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‘Pufos’ y sobrecostes de Enrique Ortiz en Alcoi

Diversas obras en Alcoi del empresario imputado en “Brugal” han terminado con sobrecostes o dejando un agujero millonario a las arcas públicas de los alcoyanos

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Enrique Ortiz y Sonia Castedo.

El empresario alicantino Enrique Ortiz junto a Sonia Castedo

Como si fuera un menú único. Elijan Alicante como cocina, combinen obras y Enrique Ortiz como ingredientes y después de cocinarlo les saldrá un plato típico: ‘pufos’ y sobrecostes, acompañados de vez en cuando de presuntas corruptelas. Aunque esta vez no haya guarnición, el menú se repite. Pero, con diferente cocina: Alcoi.

Obras como la remodelación del Teatro Calderón, la construcción del parking de La Rosaleda o la realización del proyecto del Bulevard –finalmente paralizado- constituyen el paradigma de unas obras que han acabado siempre de la misma forma: en el juzgado. Ya sea por petición del nuevo gobierno para que Ortiz asuma la responsabilidad económica de los agujeros de sus obras o ya sea por parte del empresario que reclama que se le indemnice por paralizarle algún proyecto otorgado pese a la inviabilidad de su propuesta.

Construcciones que, además, parecen guardar otro elemento en común: “Son adjudicaciones a medida para el empresario hechas por los sucesivos gobiernos del Partido Popular en Alcoi, desde Miguel Peralta a Jorge Sedano”, afirma Lluis Torró, diputado alcoyano en Les CortsValencianes por Esquerra Unida. Patrón que levanta las sospechas en estas tres grandes obras.

Pagos teatrales

Marzo de 2007. Dos meses para los comicios electorales y el entonces alcalde Jorge Sedano (PP) inaugura la remodelación del principal recinto cultural de Alcoi: el Teatro Calderón. La obra cifrada en 8 millones de euros aproximadamente, según los socialistas, acaba costando cinco millones más. ¿Por qué? Por la existencia de sobrecostes que son abonados 20 meses más tarde por el ayuntamiento a la empresa constructora, Ortiz E hijos, propiedad del presunto cabecilla de la trama Brugal. El pago extra era de 2,3 millones de euros. La obra, además, “es avalada por un técnico externo colocado por la propia empresa”, afirma Torró.

Facturas adicionales que reflejan unas sospechas en la oposición que son confirmadas cuando se les proporcionan los informes técnicos realizados. Se revela el pago mencionado y como se ha desembolsado: eludiendo la ley de contratos públicos, ya que las variaciones del proyecto y las modificaciones se hacen sin retocar el proyecto.

Pagos extra que no son puestos en tela de juicio hasta que la izquierda reconquista en forma de tripartito un ayuntamiento históricamente de carácter progresista. En 2011, al llegar el nuevo gobierno al poder se hace una auditoria sobre los proyectos emprendidos por los sucesivos gobiernos del PP. La conclusión que extrae el perito del ayuntamiento sobre el Calderón confirma lo sabido: en la remodelación ha habido sobrecostes. Los rebaja a 1,2 millones de euros.

Cantidad que se paga a través de cuatro métodos irregulares: obras facturadas por encima del precio de mercado; trabajos incluidos en el proyecto general, por lo que se habrían abonado dos veces; excesos de obra de partidas nuevas, pero ya contabilizadas en el proyecto inicial; y otros excesos pero de mediación que se revelan inexistentes.

“A partir de estas conclusiones periciales, el ayuntamiento se pleitea contra el empresario en un procedimiento administrativo para que nos devolviera el dinero”, relata Lorena Zamorano, quinta teniente alcalde y edil de régimen jurídico y contratación por el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alcoi.

El pleito no se hace por el acuerdo de pago de los sobrecostes de 2008, sino por el abono hecho en 2009. “No teníamos otra opción ya que los acuerdos tenían una fecha de prescripción muy próxima. Solo teníamos posibilidades para evitar que los alcoyanos pagaran de su bolsillo estos sobrecostes si pleiteábamos por el abono. Aun así, el tiempo corría en nuestra contra”, apunta Zamorano.  

Pese a que el Ayuntamiento contaba con el reloj como enemigo, finalmente consigue que en  febrero de este año la justicia investigue los sobrecostes por lo que un perito judicial tendría que auditar otra vez los desembolsos extras. Sus conclusiones, reveladas este verano, son similares a las extraídas por la auditoria municipal: hay 1.070.000 euros de sobrecoste. Y los mecanismos utilizados para el desembolso son los descritos por el perito del ayuntamiento.

Con esas conclusiones periciales, el juicio se celebra en noviembre. Sin embargo, la sentencia emitida a principios de este mes deja helado al consistorio: el juez considera prescritos los abonos. ¿Su argumento? Aprecia que los pagos no tienen entidad jurídica propia y quién si los tienen son los acuerdos, que estaban ya prescritos. La decisión, que no se puede recurrir, exime a Enrique Ortiz de indemnizar a los alcoyanos que son condenados a pagar los ‘desmanes’ del Calderón.

“No nos rendimos. Si la vía administrativa está agotada, estudiaremos la vía penal. Si podemos ir por esta vía iremos, ya sea en compañía de nuestro socio de gobierno o solamente por nuestra parte”, indica Torró. “Se debe saber, al menos, que se ha hecho con el dinero. Solo sabiendo que Ortiz era el adjudicatario nos hace dudar. Recordemos que está imputado en la presunta financiación ilegal del PP. Este contrato podría ser uno de los que se daban a los empresarios que supuestamente pagaban en B las campañas electorales del PP”, argumenta.

Otra batalla judicial Ortiz-Alcoi

Aunque la crisis arrecia, el alcalde de la ciudad en 2011 aún piensa en los tiempos de vino y rosa. Tiene un proyecto –la creación de un Bulevard entre el ensanche y la zona próxima al campo donde juega el CD Alcoyano - que pretende responder a una necesidad, pero este se plantea a lo grande. Durante el pleno donde se aprueba el proyecto, se da a conocer un informe negativodel interventor –en contraposición al informe externo encargado por el consistorio que es positivo-, donde expone que  “la ejecución de la infraestructura resulta inviable económicamente”.  Paco Blay, entonces edil del Bloc, sentencia en el pleno: “Con este proyecto, se estará pagando al Grupo Cívica millón y medio de euros anual hasta más allá de 2030”.

La oferta presentada por la firma propiedad de Enrique Ortiz presentaba numerosas deficiencias en el alcantarillado, no tenía previsto la creación de la red de alumbrado público y no cumplía con la normativa en materia de accesibilidad. Todo, según el entonces concejal de EUPV, Paco Agulló, quién se amparaba en informes municipales. Asimismo, la adjudicación otorgada a Ortiz se había hecho por un mecanismo muy particular. “Era un procedimiento legal, pero muy especial. Tanto, que era la primera vez que se utilizaba en España”, explica Zamorano.

Sin embargo, el proyecto del Bulevar choca con la formación de un nuevo gobierno. Este, debido a los tiempos económicos y a las deficiencias de la oferta adjudicataria que hacían inviable la ejecución del proyecto, plantea a Ortiz la rescisión mutua del contrato. La empresa se opone al trato y lanza una advertencia al ayuntamiento: si se rescinde, tendrán que indemnizarme. El consistorio, consciente de ello, lo hace amparándose en un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. El órgano municipal es claro: el Grupo Cívica no ha hecho viable su oferta al no cumplir “con los requisitos mínimos”.

Al tener el equipo de gobierno vía libre por el informe, actúa. Amparándose en una clausula contractual, confisca al promotor los avales depositados por el contrato del proyecto. La cantidad decomisada por el ayuntamiento es de 543.000 euros.
Pese al dictamen, Enrique Ortiz recurre ante la justicia la rescisión de su contrato y la confiscación. Y esta le da la razón al empresario: el ayuntamiento debe indemnizarlo con 3,3 millones de euros. El ayuntamiento, vuelve a recurrir. “No podemos consentir que se le indemnice por un proyecto del que no se ha puesto ni una piedra, más cuando su oferta hacía inviable la obra”, critica Zamorano. La batalla prosigue en los tribunales.

Ortiz, sancionado

El tercer gran proyecto que lleva la firma de una empresa participada por Ortiz, es el parking de La Rosaleda. Construcción que entraña polémica desde su ejecución, ya que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) falla en 2005 a favor de los ecologistas al incumplir el proyecto con lo determinado en materiade zona verde.

Un contratiempo que no se convierte en el único que tendría que afrontar la empresa promotora. En 2013, el gobierno bipartito de Alcoi (PSOE-EU) decide multar a la concesionaria por la falta de mantenimiento. Las filtraciones, el agua y los problemas en las instalaciones eléctricas son los argumentos esgrimidos por el alcalde socialista Toni Francés. La cuantía de la sanción ascendía a 301,51 euros diarios hasta que empezaran los trabajos de conservación.

Pero, hay más. Este verano la justicia que la otra vez había salvado al promotor, ahora fallaba en su contra. Le obligaba a pagar 275.000 euros por errores en el diseño. La sentencia venia después de una batalla –más- entre Ortiz y el consistorio. Sin embargo, el asunto aún está lejos de solucionarse.

Parece que las obras de Ortiz en Alcoy tiene un mismo destino debido a la polémica que las rodea de forma constante: la justicia. Una herencia pesada “de la que nadie ha asumido responsabilidades políticas”, denuncia Torró. La guerra judicial por quién asume los ‘pufos’ y los sobrecostes no ha terminado.

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