Ignacio Escolar.

Por cierto, la crisis en la consejería consiguió tapar bastante que la Universidad Complutense aprobó el martes un plan económico para devolver el préstamo que le ha concedido la Comunidad de Madrid (para compensar que las partidas que le traspasa son claramente insuficientes para las necesidades de la universidad).

El rectorado se compromete a recortar 33 millones de euros de gasto para arreglar unas cuentas que hacen aguas por todos lados tras años de maltrato institucional “provocado”, según lo dibuja Aurelio Medel en esta tribuna.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Si vives en Andalucía, Extremadura, Catalunya o alguna otra comunidad quizá estos días hayas tenido que lidiar con una situación complicada: el temporal ha provocado que el cole de tus hijos haya cerrado algún día, y eso os ha generado un doble problema. A ti, que has tenido que buscar cómo cuidarlo ese día; a él o ella, que ha perdido esas clases, que no volverán.

Cada vez es más habitual que se suspendan clases por alertas meteorológicas, tanto porque los episodios se suceden más como porque nadie quiere pillarse los dedos por un accidente evitable. El problema que tienen las familias, los trabajadores, es que no hay un plan después de eso. Se suspenden las clases, a veces avisando la noche anterior, ¿y luego, qué? Luego nada.

Nos lo confirman varios directores, que dan fe de que las administraciones no tienen protocolos (o, si los tienen, no los ponen en marcha) para salvar la parte académica. En Andalucía, por ejemplo, se envió un mensaje a los centros para avisarles de que cerraban y les pedían que hicieran teledocencia; a los cinco minutos rectificaron y mandaron una actualización del mensaje. La teledocencia había desparecido.

La principal federación de AMPAs de la escuela pública lamenta además que esto ocurre con un calendario escolar que va a mínimos cada año, por lo que no se pueden recuperar las clases al final del curso. Tampoco parece que haya voluntad de hacerlo. A más a más, dice María Sánchez Martín, la presidenta de CEAPA, esto sucede cuando todavía hay una generación de escolares que perdieron hasta medio curso por la pandemia. A nadie parece importarle mucho.

Y luego está el clásico “qué hago con los niños”. Porque la cara b de que la administración decrete el cierre de escuelas es que alguien tiene que cuidarse con los pequeños. Y sí, tras la pandemia se introdujo alguna dispensa en el estatuto del trabajador que teóricamente da amparo a padres y madres para quedarse en casa, pero por un lado el redactado es ambiguo y por otro a veces ni siquiera da para gestionarlo, si por ejemplo te avisan de madrugada de que tu colegio va a estar cerrado al día siguiente.

Recientemente ha habido dos casos que dan la razón a quienes dicen que ese artículo del estatuto no tiene utilidad real y de las contradicciones en que incurre la propia administración: un profesor que hizo caso del mensaje ES-alert que le conminaba a evitar desplazamientos “innecesarios” y se quedó en casa (además, se habían anulado las clases) ha perdido un día de sueldo por no acudir a su puesto de trabajo. No solo ha pasado en la administración: una azafata que tampoco fue a trabajar para cuidar a sus hijas, de 3 y 5 años, ha sido amonestada por Ryanair.

Las administraciones –bien sean las comunidades autónomas, que tienen la competencia, bien el Ministerio porque fije un marco básico– van a tener que atender este vacío. La pérdida de días lectivos no va a ir a menos y el doble problema que genera no van a desaparecer por ignorarlo. Familias y directores se lo están pidiendo.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Primero fue la universidad y tenía sentido que le siguiera la FP. El Gobierno quiere poner coto al desmadre de centros privados en la Formación Profesional y presentará un real decreto en dos meses con medidas para garantizar que la oferta privada cumplen con una calidad mínima, según anunció Pedro Sánchez el pasado miércoles.

Lo que no dijo el presidente es cómo pretende hacerlo. Cuando el Ministerio de Universidades endureció los requisitos necesarios para que una universidad tenga la consideración de universidad (y no sea una academia venida a más o, en palabras de Sánchez, un “chiringuito”) lo tuvo más fácil: lo que hizo fue establecer que una agencia independiente tendrá que realizar un informe obligatorio y vinculante sobre si el proyecto cumple o no lo que se le exige y además tiene los medios para hacerlo. Pero aquello se hizo sobre un proceso ya creado, por el que cada nueva universidad pasaba por el ministerio antes de su aprobación: simplemente se incluyó otro escalón.

Con los centros de FP es más complicado porque, aparte de alguna normativa básica sobre instalaciones y profesorado, no hay mucha normativa para abrir centros nuevos y todo depende básicamente de las comunidades autónomas. El Ministerio de Educación no quiso (o supo) informar de cómo se va a asegurar esa calidad que pregona el Gobierno, habrá que esperar al texto.

Falta parece que hace. La FP se ha privatizado de manera evidente en los últimos años. Es un mundo paralelo a la universidad: en la última década la popularidad de esta etapa se ha disparado, en buena parte apoyada en la gran empleabilidad de muchos de sus ciclos, pero este aumento de la demanda no se ha visto acompañada de una subida equiparable de la oferta pública, sobre todo en comunidades como Madrid o Catalunya, lo cual ha traído inevitablemente una eclosión de lo privado: en la última década larga el estudiantado en centros privados se ha casi duplicado, algunos porque lo prefieren, otras contra su voluntad porque no les ha quedado más remedio y ahora tienen que trabajar para poder pagárselo.

Como en la universidad, los fondos de inversión han visto el negocio y se han tirado al sector, con el ínclito KKR (el de los festivales de música) a la cabeza de todos ellos. La FP privada crece a un 10% anual y en 2023 facturó 1.535 millones de euros.

La Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresas, la más importante del país, valora que la idea es positiva y que lo importante es “que haya plazas suficientes para todos en centros sostenidos con fondos públicos”. La diferencia entre una red y otra es la que va desde la gratuidad (excepto en Madrid y Catalunya) hasta los 9.000 euros que puede costar un año en determinados ciclos biosanitarios de alta demanda.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota