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Estas son algunas de las propuestas ciudadanas para la Ley regional de Participación

Desde la Vicepresidencia Segunda que ocupa Podemos han convocado un primer encuentro ciudadano el 10 de febrero en Albacete. Le seguirá otro el día 17 en Toledo

Ya se han registrado en el nuevo portal de participación decenas de peticiones por parte de colectivos y particulares

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Participación

El proceso ciudadano que la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Castilla-La Mancha, que gestiona Podemos, ha abierto para sacar adelante la Ley regional de Participación, ya está dando sus primeros frutos en el  portal web 'Participa CLM' que con ese objetivo se ha puesto a disposición de todos los particulares y colectivos que quieran aportar sus ideas. Hasta el momento son decenas las propuestas que los ciudadanos han hecho llegar al Ejecutivo y que están relacionados con numerosos aspectos del anteproyecto de Ley. En sintonía con este modelo, el próximo sábado, día 10 de febrero, se celebra en Albacete un encuentro abierto a la ciudadanía para abordar algunas propuestas. A esta cita le seguirá otra en Toledo el 17 de febrero, con el mismo objetivo.

Hay algunos ciudadanos que apuntan a la “falta de ambición” de la normativa en sus cuestiones más generales. En este sentido, varios piden que sean sean vinculantes los resultados de la consultas populares que quiere regular el texto normativo: concretamente, proponen realizar una votación anual en la que se decida qué propuestas se llevan a cabo y también la creación de un “buzón administrativo” de ideas o sugerencias, en este caso sin consulta previa.

Otra de las medidas publicadas en la web se refiere a la necesidad de que no se incorpore en el texto la posibilidad de no ejecutar propuestas cuando haya razones para su exclusión. “Creo que se podría matizar mejor”, apunta esta persona, alegando que si se aplaza por un motivo técnico, “solo podría ser un aplazamiento temporal”. Considera que esta medida es necesaria para no “saltarse propuestas ciudadanas”.

De igual forma, otro participante opina que debería quedar fijado en las disposiciones de la ley que haya un plazo fijo "corto" para el desarrollo de esas mismas propuestas; y seguidamente también se propone que la futura norma incluya algún artículo que prevea cómo modular la desigual fuerza "participativa de particulares, colectivos y grupos organizados de presión en Castilla-La Mancha”. “No es lo mismo proponer para construir que proponer para oponerse a los derechos de terceros. Hay sectores ideológicos que están tradicionalmente muy organizados, influyentes desde siempre, que pueden boicotear los sucesivos trámites, en perjuicio de la eficacia legislativa y administrativa”, argumenta.

Adaptar ordenanzas municipales y Observatorio Ciudadano

En cuanto a las medidas transversales, una de las propuestas es que la ley sirva de base para adaptar ordenanzas y reglamentos de los diferentes municipios de la región “enriqueciéndolos y haciéndolos más participativos”. Asimismo, otra pide que la ley se adecue a un lenguaje no sexista y revisar toda la perspectiva de género. En cuanto a la creación de un futuro Observatorio Ciudadano, se reclama la inclusión de un órgano de participación que esté relacionado con el desarrollo de las funciones del Defensor del Pueblo. 

Otro apartado es el referente al fomento de la participación. En este caso, una propuesta para el debate es hacer partícipe de estas acciones a los medios de comunicación de titularidad pública apoyando programas de este tipo donde se dé voz a los principales problemas de la sociedad. Precisamente, en otro apartado también se pide que la sociedad civil tenga representación en el Consejo de Administración de la Televisión y Radio Pública (CMM).

Sobre la denominada ‘democracia digital’, las medidas se centran en garantizar la participación ciudadana en los plenos de las Cortes de “forma sencilla y directa”, y otras cuestiones de carácter general versan sobre la necesidad de esclarecer el órgano que se haga cargo de la gestión de la nueva Ley de Participación  

El anteproyecto se encuentra  abierto a la ciudadanía desde el pasado 19 de enero. La Vicepresidencia Segunda que dirige José García Molina y la Dirección General de Participación Ciudadana, con José Luis García Gascón al frente, han puesto en marcha la mencionado web de aportaciones donde se refleja todo el calendario a seguir.

Participa Castilla-La Mancha

En esta nueva plataforma virtual el proceso es muy sencillo: se insta a los ciudadanos a consultar el anteproyecto y a proponer ideas para incluir o realizar cambios en la ley (hasta el 21 de febrero). Los días 10 de febrero, en Albacete, y 17 de febrero, en Toledo se celebrarán sendos encuentros regionales presenciales para debatir sobre la ley, y entre el 22 de febrero y el 3 de marzo se revisará el texto final. Se aceptarán aquellas medidas que no vayan contras leyes actuales, que sean competencia autonómica, que no sean contrarias al Derecho a la Participación y que permitan la coherencia interna de la nueva norma.

Ya en marzo, entre los días 4 y 8, habrá una revisión ciudadana final, en la que se expondrá el borrador final que integre las propuestas aceptadas. También durante estos días, cualquier ciudadano puede participar para mejorar la redacción, identificar incongruencias y en definitiva mejorar la eficacia de la ley. El desarrollo normativo del anteproyecto comenzará el 9 de marzo hasta su aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha por cambios técnicos o por alegaciones de partidos. Desde la web se insta a los ciudadanos a “vigilar” el proceso para “exigir responsabilidades políticas”.

El director general de Participación Ciudadana ha mantenido esta semana un encuentro con la Confederación de Asociaciones Vecinales (CAVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), la Embajada de Diálogo Estructurado en el ámbito de la Juventud y un ciudadano a título particular. Le han transmitido algunas demandas sociales sobre distintos ámbitos y propuestas para las políticas públicas de la región.

José Luis García Gascón les ha mostrado la mencionada plataforma web indicándoles que la futura norma se puede dotar de canales establecidos para que la gente pueda expresar sus demandas e iniciativas, y tengan que ser recogidas por la administración sin distinción, con transparencia y garantías legales, acercando el derecho a la participación a una realidad universal y efectiva.

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