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Las comunidades autónomas crean un protocolo para compatibilizar las energías renovables y el patrimonio cultural

Energías renovables

Peio H. Riaño

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De repente, un castillo y un campamento romano en plena sierra. En plena tramitación de un parque eólico en Cantabria y en medio del trazado compuesto por 25 aerogeneradores. Ahí emergió el pasado junio uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la guerra que Roma mantuvo contra los cántabros y los astures, hace poco más de 2.000 años. La línea de la ofensiva romana coincide con la del montaje de los aparatos de 200 metros de altura. ¿Y ahora qué?

La tramitación de la construcción del primer parque eólico en Cantabria había superado el informe de impacto ambiental. Pero, ¿y el impacto patrimonial? Es algo que no contaba hasta este viernes. Este periódico ha tenido acceso al protocolo de actuación que han formado las comunidades autónomas para la instalación de infraestructuras de energías renovables y su afección al patrimonio cultural.

A pesar de no existir una legislación que ordene esta complicada relación, las administraciones se han anticipado con la intención de establecer una regulación para encontrar fórmulas de convivencia entre las nuevas formas de energía y los‪ paisajes culturales, los conjuntos históricos, los monumentos, los yacimientos o los edificios protegidos.

“No es un enfrentamiento, es un entendimiento”. Este aforismo nos cuentan las fuentes vinculadas a la elaboración de esta guía de recomendaciones. Es un marco común, que cada territorio deberá desarrollar a medida en sus leyes de Patrimonio Cultural. Los responsables de patrimonio autonómicos reunidos en Lanzarote (Canarias), durante la celebración del Consejo de Patrimonio Histórico, auspiciado por el Ministerio de Cultura, han acordado un marco común en el momento oportuno.

La crisis energética obliga a acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en medio emerge el patrimonio cultural, sus necesidades y sus oportunidades

Jordi Tresserras Presidente de‪l Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en España

Desde 2021 está en marcha el proyecto estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA), con una inversión cercana a los 20.000 millones de euros. La construcción de la transición energética en España tiene fondos, ahora hay que trazar las guías para las empresas que se encargarán de ejecutarla. La competencia para autorizar la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos está en manos de las comunidades autónomas o el Gobierno central según la potencia instalada. Así que el protocolo llega antes del desembarco de miles de millones de euros de los fondos europeos Next Generation, con los que España tiene previsto convertirse en una potencia energética renovable.

El patrimonio es el futuro

“La crisis energética obliga a acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. No se puede esperar a 2030 para alcanzar el grado de ejecución. Y en medio de esta tormenta perfecta emerge el patrimonio cultural, sus necesidades y sus oportunidades”, explica Jordi Tresserras, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en España. Es el responsable de haber puesto en marcha en Europa la primera guía de buenas prácticas para el montaje de las infraestructuras eólicas y fotovoltaicas, sin faltar al patrimonio cultural. Esta iniciativa de ICOMOS-España ha sido la base con la que las comunidades autónomas han creado su propio reglamento.

Tresserras asegura que el patrimonio se erige como ejemplo de sostenibilidad a través de los paisajes culturales, de los saberes tradicionales, de los valores intangibles. “El patrimonio cultural es la alternativa, es el futuro”, sostiene. El próximo junio, ICOMOS-España compartirá su documento con el resto de los miembros de la Unión Europea para desarrollar un plan a nivel comunitario, que agrupe a todas las energías renovables. La Unesco ya ha colaborado con el Ministerio de Transición Ecológica de Francia en la publicación del plan eólico World Heritage and wind energy planning. En España, los especialistas vinculados al protocolo firmado, esperan que el Ministerio para la Transición Ecológica se reúna con el de Cultura para promover una legislación común.

La base de las medidas apuntadas en el protocolo es el trabajo en comunidad. “Siempre se deberá explorar colectividades que beneficien al mayor número de personas, sin perjudicar al patrimonio cultural. Son preferibles las soluciones colectivas porque el montaje es más barato, tiene menos impacto y llega a más población. Hasta ahora cada vecino ha ido a su aire”, señala una de las fuentes consultadas.

También llaman la atención sobre el impacto visual en los conjuntos arquitectónicos, pero no les parece razonable negar a los propietarios de un edificio con protección patrimonial el acceso a energías renovables. La recomendación es hacerlo en faldones no visibles o que no afecten significativamente a la contemplación. Los expertos en patrimonio avisan que el alza de los precios de la energía y la promoción de la transición a energías renovables “está propiciando la solicitud de instalación de placas fotovoltaicas en conjuntos históricos y edificios con distinto grado de protección patrimonial”. En estos casos, lo preferible para el protocolo es que en lugar de ocupar las cubiertas, las placas fotovoltaicas estén colocadas al margen del conjunto, en una zona de impacto visual nulo.

Un primer paso decisivo

El protocolo también incide en otro aspecto relevante: las intervenciones sobre el patrimonio cultural deben ser reversibles. De esta manera, cuando una infraestructura quede obsoleta pueda retirarse sin afectar al bien. Aquí está la paradoja de los nuevos hallazgos técnicos como las tejas fotovoltaicas. “Sí, el ojo las integra mejor, pero si colocas una placa sobre una cubierta original podrás retirarla en cualquier momento y el tejado seguirá ahí. Pero una teja fotovoltaica sustituye a la original... por eso es tan importante que se destaque el concepto de reversibilidad en el protocolo”, indica la arquitecta Clara Villalba, miembro de ICOMOS y parte del grupo de técnicos consultados para la elaboración de las directrices comunes.

“El protocolo es un marco común para hacer frente a la emergencia climática sin decisiones arbitrarias o de manera desordenada o desigual. Es un momento decisivo en España para ordenar la implantación de las energías sostenibles”, añade Villalba. Trabaja desde 2016 en Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, para proteger, conservar y poner en valor el patrimonio de zonas escasamente pobladas y explica que en esta Comunidad ya se están desarrollando los criterios particulares, derivados del protocolo aprobado ahora. El objetivo es aplicarlo al territorio particular de cada autonomía, de cada paisaje, de cada conjunto histórico, atendiendo al impacto cultural y no sólo al medioambiental.

Una cuestión de impacto

La previsión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) asegura que para 2030 se habrá duplicado la instalación existente de energía solar y energía eólica. La instalación de campos fotovoltaicos y eólicos conlleva una alteración del paisaje. Y entre los paisajes culturales que se verán afectados se han identificado el Camino de Santiago, así como el resto de los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco (un total de 49).

Por eso, el protocolo firmado por las comunidades autónomas propone identificar zonas paisajísticas de protección y amortiguamiento para limitar el impacto visual de paisajes protegidos. También ven imprescindible la realización de modelos tridimensionales de análisis para concretar y no dispersar. Hay que evitar construir hitos en el territorio y en la costa. Se deben colocar todos los aerogeneradores del mismo tamaño en colores claros y con las palas girando en el mismo sentido. Y plantean la posibilidad de crear sociedades mixtas de gestión de la energía público privadas, en las que los municipios sean partícipes y beneficiarios de la gestión energética.

Diálogo, planificación y legislación

El protocolo indica que para evitar la proliferación aislada de instalaciones se deberá realizar una planificación previa y ordenada, sin rechazar la idea de ceder suelo público en zonas adyacentes a las áreas protegidas para abastecer de energía limpia a poblaciones. El objetivo es anular el impacto visual que puede causar, por ejemplo, en ciudades como Poblet (Cataluña), en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, donde las empresas energéticas ya ofrecen muy suculentas compras de viñedos próximos al conjunto histórico, para convertirlos en campos solares.

La propuesta plantea evitar las directrices generalistas y revisar caso por caso, así como promover el diálogo entre todos los agentes implicados en la planificación. El objetivo es diseñar minuciosamente la ubicación de todos los elementos que componen cada instalación, para que la composición resulte lo más armoniosa posible con el paisaje, el conjunto histórico o el edificio. El protocolo es el primer paso, un ejercicio de conciencia para acelerar una legislación propia relacionada con la Evaluación de Impacto Patrimonial, por ahora ausente en la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Y teniendo en cuenta, añaden los especialistas, que “habrá cosas que no se podrán colocar porque prevalecerá el valor del bien cultural”.

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