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La 'solución' de Mato frente a 870.000 excluidos de la sanidad pública solo suma 489 beneficiarios

El Ministerio calcula que las comunidades autónomas han suscrito menos de 500 seguros médicos públicos para las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria

El Real Decreto Ley 16/2012 excluyó con su entrada en vigor a unas 870.000 personas de la sanidad pública normalizada, aunque la cifra no ha sido actualizada por el Gobierno

Los convenios, muy criticados por las ONG por fijar una barrera económica al acceso a la salud, cuestan entre 60 y 157 euros al mes

Concentración Madrid contra Decreto Ley sanitario

Concentración en Madrid contra la reforma sanitaria de 2012. / G. S.

Solo 489 personas han contratado los seguros médicos que la exministra Ana Mato anunció como alternativa a la exclusión del sistema de salud público provocada por la reforma del Gobierno de 2012. El Real Decreto Ley 16/2012 trajo consigo la retirada de las tarjetas sanitarias a más de 870.000 personas, muchas de ellas inmigrantes sin permiso de residencia. Entonces el Ejecutivo anunció la posibilidad de contratar convenios especiales públicos, con un precio de entre 60 y 157 euros mensuales.

Después de más de dos años, el número de contratos no llega a los 500. La cifra corresponde a los convenios que el Ministerio de Sanidad controla dentro del seguimiento que mantiene de la gestión de las comunidades autónomas, que son las responsables de ofrecer este servicio. La información –que no había sido pública hasta el momento– queda recogida en la respuesta del Gobierno al diputado de Amaiur Jon Iñarritu García del pasado 26 de diciembre, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El dato representa un porcentaje mínimo de las 873.000 tarjetas de extranjeros residentes en España que fueron dadas de baja con la reforma, según comunicó el Gobierno a Bruselas en 2013. El diputado vasco preguntó al Ejecutivo la cifra actualizada de personas excluidas del sistema público, pero la respuesta escrita no facilita ese dato.

Desde el primer momento, organizaciones contrarias al decreto sanitario como Médicos del Mundo (MdM) y Yo Sí, Sanidad Universal expresaron su oposición a estos seguros. Eva Aguilera, portavoz de MdM, recuerda que "van en contra de la igualdad de acceso al derecho a la salud al imponer una barrera económica que va entre los 60 y los 157 euros al mes". El precio –añade– es incluso "más caro que el de algunas aseguradoras privadas y no incluye la prescripción farmacéutica".

La gran mayoría de las personas que acuden a pedir ayuda a Yo Sí, Sanidad Universal no pueden permitirse el coste de los convenios. Mustafá contaba en una de las 'Historias de la crisis' que publicó eldiario.es que había perdido su tarjeta porque no tenía papeles. "El seguro privado, no, ni lo hago, ni intentarlo, ni pensarlo. No lo voy a hacer nunca. No tengo ni para comer, cómo voy a contratar un seguro privado", manifestaba ante la cámara.

"Las únicas que se lo plantean un poco son aquellas personas que sufren enfermedades que requieren un seguimiento médico, como diabetes o cardiopatías, pero no les compensa porque además tienen que pagarse las medicinas. Puedes ir al médico, pero no te puede recetar la insulina. No tiene sentido", expresa Marta Pérez, activista de Yo Sí, Sanidad Universal.

Además, según Médicos del Mundo, ni siquiera todas las comunidades autónomas han regulado los requisitos y la vía de acceso a este derecho a una sanidad de segunda. "Ni Cataluña ni Galicia, por ejemplo, han regulado los convenios especiales, así que los ciudadanos que viven allí no pueden acceder a este derecho", critica Eva Aguilera. En septiembre, el Departamento de Salud catalán afirmó a eldiario.es que no había "hecho operativo el desplegamiento de la normativa referida a los convenios especiales". En la actualidad, las consejerías autonómicas de Cataluña y Galicia no han respondido sobre si continúa esta carencia.

Programas de apoyo de las comunidades autónomas

Ante las preguntas del diputado Jon Iñarritu sobre los 319 casos de exclusión sanitaria y de irregularidades en la atención que recoge el informe REDES de la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal (entre diciembre de 2013 y junio de 2014), el Gobierno niega los hechos. "Se ha evidenciado que no se han producido situaciones de desatención ni de desprotección", consigna en su respuesta. Y añade que "la normativa española garantiza que a nadie se le puede denegar la asistencia sanitaria".

Además, el Gobierno saca pecho frente a los países europeos (entre los que, asegura, se sitúa "a la cabeza" en cuanto a la protección de la salud de los inmigrantes): "España tiene el marco jurídico de mayor protección y más solidario".

Eva Aguilera y Marta Pérez suspiran al escuchar los argumentos del Ejecutivo. "Es negar la realidad. Una tomadura de pelo", indica Aguilera, que recuerda que Médicos del Mundo ha remitido también al Gobierno su informe de abril, en el que denunciaban casos de exclusión incluso entre las excepciones con asistencia garantizada por el decreto –urgencias, embarazadas y menores–, "del que no obtuvimos respuesta".

Si todo el mundo tiene acceso a la sanidad, tal y como defiende el Gobierno, por qué no se da entonces la misma tarjeta. Esa estratificación perjudica a muchas personas.

Otro de los argumentos del Gobierno para justificar la existencia (hoy por hoy) de una sanidad "pública, gratuita y universal" radica en que las comunidades autónomas han aumentado la cobertura sanitaria del decreto de 2012 mediante normas regionales. Es decir, que aunque la norma excluya a los inmigrantes sin permiso de residencia, "la mayoría de las CC AA" han desarrollado "programas de apoyo a las personas en situación irregular en España sin recursos económicos que no podían hacer frente al coste de la asistencia sanitaria fuera de los supuestos legalmente cubiertos".

Algunas regiones, como Galicia, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón, han creado diferentes programas mediante los que los inmigrantes sin papeles ni recursos económicos pueden acceder a un documento (no a la tarjeta sanitaria convencional) que les permite acudir al médico. Aunque varía según el territorio, generalmente se exige un tiempo mínimo de residencia de estas personas: empadronamiento de al menos 183 días en Galicia y Cantabria, un año en la Comunidad Valencia, por ejemplo.

Otras comunidades, como la madrileña, no han puesto en marcha estas opciones y se han limitado a crear algunas excepciones, además de las tres fijadas a nivel estatal. Castilla-La Mancha es la única región que no ha proporcionado ninguna alternativa a las personas despojadas de sus tarjetas, según Médicos del Mundo.

En Yo Sí, Sanidad Universal critican las incoherencias del Gobierno para defender la norma. "Cuando lanzaron el decreto decían que era para armonizar la regulación de las comunidades autónomas y ahora apuntan que cada una puede hacer su programa de apoyo", critica Marta Pérez. La activista pregunta al Ejecutivo por qué, si todo el mundo tiene acceso a la sanidad, tal y como defiende, se impuso el decreto de 2012: "¿Por qué no se da entonces la misma tarjeta? Esa estratificación no sé a quién beneficia, pero desde luego sí perjudica a muchas personas".

Porque, en este tiempo, murió Janeth Beltrán, una mujer nicaragüense que pasó sus últimas cuatro horas de vida en las urgencias de un hospital de Toledo esperando a ser atendida. Y Milagros Villalobos sufrió un aborto después de haber sido rechazada en un hospital público de la Comunidad Valenciana, según relató a eldiario.es. Son solo ejemplos, por desgracia, demasiado fáciles de encontrar para los activistas. Están "a un golpe de teléfono", en la rutina de los centros de salud y hospitales que nos rodean, lamentan. 

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